El llamado de atención por el estado de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina, que acaba de hacer la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una de las primeras voces del exterior que manifiesta públicamente su inquietud. Pero no es el único organismo internacional ni país extranjero que sigue con interés y preocupación lo ocurre en el país desde hace un año y medio.

Lo que el crítico informe del relator Pedro Vaca calificó de “un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”, es compartido casi palabra por palabra por numerosos representantes de los principales países democráticos de Europa y del continente americano acreditados en el país.

Así surge de las conversaciones que mantuvo al respecto con más de 30 diplomáticos y funcionarios de una quincena de países.

“La sucesión de hechos y la escalada de los ataques a periodistas y críticos del gobierno que estamos viendo nos preocupa mucho. Tememos que la Argentina se esté convirtiendo en un banco de pruebas de nuevas prácticas antidemocráticas, destinadas a socavar libertades civiles y derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información o el derecho a la protesta”, dijo a este redactor recientemente un diplomático de un importante país europeo.

Similares consideraciones suelen expresar funcionarios de otros organismos internacionales con sede en la Argentina y en la región, así como las autoridades de casi una decena de fundaciones y organismos de cooperación que se dedican o prestan atención a las cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y la libertad de prensa y los derechos humanos en general.

Las prevenciones se profundizaron luego del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump y los vínculos establecidos con su par argentino, Javier Milei, así como entre varios asesores y estrategas en comunicación de ambos gobiernos. Si hasta hace medio año los Estados Unidos eran vistos como un dique de contención contra los ataques al periodismo y avances contras los derechos humanos, ahora han devenido en una autopista para las posiciones más extremas. Así lo expresan representantes de varios países que ven reflejadas esas posiciones en foros y organismos internacionales públicos y privados.

De ello puede dar cuenta un extensa nómina de organizaciones de periodistas y de medios de comunicación, así como instituciones de la sociedad civil y periodistas particulares que a lo largo del año y medio que lleva en la presidencia Javier Milei han participado de decenas de reuniones reservadas en embajadas y sedes de fundaciones internacionales, convocados para exponer sobre las crecientes agresiones, de diferente naturaleza, que el poder político destina a periodistas, medios de comunicación y distintas voces críticas.

“Existe una preocupación real de muchos países sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Los países más institucionalizados del mundo entienden a la libertad de expresión como base del sistema democrático e impulsan un diálogo constructivo entre los gobiernos y los medios y periodistas, para llegar a consensos sobre la relación entre ellos”, corrobora Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, una de las instituciones que ha participado de varias de esas reuniones y es fuente constante de consultas, así como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), asociaciones de medios y gremios del sector.

Las reuniones realizadas a lo largo de este año han incluido, además de los diplomáticos acreditados en el país, a altos funcionarios de importantes gobiernos extranjeros, particularmente de América del Norte y Europa, preocupados por la situación que se hace pública e interesados en recoger impresiones directas y, en forma reservada, de periodistas, de las organizaciones representativas de la prensa y de la sociedad civil.

Algunos de esos funcionarios extranjeros que visitaron la Argentina mantuvieron luego encuentros formales con sus pares del gobierno argentino en los que, según dijeron, transmitirían las impresiones recogidas. La información recogida tras esos encuentros dice que en la mayoría de los casos la contraparte argentina era de segundo nivel y que las inquietudes no encontraron mayor eco.

En las reuniones con los periodistas y representantes de la sociedad civil, los funcionarios extranjeros suelen explicitar su inquietud por ese deterioro que acaba de expresar con toda claridad la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

No obstante, como buenos diplomáticos son cuidadosos en sus afirmaciones y calificaciones, aunque no dejan dudas respecto de su preocupación por lo que sucede en el país y de la necesidad de contar con más información. Preguntan más de lo que responden, pero en cada pregunta subrayan su inquietud, al tiempo que dejan algunas afirmaciones y advierten sobre situaciones negativas padecidas en su vecindario y que afectan a sus propios países, que temen estén reproduciéndose o experimentándose aquí de forma aún más profunda.

Cuando los encuentros en embajadas se abren a la exposición de periodistas, representantes de medios, de organizaciones defensoras de los derechos humanos y asociaciones sindicales de periodistas y reporteros gráficos se tornan en espacios catárticos. Los representantes extranjeros no dan abasto para tomar notas que luego envían a sus gobiernos, previo aviso a los concurrentes de ese destino, y de asegurar el anonimato y la confidencialidad, para lo cual solicitan reciprocidad.

La reserva, naturalmente, procura evitar que se afecten las relaciones bilaterales, así como que los representantes de esos países sean acusados de inmiscuirse en asuntos internos del país.

Sin embargo, cada vez es más explícita la sensibilidad que despierta la situación argentina, por tratarse de derechos humanos fundamentales, así como por el efecto que su deterioro tiene para la democracia, cuya vigencia se encuentra en regresión en el mundo, donde los países con gobiernos autoritarios superan en número a los que gozan de democracias plenas.

El malestar que causó en la Casa Rosada la difusión del informe de Vaca, que llegó al seno de la OEA, según diversas fuentes, alimenta en muchas embajadas tanto la preocupación como los pedidos de reserva sobre las conversaciones mantenidas al respecto.

