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POLITICA

La Justicia no quiere que la casa de Cristina se convierta en un bunker político, si le acepta la prisión domiciliaria

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Si finalmente la Justicia le concede a Cristina Kirchner un arresto domiciliario: ¿puede la expresidenta salir al balcón?; ¿debe contar con restricciones?; ¿cómo se fijan las pautas?, ¿puede ir cualquier persona a visitarla? Son tan sólo algunas de las inquietudes que rodean el trámite que determinará dónde cumplirá la condena por corrupción.

La decisión la firmará el juez Jorge Gorini (aguarda previamente este martes la opinión del fiscal general Diego Luciani), pero un concepto central enmarca su determinación: en caso de una eventual morigeración de la pena, cómo hacer para que la misma no se desnaturalice, para que el departamento de San José al 1100 en el que Cristina pidió cumplir el arresto domiciliario no se convierta en un bunker político, un lugar de campaña permanente de la expresidenta.

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La misma inquietud planteó el Gobierno este domingo, antes de la resolución de Gorini. A través del jefe de gabinete, Guillermo Francos, mostró sus reparos sobre la forma en que Cristina cumplirá con la pena en su domicilio. «Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón», criticó el funcionario de la administración de Javier Milei.

Cristina informó que este miércoles irá a Comodoro Py en cumplimiento de los 5 días hábiles que le impuso el juez Gorini para que se presente en los tribunales para que se haga efectiva la condena, tras la confirmación del fallo en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Son instancias distintas las que deben cumplimentarse. Aún no hay un legajo de ejecución ni cómputo de pena aprobado. Recién ahí intervendrá de forma unipersonal el juez de ejecución de la pena, algo que irá rotando cada año entre los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que fue el que llevó a cabo el juicio de Vialidad, dictando sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022.

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Estos últimos días, los oficios firmados por Gorini fueron en calidad de presidente del TOF 2 durante este año en curso. Pero las decisiones y el próximo paso serán resoluciones colegiadas, es decir, con la intervención de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A la espera del dictamen del fiscal Luciani y con un informe técnico que dice el domicilio de San José 1111 es apto para cumplir el arresto domiciliario, la decisión próxima será determinar si Cristina quedará detenida en su casa, o si deberá cumplir algunos días en una sede que dependa del Servicio Penitenciario Federal.

En esa decisión, el concepto central que se analiza en Comodoro Py por estas horas es el de no desnaturalizar el arresto domiciliario, en caso de que se confirme ese beneficio. «Un arresto domiciliario no se desnaturaliza cumpliendo con lo que dice la ley. Pero es un caso inédito, por lo cual hay que extremar el sentido común. Por ejemplo, salir al balcón no se lo debería permitir«, puso en consideración un magistrado federal con años de experiencia en la ejecución de penas.

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Hay quienes en los tribunales consideran que el departamento del barrio de Constitución no es un lugar adecuado para un arresto domiciliario. Sobrevoló una comparación en más de un despacho de Comodoro Py: cuando se ordenó la morigeración de la prisión preventiva de Lázaro Báez, que en un comienzo iba a ser en el barrio privado de Pilar, la propia defensa del empresario K se dio cuenta de la necesidad de buscar otro domicilio “porque ése no era el más adecuado”.

Vacío legal sobre el arresto domiciliario

Ante la posibilidad concreta de que se conceda un arresto domiciliario, desde ámbitos judiciales aclara que la ley -al respecto-, “es bastante pobre”, es decir, “no prevé reglas de conducta más allá de no poder salir del domicilio. En cierto punto no se cumple uno de los fines de la pena que es la resocialización a través de un régimen penitenciario progresivo. Pero sí cumple con otros fines de la pena como la prevención general que es disuadir a la sociedad en su conjunto de cometer delitos, además tiene como objetivo la confirmación de la vigencia de la ley y la confianza en el sistema legal”, reseñó otro juez con larga experiencia en estos proceso.

