Javier Milei reunió a decenas de empresarios el miércoles por la noche en el lujoso Yacht Club de Puerto Madero, un evento que tenía como fin recaudar fondos para la campaña nacional, pero que sirvió para conocer novedades sobre cómo el Presidente concibe los avances de su modelo y los próximos pasos que pretende dar. El invite duró algo más de una hora y solo constó de su alocución, precedida por una breve presentación de Manuel Adorni, a quien luego Milei le regaló su discurso.

Los cincuenta minutos en los que habló el Presidente fueron dados a conocer al día siguiente. Su alusión hacia la oposición, tratándolos de “parásitos mentales”, se llevó la mayoría de los flashes. Pero se trató de uno de los discursos más políticos que Milei esgrimió en el último tiempo, revelador en su contenido sobre cómo prevé la relación con uno de sus aliados circunstanciales más importantes: los gobernadores, que poco a poco están empezándo a abroquelarse contra la Nación.

Al hacer una revisión en la marcha de su gestión y exaltar la baja de la inflación, Milei adelantó que buscará resolver diversos “problemas acuciantes”, marcando que confrontará con el “Estado del Estado”, es decir, los gobiernos provinciales. “Es calamitoso y requiere de reformas urgentes en cada una de sus áreas”, desafío, haciendo un llamamiento a enfatizar el modelo libertario en cada una de las elecciones locales.

“Nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante que enfrenta el sector privado”, indicó, para después hacer una alusión directa contra los jefes provinciales: “Sin ir muy lejos, hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

“Por esto es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía, y es el mejor ejemplo de cómo – desde el poder local – algunos buscan boicotear el cambio nacional”, agregó.

Toda una declaración de principios, la cual cayó pésimo en gobernadores tanto aliados como opositores, aunque también entendieron que Milei luego hizo énfasis en el caso bonaerense.

Ninguno de ellos salió a hablar en público sobre el tema. Pero en varias provincias se limitaban a difundir los datos publicados por la Secretaría de Hacienda de la Nación, que detalla que, en rigor, la presión tributaria como porcentaje del PIB se había mantenido igual en 2023 y en 2024, pero con una diferencia clave: esto había sucedido por una baja en la presión de las provincias (de 5,1% a 4,8%) y un aumento de la Nación (de 22,8% a 23%).

Esto fue consignado días atrás por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien en un posteo de X finalizó diciendo “los datos son nobles, la manipulación está en los relatos”.

Un informe reciente hecho por Empiria, la consultora del ex ministro Hernán Lacunza, detalló que durante el año pasado, las provincias acompañaron la estrategia de ajuste del Gobierno y solo 3 de 24 quedaron con desequilibrio primario: Chaco, Catamarca y Buenos Aires (que aun así mejoró su situación fiscal). En tanto, seis jurisdicciones revirtieron su déficit: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

Esta mejora fiscal en prácticamente todas las provincias se debió, según consigna Empiria, por un ajuste promedio de 15% del gasto en términos reales, “que más que compensó la caída en los ingresos”. Por esa misma razón es que, durante el año pasado, la Casa Rosada se sentía con confianza para ajustar la billetera de las Provincias: “Todas ellas estaban siendo muy subsidiadas por la Nación. No les iba a afectar tanto y, además, todos teníamos que hacer el esfuerzo”.

El peligro detrás del conflicto con los gobernadores

La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores se encuentra en un momento de particular tensión. No lo compensa las ínfulas de consenso que inspira el Consejo de Mayo, el órgano multisectorial creado por el Gobierno para elaborar políticas públicas vinculadas al Pacto de Mayo y que tiene un representante de las provincias, el mendocino Alfredo Cornejo.

El lunes, un día antes de que se constituyera el Consejo, sucedió un hecho prácticamente inédito en los últimos años. Los 24 mandatarios subnacionales consensuaron un proyecto de ley para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre todas las provincias. La medida fue en respuesta a una reunión que habían tenido antes con emisarios del Gobierno, que no vieron como una solución a sus reclamos por mayores desembolsos de parte de Nación o la ejecución de obras de infraestructuras en rutas.

