POLITICA
La Corte se apresta a decidir si el “señor del tabaco” debe pagar US$2000 millones en impuestos
La Corte Suprema de Justicia se apresta a decidir si Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, conocido como el “señor del Tabaco”, debe pagar 2000 millones de dólares en impuestos internos por los cigarrillos que comercializó en la última década.
La Corte ya revocó las medidas cautelares que le permitieron a Otero no pagar ese impuesto, y revocó también otro fallo de fondo que adelantaba la ejecución de la sentencia. Pero como estaba pendiente el fondo del asunto, es decir la constitucionalidad o no de ese gravamen, es que Otero no pagó.
Ahora la Corte Suprema de Justicia convocó a tres conjueces para votar sobre la constitucionalidad de la Ley que establece el pago del impuesto mínimo a los cigarrillos.
El sorteo de los conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país se realizará este martes.
Fue necesario llamar a conjueces porque la Corte tiene tres integrantes. Sarandí recusó al juez Rosenkrantz, pero esa recusación fue rechazada por la Corte. El magistrado, sin embargo, se excusó “por razones de decoro”.
Como la Corte no puede fallar con dos jueces, pues la mayoría se conforma con tres como mínimo, es que sortearán a tres conjueces para que sean cinco los que decida: Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y tres más.
Si la Corte declara la inconstitucionalidad del impuesto, Otero no deberá pagar nada por lo que derivaría en reclamos de las las empresas al Estado de las empresas que sí lo abonaron.
Por el contrario, si la Corte confirma que era válido el impuesto, aún cuando hoy no esté vigente, Otero deberá pagar la deuda que el reclama el ARCA, con un plan de pagos. Aunque se descuenta que volverá a judicializar el asunto.
En 2018, Tabacalera Sarandí le inició un reclamo a la AFIP cuestionando la constitucionalidad del impuesto interno a los cigarrillo, una norma que hoy no está vigente ya que fue derogada por la Ley Bases.
Ese impuesto es equivalente al 70 por ciento del precio de venta. Pero se estableció un piso para el precio de venta y no se podía vender por debajo de determinado piso para que el impuesto tuviera impacto.
Sin embargo, Sarandí cuestionó la constitucionalidad de esa norma y logró diversas medidas cautelares del juez Enrique Lavié Pico, que luego confirmó la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
La Corte revocó esas cautelares con el voto de Rosatti y Juan Carlos Maqueda (entonces en el tribunal), en conjunto, y de Ricardo Lorenzetti, que lo hizo aparte, con una argumentación diferente y más extensa.
Desde hace 8 años, la empresa, mediante sentencias judiciales y medidas cautelares, evitó pagar ese tributo y vender sus productos de marcas populares a precio más barato, con lo que conquistó el 35 por ciento del mercado de los cigarrillos, en perjuicio de las empresas que comercializan las marcas premium.
La Corte Suprema de Justicia había dejado sin efecto medidas cautelares en las que se sostenía la empresa, pero la firma siguió sin pagar porque tenía dos fallos de fondo, que le daban la razón al declarar la inconstitucionalidad de la ley que imponía el pago de montos mínimos para distintos tipos de productos relacionados con el tabaco. Por eso, es que la justicia había dispuesto ejecutar esas sentencias lo que permitió a Tabacalera Sarandí no pagar.
Entonces, la Corte dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias que lo habilitaban a no pagar, con lo que la empresa debería haber empezado a tributar el impuesto interno al tabaco.
Sin embargo, restaban aún resolverse las cuestiones de fondo sobre la constitucionalidad del gravamen.
La disposición que impuso el impuesto motivó una serie de acciones judiciales por parte de diversas empresas tabacaleras más pequeñas, con el argumento central de que, al establecerse un piso mínimo elevado en el impuesto, las empresas de menor tamaño se encontraban en inferioridad de condiciones para competir con las grandes multinacionales.
El 28 de mayo pasado, la Corte dejó sin efecto cuatro medidas cautelares concedidas a Tabacalera Sarandí S.A., que frenaban el actuación del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco. A la semana siguiente, la Corte dejó sin efecto otra medida cautelar similar, pero que favorecía a otra tabacalera, la santafesina Bronway Technology S.A.
En paralelo, sobre la cuestión de fondo (la constitucionalidad o no de la normativa que regula el impuesto interno al tabaco), aún resta una definición. El tribunal envió el caso al Procuración General de la Nación y ahora debe fallar sobre este asunto.
La puja adoptó un carácter institucional cuando se quitó de la ley ómnibus original un capítulo con el objetivo de favorecer a Tabacalera Sarandí. Tallaron fuerte las exigencias de diputados de Pro y La Libertad Avanza. El capítulo resistido por Otero fue finalmente aprobado por la Cámara Baja con el texto de la actual Ley Bases, luego de ser reincorporado por iniciativa de la Coalición Cívica.
