POLITICA
¿Qué hacemos con Cristina?
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner reavivó al panperonismo, generó tensión social y dejó al gobierno de Javier Milei como un espectador ausente frente a una posible crisis.
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En la madrugada del domingo, un operativo de seguridad liderado por la Policía Metropolitana de Buenos Aires desalojó el acampe desplegado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo por los manifestantes que apoyaban a Cristina Fernández de Kirchner desde el momento en que se conoció la condena. El operativo incluyó algunas escenas de violencia acotada y una publicación en la cuenta de X de la fuerza policial en la que se anunciaba la liberación de la zona. No duró demasiado: apenas un rato después los simpatizantes de la exvicepresidente volvieron a ocupar el lugar, y Cristina salió varias veces al balcón de su domicilio de San Juan 1111 para saludarlos.
Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.
Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.
El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.
Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.
El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.
Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.
¿Qué, hacemos, con, Cristina?
POLITICA
Régimen Penal Juvenil: Sergio Berni criticó la ley que sancionó Diputados y planteó que “el delito no tiene edad”
El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni cuestionó hoy la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Para el exfuncionario, el proyecto “no resuelve nada y solo agrava la situación”, y consideró necesario cambiar el enfoque y no atarlo a una cuestión de edad, sino a pericias psiquiátricas.
“Esta ley es totalmente arbitraria. Nadie, absolutamente nadie, los 259 legisladores, pudo explicar por qué la edad es a los 14 años y no a los 13 o los 15. Es como una paritaria salarial: partimos la diferencia en el medio”, sostuvo Berni, entrevistado en Infobae al Amanecer por Luciana Rubinska, Nacho Girón y Belén Escobar.
En esta línea, el exministro bonaerense se desmarcó de los argumentos del oficialismo y planteó: “Refuto el eslogan del Gobierno que dice ‘a delitos de adulto, penas de adulto’. El delito no tiene edad. Toda persona que incurre en un delito debe ser sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si comprendía la criminalidad del hecho”, sotuvo.
Y amplió: “¿Por qué a los 14 años? ¿Alguien me lo puede explicar? La Argentina se está perdiendo la posibilidad de cambiar una ley totalmente arbitraria. Brasil, por ejemplo, tiene la edad de imputabilidad a los 12, Uruguay a los 13 y Chile a los 14. No hay un solo argumento neurofisiológico que justifique esa cifra: la maduración del sistema temporofrontal depende de muchos factores, no de un cumpleaños”, remarcó.
El exfuncionario explicó que la imputabilidad “es la capacidad que tiene una persona de presentarse en un proceso penal y tener un juicio justo. Para nuestra Constitución y para el Código Penal argentino, la condena tiene como objetivo la resociabilización”. En ese sentido, defendió la necesidad de evaluar caso por caso: “Así como en los adultos un juez pide un test psiquiátrico para ver si comprendió la criminalidad del hecho, con los menores debería ser exactamente igual”.
Sostuvo, además, que la decisión del Congreso “no tiene propósito alguno; es un anuncio rimbombante. Si usted pide bajar la edad de imputabilidad, es para comenzar el camino de resociabilización. Pero esta ley ni siquiera contempla los mecanismos, el presupuesto ni los lugares para hacerlo”.
El caso Kim y el riesgo de criminalizar sin resocializar
Durante el reportaje, Berni recordó el crimen de Kim Gómez en La Plata. “Esta semana comienza el juicio de los asesinos. Había dos menores, uno de ellos había sido detenido una semana antes por robo de automóvil y la Justicia lo devolvió a los padres. Terminó asesinando a la nena”.
Para el exministro, “esos chicos deberían haber tenido la oportunidad de afrontar un juicio y, si se los declaraba culpables, empezar un camino de resocialización. Pero hoy el sistema los deja afuera y mañana los vuelve a castigar sin lógica alguna”.
Alertó, además, sobre el posible efecto adverso del proyecto: “Las bandas de narcotraficantes se aprovechan de los chicos inimputables. Si bajás la edad, solo lográs que empiecen más rápido en el delito. Ahora los van a buscar cada vez más chicos, ‘soldaditos’ que venden droga y cuando la policía llega, se los entregan a los padres porque son inimputables”.
En este sentido, fue tajante sobre el sentido original de la baja de imputabilidad: “El objetivo es que el Estado se haga cargo de la resociabilización de esos chicos. Cuando uno escucha a los padres, piden a gritos: ‘Por favor, que los jueces actúen, se hagan cargo, los encierren’. Porque saben que van a terminar matando o muertos en un tiroteo”.
Sin embargo, criticó la letra del proyecto: “En el artículo diecisiete, la ley dice que se van a poner módulos en cárceles de mayores. Esto no resuelve absolutamente nada, viene a profundizar el problema”.
