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El juez que debe instrumentar la detención de Cristina Kirchner se toma licencia

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El juez Jorge Gorini, quien debe instrumentar la semana próxima la detención de Cristina Kirchner hasta tanto se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, tiene una licencia programada que inicia precisamente el lunes de esa semana crucial.

Fuentes de Tribunales aseguraron a que el juez está intentado reprogramar su actividad.

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Si Gorini se ausenta, el operativo de la detención quedará a cargo de su colega, Rodrigo Gimenez Uriburu, el otro juez titular del Tribunal Oral Federal N° 2.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena de Cristina Kirchner, Gorini firmó dos documentos judiciales. En el primero, ordenó a la expresidenta y a otros ocho reos que se presenten en su despacho en un plazo máximo de cinco días; en el segundo, le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que defina dónde se alojarán todos los convictos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propuso a Gorini cinco lugares posibles de detención, que surgen de un análisis de las fuerzas. Fueron aportados por la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía Federal.

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La orden de comparecencia que firmó Gorini recayó sobre la expresidenta y ocho condenados más: Lázaro Báez, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Crlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibañes.

En ese sentido, el magistrado le remarcó al Ministerio de Seguridad que Cristina Fernández de Kirchner tiene 72 años y que requiere “especiales condiciones de seguridad y custodia”, basadas en el “hecho de haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación”, pero también a raíz del intento de asesinato que afrontó el 1 de septiembre de 2022.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en una visita al mausoleo de Néstor Kirchner, en Santa Cruz.

Graduado de abogado por la Universidad del Salvador y con largo recorrido en la Justicia de instrucción, Gorini (57 años) asumió como miembro del Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante el primer mandato presidencial de Cristina Kirchner, a quien condenó en diciembre de 2022 a una pena de seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos.

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Como integrante de ese tribunal, Gorini afrontó múltiples embates. La defensa de Cristina Kirchner intentó recusarlo por temor de parcialidad, basado en reuniones que el magistrado mantuvo con Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. El planteo fue rechazado por extemporáneo.

Durante el juicio por el caso Vialidad, Gorini enfrentó otras vicisitudes. Denunció presiones, tareas de inteligencia sobre él y su familia desde una unidad básica de La Cámpora cercana a su domicilio, ingresos ilegales al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para buscar sus datos biométricos y el robo de sus declaraciones juradas patrimoniales de una oficina del Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que incrementara la custodia de Gorini y los otros dos integrantes del Tribunal Oral a cargo del “caso Vialidad”, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes también debieron lidiar con convocatorias por las redes sociales de militantes kirchneristas para “escracharlos” a ellos y a sus familias en sus hogares.

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POLITICA

Murió Juan Manuel Abal Medina (padre), el exsecretario del Movimiento Justicialista

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Este lunes al mediodía se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Manuel Abal Medina (padre), el dirigente político que fue nombrado como secretario general del Movimiento Justicialista por Juan Domingo Perón a principios de los 70.

La noticia fue confirmada por su hijo, que escribió en su cuenta de X: “Lamentamos informar que en el día de ayer falleció Juan Manuel Abal Medina padre, sus restos se encuentran desde esta mañana en la bóveda de la familia. Que Dios nuestro Señor lo tenga en su gloria”.

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La Justicia le pidió al Gobierno que se garantice la «seguridad suficiente» en Comodoro Py por la detención de Cristina Kirchner y la marcha

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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, envió un oficio al Secretario General de la Cámara de Casación con un pedido puntual: que entre martes y miércoles, cuando Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad se presenten en Comodoro Py para notificarse y quedar detenidos, se garantice la «seguridad suficiente» dentro del edificio y en los alrededores. El oficio fue remitido al Ministerio de Seguridad de la Nación.

«En ese contexto, le solicito que se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de brindar seguridad suficiente, en el interior del edificio de la Av. Comodoro Py 2002 de esta ciudad, en la playa de estacionamiento y en su perímetro en función de las detenciones a producirse los próximos días martes y miércoles en el marco de la causa de referencia, y ante eventuales movilizaciones en la vía pública«, sostiene la nota a la que accedió Clarín. La Cámpora y otros sectores K ya anunciaron una marcha para acompañar a la expresidenta el miércoles por la mañana.

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Juan Montesano, secretario General de la Cámara de Casación, recibió el sábado el oficio firmado por el TOF 2 (es el que condenó a Cristina) y el mismo fue remitido a las autoridades nacionales correspondientes.

Por el momento se espera que la exmandataria, sobre quien pesa la mayor acusación en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un pena de seis años, se dirija el miércoles a los tribunales de Retiro.

Pero en paralelo, el Gobierno nacional viene haciendo gestiones para que el trámite se cumpla en el mismo departamento en el que Cristina quedaría detenida con prisión domiciliaria. La ministra Patricia Bullrich teme incidentes en la marcha si trasladan a la exmandataria a Comodoro Py.

