La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.

El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.

Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.

El rol de la empresa en la causa

La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.

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El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.

La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.

En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.

Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.

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Los cuestionamientos de la Cámara

El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.

Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.

Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.

La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.

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Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.

De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.

Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.

Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.

Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.

En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.

En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.

Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.

En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder», sentenció ante Infobae uno de los involucrados.

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WhatsApp. Apenas se despertó el miércoles, el Presidente ya estaba tranquilo. A las 8 de la mañana, le respondió un mensaje a un dirigente agrario inquieto con el destino de la reforma en el Senado: “Muy tranquilo. Sale”, le escribió. Más de quince horas después, la calma pasó a euforia: a la una y media de la madrugada, desde la Quinta de Olivos, celebraba mirando por televisión y mandando WhatsApps a Patricia Bullrich que a esa hora veía sonar las notificaciones de Milei mientras leía en voz alta los artículos que pasarían a la votación en particular.

Fue el estreno de una organización más ordenada en la cumbre del poder: Karina, Adorni y Santilli desde el balcón, Santiago Caputo moviéndose en sintonía, sincrónicos todos en los objetivos que les tocaba cumplir a cada uno en las negociaciones para lograr los 42 votos de la media sanción. Una foto nueva, sobre todo después del caótico y fallido funcionamiento legislativo que tuvieron hasta la crisis del año pasado y la revitalización después del triunfo electoral. Si esta paz llegó para quedarse, es futurismo. Lo cierto es que envalentonados con los logros, ahora, aceleran.

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Ayer mismo, Karina y Bullrich organizaron los objetivos para las próximas dos semanas que quedan de sesiones extraordinarias: convertir en ley la baja de la edad de imputabilidad, terminar de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, designar embajador a Fernando Iglesias ante Bélgica y la UE y, sobre todo lograr un objetivo que tuvieron que dilatar en la sesión de esta semana: la modificación de la norma que protege los glaciares para habilitar las megainversiones mineras que se anunciaron para provincias como Salta, Mendoza y San Juan, pero en donde no se moverá un dólar hasta que no se reglamente un cambio en la ley.

Estaba planificado que se discutiera en la sesión de esta semana pero Bullrich alertó que así como hay provincias que lo promueven, hay otras que repelen el cambio. Es tocar una fibra extremadamente delicada del impacto ambiental. Los que lo escribieron aseguran que es un cambio menor que no pone en juego el cuidado de los glaciares. Los que lo combaten desconfían muchísimo.

Para el Gobierno, Glaciares es una necesidad tan imperiosa que lo priorizarán por encima de la ley penal juvenil si tienen que elegir una de las batallas para dar en estas dos semanas de extraordinarias que quedan. A pesar de que un debate que interpela mucho más socialmente y en el que los votantes libertarios tienen mayor interés, la Rosada necesita esta modificación a la norma de los Glaciares no sólo por presión de los gobernadores de las provincias mineras sino sobre todo por la presión de Economía donde la quietud del dólar camina en paralelo con otros síntomas menos agradables como la dilación en la llegada de inversiones.

Si uno repasa en detalle los anuncios del sector minero, es de una escala estrambótica: solo por dar un ejemplo, hay solicitud de ingreso al RIGI, por ejemplo, para un proyecto de 15 mil millones de dólares en San Juan que tiene a las principales operadoras del mundo, la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Chile tiene el mayor yacimiento de cobre del planeta. Si se concretara todo lo anunciado para Argentina, es como aspirar a otro Vaca Muerta aunque con delicadas preguntas sobre el impacto ambiental. Hay un apuro desde el Gobierno por llegar por lo menos con la media sanción a la PDAC que es la convención mundial más importante del mundo de exploración y minería que se hace en Toronto, Canadá desde el 1 de marzo.

¿Qué dirá el Presidente?

Ese día, es mucho más relevante para Javier Milei por otras razones. Desde ahora y con esta atmósfera triunfalista, ya empezó a pensar junto a Santiago Caputo el discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Será el tercero y penúltimo de esta gestión. El año pasado estuvo todo envuelto en el acecho de la causa Libra, el expediente judicial que sigue abierto con destino incierto sobre la operación de una criptoestafa con una moneda que promovió el propio Milei. Esta vez, con seguridad repetirá el esquema de repasar los objetivos que considera logrados (inflación, apertura económica, ajuste del gasto público, baja de la edad de imputabilidad, reforma laboral). Usará el triunfo de octubre pasado y el oxígeno de las leyes aprobadas en Extraordinarias y apuntará los dos años que quedan proponiendo una reforma electoral mucho más contundente que las que intentó hasta ahora para aplicarse a partir de 2027.

Es un vector que promueve su asesor y en el que hasta ahora lograron la suspensión de las PASO, por ejemplo, pero no su eliminación. Ese objetivo estará entre los planteos del Presidente junto con cambios en la ley de Financiamiento Político para emparentarla con la norteamericana (con criterios muy distintos sobre origen, montos y justificación de donantes). El Gobierno sueña que la Boleta Única se replique en todas las provincias (aunque eso no sale por ley nacional).