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Entonces ¿cómo se le podría otorgar a Cristina una prisión domiciliaria sin que la misma deje de expresar el cumplimiento de una condena por corrupción? “Con que considere apropiadas para la modalidad domiciliaria”, opinó un magistrado que ha tenido que resolver ejecución de penas. Sin embargo, muchos son los que coinciden en que se está ante una situación inédita.

Al ponderar las opciones y el caso específico, un juez federal explicó que la prisión domiciliaria está pensada para cuestiones humanitarias “como por ejemplo, la persona grande, de más de 70 años, o aquella que tiene a sus chiquitos a cargo, la que está en una enfermedad incurable, en estado terminal. Es decir, el legislador con criterio dijo que para estos casos, por una cuestión humanitaria, debe considerarse una prisión domiciliaria. No es el caso”, detalló.

A ese precepto central, le añadió la siguiente explicación: “La domiciliaria está pensada para que alguien que asume la condena que le dieron y se encuentra en una situación difícil de salud. Ninguna de esas situaciones se da en el caso. Entonces, estamos ante una desnaturalización del concepto, un concepto humanitario, que tiene que ver con alguien que asume lo que hizo, y que dice, que por cuestiones humanitarias, necesita cumplir en su domicilio. Acá no es así. Y no es argumento otorgarla porque es quien es. No es el concepto, no es la idea”.

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La otra discusión es la colocación o no de una tobillera electrónica si se concede un arresto domiciliario. Un juez de ejecución de pena indicó a Clarín que en primer término “se debe analizar el lugar que ofrece la defensa, si reúne las condiciones para estar alojado ahí, y la pulsera electrónica se utiliza porque es el único control que uno tiene para que no salgan del domicilio. Porque los arrestos domiciliarios no pueden ser controlados por ninguna fuerza de seguridad. Lo dice expresamente la ley de ejecución penal. Entonces el único contralor es la tobillera”.

En este caso específico el mismo magistrado opinó que la zona del departamento ofrecido por el abogado Carlos Beraldi “no es el más apto, entendiendo además que está afectando a todos los vecinos por variados motivos y a los comercios de la zona, por lo tanto sería conveniente que la defensa ofrezca algún otro lugar más alejado que ese departamento”. La palabra final la tendrá el juez Gorini previo dictamen del fiscal Luciani.

Finalmente, están quienes entienden que imponer reglas sería el camino viable si la determinación es avanzar hacia un arresto domiciliario: no sólo restringir la cantidad de visitas, en días específicos, sino también quiénes pueden visitarla a la ex vicepresidenta y quiénes no, son sólo algunos conceptos que sobrevuelan. Todo está bajo estudio.

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Corrupción K,Cristina Kirchner,Corte Suprema de Justicia

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Diputados: la oposición tiene asegurada la mayoría de la comisión para los proyectos de los gobernadores

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La semana que viene el oficialismo volverá a tener malos resultados en la Cámara de Diputados de la Nación cuando el próximo miércoles se reabra la comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los proyectos de ley que impulsan los gobernadores.

El nuevo quórum que los sectores opositores y críticos a La Libertad Avanza mostraron el miércoles pasado en la sesión se volverá a imponer la próxima semana para dictaminar los proyectos de ley que llegan con media sanción del Senado de la Nación que establecen modificaciones en la forma en la que el gobierno nacional reparte los ATN a las provincias y la modificación de la ley de los combustibles líquidos que tiene como fin que llegue a los distritos la parte que se recauda para el mantenimiento de las rutas.

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“Creo que vamos a tener un dictamen con muchas firmas” reconoció un hombre fuerte de la Cámara de Diputados. “¿Cómo no van a firmar?”, se preguntó a modo retórico en referencia a los diputados que no son libertarios.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto

Si se mantiene el grupo que movilizó la última sesión conformado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia; el dictamen de la mayoría está asegurado para el próximo miércoles cuando a partir de las 10:30 de la mañana comience el debate en la comisión que comanda José Luis Espert.

