POLITICA
Interna en el Gobierno: recrudecieron las diferencias por la estrategia política y se espera que Milei baje el martillo
El martes, en la Casa Rosada, se dio una escena peculiar. Cuando terminó la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, bajaron a las oficinas de Guillermo Francos todos los “brazos políticos” de Javier Milei: el ministro coordinador, Karina Milei, Martín y “Lule” Menem y Santiago Caputo. Distintos colaboradores en la sede de gobierno dieron por hecho que tendría lugar una nueva cumbre de cúpula política, como ocurre con frecuencia casi semanal. El despacho del vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, que mira al río, es habitual punto de encuentro para discutir los cursos de acción y fumar. Pero los tomadores de decisiones oficiales finalmente pulularon por el área sin concretar un cónclave formal cara a cara.
Ese fue el preludio de la adversa sesión que enfrentaron los libertarios en Diputados el miércoles y que expuso, como nunca, las profundas diferencias de visión política que anidan en el seno del Poder Ejecutivo entre el “menemismo” −más propenso a la intransigencia y a “ir con la propia”− y el “caputismo” −que propone una base de acuerdos de “gobernabilidad” en el Congreso−.
En principio, no se vislumbra un escenario de concordia entre los dos campamentos. No está ni el ámbito ni el ánimo para la deliberación interna, como se vio el martes en la Casa Rosada. “No hay mucho para hablar”, reconocen testigos del vínculo entre Caputo y los Menem. Estos últimos, en la práctica, son los que se quedaron con la lapicera de la estrategia electoral por mandato de Karina Milei. Lo curioso por estas horas es que en ambos bandos interpretan de manera diferente cuál es la voluntad de Javier Milei. Del “uno”.
El resultado de la jornada en Diputados fue malo para el Gobierno, aunque podría haber sido mucho peor si no mediaba el bochorno protagonizado por un grupo de diputadas de Unión por la Patria y los libertarios José Luis Espert y Juliana Santillán. Una pelea a los gritos hizo que se cayera la sesión especial por falta de quorum y finalmente no se discutió ni la baja en las retenciones (proyecto que los kirchneristas no querían tratar) ni la reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (que no querían ni la Casa Rosada ni los K). Pese a las sospechas del resto de los bloques, la escena no estuvo orquestada. No hubo nada “acorde al plan”.
Pero el debate alcanzó para que se expusiera con claridad el nuevo paisaje político que enfrenta el Gobierno. Diputados de bloques variopintos que han sido aliados del oficialismo, esta vez le dieron la espalda a La Libertad Avanza (LLA). No solo colaboraron con el quorum de la sesión. Muchos de ellos apoyaron los emplazamientos para que el oficialismo abra las comisiones y trate dos proyectos adversos para la Casa Rosada: el que declara la emergencia en la salud pediátrica (impulsado por el conflicto en el Hospital Garrahan) y el que prevé un nuevo financiamiento de las universidades.
Un crisol de aliados mostró los dientes. Desde la libertaria Marcela Pagano hasta un grupo de legisladores de Innovación Federal, el bloque que responde a los oficialismos provinciales y que solía acompañar al Gobierno. Desde el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio, que busca un acuerdo electoral con LLA en Entre Ríos), hasta los radicales “peluca”, Mariano Campero y Martín Arjol.
Escenario
No es difícil atribuir el malestar de los aliados. El Gobierno no solo está rechazando el planteo que hicieron los 24 gobernadores en pleno para que Nación baje recursos a las provincias a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El armado electoral de LLA en las provincias viene siendo muy tacaño con los aliados de otros partidos y, por ahora, la cúpula libertaria está descartando cerrar acuerdos electorales con la mayoría de los gobernadores amigables, como se vio días atrás en Corrientes.
No hay plata. No hay lugares en las listas. No hay.
Este panorama enfrentó más que nunca las dos visiones que conviven en el Gobierno. Los Menem y los armadores territoriales que responden a Karina Milei son partidarios de fortalecer un entramado territorial violeta puro (es decir, prefieren “ir con la propia” y disputarle el poder en todos los rincones del país). Y el ala que responde a Santiago Caputo clama por tejer una serie de acuerdos políticos que resigne casilleros locales en pos de garantizar gobernabilidad y potencia en el Congreso Nacional.
Lo que está en duda es si se va a avanzar en alianzas, o no, con los oficialismos provinciales en distritos como Entre Ríos, Chaco, Salta o Río Negro (que este año eligen senadores). Para ello, LLA debería no correr en algunas provincias a nivel distrital en pos de sumar más bancas en la elección nacional. “Lo que no se paga con billetera, se paga con política”, dicen los “acuerdistas”. En el mismo sentido, hay diferencias sobre cómo tramitar la “generosidad” con Pro y con parte del radicalismo bonaerense.
Lo que se viene
El contrapunto en el Gobierno traerá consecuencias en dos períodos temporales: de acá hasta que cambie la composición de las Cámaras en diciembre y desde diciembre hasta que termine el mandato.
