Las elecciones para definir el nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque hasta el momento no hay candidatos oficiales, ya se generó una disputa interna entre el bando ‘oficialista’ y un grupo de socios que plantea la necesidad de renovar el nombre propio que lidera una de las entidades más importantes y tradicionales del agro local.

La interna comenzó cuando un grupo de integrantes de la entidad envió una carta al resto de los miembros en la que planteó cuatro “consideraciones sobre la calidad institucional de la SRA”, ante el trascendido de que Nicolás Pino, actual presidente, volvería a postularse para el cargo.

El escrito, firmado por 78 afiliados de la sociedad, pretende demostrar que una eventual nueva presentación de Pino violaría el estatuto y sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”.

El principal punto sobre el que se posa la carta es el límite máximo de tres períodos consecutivos para sus autoridades, una norma que introdujo el propio Pino al estatuto de la entidad en 2023, durante su segundo mandato al frente de la Sociedad Rural.

“Ante las recientes declaraciones públicas sobre una eventual postulación del actual presidente para un cuarto mandato, resulta imperioso asentar las siguientes consideraciones: las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas. La conducción actual fijó un límite de tres mandatos; ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, establece el escrito.

Y continúa: “No podemos criticar a los políticos que se ‘atornillan’ al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo. Lo verdaderamente inédito no es la aspiración a la continuidad, sino que quien impulsó un límite de tres mandatos pretenda ahora exceptuarse de él, apelando a una supuesta interpretación administrativa nunca puesta a disposición de los socios. Si tal excepción existiera, debe ser exhibida con claridad y transparencia. Seis años son suficientes para cualquier proyecto. La alternancia no es una opción, es una garantía de salud democrática”.

La carta cierra con un pedido expreso: “Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos”.

En respuesta a la carta, la Sociedad Rural envió también una comunicación interna a sus socios en la que sostuvo que Nicolás Pino se encuentra legalmente habilitado para postularse para el período 2026–2028.

El cruce se da en un contexto en el que Pino es cuestionado por parte de sus pares por su cercanía con el Gobierno y por la necesidad, planteada por algunos sectores, de una conducción más combativa frente al Ejecutivo en temas sensibles como los derechos de exportación.

La interna en la entidad se conoce, además, un día después de que Pino desmintiera una supuesta baja de retenciones. En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, contó que habló tanto Luis Caputo, como con el presidente Javier Milei, quienes le aclararon que no existe una decisión tomada en ese sentido. “Empezó a circular un rumor que es totalmente falso (…) decía que el Gobierno ya tenía casi arreglado que iba a hacer una baja absoluta total de retenciones en breve. Ojalá hubiese sido verdad”, afirmó, y relató que ambos le dijeron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”, en alusión al impacto fiscal que tendría una medida de ese tipo.

Según detalló la SRA en el escrito al que accedió Infobae, la reforma estatutaria que fijó el límite de tres mandatos consecutivos fue aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 30 de marzo de 2023 e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 20 de julio de ese año, momento a partir del cual comenzó a regir formalmente.

En ese marco, la conducción explicó que el actual mandato de Pino, correspondiente al período 2024–2026, debe considerarse el primero a los efectos del nuevo cómputo. La interpretación surge de una consulta realizada por la propia entidad ante la IGJ, organismo que el 19 de junio de 2025 determinó que la limitación estatutaria rige desde su inscripción y no con efecto retroactivo.

De esta manera, si Pino decidiera presentarse y resultara electo en septiembre próximo, iniciaría su segundo mandato bajo el nuevo esquema, y no un cuarto período consecutivo como sostienen los firmantes de la carta.

“Insistimos en que la actual conducción siempre actuó y actuará conforme a derecho, respetando los procedimientos internos de la SRA y las leyes de nuestro país. La actual gestión saneó una SRA con graves problemas económicos, llevó nuestra entidad a todo el país con una mirada federal y obtuvo importantes logros para todo el mundo rural, haciendo que nuestra voz sea respetada y escuchada en todos los ámbitos”, finaliza el documento firmado por 43 miembros de la actual Comisión Directiva.

El Senado finalmente aprobó, sin mayores obstáculos, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Con aprobación casi unánime (69 votos afirmativos y 3 negativos), el bloque Justicialista ya había anticipado que apoyaba esta iniciativa, la que había contado con un amplio respaldo en la Cámara baja.

El aval rápido que buscaba La Libertad Avanza (LLA) tenía como fin la activación provisional del pacto, dado que la Comisión Europea puso como condición para poner en marcha dichas medidas que al menos un país del bloque sudamericano alcance, en el corto plazo, la ratificación del acuerdo. Y si bien quería conseguirlo antes que Uruguay, el país vecino consiguió la aprobación antes que Argentina.

