POLITICA
Comedores al límite: «Un millón y medio de chicos se acuestan sin comer»
Según Ramiro Berdesegar, la jornada de lucha del martes fue un punto de unidad entre más de 50 organizaciones sociales de todo el país. «Ha sido una jornada que unificó al conjunto de los movimientos populares, no solamente a los que conformamos la UTEP, sino también a territorios en lucha y el Frente Nacional de Lucha Piquetero», sostuvo.
En un tono crítico, el referente de la Corriente Clasista y Combativa denunció el abandono estatal a las organizaciones sociales desde la llegada de Javier Milei al poder. «Desde que asumió este gobierno los programas sociales quedaron congelados. El Potenciar Trabajo pasó a llamarse Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, pero sigue pagando lo mismo: 78 mil pesos», explicó.
A modo de ejemplo, relató con crudeza el drama cotidiano de miles de beneficiarios: «Una compañera que trabaja en un comedor cobra el día 5, le paga al policía del barrio, paga las cuentas, y ya ni va al cajero, porque no le queda nada».
Berdesegar también cargó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. «El 2 de febrero del año pasado, Pettovello dijo ‘si tienen hambre, hagan la fila’. A los pocos días hicimos una fila de 30 cuadras. Hasta hoy no ha garantizado un solo paquete de fideos», denunció.
Además, criticó la eliminación del Fondo de Integración Socio-Urbano, que permitía ejecutar obras en barrios populares: «Ese fondo garantizaba cientos de obras y trabajos en los barrios. Hoy lo eliminaron por decreto». Según detalló, entre las tareas realizadas con ese financiamiento se encontraban redes de agua, veredas y mejoras eléctricas en barrios como Alto del Tolo y San Cayetano, en La Plata.
Para Berdesegar, la falta de respuesta institucional abre la puerta a otras problemáticas más graves. «Cuando el estado no empuja una política que contenga, crece otra: la del narcotráfico, el narcomenudeo, el consumo problemático», advirtió.
A pesar del panorama sombrío, destacó la persistencia de los sectores populares: «Todos los días la siguen luchando. Siguen abriendo los comedores, siguen sosteniendo las unidades productivas como pueden».
Consultado sobre la posibilidad de diálogo con el oficialismo, fue tajante: «No hay interlocución. Todo lo que hacemos es para sentarnos a hablar, pero las consecuencias del ajuste son brutales». En este sentido, criticó el impacto de las políticas actuales sobre los trabajadores informales, las pymes y los jubilados: «Tenemos menos recursos, pero más comensales en todos los comedores. Hoy los jubilados pasaron a ser habituales», dijo.
Frente al desamparo estatal, Berdesegar reconoció el aporte de distintas instituciones. «Es importante la contribución del gobierno provincial, del gobierno municipal, de la UNLP con su fábrica de alimentos, y de vecinos y comerciantes que colaboran como pueden», señaló. «Hacemos rifas para comprar cebolla. Ese es el lazo solidario que ellos quieren romper fomentando el individualismo más atroz», concluyó.
Comedores, al, límite:,
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
POLITICA
Con la tensión al máximo por el cierre de Fate y el paro de la CGT, el oficialismo busca dictaminar la reforma laboral sin nuevos cambios
Con la presencia de las tres centrales sindicales −la CGT y las dos CTA−, el oficialismo inició el debate de la reforma laboral, cuyo texto buscará aprobar mañana en el recinto de Diputados. El plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto es conducido por el libertario Lisandro Almirón en una atmósfera espesa producto del cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos.
Además de referentes gremiales, entre los invitados también hay representantes de las plataformas digitales de delivery, como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros laborales.
Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza (LLA), marcó de entrada la postura del oficialismo. Anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias médicas y anuló la posibilidad de avalar cualquier otro cambio. “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”, señaló.
Es que los aliados del centro político avisaron que también impulsarán otras modificaciones. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien catalogó el debate de “desprolijo”. “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. Recordó, además, que “no hay una formalización de pedido de sesión para tratar esto en el recinto.
En representación de la izquierda, Nicolás Del Caño habló de una “ley esclavista”. “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”, consideró.
Cuando se abrió el micrófono a los invitados, Hugo Godoy, de la CTA autónoma, dijo que en la Argentina “lo único que crece es lo que ustedes dicen que quieren evitar, que es la precariedad laboral”.
Julio Piumato, del gremio judicial, anticipó que si se aprueba la reforma su pelea se trasladará a los tribunales. “Del primer al último artículo es violatorio de la Constitución Nacional”, señaló. “Da vergüenza que muchos diputados desconozcan el proyecto que están votando y el texto de la Constitución y las leyes supralegales”.
A su turno, el triunviro Jorge Sola, de la CGT, puso el foco en aquello que el texto oficial no aborda: “No se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de nuevos modos y relaciones de trabajo, de nuevas economías”. Cuestionó, además, el FAL. “Implica una transferencia multimillonaria de 6000 millones de dólares anuales que va a pasar del salario diferido de los empleadores al sector financiero”, dijo el sindicalista del Seguro.
