POLITICA
El impacto de la ruptura de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el “pago chico”: obras inconclusas en el sur
COMODORO RIVADAVIA.- La resonante ruptura entre Cristóbal López y Fabián de Sousa, los empresarios que se posicionaron el agenda nacional bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a los que ambos frecuentaban en el sur desde los años 90, ya tiene coletazos directos en el “pago chico”.
Los esqueletos de un shopping y del denominado Estadio del Centenario, la repotenciación de un acueducto que abastece a mas de 400.000 habitantes del sur de Chubut y norte de Santa Cruz, y la doble trocha entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, son solo algunas de las obras inconclusas bajo la órbita de las empresas que integra Grupo Indalo. Ahora, el temblor empresarial deja especulaciones sobre qué obras se mantendrán en pie y cuáles caerán en desgracia en el implacable reparto entre López y De Sousa.
Aunque la composición accionaria no cambiará −López conservará el 70% y De Sousa el 30%−, fuentes ligadas a los empresarios confirmaron que ya comenzó el proceso formal de la reasignación de activos y negocios.
Uno de los movimientos más importantes es que López, quien mantendrá el nombre de la marca Indalo, reemplazará a de Sousa en el manejo de los medios de comunicación. Entre las naves insignias se encuentran el canal de noticias C5N y Radio 10, pero el paquete también incluye a Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald, MinutoUno, y varias FM de alcance nacional, como Mega, Pop, One y Vale. La bomba del traspaso de mando incluye al diario El Patagónico, una marca histórica que López compró en Comodoro Rivadavia, la ciudad en la que creció, desarrolló sus negocios y sigue frecuentando cada semana en su paso a Rada Tilly, en cuya costanera mantiene su residencia.
Además, López seguirá al frente de la constructora CPC, que maneja una diversa cartera de obra pública en la Patagonia. Una de ellas es la realización de la autovía Comodoro−Caleta Olivia, la cual permanece paralizada en medio de entreveros judiciales. Se trata de 90 kilómetros claves que conectan a la ciudad del sur de Chubut con el norte de Santa Cruz, en un tramo central de ruta petrolera en al cuenca del Golfo San Jorge.
Esto mismo sucede con la obra de repotenciación del acueducto entre el Lago Musters y Comodoro Rivadavia. Bajo la órbita de CPC, sigue pendiente la finalización de los trabajos de la obra que abastece de agua potable a más de 400.000 habitantes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento (Chubut) y Caleta Olivia (Santa Cruz). Ahora los trabajos quedarán supeditados a la decisión política del gobernador Ignacio Torres de gestionar un financiamiento internacional de 160 millones de dólares para reconstruir el acueducto, una deuda histórica que mantiene el sur de la provincia y que Torres prometió saldar antes del fin de su gestión.
Pese al freno generalizado, existen otras iniciativas que CPC continúa en proceso: el azud derivador del Lago Fontana, en el río Senguer, y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Rada Tilly, ambos en Chubut.
La empresa CPC, sin embargo, quedó en el medio de una polémica obra inconclusa desde hace mas de 20 años. La firma aguarda la aprobación del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para ejecutar un presupuesto de $1000 millones destinado a techar el Estadio del Centenario, en una obra que combinaría a futuro recursos públicos y privados. Atrapada en polémicas en torno a la redeterminación de costos, el Estadio espera inconcluso en uno de los sectores de mayor tránsito en Comodoro, en la costa y en un tramo que es paso obligado para los que transitan en dirección sur-norte en el país.
A pocos metros, otra obra inconclusa con el sello Indalo espera definiciones: el esqueleto del primer shopping de Comodoro. De Sousa tomará el control de este y otros desarrollos inmobiliarios, hoteles y la tradicional marca de alimentos La Salamandra.
Entre los activos más relevantes que quedarían bajo la órbita de De Sousa, se encuentra la planta de ALPAT (Alcalis de la Patagonia), ubicada en San Antonio Oeste, y que produce carbonato de sodio. Se trata de un insumo fundamental para la industria del litio. La compañía atraviesa una situación financiera delicada, con caída en las ventas por la apertura de importaciones y un alto costo de gas. El gobierno de Río Negro anunció una asistencia de US$3 millones para sostener su operación y evitar despidos. Más de 400 empleos directos dependen de su funcionamiento.
También quedaría bajo su órbita Pilgrim, una firma con operaciones en petróleo, gas y litio, que figura entre las interesadas en áreas que YPF devolvió recientemente en Santa Cruz. De Sousa apuesta a reposicionarse como jugador clave en el mapa energético nacional.