“Los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla”, dicen desde una provincia que, en público, actúa como aliado a la Casa Rosada.

Aunque el ajuste sobre fondos orientados a las provincias son reales, este comportamiento también se explica por la coyuntura electoral. Al menos así lo explican los principales interlocutores libertarios. “Quieren más fondos para las campañas y están enojados porque nos estamos metiendo en sus distritos con el partido”, explican.

Es que al tener ahora un partido nacional estructurado, La Libertad Avanza busca instalarse en cada uno de los distritos subnacionales para comenzar a ganar musculatura. Aquello también genera sus divergencias al interior del oficialismo.

El proyecto libertario tiene dos accionistas mayoritarios: Javier y Karina Milei. Aunque no sea un diagrama oficial, la empresa tiene dos grandes ramas: la administración gubernamental y la partidaria. A quien se le delegó el liderazgo de la primera es al sector del asesor presidencial Santiago Caputo, mientras la segunda permanece en manos de Martín y Eduardo “Lule” Menem. Ambos sectores mantienen diferencias de criterios sobre el otro que han generado rispideces entre sí desde hace tiempo.

Uno de los asuntos clave que están empezando a preocupar al sector caputista es el rol que La Libertad Avanza debe tener con las elecciones provinciales.

Para ellos no vale la pena disputar cargos provinciales o simplemente rivalizar si es que eso implica que el gobernador de turno le quite apoyo legislativo para las reformas que Milei quiere impulsar en el Congreso el año próximo; y consideran que los Menem están generando quiebres en los vínculos con algunos mandatarios. Desde la otra vereda afirman que aquello es “completamente falso” y que particularmente Martín Menem mantiene un trato estrecho con varios de ellos por su rol en la Cámara de Diputados.

El Presidente no hace diferenciación entre una u otra postura. Pero los duros términos en los que se refirió a los gobernadores sorprendió hasta las provincias aliadas. Una muy cercana al Gobierno indicó: “Entre los Menem y estos comentarios del Presi se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto”. Este comentario se repitió en otras provincias que no son precisamente contrarias a los libertarios.

En los referentes partidarios exhiben una foto en el Yacht Club que, según ellos, indica el aval presidencial que tienen. Al lado de los Milei, quienes estaban allí eran Martín Menem y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que debe determinar la confección de listas en la elección del 7 de septiembre. Milei mencionó a este último en su discurso. También a Lisandro Catalán el referente libertario en Tucumán.

La Casa Rosada tiene un vínculo cada vez peor con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien hasta la incursión de LLA en su provincia se mostraba como un libertario más. Fue el mandatario que más se preocupó en blindar los vetos de Milei el año pasado, mandando a sus tres diputados del bloque Independencia a que votaran en contra de la insistencia opositora. ¿Están dadas las condiciones para que se repita este año, una vez que Milei vete los aumentos jubilatorios? Muchos creen que no.

Ese bloque de 87 diputados que aseguraron el veto al financiamiento jubilatorio también está compuesto por actores del PRO y los denominados “radicales con peluca” como Mariano Campero o Martín Arjol. El primero busca posicionarse para su reelección como diputado, pero los libertarios no le quieren abrir la puerta. Al segundo se le ofreció ser candidato a diputado nacional en octubre, con tal de que bajara su lista en las recientes elecciones en Misiones. A pesar de la insistencia, no aceptó por pensar que lo iban a traicionar.

Quienes arman el poroteo en Diputados creen que negociando ausencias pueden ratificar el veto con 75 votos. Aun así, afirman que “está muy complicado”.

En el Gobierno ya no niegan que si la oposición consigue vulnerar el veto presidencial e imponer los proyectos (que según estimaciones del Palacio de Hacienda significan 1,8% del PIB), esto va a caer “pésimo” en los mercados, incrementando el Riesgo País y complicando las tasas sobre las que se rollea la deuda. Un efecto para nada deseado antes de las elecciones nacionales. Aun así, insisten en que el déficit cero no se toca. “Llegado a ese escenario pesimista, la plata la vamos a conseguir”.

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