El resultado de la votación para reintroducir las modificaciones da cuenta de que logró aprobarse por una sugestiva cantidad de abstenciones.
En líneas generales, La Libertad Avanza y Pro votaron en favor de mantener el régimen que beneficia a Otero, mientras que los diputados de bloques provinciales y la Coalición Cívica votaron para reformarlo.
La mayor parte de la izquierda y el Frente de Todos se abstuvieron. El resultado fue 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones.
La empresa de Otero produce las marcas Master Red, Red Point y Kiel, significativamente más baratas que las que venden sus competidoras. Ellas son los gigantes internacionales de la industria, pero Otero contó con la ventaja de la protección de esas cautelares.
POLITICA
Milei sigue la sesión por la reforma laboral desde la Quinta de Olivos y envió a funcionarios clave al Senado para asegurar los votos
Javier Milei seguirá desde la quinta de Olivos la sesión del Senado en la que el oficialismo busca darle media sanción a la reforma laboral. El presidente no tiene agenda prevista afuera de la residencia presidencial y mantendrá contacto con los integrantes de la mesa política que se trasladarán al Senado.
Se trata del ministro del Interior, Diego Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que trabajan en conjunto con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. En Nación mantienen la postura de que cuentan con el respaldo de 44 senadores para la sesión de hoy.
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Son los funcionarios que encabezaron las negociaciones con los senadores aliados, opositores, gobernadores y sindicatos, que terminaron con más de 28 modificaciones dentro del proyecto final. Se confirmaron también las presencias del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Congreso.
En la Casa Rosada evitan anticipar movimientos y sostienen que cualquier decisión dependerá del clima en el recinto y de cómo evolucione la votación en particular. En distintos sectores de Balcarce 50 sostienen además que no está previsto que el asesor Santiago Caputo se involucre en las negociaciones.
El Gobierno monitorea también los avances de la movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) y advierte que no espera tensiones con el operativo antipiquete del Ministerio de Seguridad. “No tenemos indicios de que vaya a haber caos”, agregan.
El Ejecutivo eliminó ayer del proyecto el artículo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias para sociedades -el principal reclamo de los gobernadores por su impacto en la coparticipación- y aceptó una serie de modificaciones en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en los aportes sindicales y en el esquema de financiamiento de las obras sociales.
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Bullrich fue la encargada de anunciar los cambios y de coordinar el poroteo con la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. La Casa Rosada definió además extender un día las sesiones extraordinarias para llegar con los tiempos del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
En Balcarce 50 buscan que el texto que se apruebe en el Senado sea convalidado luego por Diputados sin modificaciones, para evitar que el proyecto deba volver a la cámara de origen y se dilaten los tiempos. Ponen la mira también sobre la votación de la Ley Penal Juvenil y del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur de este jueves.
Javier Milei, reforma laboral
El gobierno de Javier Milei consiguió hoy firmar un dictamen mayoritario para debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea (UE), que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.
Dado que Milei se propuso lograr un rápido aval del Congreso al trato comercial, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) intentará llevar mañana al recinto el proyecto que valida el entendimiento histórico entre los dos bloques regionales. En el oficialismo descuentan que obtendrá la media sanción. Hoy, por lo pronto, recolectó 46 firmas. En la sesión especial convocada para mañana, LLA también procura lograr la aprobación del nuevo «Régimen Penal Juvenil”, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y del Mercosur, las espadas legislativas de la Casa Rosada defendieron el acuerdo sellado el 17 de enero pasado, en Asunción, Paraguay.
Desde el Gobierno sostiene que se trata de “un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso” que creará “un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales”. A su vez, la administración de Milei argumenta que permitirá “desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.
En cambio, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, criticó el tratamiento exprés que le dio LLA a la iniciativa. “No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”, dijo Martínez.
Es más: reclamó que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso para explicar los detalles del trato.
“Es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”, remarcó Damián Arabia, titular de la comisión del Mercosur. La diputada Juliana Santillán, quien fue elegida como presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, después de su controvertida visita a China, adonde viajó junto a un grupo de legisladores de LLA y Pro, invitada por el Partido Comunista de ese país, también destacó los beneficios del acuerdo Mercosur-UE.
Los dos bloques juntos representan más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El acuerdo crearía un mercado integrado de más de 700 millones de personas.
En concreto, le permite a la Unión Europea obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado. Además, contribuye a los objetivos de la UE de diversificar sus socios comerciales.
Además, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17%. La UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En agricultura, liberalizaría el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos claves como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.
En el caso de la Argentina, le permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca. Le daría ventajas inmediatas para productos donde Argentina es particularmente competitiva. La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos claves del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es especialmente competitiva. También daría impulso a la agroindustria y a la cadena cárnica. Además, como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción.
El acuerdo firmado el 17 de enero pasado debe pasar al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur deben ratificarlo en sus parlamentos. Una vez concluidos los procedimientos internos de la Unión Europea, el acuerdo entrará en aplicación con los países de Mercosur que lo hayan ratificado.
