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ECONOMIA

La estrategia de Cristina Kirchner tras ser condenada: confrontar con Caputo por la deuda pública

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El tema de la deuda pública se perfila como uno de los grandes protagonistas de la campaña electoral para las legislativas de octubre, sobre todo si la inflación continúa su sendero bajista y el dólar continúa estable. Por lo pronto, Cristina Kirchner dio señales claras de que su estrategia de defensa no se centrará en discutir los aspectos legales de su condena, sino presentar su situación como una confrontación de modelos económicos.

Y, en este momento en el que el gobierno está recurriendo a varias formas de financiación externa para acumular reservas, pagar los vencimientos y cubrir el déficit de la cuenta corriente, el debate sobre el endeudamiento toma temperatura política.

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Ya cuando en abril se acordó la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional por u$s20.000 millones -de los cuales el 60% ya fue desembolsado-, el ministro de economía, Luis Toto Caputo, salió a argumentar que esto no constituía un endeudamiento neto, porque lo que se hacía era sustituir una deuda por otra -dólares frescos a cambio de la letra intransferible que el Tesoro le había colocado al Banco Central cuando tomó parte de sus reservas-.

Y ahora, con el anuncio de que se comprarán dólares mediante la emisión de bonos del Tesoro -que se pagan en pesos pero se suscriben con moneda estadounidense-, la oposición interpretó directamente ese anuncio como la toma de deuda por u$s7.000 millones.

No paró ahí el tema, naturalmente, porque el jueves se confirmó que se amplió en u$s2.000 millones adicionales el «repo» -préstamo garantizado con bonos como colateral- que se había acordado con un grupo de bancos privados a inicios de año por u$s1.000 millones.

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Lo irónico de la situación es que el gobierno afirma que toda su política está trayendo como consecuencia un alivio de la deuda, tanto por la disminución del volumen como por la extensión de los plazos y el recorte de las tasas de interés. Pero la oposición afirma exactamente lo contrario: que su estrategia equivale a «alquilar reservas» y que el alivio de corto plazo se pagará con mayor deuda a futuro.

Cristina Kirchner y Luis Caputo: enemigos íntimos

Los protagonistas principales del debate son Toto Caputo y Cristina Kirchner, quienes ya desde la gestión macrista polemizan duramente sobre este punto.

Al inicio del gobierno de Javier Milei, la ex presidente publicó un análisis de la situación del país en el que pronosticaba que vendría «la tercera crisis de deuda». La primera, según esa visión, había sido la de la dictadura militar; y la segunda, la de la década menemista, que culminó con el default de 2002.

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Como para marcar una contradicción entre el accionar de Milei y los principios liberales, Cristina recurrió a una picardía política: empezó su crítica con una cita de Juan Bautista Alberdi, a quien el presidente venera como un prócer.

«Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno», dice la frase de Alberdi citada al comienzo del documento.

Según Cristina, la política de ajuste fiscal y de apertura al capital externo terminaría en una crisis devaluatoria similar a la de las anteriores experiencias históricas.

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El ministro -que en ese momento festejaba su primer mes con superávit fiscal- contestó de inmediato: «Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno, 8 como presidente y 4 como vicepresidente».

Era apenas el primer round de una pelea que, todo indica, se va a intensificar en los próximos meses.

Un segundo encontronazo ocurrió en septiembre del año pasado, ante otro documento de Cristina titulado «Argentina bajo fuego». Allí criticaba un decreto por el cual se eliminaban requisitos para la reestructuración de la deuda pública. Según la ex presidente, con ese decreto ya el país no tenía garantías de que se recortara capital o tasas de interés y se extendieran plazos.

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Y se preguntaba: «¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?»

Para ese momento, el ministro ya estaba imbuido en el estilo belicoso de «Las fuerzas del Cielo» y dejó de lado el respetuoso trato de «señora» para pasar a un tono de pelea: «Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejo casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más».

¿Qué dato hay que mirar?

La discusión sobre los números de la deuda puede ser eterna, porque hay varias modalidades de contabilización, y cada quien las acomoda según su conveniencia política.