“El Estado debe actuar rápido, como cuando uno pone un tutor a un pino que crece torcido. Pero no conozco a nadie que enderece un pino de cien años. Si no damos herramientas para la resociabilización, vamos a seguir perdiendo generaciones”, advirtió.
Finalmente, alertó sobre la inseguridad jurídica: “Esta ley, por ser como se está tratando, viene a poner en conflicto muchas legislaciones provinciales y puede ser declarada inconstitucional porque agrede a la Constitución y al Código Penal”.
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POLITICA
El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos afuera del Congreso
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno denunciará por hechos de terrorismo a los manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral.
“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó la funcionaria.
Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.
Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.
Noticia en desarrollo
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El Gobierno celebra el avance de las reformas en el Congreso, pero por debajo de la mesa política implosiona una interna sin pausa y con prisa. Es por la provincia de Buenos Aires y en el ápice está Karina Milei.
La Hermana de Hierro habilitó al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, a acelerar el posicionamiento por la Gobernación. No es casual: el protagonismo de Diego Santilli, que quiere suceder a Axel Kicillof en 2027, obliga a los puros a no dormise en las motosierras. El ministro del Interior capitaliza el vínculo con los gobernadores y recorre el país.
Leé también: Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral
Pareja vesus Santilli no son las únicas fichas en pugna. Tercea Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero y senador provincial de licencia, que aguarda ser nombrado al frente de la demorada Agencia de Seguridad Inmigratoria. “Cuestiones técnicas, estaban ultimando detalles nos dicen”, repiten mientras esperan en Tres de Febrero.
“No sé por qué están todos tan apurados en posicionarse ahora. No solo para la Provincia, también para las intendencias y saliendo a hacer campaña. Muy extraño todo”, dice un libertario equidistante de las internas.
La caída de José Luis Espert, el candidato natural del Presidente, posibilitó el juego.
Qué hay detrás del armado libertario en PBA
El apuro libertario tiene una doble explicación. No es solo por el sueño de llegar a la Gobernación en 2027. Para lograr una reelección sin balotaje como pretende, Milei necesita si no ganar hacer una aceptable elección en PBA. Además, aunque débil, la unidad del peronismo obliga a ir por todo.
Cristina Kirchner ordenó no enfrentar a Axel Kicillof por el PJ bonaerense. Desde el balcón de San José 1111, intenta conservar la trinchera de la provincia de Buenos Aires. “La verdad es que le regaló el partido a Axel y se quedó con medio gabinete. Hizo negocio como siempre”, dice un histórico del peronismo.
Pareja arrancó el año con múltilples acciones. Renovó a los coordinadores en varias secciones electorales, propuso una reforma constitucional para convertir en una sola cámara a la Legislatura bonaerense y hasta publicó notas de opinión sobre la reforma laboral. “Se terminarán esas dos cámaras de chorros”, dijo. Tambien quiere pasar la motosierra por los 17 ministerios y las más de 800 direcciones del Estado bonaerense.
El 26 de enero acompañó a Javier y Karina Milei en el Tour de la gratitud por Mar del Plata. Había quedado tocado con la derrota libertaria el 7 de septiembre, pero el triunfo en las elecciones del 26 de octubre que vigorizó a Karina Milei lo reposicionó.
Hasta logró una tregua con los laderos de Santiago Caputo en la provincia. El colmo fue cuando, a fin de año, el presidente del bloque de diputados provinciales Agustín Romo, íntimo de Caputo, le hizo de vocero: llamó al resto para transmitirles un mensaje de salutación. Reina la paz.
Ahora Pareja se mostró con El Nene Vera y Andrea Vera -diputada nacional como Pareja- en el recambio de coordinadores de la Primera sección electoral. En un acto de generosidad política, los Vera, sonrientes, le dan la posta a Lucho Olivera. Reina el asombro. El Nene Vera, ahora libertario, es un histórico dirigente peronista de Moreno. En el cierre de campaña de Milei en 2025, fue noticia porque apareció por la barriada en descapotable y contrató a cientos de encapuchados para la seguridad paralela del acto.
La otra movida de Pareja fue sacarle el armador a los Passaglia que hicieron una buena elección el 7S. Ezequiel Saccani ocupa ahora la silla de Analía Corvino. Reina la conveniencia.
La interna bonaerense no es la única vía que pasa por debajo de la mesa política. El jefe de Gabinete Manuel Adorni y la senadora Patricia Bullirch miran a la Ciudad para el 2027. Karina Milei no cambia fácilmente de elegidos. Ella reina.
Karina Milei, Patricia Bullrich, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Diego Valenzuela, La Libertad Avanza
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