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Fuentes judiciales señalaron a Clarín que “ya está todo en marcha, refuerzo de custodias, coordinación fuerzas, articulación ministerios y orden urbano por movilizaciones”. Todo fue notificado también a las autoridades de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El plazo establecido por el juez Jorge Gorini para que los nueve condenados en la investigación sobre las 51 licitaciones adjudicadas, de forma irregular, a Lázaro Báez, se presenten en los Tribunales de Retiro, vence este miércoles.

Una vez que todos los acusados ingresen y se presenten ante el TOF 2, quedarán inmediatamente detenidos en cumplimiento con la sentencia que quedó firme la semana pasada, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

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Comenzará allí otro trámite: el pedido de cómputo de las penas, sobre todo en caso de quienes ya estuvieron detenidos como José López, o Lázaro Báez, que está en prisión en otro expediente con sentencia firme por parte del máximo tribunal.

La presencia de la expresidenta en Comodoro Py, será -en principio- con la movilización de diversos sectores políticos que la acompañarán. Por ese motivo se solicitó un refuerzo del dispositivo de seguridad ya que “los días martes 17 y miércoles 18 del corriente mes habrán de materializarse las detenciones, en la sede de este tribunal”, indica la notificación.

Antes, muy probablemente este martes, se espera el dictamen del fiscal general, Diego Luciani, respecto al pedido de arresto domiciliario formulado por el abogado Carlos Beraldi. Ese planteo incluye que no se le aplique una tobillera electrónica como así, también, mantener a los responsables de la custodia de Cristina Kirchner.

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El domicilio sugerido por el abogado es el de San José 1111, donde vive hoy la exmandataria, en el barrio de Constitución. Un informe técnico consideró que ese departamento era apto para cumplir la morigeración de la pena.

Una vez que se conozca la opinión de Luciani, se pedirá la opinión de las defensas y estará el Tribunal en condiciones de resolver dónde la ex vicepresidenta cumplirá la condena de corrupción.

Corrupción K,Cristina Kirchner,Corte Suprema de Justicia,Lázaro Báez

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Una senadora propuso que los aumentos en el Congreso se destinen al Hospital Garrahan

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La senadora por Neuquén y del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, presentó un proyecto de ley con el objetivo de que los aumentos salariales que reciben los senadores sean voluntariamente donados al Hospital Garrahan.

Crexell destacó que este hospital atraviesa una crisis que requiere de apoyo significativo: “Estoy cansada de ser tapa de diario con este tema y creo que esta iniciativa es noble y puede contribuir realmente a un hospital que necesita el apoyo y el sostén de todos”.

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Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Crexell explicó que la idea del proyecto no es nueva, ya que surgió el año pasado, motivada por su cercana relación con un caso personal de un niño que es atendido durante años en el Garrahan.

En sus comentarios, la senadora hizo hincapié en que la dieta del Senado no se aumentó de manera autónoma, sino que está vinculada al incremento del módulo del trabajador, lo cual impacta automáticamente.

Sin embargo, es consciente de que el foco de la crítica pública suele centrarse exclusivamente en los senadores nacionales, mientras que otros sectores como los legisladores provinciales quedan al margen de estos señalamientos. “No pretendo nada. Está totalmente desencajado el sistema salarial”, sentenció al referirse a la discusión sobre las escalas salariales en el ámbito estatal.

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La parlamentaria también mencionó una iniciativa previa de su madre, quien fue senadora entre 2001 y 2007, de recolectar papel reciclable del Senado para destinarlo al Garrahan. Según la senadora, este programa familiar fue exitoso, sosteniendo históricamente al hospital en aquellos tiempos.

En ese punto, la senadora cuestionó la hipocresía de no debatir la escala salarial de todos los cargos en el sector público: “Es una discusión que tenemos que dar y llevar una iniciativa de ley que equipare las jerarquías y haya una escala salarial”.

Al ser consultada sobre el potencial económico de su propuesta, Crexell calculó que la donación aproximada podría ascender a 300 mil pesos netos mensuales por senador, sumando un total de 26 millones por mes si todos los 72 senadores se unieran a la propuesta. “No sé si es mucho o poco, pero es una contribución a la fundación del hospital”, comentó.

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La senadora reconoce las limitaciones actuales impuestas por el presupuesto del Senado que depende del Tesoro, sugiriendo que prosperar en esta iniciativa demandará voluntad colectiva. “Estamos buscando que además se pueda donar el bruto y no el neto. Por ende, sería mucho más”.

Con una mirada crítica al funcionamiento actual del Senado y el Congreso de la Nación, Crexell destacó que parte del problema radica en un sistema institucional parado que relega proyectos de ley sustantivos en lugar de focalizarse en debates menores como las dietas de los legisladores. “Me parece más grave el funcionamiento de un Congreso totalmente paralizado. Si un Senado funcionara bien, lo demás sería secundario”, concluyó.

La entrevista completa a Lucila Crexell

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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. La entrevista completa a Lucila Crexell la podés encontrar en este enlace.

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