La idea de la Argentina como un “país laboratorio” es una de las hipótesis que con más recurrencia aparece en las conversaciones tanto con representantes de toda Europa, como de países norteamericanos, de América Central y sudamericanos. También les preocupa que prosperen aquí usinas de desinformación como las que están impactando hoy sobre las sociedades y gobiernos de Europa.

Las naciones democráticas europeas llevan años en alerta, lo que se ha acrecentado en los últimos meses, por las prácticas de desinformación, manipulación informativa y ciberataques provenientes de la Rusia de Vladimir Putin, así como por el avance de democracias iliberales. Entre ellas sobresale la Hungría de Víctor Orban, moldeada por la estrategia del gran gurú mundial de las campañas sucias y la desinformación Arthur Finkesltein.

La relación de estrategas e ideólogos mileístas, empezando por el círculo más estrecho del super asesor Santiago Caputo, con Orban y sus gurúes político-comunicacionales, mencionadas ayer por Gail Scriven en su artículo en , ahondan las inquietudes sobre lo que ocurre aquí y su impacto internacional.

Esa preocupación, así como algunas analogías, quedaron públicamente explicitadas en un encuentro realizado en el Centro Cultural Recoleta, hace dos semanas, sobre Desinformación: Manipulación de Información e Interferencia Extranjera – Desafíos Globales y Respuestas Democráticas. El evento fue organizado por las embajadas de Polonia, Canadá, Francia, Reino Unido, Ucrania y la Delegación de la Unión Europea en Buenos Aires, con Fopea.

Si bien el eje estuvo puesto en las campañas de desinformación de regímenes extranjeros, allí, en los paneles y, especialmente, en charlas posteriores, representantes de los países organizadores y algunos de los expositores trazaron paralelismos y conceptos de fuerte resonancia en el contexto local.

Al respecto, Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina, señaló que la desinformación busca principalmente “polarizar sociedades y explotar momentos de crisis, como elecciones”, con el objetivo de dar más poder a las voces extremistas.

Menos universales y más cercanas son las voces que se expresan en privado. “Nos preocupan los ataques verbales públicos, por los medios de comunicación y especialmente por las redes sociales, pero también hechos concretos, que se expresan y se llevan a cabo desde lo más alto del poder político, así como algunas acciones de desinformación que parecen provienen de sectores cercanos al gobierno argentino”, expresó a ese cronista hace pocos días el embajador de un importante país americano.

La presentación hace un mes de los datos del último informe anual del Monitor de la Libertad de Fopea profundizaron las preocupaciones, así como reactivaron las consultas. Ese reporte muestra que en 2024 se registraron 179 agresiones a periodistas, lo que implica un aumento del 53% respecto de 2023 y del 103% frente a 2022, lo que ubica al año pasado en el segundo puesto del ranking histórico, apenas detrás de 2013, desde que se lleva a cabo el registro hace ya 16 años.

Vale agregar que en el 80% de eso casos la violencia tuvo origen estatal y paraestatal. Lo que implica un incremento considerable en relación con 2023, cuando ese origen representaba la mitad de los casos. Y hay un dato tal vez más perturbador: en más de la mitad de los hechos registrados en 2024 estuvo involucrado el propio presidente de la Nación.

Sin embargo, ese reporte a cuya presentación asistieron miembros de diversas embajadas, que lo han enviado a sus países, como le consta a Fopea, está en camino de quedar ampliamente superado.

En los primeros cinco meses de este año ya se registraron 119 casos (contra los 179 de todo 2024) y casi la mitad se produjeron durante este mes. Pero eso no es todo: en 70 de los 119 casos de agresión asentados fue autor o tuvo participación Javier Milei.

Cabe señalar que la mayoría de los hechos relevados refieren a ataques verbales y se inscriben en lo que se conoce como discurso estigmatizante. Sin embargo, en los últimos meses y días se han producido caso aún más graves, que han tenido fuerte repercusión externa.

La violencia ejercida contra periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos por agentes de seguridad durante manifestaciones públicas, que dejaron heridos de consideración (como el fotorreportero Pablo Grillo), así como las recientes denuncias penales del Presidente contra periodistas y conductores de televisión muestran una escalada que ha sido reflejada por medios internacionales y dado lugar a renovadas consultas por parte de gobiernos y organismos extranjeros. Como lo reflejó el pronunciamiento del relator para la libertad de expresión de la CIDH.

A eso se agregó, como fuente de inquietud e interés, la revelación hecha aquí hace una semana por Hugo Alconada Mon del Plan de Inteligencia Nacional elaborado por el Gobierno, cuya redacción pone como posible objetivo, sin precisiones ni límites, a todo crítico de la administración y las políticas oficiales. Las alarmas se potenciaron luego de que el periodista de denunciara públicamente y en sede policial el intento coordinado de hackear sus cuentas de mensajería digital y de redes sociales.

Lo que pasa en la Argentina no queda en la Argentina, ni es excluyente de la Argentina. Por eso, el mundo democrático mira con interés y preocupación lo que está ocurriendo aquí en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y derechos humanos en general. Sobran los testigos.