El Senado aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El pacto enfrenta graves cuestionamientos en el Viejo Continente, con Francia, Austria, Polonia, Hungría e Irlanda a la cabeza de la oposición en tanto entienden que, en principio, el tratado impactará de la peor forma en sus aparatos agrícolas y ganaderos. Recientemente, el parlamento del bloque que integran esas naciones solicitó al Tribunal Europeo evaluar la legalidad del acuerdo.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó a discutirse formalmente en 1999. Involucra a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y prevé la creación de un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores.

Uno de sus principales objetivos es la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral. Por el lado de Sudamérica, la mira está puesta en las oportunidades que se abren para la venta de materias primas al Viejo Continente, pero con el interrogante respecto de cuál será el impacto del acuerdo en los aparatos industriales de este lado del mundo.

Diferencia de expectativas en América del Sur y Europa

Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se estima que el acuerdo permitirá concretar exportaciones por encima de los 60.000 millones de dólares. En torno a LLA sostienen que las ventas locales al bloque europeo podrían incrementarse a un nivel sideral apenas en el primer lustro de vigente el pacto.

«En términos de valores, las exportaciones pasarían de u$s8.641 millones en 2025 a u$s15.166 millones en el plazo de cinco años, y a u$s19.165 millones, duplicándose en un horizonte de diez años«, recalcaron.

Por el lado de Europa, la preocupación está puesta en la potencial afectación que enfrentarán sobre todo los productores agrícolas y ganaderos locales. En cambio, en el bloque dan por descontado que se agigantarán sus exportaciones industriales, hoy fuertemente golpeadas por la potencia comercial china.

Desde Francia, Emmanuel Macron se ha opuesto al pacto de forma constante, reconociendo que su intención es «proteger nuestra capacidad agrícola». Casi todo el sector agrícola francés se opone al acuerdo porque considera que le deja en inferioridad de condiciones «frente a la llegada de productos sudamericanos que no están sometidos a las mismas reglas medioambientales o sanitarias».

Ya en España, decenas de agricultores y ganaderos, respaldados por sus principales organizaciones, se movilizaron a través de Madrid a principios de esta semana. Según periódicos ibéricos, los productores «denunciaron que el acuerdo permite la entrada de productos agrícolas procedentes de países sudamericanos sin los mismos controles sanitarios ni exigencias medioambientales que se imponen a los productores españoles».

También en Irlanda, Polonia, Hungría y Austria predomina el malestar y de enero a esta parte son repetidos los cortes rutas y las caravanas de tractores exigiendo no se concrete la implementación del acuerdo.

La expectativa en Argentina es potenciar la exportación

Por el lado de Argentina, el Gobierno lidera el optimismo respecto de la nueva etapa comercial que vendrá. En esa línea, un documento reciente de Cancillería menciona a la venta al exterior de carne, langostinos y calamares, biodiesel, merluza, cítricos y frutas, productos agrícolas, vinos, pesca y productos de economías regionales, como algunos de los ítems y nichos que se verán beneficiados en una primera instancia.

«Las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían incrementarse hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta 122% en un horizonte de diez años, impulsadas por el dinamismo de sectores estratégicos como energía y minería, en particular litio, cobre e hidrocarburos», afirmó la dependencia oficial.

El documento señala la relevancia del bloque europeo en el mapa productivo de la Argentina. «La Unión Europea (UE) es la segunda fuente de inversión extranjera directa (IED) a nivel global, después de los Estados Unidos. Cuenta con un stock que supera el 17% de las inversiones internacionales y con una proyección estratégica creciente en sectores críticos para afrontar los desafíos industriales de las próximas décadas», se detalló.

«La UE es la principal fuente de IED en la Argentina, con un stock de casi u$s75.000 millones. Los capitales provenientes de la UE representan, en conjunto, cerca del 40% de la LIED en el país. El acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos, facilitando las decisiones de inversión y generando las condiciones necesarias para una óptima complementariedad entre los objetivos de la UE y las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina», amplió Cancillería.

El agronegocio, a la cabeza de los sectores que ganarían con el acuerdo

En el ámbito del agronegocio afirman que el complejo sojero será uno de los grandes beneficiados por el nuevo acuerdo. Se pronostican incrementos en los volúmenes de ventas, de modo tal que las ventas en torno a la oleaginosa superen la marca del 20% del total exportado por la Argentina en los últimos años.

Como detalló recientemente iProfesional, lo firmado con la Unión Europea contempla la baja de los gravámenes a las exportaciones de soja y sus derivados a ese bloque. Harina y pellets de soja podrían aumentar sus números de ventas si, en paralelo al acuerdo, la gestión de gobierno que encabeza Javier Milei también reduce las retenciones a ese nicho.

