POLITICA
Qué dice la presentación con la que el Gobierno busca suspender el fallo de la jueza Preska por YPF

Luego de que la jueza de Nueva York Loretta Preska ordenara al país que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno presentó un escrito en el que pidió la “suspensión de la decisión”.
Se trata de un documento al que pudo acceder , dirigido hacia el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la jueza Preska en donde la defensa argentina argumenta que la magistrada se “excedió en su jurisdicción” y que no “hay posibilidad material de expropiar las acciones”.
El fallo de la jueza de 76 años establece esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preska podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“Distinguida Jueza Preska:
En representación de la República Argentina (la “República”), me dirijo respetuosamente a Usted para solicitar una audiencia previa a la presentación de una moción, la Regla 62(d) de Procedimiento Civil Federal, tendiente a suspender la orden de este Tribunal, dictada el 30 de junio de 2025, que ordena a la República entregar sus acciones de YPF S.A. a los demandantes (Petersen ECF N.º 742; la “Orden de Entrega”), hasta tanto se resuelva la apelación de dicha orden o, en su defecto, para que se otorgue una suspensión provisoria que permita a la República solicitar la medida ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Este Tribunal debería suspender la ejecución de la Orden de Entrega mientras se sustancia la apelación, en ejercicio de su facultad tradicional para garantizar la correcta administración de justicia (Nken v. Holder, 556 U.S. 418, 421 (2009)). La moción cumple claramente con los cuatro requisitos para conceder una suspensión: (1) demostrar una probabilidad significativa de éxito en la apelación; (2) acreditar un daño irreparable si no se concede la suspensión; (3) probar que la suspensión no causará un perjuicio sustancial a la parte contraria; y (4) considerar dónde radica el interés público (Nken, 556 U.S. en 434). Estos factores se evalúan de forma flexible: más peso en un factor puede compensar otro (Thapa v. Gonzales, 460 F.3d 323, 334 (2d Cir. 2006)). Los dos primeros son los más determinantes (Nken, 556 U.S. en 434).
Primero, la República tiene altas probabilidades de éxito en la apelación. Para cumplir este requisito, basta con demostrar la existencia de una cuestión legal seria y que el equilibrio de intereses pese claramente a favor de conceder la suspensión (In re 650 Fifth Ave. & Related Props., 2020 WL 3000382, en 2 (S.D.N.Y. 4 de junio de 2020) (Preska, J.)). La Orden de Entrega plantea cuestiones jurídicas complejas y relevantes, como el alcance del derecho común federal frente a la inmunidad soberana legal, puntos que el Segundo Circuito aún no abordó y sobre los cuales incluso el Gobierno de los Estados Unidos discrepa con el criterio de este Tribunal (Petersen ECF N.º 679, pág. 1). Específicamente, este Tribunal resolvió, entre otros puntos, que (1) la FSIA sustituye completamente al derecho común federal aplicable a la ejecución de bienes soberanos ubicados en el extranjero; (2) el requisito de la FSIA § 1610(a)(2) de que los bienes estén “en Estados Unidos” puede cumplirse si un tribunal ordena a un Estado soberano modificar su legislación para permitir la transferencia de dichos bienes al país; y (3) que las acciones de una sociedad extranjera se consideran “usadas para actividades comerciales en Estados Unidos” si la empresa realiza negocios aquí, aunque las acciones solo se ejerzan en su país de incorporación y sede principal (véase Orden de Entrega, págs. 15–20, 25).
Segundo, la República sufrirá un perjuicio irreparable si no se concede la suspensión. La Orden de Entrega exige expresamente que la República ceda su participación controlante en la mayor empresa energética de Argentina, participación que el derecho argentino obliga a mantener como cuestión de interés nacional sustancial (véase Petersen ECF N.º 578-1, Ley de Expropiación de YPF, Art. 10). En términos generales, “la pérdida de una participación controlante en una sociedad puede constituir un daño irreparable para el cual no hay compensación adecuada en dinero” (Wisdom Import Sales Co. v. Labatt Brewing Co., 339 F.3d 101, 113, 114 (2d Cir. 2003)). Además, la Orden de Entrega supone que los fallos dictados en Petersen y Eton Park —basados en la interpretación del derecho argentino por este Tribunal y actualmente en revisión por el Segundo Circuito— serán confirmados. Si los demandantes toman control de las acciones de YPF y proceden a venderlas —tal como ya manifestaron su intención de hacerlo (Petersen ECF N.º 587, Réplica de los Demandantes, pág. 19)— “será imposible revertir la situación” (In re 650 Fifth Ave., 2020 WL 3000382, en 3).
