POLITICA
Un experimento político con final abierto

Cristina Kirchner coronó, con la gran manifestación de apoyo que se volcó ayer sobre la plaza de Mayo, un minucioso ejercicio político: la construcción del escenario de su condena judicial. Fue un experimento exitoso que abre una incógnita muy relevante sobre el futuro de su peripecia en el juego del poder. La multitud que se movilizó para protestar por la prisión que le dictó el Tribunal Oral Nº 2 en la causa Vialidad es la plataforma sobre la que ella ejecuta un relanzamiento político destinado a mantenerla, desde la prisión de San José 1111, al frente del peronismo. El resultado de esa operación es parte de una historia que todavía está abierta.
La premisa mayor de toda la jugada es bastante obvia. La expresidenta nunca tuvo dudas acerca de que la Justicia la penalizaría. Se le pueden reprochar mil imperfecciones a la abogacía de Carlos Beraldi. Pero las pruebas sobre el desbarajuste cometido en Santa Cruz eran infinitas. Y hubieran sido más si esa investigación no se hubiera desmembrado de la que se enfocó en las contrataciones “turísticas” de Hotesur y de la que se siguió por la emisión de facturas apócrifas de Lázaro Báez. En consecuencia, condenada por los tribunales, la señora de Kirchner puso toda su energía en que la absuelva la historia. En el caso de un líder político, la absolución de la historia sólo se consigue ganando elecciones.
Con la mirada en ese propósito, la exmandataria se fijó un curso de acción cuyo eje principal consiste en politizar todo lo posible los pronunciamientos de la Justicia. El primer paso fue apropiarse de la presidencia del PJ. Así, al convalidar la sanción dispuesta por el Tribunal Oral, la Corte no estaría mandando tras las rejas a una funcionaria retirada, sino a la titular de uno de los mayores partidos políticos de América Latina, el que desempeña la principal oposición al gobierno de Javier Milei.
La jugada siguiente fue, apartándose de su costumbre, conceder una entrevista a Gustavo Silvestre, en C5N, el canal de su amigo Cristóbal López. Allí, después de alcanzar 8 puntos de rating, explicó su tesis sobre el comportamiento de la Corte: se trata de un tribunal que está al servicio de un proyecto económico que, para sostenerse, necesita excluirla a ella, es decir, al pueblo. Una demostración de ese carácter antidemocrático del tribunal sería la tolerancia que exhibió ante el DNU 70, enviado por Milei.
El tercer paso fue, ante la evidencia de que los magistrados ratificarían el fallo condenatorio, que incluye la prohibición de ejercer la función pública, anunciar en esa entrevista la candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral. Por supuesto, ella no reconoció que, al postularse, se preparaba de la mejor manera posible para una condena. Al revés: a los pocos días sostuvo que se la condenó porque se había postulado.
La secuencia desemboca en la denuncia de una proscripción. Por eso ayer la muchedumbre reunida frente a la Casa Rosada escuchó al locutor consignar que “hoy comienza la resistencia”, es decir, la reacción ante una agresión equiparable al derrocamiento de Perón en 1955. La propia Cristina Kirchner formuló, en el discurso que dirigió a su feligresía, la consigna “Vamos a volver”. Un centímetro más y estaría en “Perón vuelve”. El graffiti de la resistencia.
La concentración de ayer había sido convocada para acompañar a la expresidenta en el momento de su detención, en los juzgados de Comodoro Py. El tribunal oral se adelantó y, el martes, estableció como lugar de reclusión el departamento de la calle San José. La marcha se mantuvo igual, pero cambió de destino. Ya no sería una queja frente a la sede judicial. Sería una protesta frente a la Casa Rosada. La señora de Kirchner no se dirigiría a la multitud como ajusticiada, sino como líder principal de la oposición. El centro del mensaje fue “estoy presa porque este modelo se cae”. Un eco del discurso que pronunció el 13 de abril de 2016, acompañada por una legión que ayer quedó pequeña, cuando Claudio Bonadio la llamó por primera vez a indagatoria: “Para que este modelo se sostenga me tienen que callar”.