También se da por descontado que los productores de aceite de soja tendrán enfrente un mercado al que llegaban con muy poco alcance. Hoy por hoy, poco más del 1% de las exportaciones de ese producto tienen como destino el mercado europeo, por lo que está todo dado para que los guarismos de ese rubro se amplíen como nunca antes.

Al mismo tiempo, podrían abrirse destinos de exportación para los porotos de soja, que hasta el momento se mantienen entre los productos que no se exportan al bloque europeo, y el biodiesel, que tampoco viene pisando fuerte en la balanza de ventas hacia el Viejo Continente.

Siempre de acuerdo a voces del agronegocio, tanto el maíz como el sorgo podrían llegar con más toneladas a la Unión Europea, aunque en esos casos dependerá también de la estrategia comercial que implemente Brasil. Sobre todo en el caso del maíz, el país vecino lidera con comodidad las exportaciones del Mercosur hacia el otro lado del Atlántico.

La agricultura llegaría con otros productos alternativos

«El sorgo argentino, cultivo con enorme potencial, también se beneficiará de la creación de un nuevo mercado en Europa. La Argentina es, por lejos, el mayor productor de sorgo en el Mercosur y no exporta actualmente este producto a la UE. Esta combinación hace que se pueda apropiar de las cuotas progresivas para generar ingresos adicionales para el país. La cuota libre de arancel es equivalente al total exportado por la Argentina en los últimos años», escribió al respecto, hace escasas semanas, Maximiliano Díaz, socio de Endógena Consultora.

«El acuerdo UE-Mercosur no se limita a los granos; también abre un abanico de oportunidades para una amplia gama de productos de la canasta exportadora argentina y de economías regionales, tales como arroz, miel y ajo, entre otros productos», agregó.

Respecto de la mirada de otros actores con peso en las exportaciones, desde la Bolsa de Comercio de Rosario se afirmó que el acuerdo tendrá «un interesante impacto sobre el complejo soja argentino. Además, se esperan bajas de aranceles y nuevas cuotas para exportar a la Unión Europea para productos esenciales del agro argentino como carnes, lácteos, cereales, arroz, miel, ajo, entre otros. Esto significa abrir oportunidades para la provincia de Santa Fe en particular y el agro argentino en general».

«Al 31 de marzo de 2025 la UE acumulaba el 39,8% del total de IED invertido en la República Argentina, con España, Francia y Alemania como protagonistas. La consolidación del acuerdo traería consigo grandes oportunidades de inversión en el país«, completaron.

Minería y energía, también entre los que esperan grandes negocios

En sintonía con esta perspectiva, Gustavo Idígoras, titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA), declaró en diciembre pasado que «si bien el acuerdo no genera beneficios de corto plazo en el rubro cerealero-oleaginoso, a partir del año siete, se eliminan todos los derechos de importación para los aceites, donde Argentina tiene una posición fuerte de competencia».

«Europa no tiene futuro en agricultura, el futuro está en el Mercosur, por lo tanto, las empresas agroindustriales y alimenticias europeas seguramente empiecen a hacer inversiones en otros países», añadió.

Por su parte, Marcelo Elizondo, experto en comercial internacional y presidente del Comité Argentino en la International Chamber of Commerce, también afirmó hace escasas semanas que «toda la cadena de agronegocios, incluyendo no solamente los alimentos, me parece que puede ser una gran ganadora».

Sostuvo, además, que «el comercio de minerales y de energía puede ser un gran ganador, sobre todo considerando que Europa perdió el aprovisionamiento ruso por razones geopolíticas y está buscando proveedores alternativos».

«Argentina, en materia de minerales y energía, puede generar en el acuerdo con la Unión Europea no solamente más acceso de productos nuestros hacia ese mercado, sino inversiones que vengan a producir para el abastecimiento europeo«, declaró.

Tierras «raras», litio y coltán, entre los intereses de Europa

Ligado a esto, a través de un documento divulgado en enero, la Unión Europea reconoció que Argentina y sus socios en el Mercosur tendrán un «papel clave» en un futuro suministro de minerales críticos como las tierras «raras», el litio, el coltán y los elementos radiactivos.

«Un suministro seguro y sostenible de materias primas críticas está en el centro de las transiciones verde y digital. Es vital para el aumento de las capacidades de seguridad y defensa de la Unión Europea. Aunque la Ley Europea de Materias Primas Críticas tiene como objetivo garantizar un suministro diversificado, seguro y sostenible de estos insumos para la industria de la UE, el bloque aún no es autosuficiente y seguirá dependiendo de importaciones», señaló el bloque del Viejo Continente.

«El acuerdo UE-Mercosur será fundamental para asegurar el suministro de materias primas críticas, ya que los países del Mercosur son grandes productores de muchos de estos materiales, y esto ocurre de manera segura y sostenible», concluyó.