El Asesor presidencial Santiago Caputo en los balcones del recinto, lo acompaña El Gordo Dan, Daniel ParisiniRodrigo Nespolo
“El mayor riesgo es que nos peguen un tiro, por ejemplo con la ley de jubilaciones, que ya tiene media sanción, que no nos acompañen en el veto y que nos entre la bala”, dijo un colaborador que trabaja cerca de Caputo. “Pero también es posible que zafemos. Y que lleguemos a octubre sin cimbronazos y sin pagarle nada a nadie. El resultado de las elecciones va a ser positivo para el Gobierno porque vamos a sumar manos en el Congreso. El problema es la magnitud del triunfo y qué objetivo estamos persiguiendo”, agregó. Y remató: “¿Vamos a ampliar nuestros bloques, o vamos a tener las manos suficientes para defender decretos y vetos y para hacer las reformas de fondo (la previsional, la tributaria y la laboral)? Eso depende de la inteligencia electoral que tengamos ahora”.
En el “menemismo” aseguran que no había contención política posible en la sesión de este miércoles, en plena temporada electoral y con una Cámara tan atomizada. “Tenemos la restricción política de siempre y esto fue, desde el día uno, ley por ley. Estos problemas en las sesiones iban a pasar en un Congreso tan fragmentado. Más aún con un tema tan sensible como el Garrahan. Se simplifican cosas que son complejas”, retrucan.
Del lado de los Menem y de los armadores aseguran que el Presidente ya fue claro y que su consigna es “no arreglar con la casta”. “Si uno mira lo que el oficialismo debería entregar, eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana”, señalan en el bando de los “territoriales”. Y agregan: “Todo esto va a cambiar en octubre, con el resultado electoral puesto”.
Otra versión indica que a comienzos del año hubo un mandato que bajó desde Milei y al que suscribieron Santiago Caputo pero también Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo −actor fundamental en la trama− que indicaba que había que mostrar el látigo y defender la propia, pero garantizar los acuerdos necesarios para “asegurar el Congreso”. Tanto para evitar traspiés serios que pudieran afectar el déficit fiscal como para, más adelante, hacer pasar las reformas de fondo (que no asomarán en papel hasta el 2026). “Esta cuestión de estrategia ya se discutió arriba cuando estábamos de cara al acuerdo con el FMI”, aseguran en ese sector.
Con este panorama, hay quienes esperan que sea el Presidente el que vuelva a bajar el martillo en uno u otro sentido, antes de que sea muy tarde. Milei suele tener una actitud de prescindencia en los conflictos entre tribus que se dan debajo suyo. Siempre interviene lo mínimo indispensable. “Solo cuando ve que el escenario es más negativo que positivo”, describe un colaborador que lo conoce bien. Y agrega: “Javier tiene ese estilo de conducción… Pero nunca defrauda”.
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La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.
La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.
Sospechas de un “proveedor oculto”
La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.
Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.
Chats, audios y un nombre clave
El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.
Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.
Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.
Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.
También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.
Cambio de juez y prueba clave
El juez federal, Ariel Lijo.
El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.
El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.
Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.
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POLITICA
El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a .
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
traspaso,salda una deuda de 30 años,Cecilia Devanna,Reforma laboral,Javier Milei,Justicia,Conforme a,Reforma laboral,,Frente sindical. Uno de los jefes de la CGT sostuvo que “están dadas las condiciones” para un paro general,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Con la IA. Cuál es el sacudón en el mercado laboral que predice Bill Gates
POLITICA
“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral
En la Cámara de Diputados se vivió un episodio de máxima tensión cuando Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, señalándolo como instigador de los disturbios ocurridos en la movilización previa al debate por la reforma laboral. El cruce se desarrolló en el contexto de la sesión donde se analizaba la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad, lo que incrementó la expectativa y el ruido político dentro del recinto. El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó directamente contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según describió, terminaron en episodios violentos.
El diputado Ardohain calificó de “preocupante y lamentable” el rol de ciertos referentes políticos en las protestas. Planteó que la participación de legisladores en la vía pública, donde se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales, resulta incompatible con la responsabilidad institucional. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, enfatizó el legislador, y convocó a sus pares a defender la institucionalidad y el sistema democrático ante lo que consideró intentos de alterar el orden público.
La intervención de Ardohain se extendió algunos minutos y generó murmullos entre los presentes, especialmente en los bloques opositores. El diputado sostuvo que lo sucedido la jornada anterior no solo afecta a la imagen del Congreso, sino que pone en cuestión los límites entre la representación política y la protesta social. Además, recalcó la importancia de mantener la separación entre funciones parlamentarias y activismo callejero.
Frente a estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra con un tono desafiante y rechazó cualquier señalamiento de instigación a la violencia. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó Grabois, en una réplica que buscó desacreditar la postura de Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y desafió abiertamente a Ardohain a que, si contaba con pruebas, presentara una denuncia penal en su contra.
Grabois, en una intervención cargada de críticas, defendió la legitimidad de las protestas y denunció que la represión posterior fue dirigida contra jóvenes y militantes. Remarcó que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino que se apunta contra los manifestantes, profundizando así el contrapunto con el oficialismo. Sus dichos generaron nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.
El legislador también vinculó la discusión en curso con el debate por la reforma laboral, advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia. Además, lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que generó un clima aún más tenso y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más intensos desde el inicio de la sesión.
La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques respecto al papel de los representantes en la calle y el límite entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional. El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral continuó en un ambiente enrarecido, con la atención puesta en los alcances que puedan tener las denuncias cruzadas.
El contexto general de la sesión estuvo atravesado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La tensión en la Cámara se reflejó tanto en los discursos como en los gestos, evidenciando la profundidad del conflicto político y social en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno.
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