El núcleo de ese planteo es el núcleo de todo populismo, sea de izquierda o de derecha: la única legitimidad es la que deriva de las urnas. La expresidenta se presenta como la encarnación del pueblo en contraste con una institucionalidad facciosa, la de la Justicia, que en 2013 se negó a ser democratizada como ella había proyectado. El kirchnerismo intenta regresar, después de la gris experiencia de Alberto Fernández, a la vibración de las sagas. Cristina Kirchner es experta en lograr ese giro ante cada adversidad. En octubre de 2010, vistiendo un luto que no abandonaría a lo largo de tres años, explicó que su esposo había muerto para que renaciera la política. Ayer recordó la dictadura, la viudez y el intento de asesinato de septiembre de 2022, como las instancias de un vía crucis profano al que ahora se agregó otra estación: al cárcel.
Todavía falta una mayor elaboración poética. Pero, en cualquier momento, la prisión dictada por los tribunales por delitos cometidos en el manejo de la obra pública será equiparada a los que, para Friedrich Nietzsche, fueron los dos máximos crímenes jurídicos de la historia: el de Sócrates y el de Jesucristo. Nietzsche no sólo observa que ambos fueron ejecutados después de un proceso judicial. Para su filosofía, el de Sócrates y el de Jesucristo fueron dos suicidios. Es decir, ambos estaban ya por hundirse en el fracaso, pero sobrevivieron entregándole la espada a los verdugos.
Esta idea de Nietzsche, salvando “las bárbaras distancias”, abre un interrogante sobre la encrucijada de la señora de Kirchner. ¿La Justicia no la habrá salvado, condenándola, del ocaso hacia el que tal vez caminaba sin remedio? ¿Cuál hubiera sido el destino de esta líder, que cargaba sobre sus espaldas, con admirable disimulo, el fracaso del último gobierno peronista, si los tribunales no la hubieran sancionado con la prisión? Es un contrafáctico, pero no carece de sentido. Porque uno de los destinos posibles de Cristina Kirchner era el de Carlos Menem, quien se desangró en una larga agonía política, cada vez más anodina, acorazado por los fueros que le otorgaba una banca en el Congreso. Sólo que ella debía refugiarse en la Legislatura de La Plata, un reducto cuya opacidad sólo fue interrumpida por las fechorías de Julio “Chocolate” Rigau, que recolectaba retornos en los cajeros automáticos.
Sobre la hipótesis de esta alternativa hay que evaluar ahora el futuro de la señora de Kirchner, y el del peronismo que, hasta nuevo aviso, sigue comandando. En la concentración de ayer había una amplísima presencia kirchnerista. Pero no se vio a otras ramas del PJ. Por ejemplo, se notó la ausencia de la CGT. En cambio, participaron dirigentes de los partidos trotskistas, allegados a Máximo Kirchner. Eso sí, no tuvieron acceso al palco. “Vienen a caranchearnos los votos”, se quejó un peronista, ingrato y mezquino.
Entre los asistentes principales había algunos muy significativos. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que aspiró a presidir el PJ en contra de ella. Sergio Massa, quien se imagina heredero de la condenada: pretende comenzar a cobrar de ese patrimonio postulándose como candidato a diputado en octubre. Mientras tanto, organiza una “tercera vía” electoral con peronistas extrapartidarios, destinada a enfrentar a los candidatos de Milei en la primera sección electoral. La presencia de Massa es paradójica: la propia Cristina Kirchner le recordó, cuando se discutía la fórmula presidencial de 2023, que ella no podía apoyarlo en contra de Daniel Scioli, “porque hace 5 años, con Stolbizer, me querías meter presa”. Es el mismo Massa al que ahora, en la Corte, le reprochan estar detrás de las pintadas “Cuidate Rosatti” que aparecieron en Santa Fe, atribuidas a un empleado del diputado Oscar “Cachi” Martínez, íntimo del exministro de Economía de Alberto Fernández.
Sin embargo, el manifestante más destacado, y más problemático, de la movilización de ayer, fue Axel Kicillof. Para nadie la apoteosis de la señora de Kirchner celebrada en la plaza de Mayo fue más incómoda que para él. El intento de rebeldía que inició en la provincia de Buenos Aires está bajo la amenaza de convertirse en un intento de traición. Son las transfiguraciones que producen algunas condenas a prisión. Entre las numerosas decisiones que debe tomar en estos días, Kicillof debe meditar una muy interesante: si asistirá o no a la reunión de la Asociación Empresaria Argentina, a la que fue invitado en su calidad de gobernador. La presencia de Kicillof en esa organización, liderada entre otros por Héctor Magnetto y Paolo Rocca, sería vista como una toma de posición ante la tesis de la señora de Kirchner: no soy víctima de los jueces, sino del establishment.