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Se puede contar sólo la deuda en dólares, o la de pesos o ambas. Se puede considerar la deuda del Tesoro o la consolidada con la del Banco Central. Se puede tomar la del gobierno nacional pero no la de las provincias.

También puede discriminarse según el acreedor: la deuda exigible -que no incluye la intra sector público- o la total. O la deuda sólo con extranjeros sin contar los acreedores locales.

Además, está la comparación de ratios. ¿Qué es más relevante: cuánto mide la deuda en comparación con el PBI o contra el volumen de exportaciones? ¿O mejor comparar la deuda local con otros países?

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Quienes argumentan a favor del gobierno señalan que Argentina bajó drásticamente en el ranking de países más endeudados -terminó el año pasado en el puesto 37, después de haber estado en el top ten durante la pandemia-.

Claro, hay muchos rankings para mirar. En el de los deudores con el FMI, Argentina lidera ampliamente, al punto de que con sus u$s65.000 millones, su deuda con el organismo es mayor a la del resto de los países sumados.

La discusión sin fin

La discusión puede ser infinita. Los críticos afirman que en lo que va de la gestión Milei se emitió deuda por más de u$s100.000 millones.

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Pero la respuesta del gobierno es que lo que importa es el ratio deuda/PBI. Y que cuando se considera la deuda total -incluyendo los pasivos remunerados del BCRA-, la reducción fue drástica: desde un nivel de 99% en diciembre de 2023 hasta un nivel actual de 39,5%.

Claro, es un dato controversial, porque depende mucho del tipo de cambio: ante una gran devaluación el PBI se achica en dólares, y ocurre lo contrario cuando el peso se sobrevalúa. De hecho, si se toma el mismo ratio, pero en el momento previo al cambio de gobierno y considerando el tipo de cambio oficial, el gobierno de Alberto Fernández tenía un ratio de deuda de 56,5% del PBI. Es decir, siguiendo con ese criterio de medición, es cierto que hubo una mejora real, pero mucho menor que la que presenta el gobierno.

Hablando en plata

El último informe de la secretaría de Finanzas evalúa la deuda pública total en u$s472.970 millones. Hubo una leve disminución tras el ingreso del aporte del FMI, porque de esa manera se eliminó la deuda que el Tesoro tenía con el BCRA.

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Y en lo que va de la gestión Milei, el incremento nominal fue de u$s68.263 millones. Pero esa es la cifra que sólo toma en cuenta la administración central. Si además se consideran los pasivos del Banco Central y se le restan los depósitos del Tesoro por el superávit fiscal, entonces el endeudamiento consolidado tuvo una baja de u$s20.000 milllones.

Lugo de que el gobierno explicara las últimas medidas económicas -Caputo señaló que fortalecen al programa económico porque permiten acumular reservas sin emitir pesos- muchos economistas críticos argumentaron que, en realidad, ante la imposibilidad de acumular reservas por la llegada de inversiones en la economía real, el gobierno tiene que recurrir a emitir deuda con el atractivo del viejo carry trade.

Actualmente, los bonos en pesos que están en manos de extranjeros equivalen a u$s1.700 millones. La cifra es pequeña si se la compara con el pico de u$s25.000 millones registrado en 2017, durante la gestión macrista, pero lo cierto es que se prevé un crecimiento acelerado. De hecho, si el gobierno cumpliera su objetivo de colocar u$s1.000 millones por mes, llegaría a u$s8.700 millones sobre fin de año.

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El endeudamiento K

Claro que, a la hora de hablar de deuda, también hay argumentos para contestar al kirchnerismo. Porque, aunque durante la gestión de Cristina no había acceso al crédito internacional, hubo otras vías de financiación que los economistas equiparan al endeudamiento, como la toma de reservas del Banco Central y de activos del sistema de ahorro previsional.

Según ese cálculo, Cristina dejó su mandato con una deuda intra sector público de u$s130.000 millones, tras haber asumido con un nivel de u$s20.000 millones.

En todo caso, lo que está claro es que Cristina Kirchner definió una estrategia en la que la economía ocupa el lugar central de la discusión política. Y en la próxima campaña electoral, el endeudamiento, uno de sus temas preferidos desde siempre, será un protagonista de la nueva guerra de relatos.