“Todos relegamos protagonismo para poder avanzar. Por más que desde el oficialismo intentaron hacer caer la sesión y lo van a seguir haciendo, entendemos que tenemos el número necesario”, agregó la misma fuente.

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Tomando los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la oposición tendría 29 firmas -sin contar a diputados de la UCR que se podrían sumar a pedido de sus gobernadores- sobre un total de 49 miembros. Esto le permitiría alcanzar el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que modifica la ley 11672 Permanente de Presupuesto en lo concerniente al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.

El otro proyecto que llega en revisión y que se tratará en un plenario con la Comisión de Energía y Petróleo por lo que habrá un total de 84 firmas disponible -49 de Presupuesto y 35 de Energía- por lo que hay que la oposición tiene que sumar más de 42 firmas para tener el dictamen de mayoría. En esta comisión los bloques de la oposición más el que responde a los gobernadores –Innovación Federal– suman 21 firmas lo que daría un total de 50 sin sumar a ningún diputado radical, del PRO, Liga Federal y LLA.

Desde el pasado 1 de marzo, La Libertad Avanza ganó una votación y perdió 26 en Diputados

La distinción de los diputados radicales no es aleatoria porque en realidad podrían incrementar el número a favor del dictamen de las leyes que llegan del Senado teniendo en cuenta que en la Cámara Alta los miembros del bloque de las boinas blancas votaron de manera favorable ambos proyectos que fueron aprobados por 56 votos positivos y uno solo negativo -Luis Juez-.

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La importancia del dictamen de mayoría es que cuando se llame a sesionar por estos proyectos implica que es el primero en ser tratado. Y, se supone, que los bloques que apoyaron en comisión lo harán en el recinto.

Pero lo que más preocupa al oficialismo es que en la oposición parecen haber encontrado el antídoto a la “mancha venenosa” que implicaba el argumento de “votar con el kirchnerismo” que los libertarios esgrimieron en el recinto y que siguen haciéndolo en las redes sociales.

“Todo está cruzado por la campaña por lo que los sectores que están por afuera del mundo libertario van a acompañar. Pero también los diputados que responden a los gobernadores porque es el proyecto de ellos sin importar si acordaron o no con LLA en sus provincias”, explicó un diputado que no tiene un gobernador a quien responder, pero que suele participar de parte del armado de los quórum.

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Todo parece encaminado para que la semana que viene la oposición dictamine y avance rumbo a una nueva sesión para la última semana de agosto. Sería la séptima sesión del año y en el resultado muestra que el oficialismo encadena derrotas. En las seis sesiones anteriores sólo ganó la votación del 19 de marzo cuando blindó el DNU 179/2025 por el que habilitó al Gobierno nacional a un nuevo acuerdo con el FMI. En ese momento contó con el apoyo de los gobernadores y de sectores dialoguistas que se fueron alejando del oficialismo. Tanto es así que lleva 26 votaciones -de las que 12 fueron el miércoles pasado- perdidas de manera consecutiva en el recinto.

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Fijan un nuevo criterio de actualización en juicios laborales

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Por la baja de la inflación, la justicia laboral estableció un nuevo criterio para ajustar las inmdenizaciones y las multas en los casos de trabajadores despedidos.

Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los magistrados con la Corte Suprema, que exije a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes.

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En el Trinunal Superior de Justicia de la Ciudad -que debe fijar el criterio de ajuste- ya se acumulan 3000 casos a la espera de definición y no han firmado aún ninguna sentencia.

En esta ocasión, el fallo es de la Sala VIII de la Cámara del Tabajo integrada por los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Ratificaron la condena por despido improcedente y diversas sanciones laborales pero dijeron que la tasa de interés aplicable para ajustarla debía ser el CER hasta 2023 y desde enero de 2024 la tasa activa del Banco Nación. El fallo fue en favor de Estela Santander contra la empresa Tritestta S.R.L.

Miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) , Inés M. Weinberg (Presidente) , Luis F. Lozano y Marcela De Langhe Marcela De Langhe

El tribunal confirmó que la señora Estela Beatriz Santander, ingresó a trabajar como cocinera el 1 de febrero de 2018, desestimando la postura de la demandada Tritestta SRL, que alegaba una fecha posterior y una categoría de “ayudante de cocina”.