Por eso, Quirno celebró hoy el avance del proyecto en Diputados. “Firmamos el acuerdo Mercosur-UE el 17 de Enero. La Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, dijo el canciller en su cuenta de la red social “X”.
En esa misma línea, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, manifestó que “el acuerdo permitirá la eliminación gradual de impuestos y aranceles para el 90% del comercio bilateral, garantizando mejores condiciones para exportaciones de carne, azúcar, arroz, miel, soja, productos manufacturados y economías regionales”.
“El desafío ahora es ser el primer país en aprobarlo, lo que posicionará a la Argentina en una situación ventajosa dentro de la mesa de negociación comercial y en la rápida implementación de sus beneficios”, remarcó.
Enseguida, añadió: “Un paso estratégico para consolidar la apertura, la competitividad y el crecimiento de la Argentina en el mundo”.
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POLITICA
Pese a la demora en el lanzamiento de la Agencia de Migraciones, Monteoliva refuerza los controles fronterizos
A poco más de dos meses del anuncio, el Gobierno Nacional demora el decreto que conforma formalmente la Agencia de Seguridad Migratoria que encabezará el intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia, Diego Valenzuela. A pesar de esto, el Ministerio de Seguridad que lidera la politóloga Alejandra Monteoliva mantiene una postura activa en la materia y profundizó los controles migratorios en los puntos de acceso al país.
Al menos dos fuentes de la administración libertaria aseguraron que la publicación del decreto que dará origen a la nueva estructura desconcentrada, aún pendiente de la firma del presidente Javier Milei, no está prevista para las próximas semanas. “Hasta después de febrero, con todo el tema de la agenda legislativa, no creo que tengamos novedades”, comentó un integrante de la mesa política a este medio.
Aunque la agencia aún no fue oficializada, la cartera refuerza el monitoreo en las fronteras y fortalece el control territorial replicando una lógica similar a la implementada en Estados Unidos. Esta mañana, la ministra de Seguridad anunció el endurecimiento de las normas migratorias en una puesta en escena y una estética comunicacional que remiten al estilo de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, una de las figuras centrales de la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump.
“Quien intente ingresar de manera ilegal o posea antecedentes penales no podrá hacerlo. El extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar”, aseveró la funcionaria en un video publicado en su cuenta de X.
Con una escenografía oscura y la bandera argentina de fondo, Monteoliva pidió que los extranjeros que residan “de manera ilegal” regularicen su situación o abandonen el país y reveló que las fuerzas federales coordinan con la actual Dirección Nacional de Migraciones para ampliar los controles en los pasos fronterizos, rutas, terminales y zonas estratégicas para la identificación y verificación de antecedentes. “Ingresar o permanecer ilegalmente no será tolerado”, prometió, en línea con lo que la cartera denominó como “Doctrina Bullrich”, iniciada por la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien convocó a Diego Valenzuela para liderar la postergada agencia.
“No se sabe cuándo estará el decreto, lo importante es que la política migratoria está en marcha. Se dijo que estaba en stand by y no es así. Para nada. Con o sin agencia, Monteoliva avanza”, sostuvo un funcionario del Gabinete consultado sobre el rol de la titular de Seguridad.
En su concepción original, la Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado que tendría a su cargo un cuerpo policial propio. Con el paso de las semanas, los planes cambiaron por decisión de la ministra y la estructura que dependerá de la cartera será “descentrada”. “La idea es tener equipos idóneos y que las cosas funcionen bajo el mandato de achicamiento que pregona el Presidente”, explicó una fuente al respecto.
En caso de oficializarse la creación, y tras el traspaso de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, la Agencia de Seguridad Migratoria se sumaría a la órbita de la cartera junto con la Agencia Federal de Emergencia y el RENAR (Registro Nacional de Armas), ex ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Las demoras no alteran los planes de Valenzuela, quien sigue trabajando en el organismo que espera liderar, inspirado en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Hasta entonces, el objetivo de crear una Policía Migratoria deberá esperar debido a las tensiones planteadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, ante la posible pérdida de autonomía operativa en el traspaso, demoró los planes. Sin embargo, algunos niegan el conflicto y aseguran que su conformación se concretará en el futuro. “Trabajamos excelente con (Carlos) Tonelli y la PSA, vamos a interactuar mucho, y armar proyecto de Policía Migratoria”, comentaron.
En carpeta, la estructura tendría dos subsecretarías: la de Control Migratorio y la de Política Migratoria, además de otras áreas clave, y contará con rango de secretaría. En Balcarce 50 aseguran no tener novedades sobre el decreto, que permanece en la Secretaría de Legal y Técnica donde ultiman detalles, a la espera de la orden para su publicación. “Que no se descuiden, que si demoran mucho, Valenzuela podría tomarse licencia de ese cargo también”, ironizó un funcionario consultado.
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