POLITICA
El juez Marcelo Bailaque renunció y Milei deberá definir si la acepta
ROSARIO.-El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque presentó hoy su renuncia al cargo que ocupa desde 2008, luego de que quedara acorralado por tres investigaciones judiciales, en las que se ordenó su prisión preventiva -que cumplirá en su domicilio- y tras un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura, que estaba llegando a la etapa final. El próximo 17 de junio Bailaque debía presentarse para exponer los argumentos de su defensa antes de que lo suspendieran, paso previo a su destitución.
El magistrado elevó su renuncia al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien la debe enviar al presidente Javier Milei, que es el que debe definir si la acepta o no. La estrategia del juez apunta, según fuentes judiciales, a dimitir para evitar perder su jubilación como magistrado, en momentos en que su situación judicial es muy complicada por la cantidad de pruebas que hay en su contra.
Bailaque está acusado en tres causas judiciales que se investigan en la justicia federal de Rosario, una de ellas se originó luego de que LA NACIÓN publicara el 12 de junio pasado que el contador del juez, Gabriel Mizzau, también llevaba las finanzas y cuentas del principal narco de Rosario Esteban Alvarado, a quien el magistrado estaba investigando. Además, el hijo del contador Sebastián Mizzau trabajaba en el juzgado federal N°4 y tenía contacto con las causas que implicaban a Alvarado.
Bailaque también está siendo investigado por una causa por extorsiones, junto con el financista Fernando Whpei y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. Durante la imputación los fiscales acusaron al magistrado y a estas dos personas de tramar una estrategia judicial para perjudicar al empresario Claudio Iglesias, al que le pidieron una coima de 200.000 dólares.
Además, Bailaque está imputado por otro episodio oscuro, en el que favoreció a su “amigo” Whpei con la administración de los fondos de una cooperativa que estaba intervenida por su juzgado.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
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La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y buscará convertir en ley ambas iniciativas durante el período de sesiones extraordinarias.
La convocatoria llega después de que La Libertad Avanza reuniera 81 firmas en un plenario de comisiones para el nuevo Régimen Penal Juvenil y para el acuerdo internacional. En la Casa Rosada sostienen que cuentan con respaldo suficiente de aliados y bloques dialoguistas para aprobar los textos en el recinto.
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La sesión se dará en un contexto de fuerte debate político, con posiciones divididas en la oposición y diferencias incluso entre bloques que adelantaron su acompañamiento en general. El tratamiento se concentrará en una jornada que el oficialismo considera estratégica para su agenda legislativa.
Desde el Gobierno señalaron que los tiempos son ajustados por el calendario de extraordinarias, pero remarcaron que la estrategia fue coordinada en la mesa política oficialista para avanzar de manera simultánea con ambos proyectos.
Régimen Penal Juvenil: mayoría oficialista y dictámenes alternativos
El proyecto que se debatirá fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años. También determina que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.
La confirmación del dictamen llegó desde la cuenta de X del propio presidente Javier Milei. La diputada Silvana Giudici precisó cómo se acordó el escrito. “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, escribió en la misma red social.
El despacho reunió el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Desde esos espacios anticiparon que votarán a favor en general y plantearán diferencias en la discusión en particular.
El peronismo presentó dictámenes alternativos. Uno mantiene el tope en 16 años y propone un régimen especializado con eje en políticas de contención. “No punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, señaló Victoria Tolosa Paz. El Frente Renovador, en tanto, impulsó una propuesta que también fija el umbral en 14 años y adelantó que acompañará esa modificación, aunque con críticas al texto oficial.
El debate retoma una discusión iniciada en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Ese texto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, aunque parte de su contenido fue retomado en el nuevo dictamen.
Acuerdo Mercosur-UE: ratificación y señales al exterior
En paralelo, la Cámara Baja tratará también este jueves la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación. El Gobierno busca que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.
Leé también: El Gobierno evalúa un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria en marzo
“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, celebró en X el canciller Pablo Quirno.
El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.
Diputados, baja de imputabilidad, Baja de la edad de imputabilidad, Cámara de Diputados, MERCOSUR, Unión Europea
A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein puso en marcha una operación para venderle al estado argentino un helicóptero Sikorsky S-76C++ identificado en distintos correos como un “750”. La reconstrucción de las comunicaciones, obtenidas a partir de la última publicación de documentos del pederasta, permite seguir, paso a paso, cómo se intentó canalizar esa venta a través de una licitación oficial, cómo se exploraron esquemas de intercambio con el fabricante, reuniones con autoridades nacionales y cómo las negociaciones finalmente fracasaron.
El 3 de enero de 2010, Epstein consultó por correo electrónico a Larry y Darren Indyke, sus abogados personales, sobre el estado del negocio: preguntó simultáneamente a su bróker George Reenstra, por la eventual venta a la Argentina, por demoras y por la alternativa de un modelo distinto.
La respuesta llegó pocas horas después. Larry Indyke transmitió que, según Reenstra, la entrega del helicóptero a la Argentina formaba parte de una respuesta a una licitación del gobierno argentino que ya había sido presentada y que ahora solo restaba esperar una definición oficial. En ese mismo mensaje se mencionó una fecha límite concreta: el 21 de enero, cuando el helicóptero debía estar disponible para una exhibición.