En la misma línea se pronunció Cristian Jerónimo, cotitular de la central cegetista, que anunció un paro nacional para mañana desde las 00. Les habló directamente a los diputados: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”.
También se pronunció el presidente de la asociación de abogados laboralistas, Matías Cremonte. Se focalizó en los trabajadores de plataforma. Sostuvo que, si se aprueba la propuesta del Gobierno, la Argentina será “el único país que no los considera trabajadores”. “[Esta ley] va a nacer en contra del próximo convenio de protección de trabajadores de plataforma”, anticipó.
Previamente, Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, defendió la propuesta. “Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permiten el desarrollo de la economía de plataformas”, argumentó.
Noticia en desarrollo
https://t.co/rUn1JoOQaP,February 18, 2026,February 18, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,En vivo. Reforma laboral en Diputados: negociaciones, dictamen y las últimas noticias hoy, miércoles 18,,Reforma laboral. Tras el conflicto por Fate, los aliados presionan por más cambios y peligran puntos clave del proyecto,,Reforma laboral. El oficialismo quiere sesionar este jueves y aceptaría cambios en las licencias por enfermedad
POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días tras el anuncio de cierre de la empresa de neumáticos Fate
Tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de la empresa Fate, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria para la resolución del conflicto en el marco de la audiencia virtual que tuvo lugar este mediodía. Según pudo confirmar Infobae, fue el propio Cordero el que trasladó la determinación a las autoridades de la firma presentes en la instancia de mediación y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que lidera el trostkista Alejandro Crespo.
A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso de 15 días para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto. Además, estableció que en el mientras tanto, se deberá retrotraer la situación al estado previo al conflicto y advirtió la necesidad de “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales.
“El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, plantearon en el documento publicado en redes sociales y difundido por la cartera que lidera Sandra Pettovello.
Por cuestiones de competencia jurisdiccional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también celebró una audiencia y replicó la misma resolución que la instrumentada por Cordero en la cita de Nación. “El conflicto colectivo de trabajo es de extrema gravedad, por consiguiente resulta necesario disponer las medidias pertinentes a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”, argumentaron desde la cartera que conduce Walter Correa.
Lo cierto es que conforme al paso de las horas, la administración libertaria recalibró su postura y reorientó los cañones. Si bien inicialmente las críticas fueron direccionadas contra el sindicalismo, en especial contra Crespo, a los que dan como ausentes en la audiencia virtual, pese a que los involucrados garantizan haber participado, pasado el mediodía, la familia Madanes Quintanilla se llevó el mayor volúmen de cuestionamientos.
“Es parte de la libre compentencia. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan”, definió a primera hora una importante fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. Asimismo, se cuidó de marcar que el Ejecutivo sigue de cerca la necesidad de que la firma cumpla con el protocolo que establece el pago de las indemnizaciones a los 920 empleados a los que despedirá.
Los hasta entonces empleados de la planta aseguran haberse anoticiado en horas de la madrugada de la decisión que adoptó la patronal, que afecta además al contexto político marcado por una serie de protestas convocadas por el sindicalismo contra la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó una conferencia de prensa exprés para anunciar un paro general para el jueves mientras el Congreso debata el proyecto.
Pese al impacto del anuncio de los fabricantes de neumáticos que liquidará su negocio y clausurará su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, en la mesa política designada por el presidente Javier Milei no se mostraron sorprendidos por el desenlance de los acontecimientos, pero durante el transcurso de la mañana apuntaron contra los empresarios a los que responsabilizan por el timing del anuncio.
“Es un sector puntual, una empresa puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta”, se lamentó una voz oficial por los pasillos de Balcarce 50 que horas más tarde señaló sin tapujos a la familia Madanes Quintanilla.
Si bien la línea que instruyó el presidente Javier Milei fue la de responsabilizar a la actividad sindical, en particular al SUTNA conducido por Crespo, integrante del Partido Obrero, pasado el mediodía, los cañones fueron direccionados a las autoridades de FATE. “En 2019, Fate tuvo plan preventivo de crisis y ahí no había tema de importaciones. No debe venir por ahí. El combo de sindicatos troskos y empresaurios (sic) no es buena”, deslizó ante este medio un funcionario.
Desde este mediodía, el Poder Ejecutivo medió en el procedimiento abierto entre el sindicato y la empresa con la audiencia mientras los actores de la administración, incluido el propio Milei, marcan que el anuncio tuvo lugar un día antes del tratamiento del proyecto de “Modernización”. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “¿Conspiranoico yo? Fin”.
Con el pasar de las horas, en el oficialismo se instaló la idea de que la determinación de Madanes a la hora de anunciar el cierre de la planta no fue azarosa y responde a la decisión de complejizar el tratamiento de la reforma laboral que tanto obsesiona al mandatario. “Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito y nos damos cuenta”, sentenció un funcionario ante este medio.
Pese a la acción dictada, desde la cartera anticipan que las posibildiades de revertir el cierre son limitadas, dado que la empresa se comprometió a abonar las indemnizaciones necesarias para concretar la clausura de la planta.
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