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Esta decisión se fundamentó en la ausencia de libros contables por parte de la empresa y en la prueba testimonial de varios compañeros de trabajo quienes corroboraron la fecha de ingreso y las tareas de cocinera realizadas por Santander.

Asimismo, la Cámara ratificó la condena a Tritestta SRL por incumplimiento del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), relativo a la entrega de certificados de trabajo.

Se estableció que los certificados ofrecidos no reflejaban las características reales del contrato, lo que constituye un incumplimiento de la obligación legal, incluso si fueron puestos a disposición.

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En cuanto a la responsabilidad solidaria, se confirmó la condena contra un socio gerente de Tritestta SRL según un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las irregularidades registrales verificadas en la sociedad justificaron su responsabilidad solidaria.

Por otro lado, la Cámara rechazó el reclamo de las horas extraordinarias realizado por la señora, argumentando que la demanda inicial presentaba deficiencias en su fundamentación, lo que impidió un adecuado ejercicio del derecho de defensa de la contraparte y el análisis judicial.

También se rechazó la extensión de la responsabilidad una accionista que tenía el 10 % del capital social y no formaba parte de la gerencia

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La clave del fallo es la actualización de la tasa de interés aplicable a la indemnización.

Inicialmente, se había propiciado la adición del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) como interés moratorio. Sin embargo, la Cámara observó una considerable disminución de los índices de inflación en el último año, lo que llevó a reconsiderar esta postura.

El juez Pesino, en su voto, afirmó: “Desde esta óptica, no considero prudente mantener sine die la utilización del CER, como tasa de interés, por advertir que ese procedimiento puede llevar a la obtención de resultados desproporcionados, comparados con el poder adquisitivo de los créditos en la época en que se devengaron.”.

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Por lo tanto, la propuesta final adoptada por el tribunal para la actualización de la indemnización es la siguiente:

“En consecuencia propongo que, desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de diciembre de 2023 se utilice el CER como tasa de interés y, a partir del 1 de enero de 2024, al resultado que se obtenga se adicionen los intereses del Acta 2658 de esta Cámara (tasa activa efectiva anual vencida, Cartera General Diversas del Banco Nación), hasta el efectivo pago.”.

La sentencia de Cámara confirmó el monto principal de la condena de primera instancia, sin modificar la base de la indemnización. La “salvedad” introducida por el tribunal se refiere exclusivamente a la metodología de cálculo de los intereses moratorios, que es lo que afecta el valor final del monto a pagar al trabajador.

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El cálculos de ajuste en las sentencias de los juicios laborales, uno de los asuntos que más preocupa a los empresarios, serán definidos ´de ahora en adelante de manera definitiva Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde ya se acumulan 3000 demandas de juicios y no hubo ninguna resolución aún.

El criterio de la “Corte porteña” será la guía para los tribunales inferiores. La novedad de que las causas sean resueltas por el TSJ es parte del avance del proceso de traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad, que es resistido por las jueces nacionales.

La Ciudad, en tanto, ya empezó a armar su fuero laboral propio con sus códigos, en un proceso impulsado por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Peor está frenado por un amparo de los jueces nacionales.

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La pelea por cómo se calculan los intereses en las condenas que recaen sobre las empresas determinó que la Corte Suprema dictara dos fallos en los anuló sentencias de la Cámara del Trabajo porque los montos eran desproporcionados.

En uno de los casos se aplicaban intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.

Todo esto provocó un cambio en la manera de fallar en los tribunales laborales.

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Ahora, según un relevamiento realizado por entre abogados laboralistas, funcionarios del fuero y magistrados de todas las instancias, los criterios quedaron determinados de este modo: los jueces de primera instancia están dictando fallos, reduciendo u obviando la aplicación de algunas multas, y determinando mecanismos de ajuste limitados, sin hacer crecer de manera desproporcionada las indemnizaciones con el cálculo de intereses.

