POLITICA
Pese a los reclamos, el gobernador de Chubut aseguró que no hay enojo de las provincias con el Gobierno

“Por primera vez en mucho tiempo, celebro este ida y vuelta entre los estados soberanos y el gobierno nacional”, afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, este domingo, y descartó que haya enojo de las provincias con Casa Rosada por la cuestión de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
A pesar de que podrían presentar la próxima semana un proyecto en el Senado para modificar el reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, el chubutense aclaró en declaraciones a radio Mitre que si bien “por ahí se le dio un manto de tensión y de enojo, la realidad es que no” y explicó que “hay un trabajo que surge en el CFI, primero con una agenda de desarrollo de infraestructura en Entre Ríos y más en el marco del Consejo de Mayo, que ya está operativo”.
Torres subrayó que la reforma fiscal propuesta por el gobierno nacional ha generado un hecho inédito: la participación activa y unánime de todos los gobernadores en la discusión. “Todos, absolutamente todos los gobernadores, nos reunimos para hacer parte de esa reforma fiscal”, remarcó.
Tras el encuentro de gobernadores en el CFI circuló que varios mandatarios admitieron que “todos estamos peor”. Torres matizó esa percepción, y señaló las diferencias estructurales entre las provincias. “Hay provincias que obviamente son muy distintas. Las provincias que tenemos regalías y que dependemos en algunos casos, en Chubut, por ejemplo, un tercio de los recursos depende directamente del precio del barril, del precio del dólar y eso impacta directamente en los ingresos por regalías. Pero tenemos otra holgura financiera que por ahí otras provincias que no tienen regalías no cuentan con esos ingresos”, explicó.

No obstante, reconoció la caída en la coparticipación y consideró que la eliminación de los fideicomisos, impulsada por el gobierno nacional, abre una oportunidad para repensar la asignación de recursos. “Cuando el gobierno dice vamos a eliminar el curro de los fideicomisos, concretamente está hablando de esfuerzo de todos los contribuyentes que a través de un impuesto se cobra para algo, que no se puede utilizar para otra cosa que no sea eso. En este caso estamos hablando de infraestructura. Puede ser vivienda, puede ser rutas, puede ser mantenimiento de puertos”, detalló.
Torres defendió la necesidad de que los impuestos con asignación específica se utilicen para los fines previstos, y que, en caso de subejecución, se revise su continuidad. “Ese es el planteo original que generó un debate para mí más que interesante y con una posibilidad de avanzar incluso en leyes convenio que implican tener la venia unánime de todos, también obviamente del Gobierno nacional. Y en eso estamos. Estamos no negociando ni tironeando, sino que la verdad que hay una mesa de trabajo por primera vez en mucho tiempo, que funciona y que hay un ida y vuelta porque el gobierno estuvo presente”, afirmó.
A partir de las declaraciones en un posteo en X de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que el presidente Javier Milei “se está quedando con la plata de los gobernadores”, Torres respondió que “la propuesta nuestra ante una subejecución, por ejemplo, de los aportes del Tesoro y que no se puede usar para otra cosa, es que el gobierno tenga la posibilidad de tener una libre disponibilidad de parte de esos recursos. Por lo tanto, eso puede ir también a las metas fiscales del Gobierno y que el resto se distribuya bajo los índices de coparticipación y secundaria. O sea, es ganar para las dos partes”.

