La intervención judiciales de teléfonos y mails fue siempre objeto de peleas entre los políticos. En forma embrionaria se la llamaba Oficina de Intervenciones Judiciales de la SIDE (OJOTA). Tras el crimen del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, Cristina Kirchner la pasó a la órbita de la entonces procuradora general de la Nación y militante K Alejandra Gils Carbó.

Cuando en 2015 asumió Mauricio Macri le entregó esa herramienta clave para las investigaciones por corrupción y narcotráfico a la Corte. Y ahora se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta oficina en el primer cuatrimestre del año realizó 6857 asistencias a los ministerios públicos fiscales y de la acusación de todo el país.

Entre 2016 y 2025, el 79,4% de las asistencias brindadas por esa Dirección fueron en respuesta a pedidos de las autoridades de los ministerios públicos fiscales y de la acusación, mientras que los de los juzgados federales y ordinarios representaron un 20,6% del total.

Los datos se desprenden del “Informe Estadístico Fiscalías y Juzgados DAJuDeCO 2016-2025”, que expone el trabajo de la Dirección en respuesta a los requerimientos de las autoridades del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos —federales, nacionales y locales— en el marco de la implementación progresiva del sistema acusatorio que entrará en vigencia en los tribunales de Comodoro Py el 11 de agosto, pese a la resistencia de fiscales..

La DAJuDeCO, cuyo funcionamiento se sustenta en la asignación de recursos dispuesta por la Corte Suprema, es el único organismo del Estado autorizado a ejecutar intervenciones de comunicaciones telefónicas ordenadas judicialmente y brindar asistencia especializada a jueces y fiscales en investigaciones complejas, conforme a los parámetros de actuación dispuestos por la Corte. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y de infraestructura provistos por el Máximo Tribunal permiten el desarrollo sostenido de las actividades asignadas a la Dirección.

En el marco del proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal que introduce el sistema acusatorio para la investigación de delitos federales y otorga al Ministerio Público Fiscal un rol central en la conducción de la investigación, la DAJuDeCo, bajo la órbita de la Corte, «garantiza un equilibrio institucional entre la eficacia en la persecución penal y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos», dijo la Corte en un comunicado..

En el período señalado se prestaron 5327 asistencias en materia de adelanto de comunicaciones (escucha directa en una intervención telefónica), correspondientes a 4097 causas judiciales. De ellas, 2925 (poco más del 71%) fueron solicitadas por juzgados. Los ministerios públicos, en tanto, solicitaron unas 1172 asistencias de este tipo (algo más del 28%).

En cuanto a la asistencia en materia de comunicaciones, el número histórico en el periodo fue de 1875, de las cuales 1165 (casi un 65%) tuvieron por autoridad solicitante a fiscalías del fuero federal u ordinario.

Los juzgados federales y ordinarios solicitaron 710 asistencias de este tipo, que comprenden información de perfiles de redes sociales o correos electrónicos y registros de comunicaciones proporcionados por compañías e identificación de zonas geográficas o ubicaciones, entre otros.

La DAJuDeCO también elaboró 149 asistencias en materia económica, contable y financiera para estudiar la evolución y composición patrimonial o la trazabilidad de fondos. Del total de estas solicitudes, 115 fueron hechas por juzgados federales y ordinarios y 34 por los ministerios públicos.

El Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública, parte de la Dirección, realizó 155 peritajes en el período, de los cuales 123 requerimientos provinieron de juzgados federales, 13 provinciales y 3 de juzgados del fuero penal. El Departamento de Traducciones, por su parte, realizó 50 traducciones del idioma inglés de documentación técnica.

En cuanto a pedidos de información asociada -datos de titularidad, domicilio de facturación de un determinado abonado o listados de llamados- se prestaron 206.818 asistencias. De ellas, unas 167.092 (80,79% del total) fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal o de la Acusación y 39.726 (19,21%) a los juzgados.

Violaciones a la ley de estupefacientes, estafas y otras defraudaciones, encubrimiento, robo agravado, amenazas agravadas, hurto, homicidio, homicidio agravado, averiguación de paradero, secuestro extorsivo y extorsión fueron los delitos que motivaron la mayor cantidad de asistencias de la DAJuDeCO.