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ECONOMIA

El Gobierno inició la privatización de Enarsa: puso en venta acciones de la principal transportadora eléctrica del país

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El ministerio de Economía dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en Citelec, como primer paso en el proceso de privatización

25/07/2025 – 13:27hs

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías estatales del sector energético.

A través de la Resolución 1050/2025, publicada este viernes 25 de julio en el Boletín Oficial, se dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.), como primer paso del proceso.

El Gobierno inició el proceso de privatización de Enarsa

La operación se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley 27.742 -conocida como «Ley de Bases»- y los decretos 695/2024 y 286/2025, que autorizaron la privatización completa de ENARSA. La venta se llevará a cabo mediante un concurso público con alcance nacional e internacional, y representa el primer tramo de un esquema por etapas para desprenderse de las distintas unidades de negocio de la empresa, que actualmente son 15.

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CITELEC S.A., que será el eje de esta primera licitación, controla el 52,65% del paquete accionario de Transener S.A., la principal operadora de redes de alta tensión del país. Esta participación incluye el total de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B. Transener está a cargo del transporte del 85% de la electricidad que circula por el sistema interconectado nacional, con más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión bajo su gestión.

El Estado participa en Transener de forma indirecta: ENARSA es dueña del 50% de Citelec (la otra mitad está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin), lo que representa el 26,32% de la transportista. El resto del capital accionario de Transener se reparte entre la ANSES (19,57%) y acciones que cotizan en la Bolsa local (27,79%).

Según estimaciones oficiales, la venta de la participación de ENARSA en Citelec podría representar ingresos de al menos u$s200 millones, en función de la valuación bursátil de la compañía. No obstante, el Gobierno confía en que ese monto podría incrementarse si se concreta una nueva actualización tarifaria y se consolida cierta estabilidad macroeconómica.

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Cómo se llevará adelante el procedimiento

El procedimiento será coordinado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», que tendrá un plazo máximo de ocho meses para completar la operación. La Subsecretaría de Energía Eléctrica, en tanto, estará encargada de confeccionar la documentación técnica y contractual para la licitación, y podrá solicitar la colaboración técnica de ENARSA.

La operación se realizará a través del sistema CONTRAT.AR, la plataforma electrónica de compras del Estado, conforme lo previsto en el Decreto 416/2025. Además, se contratará a una entidad bancaria estatal para llevar adelante la tasación de la participación accionaria, debido a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se excusó de intervenir, alegando que la valoración de Citelec se basa en proyecciones de ingresos y no en activos tangibles.

La resolución también aclara que la privatización no contemplará los beneficios del artículo 16 de la Ley 23.696, es decir, no se aplicará ningún esquema de propiedad participada ni se reservarán acciones para los trabajadores.

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Con esta decisión, el Gobierno profundiza su programa de reformas estructurales y desinversión en empresas públicas estratégicas, en línea con su objetivo de reducir la presencia estatal en la economía y fomentar la llegada de capitales privados, especialmente en el área energética.

El ministro Caputo rubricó la resolución, que entró en vigor de forma inmediata, y que contó con el aval del servicio jurídico del Ministerio de Economía, así como la participación de la Secretaría de Energía y de la agencia creada para liderar la transformación de las empresas públicas.

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Luis Caputo se sinceró ante la dirigencia del campo: «El FMI no nos permite»

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El ministro dijo que no hay espacio para una baja de las retenciones, aunque habrá otros anuncios para el sector. ¿Milei lleva una sorpresa a la Rural?

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Puerta a puerta desde Tierra del Fuego: qué provincia no podrá realizar compras

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Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 286/2025, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de ventas digitales directas desde Tierra del Fuego, que permitirá adquirir productos electrónicos con entrega puerta a puerta y condiciones impositivas especiales.

La medida busca facilitar el acceso a bienes de origen nacional a precios competitivos y contribuir a la reactivación de la industria fueguina, afectada por la eliminación de aranceles a productos importados en mayo pasado.

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El régimen se encuentra disponible actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 22 provincias del territorio argentino. La única jurisdicción excluida, al menos por el momento, es la propia provincia de Tierra del Fuego, donde residen las empresas fabricantes que participan del programa.