La otra celebridad cuyos movimientos habrá que seguir de cerca en las próximas semanas es Máximo Kirchner, quien ayer, en el acto, oficiaba de DJ. Eso sí: pocas canciones nuevas. Es el candidato más probable a encabezar la lista de diputados provinciales de la tercera sección electoral, en reemplazo de su madre. Además, será el vocero de la expresidenta, ya que como familiar es acaso el único político que tendrá acceso a ella. Esta es una dimensión doméstica que puede ser determinante para la capacidad política de Cristina Kirchner. ¿Quiénes pueden visitarla además de médicos y parientes? Sus seguidores más cercanos hacen notar que cualquier presidiario de un establecimiento federal tiene permiso para recibir amigos. Eso sí: deben ser controlados y registrados. ¿Quién se encargaría de esa tarea en el departamento de la calle San José? El otro tema polémico: ¿puede la señora de Kirchner salir al balcón? Los jueces se lo tendrían prohibido. Pero algunos abogados de su entorno arguyen lo siguiente: “Si en las cárceles hay patios para que los condenados puedan disfrutar de una hora de aire y sol durante el día, ¿por qué Cristina no podría salir al balcón, cuando su casa carece de patio?”. Es la pelea, milímetro a milímetro, por la conservación de la capacidad de hacer campaña.
La tobillera es objeto de otra polémica. Ayer el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sugirió a través de la red social X: “Ahora que se está hablando tanto de tobilleras sería bueno que @PatoBullrich y “m@cuneolibarona hagan una licitación transparente. Si no siempre se la lleva Mario Montoto, el montonero que une a gente tan distinta”.
El equipo de Milei evaluaba anoche los pros y los contras de la nueva escena construida alrededor de la condena judicial contra la expresidenta. Ella no quiso emitir un mensaje jurídico, relacionado con su proceso penal. Fue a la política: “El modelo se cae”. Se propuso como la alternativa al oficialismo, que es como la ve el público en todas las encuestas. Por ejemplo, en una realizada por la consultora Mide, 43% identifica a la señora de Kirchner como la principal líder opositora y 40% opina que ese liderazgo está vacante. En esta lógica, la polarización que pretende la flamante presidiaria sería ventajosa para Milei. Y perjudicial para Mauricio Macri, porque la supervivencia del “peligro kirchnerista” abroquelaría a los votantes alrededor de La Libertad Avanza. ¿Se puede, en el clima de confrontación que se reanimó con la prisión, seguir negociando la integración de la Corte, como hicieron hasta hace pocos días representantes de Milei con un delegado de Cristina Kirchner?
Hay otro plano en el que el significado de lo ocurrido ayer seguirá siendo un enigma, al menos por un tiempo. Se lo puede formular así: ¿el encanto de la señora de Kirchner sobre los que repudian a Milei es un fenómeno episódico, asociado al primer efecto emocional de su prisión? ¿O es una señal que obliga a revisar la idea, muy extendida, de que Milei reina en medio de una clase política cuya legitimidad está por completo colapsada? Dicho de otro modo: ¿la expresidenta sigue encarnando un islote de representación genuina en un momento en el que la impugnación a su profesión es casi generalizada?
Estas incógnitas organizarán la campaña para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, sobre todo en la tercera sección electoral. La Libertad Avanza atraviesa el período de armado de listas en medio de un enfrentamiento interno cada día más agresivo. Y más exótico. De un lado, Martín y “Lule” Menem, bajo el mando protector de Karina Milei. Del otro, Santiago Caputo, el Mago del Kremlin, y sus “fuerzas del cielo”. La última batalla fue religiosa.
La chispa surgió en Intercargo, una empresa del área de aeronavegación. Es un sector donde el poder de Caputo se expande: de hecho, su gran amigo, y principal vínculo con Donald Trump, Leonardo Scatturice, acaba de quedarse con la empresa Flybondi. El director de Intercargo Lucas Luna, muy ligado al “Mago”, posteó en X una noticia de musulmanes que persiguen a cristianos en Nigeria y comentó: “No odiamos lo suficiente al Islam”. Hasta ahora lo único que no se odiaba lo suficiente era el periodismo. Ganas de odiar. A Luna le contestó Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza, hijo de “Lule” y mano derecha de Martín, el presidente de la Cámara de Diputados. “Borrá eso pelotudo”, fue el mensaje. Extrañó que lo llamara de “pelotudo”, porque hasta ahora a Luna le decían “Sagaz”. Intervino después Martín Menem, quien en una entrevista reclamó “que se separe terrorismo de religión”. La respuesta al jefe de los diputados y gran aliado de la hermana del Presidente llegó desde la cuenta Jack (@MileiLibertador), atribuida al “Mago” Caputo: “El que te proponga diferenciar la religión del terrorismo, ese es el traidor”.