A nivel inmobiliario, la estrategia incluye proyectos en CABA y la provincia de Buenos Aires, así como en localidades como Bariloche, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Salta y El Calafate. El plan contempla desde desarrollos hoteleros hasta viviendas y barrios cerrados, con foco en regiones de alta demanda y valor turístico.
El Grupo Indalo fue fundado en 1998 en Comodoro Rivadavia. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el holding vivió su auge. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en 2016, con el inicio del gobierno de Mauricio Macri.
López y de Sousa fueron acusados de evadir más de $8000 millones mediante el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) desde Oil Combustibles. La causa judicial derivó en sus detenciones y en la parálisis del grupo, cuyos activos quedaron congelados. Muchos de ellos fueron desguazados o perdieron valor. Aunque ambos empresarios fueron absueltos, la causa aún aguarda resolución definitiva en la Corte Suprema.
El resurgimiento comenzó en 2021, cuando el grupo logró frenar la quiebra de Oil Combustibles tras un acuerdo con casi la totalidad de los acreedores, entre los que figuraban bancos, petroleras, siderúrgicas y entes estatales como la ex-AFIP. Desde entonces, Indalo retomó el control de firmas del rubro energético como Oil M&S, Oil E&P, Feadar, Tsuyoi, Serna y Petrolera Cerro Negro.
Mientras De Sousa pasa sus días en CABA, López frecuenta su casa del sur casi con frecuencia semanal. Frente a los gerentes de las compañías que sigue liderando con la mayoría accionaria, fue claro en un mensaje entre ironías para los que no le atendían el teléfono en medio de las tensiones con De Sousa. Avisó que una de sus bases principales seguirá siendo la apacible Rada Tilly, la pequeña localidad costera ubicada 10 kilómetros al sur de Comodoro y en donde el empresario tiene su casa y, a pocos metros, un restaurante.
POLITICA
La declaración jurada de “Chiqui” Tapia: siete propiedades, vehículos e ingresos anuales de $818.000.000
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informó que percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos, pero aseguró no poseer títulos ni otras inversiones ni dinero en efectivo o en entidades bancarias.
Tapia cobra por dos de sus tres trabajos: su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol y como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse); por la presidencia de la AFA, manifestó no percibir ingresos.
Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol
El presidente de la AFA presentó su Declaración Jurada Patrimonial en julio pasado, debido a su cargo en la empresa pública de residuos Ceamse, que administran los gobiernos porteño y bonaerense.
El documento indica que sus ingresos netos anuales superan los $818 millones, lo que equivale a unos $68 millones por mes. Aproximadamente $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse, al que dice dedicarle unas 15 horas semanales.
Según la declaración, la Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, abonándole cerca de $60 millones al mes. Tapia informó que le dedica solo 120 minutos por semana a su rol en la confederación sudamericana de fútbol, lo que implicaría un pago de $7.500.000 por hora de dedicación.
Además, las bases de datos públicas indican una cuarta relación de dependencia como empleado activo de Solbayres, una sociedad anónima de servicios de limpieza.
Tapia y Ariel Vallejo, titular de la financiera investigada por lavado de dinero
La declaración jurada de Tapia también reporta ingresos extraordinarios en el año por más de $200 millones adicionales, provenientes de la venta de un vehículo ($44 millones), viáticos de la AFA para traslados y comidas ($30 millones), y el pago de “intereses/ingresos financieros” y “diferencia de cambio de dólares”, que sumaron $130.033.118,13.
Pese a reportar estos ingresos financieros, el presidente de la AFA asegura en el mismo documento que no poseer títulos ni otras inversiones, como así tampoco su grupo familiar sujeto a declarar.
En contraste con la falta de ahorros declarados, el patrimonio inmobiliario de Tapia es significativo. El presidente de la AFA declaró siete propiedades, todas de carácter ganancial y con titularidad del 100%.
La más destacada es una casa en Beccar, valuada en USD 15.740.190,05. Su patrimonio se completa con otras seis viviendas y terrenos en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, además de dos automotores gananciales.
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Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.
Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.
En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.
Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.
En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.
Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.
En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.
Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).
Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.
Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.
Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.
Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.
Hernán Cappiello,Discapacidad,Casos de corrupción,Conforme a,Discapacidad,,Prohíben negar la matriculación sin causa. Crean un registro público de vacantes en colegios privados en la Ciudad,,“Quiero que me adoptes”. El pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra no pudo rechazar,,El caso Andis. Javier Cardini, otro funcionario separado de su cargo en medio del escándalo de las presuntas coimas
POLITICA
Con críticas a Milei y un mensaje a la interna, Kicillof pidió por el endeudamiento: “No hay negociación que deba condicionarlo”
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó nuevamente la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial, una iniciativa que busca dotar a la administración de herramientas para afrontar el deterioro económico que, según declaró, golpea a toda la provincia.