Compras digitales directas a fabricantes fueguinos

A través del nuevo régimen, las personas pueden comprar productos fabricados en Tierra del Fuego sin intermediarios, en una modalidad similar a la que utilizan plataformas internacionales como Amazon. Las compras se realizan en plataformas digitales autorizadas o directamente desde los sitios web de los fabricantes habilitados.

Para completar la operación, el comprador debe ingresar sus datos personales y la documentación correspondiente en un formulario digital a través del Sistema ARCA, utilizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Una vez verificada la información, el producto es despachado mediante un operador logístico autorizado y entregado en el domicilio declarado.

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La Resolución 286/2025 establece que cada persona podrá realizar hasta tres compras por año calendario bajo este sistema, con un límite de tres mil dólares por envío. Además, los bienes adquiridos deben ser para uso personal, por lo que está prohibida su reventa o comercialización posterior.

Productos disponibles y características del catálogo

El catálogo de productos incluidos en el régimen puerta a puerta comprende más de 40 artículos de uso tecnológico y electrodoméstico. Entre ellos se encuentran televisores, notebooks, tablets, teléfonos celulares, parlantes, cafeteras, equipos de aire acondicionado y lavarropas.

El objetivo central del programa es fomentar el consumo de productos nacionales elaborados en la provincia bajo el régimen de promoción industrial vigente en Tierra del Fuego. Esta herramienta se presenta como una alternativa para competir con los productos importados que ingresan al país con arancel cero desde mediados de 2025, tras la modificación de la política comercial aplicada por el Gobierno nacional.

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Según explicaron desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP), este nuevo mecanismo busca fortalecer el vínculo directo entre los consumidores del continente y los fabricantes fueguinos, eliminando costos asociados a la intermediación y promoviendo mayor competitividad para la producción local.

Amazon nacional: cuál es la provincia que no tendrá compras puerta a puerta de productos de Tierra del Fuego

El contador Ramón Gallardo, asesor impositivo de la CCIP, explicó que la iniciativa excluye a dos sectores importantes dentro del entramado industrial fueguino. Por un lado, el régimen no alcanza a las empresas textiles radicadas en la provincia, que no podrán comercializar sus productos bajo esta modalidad. Por otro, quedan fuera del programa aquellas empresas que utilizan más del 50% de insumos provenientes de fuera de la zona franca para la elaboración de sus bienes.

Gallardo también observó que algunos de los productos incluidos en el listado ya no se fabrican en Tierra del Fuego. En ese sentido, consideró que la selección de artículos habilitados para el régimen no estaría plenamente alineada con la capacidad productiva actual de la isla.

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Otra limitación relevante es que los propios residentes de Tierra del Fuego no pueden acceder a este beneficio. La modalidad está habilitada únicamente para compradores domiciliados en el continente. Si bien en el pasado algunas empresas aplicaron condiciones similares para ventas locales en la provincia, actualmente la entrega puerta a puerta está restringida a jurisdicciones continentales.

Funcionamiento y perspectivas del nuevo régimen de ventas digitales

El nuevo esquema de ventas digitales representa un mecanismo adicional de comercialización para los fabricantes radicados en la provincia, en un contexto en el que el sector atraviesa una caída en la demanda debido a la apertura de las importaciones. La posibilidad de llegar de forma directa a consumidores de todo el país, mediante plataformas digitales y con logística a domicilio, amplía las alternativas de comercialización para empresas del polo tecnológico fueguino.

Por el momento, el sistema contempla límites estrictos tanto en cantidad como en monto por operación. Las condiciones fijadas por la resolución están pensadas para consumo final, evitando la reventa y promoviendo el uso individual de los productos. Esta restricción forma parte de los controles fiscales y aduaneros para mantener el orden en la implementación del régimen.

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Desde el sector empresarial de la provincia anticiparon que podrían plantearse modificaciones al alcance del programa en el futuro, con el objetivo de incorporar más rubros y flexibilizar ciertas condiciones. También se espera que se analicen ajustes en la composición del catálogo, en función de la evolución de la producción local y la demanda del mercado nacional.



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