Más allá de la prudencia o imprudencia de este debate, que llevan adelante funcionarios públicos, parece ser ese tipo de conflictos que se desatan en el seno de una organización que siente que navega, solitaria, en un océano de poder. El acto de la plaza de Mayo podría funcionar como un llamado de atención: hay otro.
Es muy interesante que las dos fuerzas en las que insinúa organizarse hoy la vida pública cultiven una faceta espiritualista. Recuerdan al célebre Charles Péguy, quien reclamaba, en contra de Jean Jaurès, un socialismo auténtico que sólo podría alcanzarse con una lucha mística: “Todo empieza en el misticismo y termina en la política”, afirmaba Péguy. La vieja y peligrosa tentación de convertir el mito en logos.
POLITICA
El particular video que publicó Patricia Bullrich tras la media sanción de la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich compartió hoy un particular video en sus redes sociales que retrata diferentes momentos de la sesión en el Senado que terminó con la media sanción de la reforma laboral. El material, de menos de un minuto, muestra a la exministra de Seguridad en distintos momentos de la jornada parlamentaria: cómo se preparó para ingresar al recinto, fragmentos de su discurso y la celebración tras la votación final.
Los expertos en cine rápidamente encontraron en las imágenes una referencia a “El Diablo se viste a la moda”, película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway -entre otros-.
En términos concretos, el texto que aprobaron los senadores introdujo 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral. Vacaciones, indemnizaciones por despidos y banco de horas son algunos de los puntos del texto que impactarán de manera más inmediata sobre los trabajadores.
En cuanto a las vacaciones anuales, y de acuerdo a la norma, se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.
La fecha de inicio debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días. Las Convenciones Colectivas de Trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación, de acuerdo con las particularidades de cada actividad.
Como novedad, el empleador y el trabajador pueden convenir el fraccionamiento del período vacacional. Cada uno de los tramos no debe ser inferior a siete días corridos.
Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.
Sobre las indemnizaciones por despidos, el proyecto sostiene que, en caso del desvinculamiento sin justa causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.
Sin embargo, a diferencia del esquema actual, no se incluyen en la base de cálculo conceptos de pago no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario o premios que no sean de pago mensual.
El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad. Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento. La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.
La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales. Asimismo, la ley prevé que, mediante convenio colectivo, las partes pueden sustituir este régimen por un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador.
En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad, y en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.
El empleador y quienes tengan responsabilidad solidaria son los únicos responsables del pago de las indemnizaciones. Si el empleador decide utilizar recursos de un Fondo de Asistencia Laboral, debe cumplir un procedimiento de notificación y documentación, y la transferencia al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Por otra parte, el texto establece que, en caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas. Para grandes empresas, el máximo permitido es de seis cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta doce cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%,
Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original. Para contratos eventuales, se aplican los mismos criterios generales.
Sobre el denominado “Banco de horas”, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito. La normativa establece que la prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.
Entre las alternativas de compensación, se incluyen el régimen de horas extras, el banco de horas y los francos compensatorios, según el marco de la jornada laboral vigente.
Luego de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, Bullrich afirmó que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados y anticipó que el oficialismo insistirá con el texto sancionado por la Cámara alta. “La ley ya está, es esta”, sostuvo durante una entrevista radial, al referirse al escenario legislativo que se abre en la próxima instancia parlamentaria.
La exfuncionaria remarcó que el Senado conserva la última palabra en el trámite legislativo y dejó en claro cuál será la postura del oficialismo frente a eventuales modificaciones. “Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, agregó: “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”.
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Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez

El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.
“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».
“Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.”
Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.
Los fiscales dijeron que fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.
Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.
“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.
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Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez rechazó un planteo y pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.
A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.
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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».
Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.
Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.
La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.
El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.
La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.
A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.
La denuncia de Fabiola Yáñez
En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.
Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.
La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.
El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia
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