Tercero, los demandantes no sufrirán perjuicio por la suspensión, ya que esta mantendría el status quo mientras se resuelve la apelación ante el Segundo Circuito. La República no tiene intención ni facultad de vender sus acciones de YPF sin intervención del Congreso argentino. Esta exigencia legal elimina cualquier riesgo de disposición indebida de activos durante la apelación (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3). Asimismo, asegura que la suspensión respete la Regla 62(d), garantizando los derechos de la parte contraria.
Cuarto, el interés público apoya claramente la suspensión, dada la gravedad y excepcionalidad de este caso. A diferencia de una disputa comercial ordinaria entre dos empresas (EJ Brooks Co. v. Cambridge Security Seals, 2016 WL 908633, en 2 (S.D.N.Y. 2 de marzo de 2016) (Preska, J.)), este litigio afecta la soberanía y el orden jurídico interno de Argentina. La Orden de Entrega obliga a un Estado extranjero a modificar o, en su defecto, infringir su propia legislación para transferir las acciones (véase Petersen ECF N.º 577, Oposición de Argentina a la Entrega, págs. 5, 7–8). Además, la medida tiene consecuencias inmediatas para YPF, empresa cotizante en bolsa, con un 49% de su capital en manos de accionistas privados y más de 23.000 empleados (véase Petersen ECF N.º 560). Por ello, mantener la situación actual protege mejor el interés público, considerando a los terceros involucrados (Aralpa Holdings, 2024 WL 664782, en 3).
En caso de que el Tribunal no conceda la suspensión durante la apelación, solicitamos subsidiariamente que se ordene una suspensión provisoria para que la República pueda gestionar el recurso ante el Segundo Circuito, tal como se realiza habitualmente en disputas comerciales (Arctic Ocean Int’l Ltd. v. High Seas Shipping Ltd., 2009 WL 5103283, en 2 (S.D.N.Y. 28 de diciembre de 2009) (Preska, J.)). Si alguna orden debe suspenderse, es esta: afecta activos estratégicos de un Estado extranjero, contradice la posición oficial de los Estados Unidos y la apelación pendiente plantea cuestiones de relevancia sustancial bajo el derecho argentino y estadounidense“.
POLITICA
Tras múltiples allanamientos, detuvieron a cuatro personas en la causa Sur Finanzas

La causa judicial que investiga a la financiera Sur Finanzas dio un nuevo giro tras múltiples allanamientos ordenados por la Justicia Federal. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de estar vinculadas con las maniobras bajo investigación.
Los allanamientos respondieron a órdenes del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Se están buscando pruebas sobre presuntas operaciones cambiarias irregulares y el posible ocultamiento o supresión de documentación y pruebas por parte de los investigados.
Sur Finanzas: la Justicia acreditó un operativo interno para destruir pruebas antes de los allanamientos
Los detenidos son: Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, Cesar Zapaia y Rolando Soloaga.
Daniela Eliana Sánchez, secretaria del titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. El pasado 1 de diciembre la mujer había ordenado borrar archivos de una cámara de seguridad.
Juan Soler es empleado de la financiera y fue detenido porque le ordenó a la jefa de Recursos Humanos que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas. Cesar Zapaia también ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
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Ariel Vallejo,detenciones financieras,Investigación Judicial,Sur Finanzas
POLITICA
Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de borrar evidencias y encubrir al financista Ariel Vallejo, allegado a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y dueño de Sur Finanzas. Las detenciones se concretaron después de 13 allanamientos efectuados en un centro de salud del conurbano, en locales, galpones y en un balneario de Villa Gessel.
Los detenidos, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, fueron apresados por orden del juez federal Luis Armela. Se trata de colaboradores de Vallejo y dieron instrucciones para hacer desaparecer computadoras, planillas, ocultar teléfonos y borar información, antes de ser allanados por la policía en diciembre pasado.
Los detenidos son Daniela Sánchez, Rolando Soloaga, César Zapaia y Juan Soler. Sánchez era la mano derecha de Vallejo, Soloaga y Zapaia sus colaboradores, y Soler estaba a cargo de la parte de sistemas de la financiera.
Además, el juez Armella dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de otros tres colaboradores de Sur Finanzas, la empresa bajo la lupa.
Vallejo no está entre las personas con pedido de captura. Se lo investiga por supuesta evasión y lavado de dinero mediante su financiera Sur Finanzas, usada para prestar dinero a los clubes de fútbol, girar dinero al exterior o intervenir en trasnferencias de futbolistas. Vallejo tenía cercanía con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
La investigación reveló que los empleados ejecutaron un plan coordinado para “despatrimonializar” la empresa, borrar servidores remotamente y esconder dinero en efectivo mientras ocurrían los allanamientos de diciembre de 2025.
