Alejandra Bada Vázquez, dueña de la pyme Lácteos Vidal, denunció que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA), liderada por Héctor Ponce, decidió suspender el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo en el conflicto que atraviesa la empresa: “Nos comunicaron que habían cortado toda posibilidad de negociación con nosotros porque les molesta que demos notas periodísticas”, dijo.

“Una vez más tienen de rehén a la gente que podría llegar a conseguir un acuerdo”, destacó la empresaria a Infobae, que mantiene un duro conflicto con el sindicato luego de que su empresa, ubicada en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, fue bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.

La situación se agravó porque Lácteos Vidal despidió a 26 trabajadores y pidió el desafuero de tres delegados que participaron del bloqueo. Finalmente, la mayoría de los despedidos llegaron a un acuerdo con la empresa, pero 8 de ellos, apoyados por el gremio, no acordaron la desvinculación y reclaman ser indemnizados, pero también impulsaron una cautelar pidiendo su reincorporación a la pyme.

En noviembre pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó que reincorpore a los 8 despedidos por bloquear la planta y fijó el pago de astreintes (una multa) de $10.000 diarios por cada trabajador que no fuera reintegrado a su puesto.

Ante la impugnación judicial de la empresa, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, a cargo de Ignacio Ramonet, ordenó un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por un total de $168 millones, cifra a la que se llegó por “un error de cálculo”, según Bada Vázquez, porque el juez tomó en cuenta la cifra diaria reclamada por el sindicato, que era de $50.000 y no $10.000.

“El fallo responde a un ensañamiento del sindicato contra Lácteos Vidal porque no nos han podido doblegar -dijo la empresaria a Infobae-. El embargo por 167 millones de pesos es funcional a la mafia sindical».

También advirtió que el embargo ocasionaría “un perjuicio severo y irreversible”: “Necesito que la cuenta corriente esté habilitada con los fondos para pagar a los proveedores, todos los impuestos y ahora vienen el aguinaldo y los sueldos”.

Este lunes, sin embargo, Ramonet resolvió “archivar” provisionalmente el embargo preventivo solicitado por el sindicato hasta que se evalúe la impugnación presentada por la empresa.

Luego de esa decisión, se reabrió la posibilidad de que Lácteos Vidal y ATILRA se sentaran a negociar, pero se frustró ante el rechazo del sindicato. “Nosotros habíamos entablado una conversación para ver si podíamos llegar a un acuerdo porque nuestra idea siempre intentar hacer un acuerdo claro para dar vuelta la página”, señaló Bada Vázquez.

Según dijo, ATILRA envió para negociar al hijo de su abogado, Alberto Coronel, y quedó en enviar una propuesta a la empresa, pero todo se empantanó. “Nos comunicaron que habían cortado toda posibilidad de diálogo y negociación con nosotros porque les molesta que nosotros hagamos notas periodísticas”, reveló.

“O sea, no van a negociar más porque nosotros este dimos notas periodísticas -insistió Bada Vázquez-. Una vez más tienen de rehén a la gente que podría llegar a conseguir un acuerdo».

Denuncia ante el Consejo de la Magistratura

Mientras, Lácteos Vidal presentó esta semana una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investigue a los jueces que actuaron en la causa y se determine si su desempeño configuran causal de mal desempeño y/o delito.

En la denuncia, presentada por el abogado Eduardo Darriba, se cuestiona que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a cargo de los jueces Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, “se arroga la facultad de usar discrecionalmente” la prohibición de los recursos de apelación de Lácteos Vidal porque “se arrogan la potestad de ver qué recursos conmueven la inapelabilidad legalmente dispuesta, y lo peor de todo es que lo dicen expresamente una y otra vez”.

“Los jueces no están facultados para decidir cuándo se aplica un artículo de una norma procesal y cuándo no, menos si no declaran la inconstitucionalidad del mismo y menos aún si utiliza dicho argumento de maneras diferentes según se trate de una u otra parte del proceso”, se afirma en el escrito de la pyme.

La denuncia también sostiene que el juez Ramonet acompañó la intención del gremio de “forzar” la reincorporación de los trabajadores despedidos, exigiendo el pago de astreintes diarios por cada trabajador cesanteado, decisión que fue apoyada en cada instancia por la Sala IX de Apelaciones.

“En concreto, no estamos haciendo una denuncia por el contenido de las sentencias ni por lo decidido por los jueces sino que la estamos haciendo porque no se aplicó la ley que debía aplicarse al caso y cuando se lo hizo fue para perjudicar sólo a una de las partes”, se afirma en la presentación de la pyme.

En el texto de la denuncia se agrega que los jueces, “al actuar de la manera en que lo hicieron, violaron la igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, constituyendo eso una flagrante causal de mal desempeño y/o directamente la comisión del delito de prevaricato pues a sabiendas dictaron resoluciones contrarias a la ley expresa».