Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.

Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.

El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.

Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.

Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.

De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.

Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.

En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.

Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.

Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.

Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.

El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.

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Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, asistió este jueves al debate por la baja de la edad de imputabilidad junto con otros familiares víctimas de menores.

En esta sesión, se definirá en la Cámara de Diputados la media sanción para el proyecto que cambiaría la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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Este jueves, frente al Congreso, Romina se manifestó sobre este debate. “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”, denunció.

Además, lamentó que, de aprobarse el proyecto, no se hará justicia por su hijo “porque esta ley no es retroactiva”. “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando. Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, agregó.

Su hijo, Jeremías, fue encontrado muerto en un descampado en Santa Fe el 22 de diciembre de 2025, días después de haber sido reportado como desaparecido.

Ese lunes, la Policía encontró el cuerpo dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos. Las autoridades aseguraron que el adolescente tenía más de 20 puñaladas y las heridas eran compatibles con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Tras varios días de investigación, los investigadores descubrieron que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, ambos, inimputables de acuerdo con el régimen penal juvenil actual.

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La novia de Jeremías, identificada como M.A., también quedó señalada como principal sospechosa luego de que los investigadores descubrieran la grabación de una cámara de seguridad donde se observa a la adolescente junto a la víctima. Luego, se reveló que la joven lo engañó para citarlo en el galpón donde fue torturado y asesinado.

Días después, un video y un audio del asesinato terminaron de vincularla con el caso y fue imputada como coautora del crimen el 29 de diciembre. Desde entonces, está detenida en un centro cerrado para menores. Su madre también fue imputada como partícipe secundaria por ayudarla a escapar tras el crimen.

Las Madres del dolor también presenciaron el debate

La Asociación Madres del dolor, una organización de madres y que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad, violencia o incidentes viales, también se presentó asistió al Congreso este jueves.

Entre ellos, se presentó Sandra Pérez, mamá de Zaira Rodríguez, una joven piloto de karting asesinada en un intento de robo en Villa Ballester, en 2018.

También fueron parte de la audiencia Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín, el adolescente asesinado por su amigo de 14 años en 2023. Mariela aseguró en diálogo con TN que, para todos los familiares de las víctimas, “es un momento importante”. Y remarcó: “Para nosotros, es importante porque significaría evitar que haya casos que quedaron en impunidad, como el caso de mi hijo y de todas estas víctimas que no tuvimos Justicia ni acompañamiento del Estado”.

Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, atropellado en la Avenida del Libertador cuando tenía 14 años, remarcó que la sociedad “debe hacerse cargo”. Perrone, referente de la Asociación, recordó que se presentaron en la Cámara de Diputados “por los jóvenes que están en el crimen. Ellos también necesitan que se baje la edad de imputabilidad porque no pueden seguir en la calle cometiendo esos crímenes. El día de mañana, ellos terminan siendo asesinos o alguien termina con la vida de ellos”.

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Por su parte, Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, quien fue asfixiada en Núñez en 2003, reclamó que el “Estado estuvo ausente porque el crimen es cometido por menores desde hace tiempo” y que la verdadera solución son “los institutos de minoridad, pero no sirven porque no están organizados y el menor sale con resentimiento”.

Régimen Penal Juvenil: mayoría oficialista y dictámenes alternativos

El proyecto que se debate fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años. También determina que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.

El debate retoma una discusión iniciada en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Ese texto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, aunque parte de su contenido fue retomado en el nuevo dictamen.

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