La Secretaría de Finanzas concretó una colocación total de USD 250 millones con el nuevo bono en dólares (AL27), lo que resultó en una operación sumamente victoriosa para el equipo económico. Este jueves, en la segunda adhesión, logró ampliar por USD 100 millones a los USD 150 millones que adjudicó ayer, tras recibir numerosas propuestas de inversores institucionales y particulares interesados en instrumentos nominados en dólares. El proceso se desarrolló en medio de un escenario caracterizado por la búsqueda de alternativas de resguardo y financiamiento en el mercado local.

Esta semana se conoció la decisión del Ministerio de Economía de optar por colocar un bono en dólares denominado Hard Dólar, identificado como AO27, con vencimiento el 29 de octubre de 2027 de cara a los duros vencimientos de julio por USD 4.200 millones. Y pese a las dudas que se generaron en la previa, la operación del miércoles fue un éxito y en la segunda adhesión también, porque la demanda alcanzó un total de USD 348 millones, lo que obligó a aplicar un prorrateo que limitó el acceso de los inversores al monto adjudicado. El comunicado oficial precisó que el factor de prorrateo se ubicó en 28,74%, lo que implicó que, por cada cinco dólares ofertados, solo uno fue finalmente asignado.

La operación se realizó con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,89% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,74%, que se fijó en la primera adhesión y marcó un costo financiero menor al que el mercado anticipaba para este tipo de colocaciones (cercano al 7%). La jornada mostró una fuerte disposición de los participantes a suscribir títulos en moneda dura. En total, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 100 millones en la licitación más reciente, una cifra notable en relación con la demanda verificada.

Tras su debut, el bono AO27 se consolidó como una de las alternativas más requeridas por el segmento de inversores institucionales, que participaron de manera activa en la licitación. De acuerdo con los datos oficiales, el instrumento adjudicado representa una de las principales herramientas de financiamiento en dólares para el Tesoro.

Dentro del mercado local, la emisión de títulos en dólares se interpreta como una señal de confianza en la capacidad de pago del Estado y en la estabilidad relativa de las condiciones macroeconómicas. Operadores consultados por Infobae remarcaron que la tasa obtenida se ubicó por debajo de las proyecciones iniciales, lo que sugiere que los participantes del mercado percibieron un riesgo moderado en la operación.

El proceso de licitación se desarrolló con la participación de bancos, fondos comunes de inversión y entidades financieras, que presentaron propuestas por montos superiores a los disponibles. El factor de prorrateo de 28,74% significó que buena parte de los interesados solo accedió a una fracción de los títulos solicitados. Según el detalle oficial, la suscripción del bono AO27 representó una de las mayores concentraciones de demanda en el segmento de deuda en dólares.

Los datos oficiales comunicados por Economía reflejaron la magnitud del interés: este jueves se presentaron ofertas por USD 348 millones, mientras el monto finalmente adjudicado fue de USD 100 millones (límite). Este desfasaje evidenció la preferencia de los inversores por activos considerados seguros dentro del espectro de instrumentos ofrecidos por el Estado.

Pero se trata de la primera licitación del bono AO27, que va a formar parte de una secuencia de licitaciones quincenales junto con las de deuda pública orientadas a diversificar las fuentes de financiamiento, que tendrán como límite máximo captar USD 250 millones en cada una de ellas y en total USD 2.000 millones. En el mercado calculan que, de llevarse a cabo siete más de la misma manera, Caputo conseguiría los dólares que busca.

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó en la previa de la licitación: “El monto es de hasta USD 150 millones por licitación, con una segunda ronda ampliable de USD 100 millones. Es ampliable a USD 250 millones. La idea es captar USD 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones. Son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.

La demanda verificada en la licitación reflejó la confianza de los inversores en la sostenibilidad de los instrumentos propuestos. El prorrateo implementado por la Secretaría de Finanzas buscó equilibrar el interés de los participantes y garantizar una asignación proporcional a las ofertas presentadas. El proceso se caracterizó por la transparencia y la aplicación de criterios objetivos en la distribución de los títulos.

El Gobierno mantuvo su estrategia de financiamiento en moneda extranjera como respuesta a las condiciones prevalecientes en el mercado local e internacional tras la suba del riesgo país a más de 540 puntos básicos en los últimos días. El éxito de la colocación del AO27 se sumó a las iniciativas previas orientadas a captar fondos bajo condiciones favorables. La continuidad de este tipo de operaciones dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la capacidad oficial para sostener la confianza de los inversores.

La licitación del bono AO27 se inscribió en un contexto de alta demanda por instrumentos nominados en dólares, en el que la oferta resultó insuficiente frente al volumen de propuestas recibidas. El resultado evidenció la disposición de los agentes económicos a canalizar recursos hacia activos considerados de bajo riesgo, aun cuando el acceso estuvo limitado por la política de prorrateo implementada.