El juez hizo lugar al pedido de Incardona porque había peligro de «entorpecimiento probatorio». Los imputados “ocultaron, alteraron e hicieron desaparecer evidencias digitales y documentales” vitales para investigar el lavado de activos, dice la acusación.
La fiscalía demostró que existía una estructura jerárquica que, alertada de los allanamientos, impartió órdenes para dejar las cuentas en cero y eliminar registros de cámaras de seguridad y computadoras.
Los presos serán indagados mañana. Son Daniela Eliana Sánchez, que comandaba la coordinación como mano derecha de Vallejo. Según los chats de Telegram y WhatsApp, no eran una simple secretaria, sino de extrema confianza del dueño de la financiera.
El día de los allanamientos, dio la orden de “dejar de hacer movimientos”, instruyó sacar el “grueso del capital” de las sucursales dejando solo un “puchito” para la policía, y ordenó al técnico Soler que no fuera a la oficina para evitar ser atrapado.
Juan Miguel Soler, encargado de sistemas ejecutó el borrado remoto de “las plano” (planillas) y formateó computadoras a pedido de Daniela Sánchez y Nahiara Gamarra. En los chats recuperados, se jactó ante Zapaia de haber escondido su celular y computadoras durante el allanamiento. La policía se llevó computadoras en desuso y celulares vacíos.
Además, mintió en su declaración testimonial inicial diciendo que las computadoras en su casa eran para “reacondicionar”, cuando en realidad contenían la información que intentaban destruir.
César Abilio Zapaia , pese a ser oficial de cumplimiento de la financiera ante la Unidad de Información Financiera, encargado de prevenir el lavado de dinero, hizo todo lo contrario. Realizó maniobras para garantizar la impunidad. Los chats revelan que el 10 de diciembre de 2025 le confesó a Soler haber escondido dos computadoras y su celular durante el allanamiento, entregando a la policía dispositivos obsoletos que “no se usan”.
Rolando Esteban Soloaga, aludido en los chats como “Rolo”, manejaba la flota de vehículos y los choferes. Se lo acusa de organizar el ocultamiento de las camionetas (una Toyota SW4 blindada) utilizadas para mover el dinero físico. En los chats del grupo “guardias playón segui”, daba instrucciones para vigilar que no robaran nada mientras “hacían limpieza” del lugar. Además, figura recibiendo camiones de caudales y haciendo depósitos millonarios a nombre de empresas vinculadas.
Otras tres personas fueron citadas a indagatoria. Susana Beatriz Hoffmann, a cargo de recursos humanos que será indagada el 25 de febrero. A las dos de la madrugada del día de los allanamientos pidió al técnico que “ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas”.
La secretaria personal de Vallejo, Nahiara Gamarra, será indagada porque le pidió al teçnico Soler a “borrar todo”.
La cajera Cecilia Elizabeth Fioretti será indagada por una una conversación con la tesorera Micaela Sánchez en la que le dijo que tenía “bien guardados” dos cuadernos que le había dado, para ocultar documentación de la policía.
La tesorera Micaela Sánchez y dos choferes están presos desde el 11 de dicembre pasado cuando intentaban ocultar pruebas y sacarlas de un galpón de Turdera en una camioneta Toyota SW4 blindada.
La evidencia principal proviene de las extracciones forenses de los celulares incautados, a pesar de los intentos de borrado.
Las imágenes de llaves enviadas por WhatsApp permitieron ubicar depósitos clandestinos en Villa Gesell, un balneario y un corralón en Lomas de Zamora, donde se escondía documentación.
También se allanó “Sur Corralón”, de Lomas de Zamora, abandonado, pero “armado” repetentinamente con maquinaria, para ocultar documentación.
La policía allanó dos domicilios del Centro de Salud RDA Imágenes en Lomas de Zamora, donde Vallejo invirtió y en Villa Gessel se allanaron un galpón, el balneario de 107 y la costa), llamado Cautro Mares y la clásica parrilla el Estribo de la céntrica Avenida 3.
