Después del triunfo que se anotó en el Senado de la Nación con la media sanción al proyecto de reforma laboral, el Gobierno apunta a tenerla aprobada la ley antes del fin de período de sesiones extraordinarias, previsto para el 28 del mes en curso.

Esa es la motivación extendida en las filas oficiales, que esperan concretar el objetivo antes del inicio de año legislativo, cuando el presidente Javier Milei de su discurso de apertura en el Congreso de la Nación.

Así lo busca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que intenta que la aprobación se concrete antes de esa fecha, según pudo saber de fuentes oficiales. “Manuel pidió que esté para el 1° por el tema del discurso. Es la idea, pero dependemos de la burocracia”, dijo una importante fuente de Casa Rosada.

Este jueves, tras la media sanción en la madrugada, en el Gobierno todas las miradas apuntaban a cuándo girará la vicepresidenta Victoria Villarruel el proyecto a la Cámara de Diputados. se comunicó con fuentes cercanas a ella, que estimaron que el envío podría concretarse “seguramente mañana, cuando terminen de ver todo”, y argumentaron de que la votación terminó a las 4 de la madrugada.

En base a esos tiempos, se definirá la estrategia y el procedimiento. “Esperamos que lo mande (a Diputados) entre hoy y mañana”, dijo otra de las fuentes consultadas. Pese aque las relaciones entre la vicepresidenta y el mandatario, así como con la plana mayor del Gobierno, están completamente rotas, en las filas oficiales esperaban que “esta vez juegue bien”, en referencia a que no demorara el envío del proyecto a la Cámara Baja.

Llegar al 1° de marzo con la ley sancionada es el objetivo que se propuso Balcarce 50. En la mesa política hay confianza para que eso suceda y creen que los tiempos cierran para aprobarla entre el 26 y el 28 de febrero, en la víspera a la sesión inaugural del año parlamentario.

Una vez que llegue a la Cámara Baja, la idea es “llamar a comisión el miércoles que viene, dictaminar ese mismo día y poner cuanto antes la sesión”, enumeraron fuentes libertarias. “La oposición va a patalear diciendo que se los lleva a los tumbos, pero es lo que ellos hacían antes”, ironizó en reserva la misma fuente.

De ese modo, el debate pasaría en Diputados a la semana siguiente, en la que, de no cumplirse con los pasos iniciales propuestos, se contemplaría el sábado 28 para una sesión especial.

“La idea es que esté el 1° de marzo aprobada. Si es necesario, se agrega el 28, pero si se llega a bien con los tiempos, ni siquiera eso. La carta está y se puede jugar”, completó un vocero del oficialismo.

Triunfo en el Senado

El oficialismo logró esta madrugada, sin contratiempos, como se esperaba después de que se destrabó la pelea por los fondos con las provincias, la aprobación en el Senado del proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.

El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.

La votación en general se produjo cerca de la 1.30, después de más de 13 horas de debate y se logró bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ubicada en uno de los palcos del recinto de la Cámara alta. La funcionaria estuvo acompañada por Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Los tres funcionarios permanecieron en sus asientos durante todo el debate en particular, que se extendió hasta poco más de las 3.30 de la mañana.

Un día después de la sanción de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo vuelve a convertir el Congreso en el centro de su estrategia política. El gobierno de Javier Milei buscará en la sesión de este jueves en Diputados dar media sanción al nuevo régimen penal juvenil.

La proyección de votos favorece a la Casa Rosada, que confía en amalgamar el acompañamiento de sus socios estratégicos (Pro, la UCR y el MID) con respaldos de bloques como Provincias Unidas, Innovación Federal y el espacio de los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Esta configuración numérica le permitiría al Gobierno sortear la votación con éxito.

Sin embargo, las mayores tensiones se registran en el seno de Unión por la Patria. Mientras el sector kirchnerista ya cerró filas en rechazo a la reforma, el Frente Renovador de Sergio Massa decidió marcar un perfil propio. El massismo coincide en el piso de los 14 años, pero cuestiona la metodología: exigen que la modificación sea parte de una reforma integral del Código Penal y no un régimen aislado.

En este complejo escenario de alianzas y fisuras, Sergio Berni irrumpe con una postura que ya incomodaba a varios referentes del kirchnerismo cuando eran gobierno. El exministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con en la previa al debate, no solo respalda la baja de la edad de imputabilidad, sino que propone una mirada “de vanguardia” que rompe con las edades fijas y cuestiona duramente la gestión actual del sistema de encierro.

—¿Está de acuerdo con la edad de baja de imputabilidad que se propone?

—Estoy totalmente a favor de la baja, es algo que vengo solicitando a los legisladores desde hace más de diez años. Celebro que se discuta, pero me parece que hay que tener sentido común. No estoy de acuerdo con el límite de los 13 años que había propuesto el oficialismo. Ya que estamos ante una reforma importante del Código Penal, no debemos dejar pasar la posibilidad de que esto sea mucho más justo. Entiendo que la baja no tiene que tener una edad fija, sino que debe estar sometida a una pericia psicológica.

—¿Plantea que no exista una edad estipulada por ley?

—Por debajo de los 16 años debe existir una pericia psiquiátrica que informe si el menor comprendía la criminalidad del hecho. Si la comprendía, es imputable, independientemente de la edad que tenga. El delito no tiene edad. No nos podemos perder la oportunidad de ser vanguardia en el mundo y cometer el error de otros países que ponen una edad arbitraria. No se puede negociar la edad como si fuese una paritaria. Es una falta de seriedad absoluta.

—Usted sostiene que el contexto en el que delinquen los jóvenes cambió drásticamente…

—Es que no es lo mismo un chico de 16 años de ahora que hace 20 o 30 años, o en los años 80 cuando se sancionó la ley actual. La capacidad de comprensión es distinta y no solo tiene que ver con el desarrollo biológico del cerebro, sino con el ambiente y los estímulos. Aquellos que están en contra de bajar la edad lo que tienen que hacer, en vez de declaraciones rimbombantes, es derogar la ley 13.634 vigente en la provincia de Buenos Aires. Esa ley permite que un juez ponga preso a un chico de 10 años si quiere, por más que sea inimputable. Hay que ser coherentes

—¿Por qué considera que el sistema actual fracasa en la provincia de Buenos Aires?

—La mejor manera de cuidar a esas criaturas es obtener una condena y empezar rápidamente el proceso de resocialización. Hoy, los institutos de menores en la provincia están manejados por el Ministerio de Desarrollo Social, con funcionarios que no tienen idea de cómo cuidar a un asesino en potencia o a un asesino. Hemos visto cómo los menores van a un instituto y se escapan a los dos días. Si la ley no viene acompañada por toda la logística necesaria, no sirve de nada.

—Su espacio político, Unión por la Patria, se mostró históricamente resistente a esta medida. ¿Cree que deben acompañar la iniciativa en el Congreso?

—No sé qué harán, porque depende de la voluntad de cada uno. Mi espacio es resistente, pero está claro que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para hacerles entender que esto es lo que hoy necesita el país. Gran parte de los homicidios que tenemos en la provincia de Buenos Aires son llevados adelante por menores que se sienten amparados en su condición de inimputables.

El proyecto que se debate en Diputados fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio.

Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados, acceso a educación y salud, y programas de resocialización.