No hablará por supuesto de reelección, pero por debajo es la vertical más presente en la organización de toda la política. Ni hablar adentro del Gobierno donde los clipazos hechos por Lucas Palatnik para modernizar en redes la comunicación de Bullrich, hizo ruido en el despacho de Karina Milei. Nadie espera que la senadora opaque sus ambiciones y el rol de Vice que esperan asignarle en el círculo chico de la Rosada, no necesariamente es el del gusto de la exministra que ya se hizo a la idea de que mejor le quedaría la jefatura de Gobierno donde la hermana presidencial tiene decidido postular a Adorni.

Sobre ese distrito, es interesante prestar atención a los movimientos políticos que están sucediendo después del desembarco operativo de Daniel “el Tano” Angelici -radical, empresario del juego y operador judicial- en la mesa política de Jorge Macri. Además de designar muchos funcionarios, hubo un movimiento muy trascendente en el área más suspicaz de la gestión porteña: la secretaría de desarrollo urbano donde se deciden habilitaciones y autorizaciones a obras y edificios de inversiones multimillonarias en una ciudad tan atractiva como Buenos Aires. Sin mayores explicaciones públicas e intentando un perfil muy bajo, Karina Burijson, de extrema confianza de Jorge Macri desde Vicente López deja ese área y pasa a Corporación Sur y entra Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia, ex número dos de la SIDE y muy cercana a Angelici. Fue un pase con intentos de bajo perfil y tiempismo particular: se anunció hace un mes pero recién se plasmó hoy en el Boletín Oficial. Es el tema principal de conversación de los más acaudalados desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad.

El otro terreno político en disputa para las internas que se vienen podría surgir con Santilli, otro expatriado del PRO con proyectos personales que faltan eternidades para saber cómo funcionarán cuando llegue la lejana hora de las definiciones. En ese territorio Sebastián Pareja recibe órdenes de Karina para mantenerlo perimetrado.

En su primer discurso, que dio de espaldas al Congreso el 1 de marzo de 2024, tuvo un capítulo interesante que quedó en el olvido por la transparencia sindical. Ajustarlos a tribunales electorales, lograr que no tengan reelección indefinida, transparentar sus gastos y la riqueza de los popes sindicales. Todo aquello quedó en el olvido cuando los propios libertarios fueron dejando solos al PRO y a la UCR en estos proyectos a partir de distintos acuerdos políticos con los sindicalistas. Esa plasticidad con los principales líderes gremiales se vio también esta semana.

El resultado de la aprobación en general de la “modernización laboral”, una votación que contiene cambios muy relevantes en algunos derechos que tenían los trabajadores, tuvo sobre todo un trabajo quirúrgico sobre la CGT, a la que le entregaron casi todas las batallas que venía dando Federico Sturzenegger, empezando por el bautizado “peaje sindical” que es nada menos que “el aporte solidario”, otro nombre poco preciso para la cuota obligatoria que se le descuenta a los trabajadores que pertenecen a algunos gremios.

Ese monto que el ministro buscaba volver voluntario, seguirá siendo retenido por las empresas y transferido a los gremios con un tope del 2%. Es apenas un ejemplo de muchos. Increíblemente Sturzenegger hizo silencio sobre estas concesiones pero celebró los cambios en las licencias por salud que restringen el monto del sueldo: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”, escribió al día siguiente.

La billetera de Sur Finanzas

Hubo otra batalla perdida por el ministro en la media sanción y tuvo del otro lado nada menos que a Bullrich que fue quien convenció al Presidente de que habilitar las billeteras electrónicas para el pago de salarios era, cuanto menos, riesgoso.

La senadora tuvo reuniones ásperas con los jugadores más importantes de ese mercado, con el presidente del BCRA y hasta con Milei sosteniendo que en el larguísimo listado de billeteras virtuales habilitadas por el Central no están solo las más usadas y solventes como Mercado Pago sino que aparecen una enorme cantidad de sociedades vinculadas al mundo cripto y hasta Sur Finanzas está registrada.

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O sea, esta financiera, de Ariel Vallejos, que es el centro de una enorme investigación por lavado de dinero vinculado al fútbol y, por lo que se está empezando a descubrir, también a la política, podría haber vehiculizado el pago de salarios si se aprobaba tal cual estaba planteada.

Es curioso porque fue el propio Gobierno el que encabezó la alternativa de incluir a las billeteras en el proyecto. Tan así que reapareció Mauricio Macri en redes reclamando que no veía “modernización” en un proyecto que sostenía a los bancos como únicos pagadores. El proyecto busca ser sancionado esta semana en Diputados y el Gobierno no quiere que se abra la puerta a discusiones. Ritondo está pidiendo cambios. Nadie parece muy preocupado.

Javier Milei, Mauricio Macri