Sur Finanzas,Hernán Cappiello,Conforme a,,Fake news. Cornejo denunció a tuiteros por la difusión de un video «manipulado» sobre su vida privada: “No fue en París”,,Indemnizaciones. Cómo funcionará el fondo para financiar los despidos que estará bajo control del Estado,,Lavado de dinero. Sortearon al juez que completará el tribunal para juzgar a Cristina Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces
POLITICA
“El principal responsable de que la gente no pudiera movilizarse es la CGT”: Luca Bonfante, referente del PTS, tras los incidentes en el Congreso

“En todas las manifestaciones que está metida Patricia Bullrich, está llena de cosas ilegales, ilegítimas y fraudulentas”, afirmó Luca Bonfante, referente de Juventud del PTS, en comunicación exclusiva con Infobae en vivo. Sus declaraciones se dieron en el marco de los incidentes que se produjeron frente al Congreso durante el debate por la reforma laboral, donde rechazó que la violencia haya sido únicamente producto de infiltrados y apuntó contra la conducción sindical.
Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bonfante remarcó: “Ese es el modus operandi de Patricia Bullrich. Se ha visto en las movilizaciones por Santiago Maldonado en 2017, en las movilizaciones contra la ley Ómnibus, después la ley Bases. Ese es un patrón común”. Sin embargo, advirtió que reducir los episodios violentos solo a la presencia de servicios de inteligencia sería “quitar del escenario una realidad” y puso la lupa sobre la liturgia de la CGT.
Bonfante advirtió sobre las limitaciones de la CGT y la reacción de las bases
El dirigente analizó que la tradicional forma de movilizar de la CGT fue desbordada: “La CGT tenía armado un esquema, una liturgia de movilización tradicional, que ya todos conocemos: llegar a las dos de la tarde, leer un documento y retirarse a las cuatro de la tarde. Eso no pasó ayer. Yo creo que ayer se empezó a resquebrajar parcialmente esa forma de operar”. Relató que durante la represión observó “personas, trabajadores, que no eran servicios, que se quedaron en la plaza y en los alrededores defendiendo el derecho a la protesta”.
Frente a la consulta sobre los métodos de protesta, fue categórico: “Yo parto de creer fervientemente que la violencia originaria parte de un Estado que reprime a los jubilados todos los miércoles”. Consideró que las conducciones sindicales ya no contienen el malestar: “Hay mucha bronca con las conducciones sindicales, que no puede haber cada vez más sectores que no quieran cumplir con la liturgia de la CGT de irse a las tres de la tarde a su casa y ver cómo votan una reforma laboral frente a sus propios ojos”.
Bonfante reclamó un paro general como herramienta para garantizar la participación social: “Tiene que haber un paro general, porque sin un paro general no pueden manifestarse muchas personas”. Al mismo tiempo, planteó que “las organizaciones deberían armar protocolos, los sindicatos para identificar cuáles son esos infiltrados y sacarlos de las marchas”.
La denuncia política: “La principal responsable es la conducción sindical”
El referente del PTS fue terminante al señalar a la dirigencia gremial: “El principal responsable político de que las personas no pudieron movilizar ayer son las conducciones sindicales que están pactando con el Gobierno”. Señaló que la CGT no actuó como contención: “La CGT no acercó ni siquiera tres paquetes de harina para el fondo de lucha de los trabajadores”, ejemplificó al hablar del conflicto en Lutramax.
Bonfante sostuvo que el malestar social continuará creciendo y que las protestas podrían superar el control sindical: “Como la crisis de las conducciones sindicales y la bronca es tanta y va a seguir creciendo, la verdad que sorprenderse de que cada vez haya más manifestaciones que vayan por fuera de ese guion, y a mí me parece bastante inocente creer que no van a pasar más esas cosas”.
El trasfondo de la reforma laboral: “Es apenas un round dentro de un plan mayor”
El joven dirigente del PTS ubicó la discusión de la reforma laboral dentro de un plan más amplio del Gobierno: “Estoy muy convencido de que esta reforma laboral forma parte de un plan más de conjunto, que el Gobierno lo viene expresando claramente. Uno lo escucha a Caputo y se ve claramente. La reforma laboral forma parte de un capítulo dentro de un plan más de conjunto”.
Advirtió que la estrategia oficial busca disciplinar a los trabajadores: “El balance no termina en el día de ayer, el balance es más de conjunto y sobre cómo vienen ubicándose las conducciones sindicales frente a un poder adquisitivo que viene en picada, frente a trabajadores tanto del sector público como del sector privado que vienen siendo despedidos”.
Insistió en que la resistencia social podría intensificarse: “No voy a condenar que haya sectores que quieran expresar su bronca frente a una situación de estas características. Sería muy malo para las organizaciones que quieren movilizarse y para un montón de gente que está sufriendo la situación actual, proponerle que la única forma de resistencia que tienen es cumplir con el protocolo de movilizaciones que tiene la CGT”.
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luca bonfante
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