“No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reiteró Kicillof, en un mensaje que apuntó tanto a la conducción nacional como a los sectores internos de la dirigencia que condicionan la aprobación del financiamiento.
Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, renovó su crítica al gobierno nacional que encabeza Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de un recorte sistemático de recursos, al tiempo que lanzó un mensaje dirigido hacia las discusiones internas en el oficialismo provincial.
El escenario expuesto por el mandatario bonaerense incluyó una descripción de emergencia social y productiva. Detalló que “prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual” tras la implementación de políticas nacionales recientes. Construcción, industria, comercios y textiles, al igual que sectores como el alimenticio y el automotriz, sufren una reducción persistente de su actividad, acompañada de despidos y recortes en servicios esenciales. “Estamos transitando una profunda recesión que afecta a todos los sectores” y, de acuerdo con el gobernador, esa recesión se profundiza en Buenos Aires por el ahogo financiero a las provincias y la ausencia de transferencias automáticas de fondos.
La situación extraordinaria motivó la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026. Dos de ellas fueron aprobadas el 26 de noviembre, mientras que la tercera —la referida específicamente al financiamiento de la gestión provincial— permanece pendiente en la legislatura. El mandatario insistió en que la provincia “necesita las herramientas claras para poder transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”.
Los números presentados por el gobernador aluden a una crisis multisectorial: la pérdida de 28.000 empresas en todo el país y de 5.000 en territorio bonaerense; la desaparición de 171.000 puestos de trabajo; y cerca de mil obras públicas frenadas en distintos rubros. Sostuvo que el cierre de fábricas emblemáticas como Whirlpool, además de despidos en sectores como pesca, laboratorios, automotrices y alimenticias, impacta directamente en la demanda de medicamentos, alimentos y ayuda económica por parte de las familias. “Estamos en récord de la serie de morosidad. La gente se ha endeudado porque no le alcanza la plata, no puede pagar el mínimo de la tarjeta”, remarcó en su análisis.
El cálculo de la deuda reclamada por la provincia al gobierno nacional asciende, según Kicillof, a “13 billones de pesos”, equivalente a “9.000 millones de dólares” sólo por las transferencias automáticas y partidas específicas para seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente que la Nación dejó de girar. El gobernador aseguró que se trata de fondos “que indebidamente retiene y no paga, con los que presume un supuesto superávit”. Denunció también una caída en la recaudación provincial de “3,6 billones de pesos”, lo que, sumado, representaría un monto que “Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires” en torno a los “11.500 millones de dólares”.
Pese a esta coyuntura, la gestión bonaerense defendió lo realizado en términos de obra pública, salud y asistencia social. Enumeró como logros la continuidad de nuevos centros de salud, la entrega de ambulancias y un fondo adicional de 170.000 millones para patrulleros ante el corte de transferencias, así como la provisión diaria del servicio alimentario escolar. Subrayó la decisión de “trabajar con planificación, eficiencia, responsabilidad y sensibilidad”, apuntando que la austeridad no debe recaer sobre la sociedad sino sobre la política: “No trasladamos la austeridad a un pueblo que sufre la crisis económica. Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad”.
La provincia se comprometió también a preservar los recursos destinados a los municipios. En respuesta a la demanda de intendentes por la caída de ingresos y la dificultad para cubrir gastos como los aguinaldos del personal, Kicillof anunció la creación de un fondo especial equivalente al 8% de la suma solicitada en la ley de financiamiento, “a distribuir entre los 135 municipios”, con un adicional negociado recientemente. Precisó que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos a distribuir en cinco pagos, “más allá del volumen que alcance la toma de deuda”.
El titular del ejecutivo bonaerense reclamó que la legislatura “vote esta ley”, que calificó como “simples instrumentos”, y puntualizó que no se solicitan fondos para proyectos extraordinarios, sino la facultad de cubrir necesidades corrientes y garantizar el funcionamiento de las áreas críticas. Remarcó el carácter deficitario del reparto fiscal y la desventaja estructural de Buenos Aires: “Somos la provincia más austera. A veces a un costo altísimo porque son prestaciones que no llegan. Somos junto con Córdoba la provincia con menos empleados públicos por habitante. Somos la provincia que más aporta y menos recibe”.
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