El gobernador también mencionó el caso del impuesto a los combustibles, donde se discute la posibilidad de eliminarlo, descentralizarlo o coparticiparlo, aunque aclaró que aún no existe un proyecto de ley concreto.
El mandatario patagónico consideró que la mayoría de los actores políticos coinciden en la necesidad de no gastar más de lo que se produce y de mantener la normalidad macroeconómica. “Ahora se viene otra discusión, que ahí sí hay diferencia y estamos hablando de cómo generamos una revolución de competitividad, cómo le agregamos valor a nuestros recursos, cómo generamos también una reparación histórica para la Argentina que trabaja, que genera, que produce, que exporta justamente, que genera esas divisas que tanto necesita la Nación”, comentó.
El futuro del PRO y la prisión de CFK
Consultado sobre la situación interna del PRO y la posibilidad de alianzas electorales, Torres se mostró distante de las especulaciones políticas y centrado en la gestión provincial. “En mi provincia estamos abocados 100% a la gestión y con combates importantes, por ejemplo, terminar con los privilegios, terminar con los fueros. No tenemos un minuto de tiempo para armar alguna ingeniería electoral o pensar en cosas que, la verdad, tampoco es cierto que hay clima electoral”, sostuvo.
También rechazó la idea de una fusión con La Libertad Avanza y defendió la identidad opositora del PRO: “Yo siempre dije que no estaba de acuerdo, que me parecía un error, no un error estratégico, sino un error conceptual. Yo creo que las alternativas son sanas para la democracia. Creo que hay que entender que el PRO perdió las elecciones nacionales, que es oposición, pero una oposición que cuando hay una medida que es buena para el país, siempre la hemos acompañado”.

Sobre el liderazgo político y el rol de figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Torres opinó: “Yo creo que hay un fin de ciclo. Yo creo que hoy hay una oportunidad también de mirar hacia adelante y de mirar al futuro y de empezar a discutir lo importante cuando hoy hay actores en la política que tienen una fuerza gravitacional que te llevan a una discusión hiper personalista, por ejemplo, sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y te quita espacio de discutir lo importante”.
El gobernador llamó a superar los personalismos y a construir una agenda de desarrollo basada en ideas y políticas de Estado a mediano y largo plazo. “Acá no hay ningún líder mesiánico que nos va a salvar, ni tampoco hay ninguna persona que tenga la verdad absoluta. Acá tenemos que empezar a discutir ideas, a trazar una agenda de desarrollo y en el marco de políticas de Estado a mediano y largo plazo, ser consecuentes con eso”, enfatizó.
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Comenzó un nuevo juicio contra un ex intendente de Salta que ya cuenta con una condena por corrupción

Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.
La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.
Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.
El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.
La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.
Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.
La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.
Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.
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Reforma laboral: las reacciones del arco político a la media sanción en el Senado: “El primer paso a un cambio histórico”

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.
El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.
Otro de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en sus redes sociales: “El primer paso hacia un cambio histórico”. En esta línea, la Jefatura de Gabinete realizó una publicación en la que indicó que la reforma modernizará el sector: “La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”.
También se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que felicitó a los senadores y señaló: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema“. Además, anticipó la jornada que se desarrollará en la Cámara baja: ”Siguiendo la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley».
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, también adelantó la sesión en la Cámara baja e indicó que se trata de un “primer paso para cambiar una ley vetusta que nadie se animó a modificar”. “Vamos a trabajar para terminar de sancionar la modernización laboral lo más pronto posible”.
Por su parte, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la media sanción y destacó que la Argentina consiguió “otro paso hacia la normalización de uno de los sistemas mas perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales”. “La ley de modernización laboral propuesta por Milei, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, subrayó.
De la Cámara baja, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, se refirió tanto a la votación como a los incidentes que hubo en la previa, y apuntó: “La libertad le ganó a las piedras”. “Tenemos media sanción de la ley de modernización laboral”, añadió.
En cuanto a la oposición, la senadora Juliana di Tullio, del bloque kirchnerista, advirtió que “no es el camino” y explicó: “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”.
El diputado Esteban Paulón cuestionó la aprobación y declaró que el proyecto fue validado “sin un debate profundo, un texto definitivo y cumplir ninguno de los objetivos propuestos”. A su vez, Natalia Zaracho, su par en la Cámara baja, manifestó: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de p…, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Noticia en desarrollo.
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El Gobierno quitó el capítulo de Ganancias e hizo 28 cambios a la reforma laboral para garantizar la media sanción en el Senado

El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.
En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.
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Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.
No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.
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En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.
Los principales cambios acordados con la oposición
De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.
En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.
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