Durante los meses siguientes no hay registros de avances formales hasta julio de 2010, cuando reaparecen las comunicaciones con un giro en la estrategia. El 8 de julio, Reenstra informó que un acuerdo previo había quedado sin efecto, pero que surgía una nueva oportunidad vinculada otra vez al gobierno argentino. Según explicó, Sikorsky identificaba a la Argentina como cliente potencial y buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Reenstra afirmó que funcionarios argentinos habían visto fotografías del “750” y que estaban conformes con la aeronave. En ese contexto propuso dos esquemas de intercambio: entregar un nuevo S-76C++ idéntico al “750” durante el verano de 2011, en un canje directo, o bien ofrecer un modelo D, configurado como clon del “750”, también como parte de un swap.
La reacción de Epstein fue negativa. En un correo enviado ese mismo día expresó que había dedicado demasiado tiempo a operaciones sin viabilidad real y que solo evaluaría opciones cuando existiera un acuerdo concreto. Reenstra acusó recibo y respondió que volvería a contactarlo cuando Sikorsky tuviera una posición más clara.
Las gestiones se intensificaron en agosto de 2010. El 10 de ese mes, Reenstra informó que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, adonde asistió como invitado en representación del helicóptero “750”. Según su relato, los interlocutores argentinos dudaban entre incorporar esa aeronave, que podría estar operativa en enero, o esperar a un C++ nuevo con entrega en agosto. Reenstra señaló que su objetivo era persuadirlos de no postergar la decisión y que intentaría llevarlos a St. Thomas para que vieran el helicóptero en persona. En ese mismo mensaje dejó asentada su expectativa económica: si la aeronave se vendía o intercambiaba por 12,5 millones de dólares, esperaba cobrar una comisión de US$100.000.
Al día siguiente, el 11 de agosto, Reenstra escribió que intentaría avanzar con Sikorsky en relación con la Argentina. Horas más tarde envió una actualización antes de una reunión prevista en Nueva York. Allí sostuvo que el gobierno argentino podría aceptar pagar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo construido hasta ese momento, y volvió a poner sobre la mesa la alternativa del modelo D, valuado en 13 millones de dólares, con entrega estimada para mediados de 2013.
El 23 de agosto marcó un punto de quiebre. Ese día, Reenstra comunicó que el acuerdo con la Argentina no avanzaría y que, ante ese escenario, quería mantener el helicóptero en el mercado. Señaló que el contrato de corretaje había expirado y propuso firmar uno nuevo para ofrecer la aeronave a un precio de 12,5 millones de dólares. La respuesta de Epstein fue inmediata: preguntó qué había ocurrido con la operación argentina. Reenstra explicó que Sikorsky había planteado una oferta baja para resultar competitivos en la licitación y que el máximo que estaban dispuestos a pagar rondaba los US$11,4 millones, una cifra que consideraba demasiado baja para continuar compitiendo.
La tensión escaló al día siguiente. El 24 de agosto, Epstein reprochó a Reenstra la falta de resultados y le recordó que, si actuaba como corredor, esperaba que concretara la operación. En caso contrario, advirtió que buscaría un contacto directo con las autoridades argentinas. Horas más tarde, Reenstra respondió que sin una utilidad concreta para un helicóptero Blackhawk no era posible avanzar en la licitación y que, desde su perspectiva, no había forma de sortear la posición de Sikorsky en ese proceso.
El intercambio cerró el 26 de agosto con un intento de comunicación directa. Epstein pidió hablar ese mismo día y Reenstra respondió solicitando horario y número telefónico. No hay registros posteriores que indiquen una reactivación de la negociación.
Tampoco de compras de helicópteros Sikorsky por parte de la Argentina entre esos años, aunque las bases de datos de licitaciones de esa época no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó un contrato con Rusia para adquirir dos helicópteros de transporte multipropósito Mil Mi-17. En el mismo año se firmaron acuerdos y memorandos con proveedores extranjeros para posibles compras de helicópteros (por ejemplo con Italia y la Corporación Comercial Canadiense para helicópteros destinados al Ejército y Fuerza Aérea), aunque la materialización concreta de esas compras se terminó registrando formalmente más allá de 2012.
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El oficialismo obtuvo dictamen en Diputados y este jueves se tratará la baja de la imputabilidad
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, logró obtener un dictamen de comisión para poder tratar el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
“Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, anunció la diputada del PRO, Silvana Giudici, en las redes sociales.
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De hecho, la publicación de la legisladora alineada con el Gobierno, fue reposteada por el propio presidente Javier Milei, quien escribió en X: “TENEMOS DICTAMEN PARA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. Fin”.
En tanto, el despacho fue firmado en un plenario de comisiones, con 81 adhesiones, entre las cuales se destacan el apoyo del bloque del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y algunos representantes de los gobernadores aliados.
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Respecto al proyecto, el oficialismo busca que el umbral para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, sea de 14 años. Lo que podría contemplar una pena máxima de hasta 15 años de cárcel.
Además, establece que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas en infracciones de menor entidad, para quienes delincan siendo aún menores de 18 años.
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