El Gobierno nacional avanza en una reforma previsional, aunque el proyecto será presentado recién luego de las elecciones legislativas. Esto es algo que confirma cada vez que puede el ministro de Economía, Luis Caputo, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En este contexto, Fernando Bearzi fue designado como nuevo titular de la ANSES, siendo el tercer funcionario en asumir ese cargo durante la gestión de Javier Milei, tras las salidas de Osvaldo Giordano y Mariano de los Heros.

El desplazamiento de De los Heros respondió a su declaración pública sobre una eventual suba en la edad jubilatoria, una medida que el Gobierno busca comunicar de manera planificada. En tanto, Caputo sostuvo que la reforma será parte de un paquete más amplio que incluye modificaciones laborales y tributarias.

En esa línea, Milei reiteró que cualquier ajuste al sistema previsional debe estar precedido por una reforma laboral integral.

Suba de la edad jubilatoria y compromiso con el FMI

Uno de los principales objetivos de la reforma será elevar la edad de retiro. Actualmente, los hombres pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60. La expectativa oficial es equiparar y extender esa edad hasta los 70 años a partir de 2030, en función de la creciente esperanza de vida.

Según datos oficiales, la expectativa de vida para los hombres en Argentina aumentó de 65 a 76 años en los últimos 40 años, y cada vez más adultos mayores superan los 80 años.

La propuesta oficial plantea una suba gradual: en 2027, la edad jubilatoria sería de 66 años para los hombres y 62 para las mujeres; en 2028, 67 y 64 respectivamente; y en 2029, 68 para hombres y 66 para mujeres. Esta progresión culminaría en una edad común de 70 años en 2030.

La medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y forma parte de los compromisos firmados con el FMI.

Objetivos fiscales, programas sociales y un nuevo registro único

El acuerdo con el Fondo incluye una revisión integral del sistema de jubilaciones y pensiones, con plazo de implementación hasta diciembre de 2026. Se prevé una simplificación del sistema actual, la mejora en la relación entre aportes y prestaciones, y una mayor eficiencia fiscal.

En paralelo, el Gobierno mantendrá programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, con la meta de sostener el 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante toda la duración del programa. También avanzará en la implementación de un Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para mejorar la focalización de la asistencia social y centralizar la información en un registro único, con fecha límite diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe técnico del FMI, la reforma previsional será la tercera y última de una serie de reformas estructurales que también incluyen cambios en los sistemas laboral y tributario. El Fondo indicó que la iniciativa apunta a mejorar la equidad, sostenibilidad y eficiencia del sistema actual, así como a fomentar la formalización del empleo.

El Ejecutivo también avanzará en cambios impositivos y laborales previos, como la simplificación de relaciones laborales y la reducción de la informalidad, que afecta a aproximadamente tres de cada diez trabajadores. La estrategia general responde a los compromisos fiscales asumidos con el FMI, que incluyen mejorar la eficiencia del sistema tributario, fortalecer el esquema de coparticipación y garantizar la viabilidad del sistema previsional.

Fin de la moratoria previsional y debate parlamentario

En consonancia con la nueva orientación del Gobierno, se dispuso la eliminación de la moratoria previsional vigente. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que este instrumento fue concebido como una medida excepcional y que su extensión en el tiempo terminó afectando la coherencia y sostenibilidad del sistema. Aun así, sigue vigente la posibilidad de regularizar aportes para quienes estén a menos de diez años de la edad jubilatoria.

Desde su implementación en 2022, la última moratoria permitió acceder a un beneficio jubilatorio a 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres. Actualmente, el 54,6% de los jubilados y pensionados del SIPA accedieron mediante algún esquema de moratoria. A diciembre de 2024, el gasto mensual en estos beneficios fue de $1.398.726 millones, equivalente al 2,57% del PBI.

Proyectos alternativos en el Congreso

Mientras tanto, distintas fuerzas políticas presentaron proyectos para reformar el sistema previsional. Entre ellos, se destacan las propuestas de Agustín Domingo y Alejandra Torres para un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con criterios de proporcionalidad según aportes realizados.

La diputada Danya Tavela presentó un proyecto para permitir el acceso de mujeres a la PUAM desde los 60 años y otro para crear una Prestación Proporcional que contemple aportes parciales entre 10 y 29 años. En una línea similar, Nicolás Massot propuso una fórmula que ajuste la prestación según los años de contribución, mientras que la Coalición Cívica planteó un incremento del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo, además de un ajuste extraordinario del 12,5% vinculado a la inflación. El kirchnerismo, por su parte, impulsa una prórroga por dos años de la moratoria previsional, mientras que otros sectores del mismo espacio proponen extenderla por diez años. Además, presentaron un proyecto para incrementar las jubilaciones y pensiones en un 15% de forma excepcional y actualizar el bono de $70.000 a $131.622.

Especialistas en temas previsionales expusieron en la Cámara de Diputados y coincidieron en que el sistema actual enfrenta problemas de equidad, sostenibilidad y eficiencia. Rafael Rofman (CIPPEC) señaló que el sistema es costoso y desigual, mientras que Adrián Troccoli advirtió que muchos beneficiarios perdieron la mitad de su haber en los últimos siete años por efecto de la inflación.

Desde el ámbito judicial, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró inconstitucional la ley 27.609, que rigió entre enero de 2021 y junio de 2024, al considerar que no se preservó adecuadamente el poder adquisitivo de los jubilados. El fallo ordenó aplicar una nueva fórmula de ajuste basada en un 50% del IPC y un 50% del RIPTE.

En paralelo, la Cámara Federal de la Seguridad Social pidió a la Corte Suprema suspender los plazos procesales por 90 días ante el colapso por la cantidad de juicios previsionales: se estima que hay unos 270.000 expedientes, de los cuales 90.000 ya cuentan con sentencia firme.

Propuestas para reformular el sistema contributivo

Frente a la alta informalidad laboral y la baja densidad de aportes, varios economistas sugieren abandonar el requisito de 30 años de aportes. Jorge Colina (IDESA) propuso calcular el haber inicial según los años efectivamente aportados, mientras que Manuel Mera (CIPPEC) destacó que la mitad de quienes aportan no llegarán al mínimo requerido.

Nicolás Dvoskin (IADE) subrayó que el sistema es de tipo semi-contributivo, ya que gran parte de su financiamiento proviene de impuestos generales y no de aportes. También planteó que, sin moratorias, la pobreza en adultos mayores se triplicaría. No obstante, coincidió en que se trata de una solución transitoria a un problema estructural.

Para mayo, se espera un reajuste del 3,73% en las prestaciones previsionales, llevando el haber mínimo a $296.482 y el máximo a $1.995.041. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema sigue siendo objeto de debate. La elevada informalidad, el envejecimiento de la población y las restricciones fiscales plantean desafíos que el Gobierno deberá abordar en el marco de una reforma estructural que aún no tiene fecha definitiva, pero que ya forma parte de la hoja de ruta oficial.