El mayor porcentaje de estos requerimientos fue cursado por autoridades de los distintos ministerios públicos fiscales y de la acusación, ya sea del fuero ordinario como del federal. A ellos les corresponde un 79,4% de las asistencias brindadas, mientras que a los juzgados federales y ordinarios el 20,6% restante.

Por regiones, la mayor cantidad de asistencias de la DAJuDeCO, que cuenta con 26 delegaciones en todo el país, se dio en la conformada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; seguida por la que integran Santa Fe y Entre Ríos, y —en tercer lugar— Buenos Aires y La Pampa.

Consecuencia de la transición al sistema acusatorio, el número de asistencias brindadas a los ministerios públicos fiscales y de la acusación ha ido en aumento en el período relevado. Ese incremento se evidencia a partir del 2016 (5357 asistencias) y hasta el 2021 (22.394 asistencias) —interrumpido en 2020 con la pandemia de COVID-19— para estabilizarse en torno a las 27.000 y 28.000 asistencias anuales en el periodo 2022-2024.

Informe de Gestión 2016-2024

Por otra parte, del “Informe de Gestión 2016-2024” se desprende el crecimiento sostenido que ha tenido la DAJuDeCo en la cantidad y calidad de las asistencias brindadas, impulsando además un proceso de federalización operativa a través de la mejora en el funcionamiento de las delegaciones en todo el país, la implementación de la plataforma de Distribución Digital (DiDi) y la coordinación interinstitucional.

Entre los hitos destacados allí se encuentran la sistematización de procedimientos conforme a estándares internacionales de calidad (ISO 9001), la modernización tecnológica de los sistemas de captación y procesamiento de datos, el fortalecimiento de la cadena de custodia, el desarrollo de protocolos de actuación y la capacitación constante del personal y de operadores judiciales.

La Dirección, que presta servicios las 24 horas, los 365 días del año, asiste a las distintas autoridades judiciales y fiscales de todo el país a través de la confección de informes técnicos-jurídicos que son requeridos en el marco de las etapas instructoras de las causas judiciales. Además, cuenta con el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.

Entre 2016 y 2024 la DAJuDeCo realizó 5189 asistencias en tiempo real sobre un total de 16.314 abonados. Entre 2019 y 2024 hubo 160.232 solicitudes de datos procesados (titularidades, registro de comunicaciones, domicilios de facturación o instalación, datos contractuales, IMEI, impactos de antenas, direcciones IP, entre otros) y un total de 426.349 respuestas enviadas a las autoridades con la información aportada por las prestatarias.

En este período hubo, además, 1812 asistencias en materia de comunicaciones, que incluyen entrecruzamientos y análisis de interlocutor frecuente y común. Este tipo de asistencias registraron un incremento del 2206%, pasando de 14 en 2016 a 399 en 2024.

Respecto del Cuerpo de Peritos Anticorrupción y Delitos contra la Administración Pública, conformado por seis contadores públicos, dos ingenieros civiles, uno en sistemas y dos abogados, durante el lapso comprendido en el informe realizó 129 peritajes y ampliaciones, mientras que hay 23 peritajes en curso.

La DAJuDeCo colabora con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, coordina junto con el Ministerio Público Fiscal la Mesa de Trabajo sobre Amenazas y Tipologías en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENAR) en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Respecto del flujo de la información, la Dirección cuenta con una plataforma informática que permite realizar las descargas diarias del contenido resultante de las solicitudes de intervención autorizadas judicialmente a través de una conexión segura. Esta plataforma de Distribución Digital (DiDi) está implementada al 92% en los organismos federales (el 8% restante está en proceso de implementación), mientras que en las procuraciones locales del interior del país el nivel de implementación es del 82% (y el restante 18 se encuentra en proceso). Para el adecuado uso de DiDi, en los últimos tres años la DAJuDeCo capacitó a más de 1840 personas.

En cuanto a transparencia y trazabilidad, desde el inicio de la gestión se protocolizaron todos los procesos de la Dirección y se dictó el Reglamento Interno de Actuación. La Dirección no solo es auditada externamente, sino que ha certificado y recertificado las Normas ISO 9001:2015. Esto implicó la estandarización y optimización de todos sus procesos. Así, se integraron los procedimientos e instructivos en un único sistema de gestión documental accesible para todo el personal, brindando las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones con los más altos estándares de calidad, confidencialidad, transparencia y eficiencia.