Cuando la parte apela ante la Cámara Laboral, allí hay varios criterios. La mayoría de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el CER.

Ahora, la Cámara laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.

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La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su histórico abogado, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde. Diana Cañal es una camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.

Los intereses a aplicar son de dos tipos: moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia, y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023 de Javier Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3% más el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara falla con ese índice.

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Tras el fallo en el caso Levinas, la Corte estableció que todos los juicios de la Justicia nacional (comerciales, penales, civiles, laborales) deben ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y, eventualmente, luego en la Corte nacional.

La “Corte porteña” aún no falló en ninguno de estos casos, pero se prepara para hacerlo.


Hernán Cappiello,Justicia,Conforme a,Justicia,,“Justicia divina”. La opinión de Julieta Prandi sobre el acto fallido de su exmarido Claudio Contardi en el juicio,,Lo confirmó el abogado de la modelo. Juicio contra el ex de Julieta Prandi: por qué la segunda audiencia pasó a un cuarto intermedio,,»Fue un calvario». Habló Julieta Prandi: los detalles explícitos y desgarradores sobre la denuncia a su exmarido

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Javier Milei prepara la grabación de la cadena nacional: defenderá sus vetos y lanzará críticas a la oposición

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Javier Milei prepara la grabación de la cadena nacional sobre los proyectos y rechazos a decretos delegados que sancionó la Cámara de Diputados este miércoles. El Presidente llegará a la Casa Rosada antes de las 18 para comenzar con la filmación en el salón Blanco, que se transmitirá a partir de las 21.

El jefe de Estado no convocó al gabinete para que lo acompañe en la grabación, pero analiza sumar al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su equipo económico. En Nación aseguran que Milei defenderá el “rumbo económico” junto con los posibles vetos al financiamiento universitario y a la iniciativa que aumenta los fondos destinados al Hospital Garrahan.

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Leé también: Tras el desembarco de Milei en La Matanza, el Gobierno reunió a la mesa de campaña de PBA

El Presidente no tiene previsto anunciar una judicialización del rechazo a las medidas que eliminaron y reformaron organismos en caso de que el Senado les dé sanción completa. Se trata de la Dirección Nacional de Vialidad, los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Tecnología Industrial (INTI), la Marina Mercante y dependencias de la secretaría de Cultura.

“En diciembre todo cambia y reflotamos los decretos. Las reformas se van a hacer igual”, agregan los cercanos a la mesa chica del oficialismo. En un sector del Gobierno advierten que no darán marcha atrás con los cambios administrativos y de estructura que ya se realizaron. Es la línea que mantuvo hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales.

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La última cadena nacional de Javier Milei fue por la salida del cepo cambiario, que impulsó en abril (Foto: Presidencia).

El Gobierno reconoce que tiene una alta debilidad legislativa en el Senado, pero asegura que intentará evitar que los legisladores traten los decretos que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, en parte estos corren su curso en la Justicia.

El Ejecutivo mantiene la postura de que agotará todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria de las leyes que impulsó el Congreso, en caso de que no logre sostener los vetos. Se trata de la estrategia que aplicó con el rechazo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad.

Leé también: Tras la derrota en Diputados, el Gobierno busca blindar en el Senado los decretos que impulsó Sturzenegger

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La Casa Rosada busca evitar que la debilidad parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza impacte en la expectativa financiera. En ese sentido, pone como ejemplo la forma en la que puede reaccionar el mercado a cambios en las cuentas fiscales a raíz de la caída de un veto en ambas cámaras. “Lo que queremos es llegar a octubre sin temblores”, agregan en Nación.

Es por eso que la mesa política de Balcarce 50 apunta a profundizar la campaña por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, junto con la nacional. El oficialismo busca polarizar con el kirchnerismo: tiene la intención de atribuirle las derrotas legislativas de esta semana a un ”cálculo electoral» de la oposición.

Javier Milei, cadena nacional, veto

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