POLITICA
En medio de la tensión por fondos clave, Milei se encontrará con algunos gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio

El presidente Javier Milei viajará este martes a San Miguel de Tucumán, donde estará presente en la vigilia y el acto por el Día de la Independencia. Desde Nación cursaron invitaciones a diversas provincias, esperando poder mostrar un escenario de avenencia en medio del tenso clima que hay con los gobernadores. Un segmento grande de ellos impulsa una sesión en el Senado para aprobar iniciativas que representa un desafío fiscal para el Gobierno.
Milei tendrá su principal movimiento de agenda pública este martes por la noche, cuando viaje junto a su gabinete ministerial (no fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel) a la provincia de Tucumán para estar presente en los festejos por el 9 de Julio.
Se espera que el avión presidencial arribe a las 22 horas y se vuelva a la 1 de la mañana del otro día, una vez finalizado su discurso frente a la Casa Histórica de la Independencia. El miércoles presidirá un acto en el Campo Argentino de Polo con bandas militares.

Todo parece indicar que se volverá a repetir el escenario que exactamente un año atrás se dio en Tucumán para la ceremonia del Pacto de Mayo, el conjunto de lineamientos propuesto por la Nación a las provincias que sirvieran de “un punto de inflexión” y de rumbo para el país.
En ese entonces, Milei consiguió que se acercaran y firmaran 18 mandatarios subnacionales. Meses más tarde lo hizo el santacruceño Claudio Vidal. Solo cinco gobernadores, los más intransigentes en su relación con el oficialismo, nunca la rubricaron: Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Sergio Ziliotto y Gildo Insfrán.
Infobae supo de que la Nación cursó invitaciones formales a diferentes provincias para invitarlos al acto patrio. El Gobierno no tuvo demasiado tiempo para planificar la logística protocolar del asunto, los esfuerzos estuvieron centrados en la semana pasada con el arribo de los jefes de Estado del Mercosur y el primer ministro de la India, Narendra Modi.
Hasta la publicación de este artículo se habían mandado algunas invitaciones y solo unos pocos habían confirmado. Lógicamente, el local Osvaldo Jaldo estará en la ceremonia. También será el caso del misionero Hugo Passalacqua y de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
El listado de presentes sería más largo, pero muchos mandatarios ya habrían avisado que esta vez no irán. En su mayoría, alegan que tienen otros actos ya comprometidos en sus distritos y que no podían faltar. Uno prefirió ser más sincero: “Ya me morí de frío una vez, no lo voy a hacer dos veces”. Este gobernador no olvida las temperaturas cercanas a los 3 °C que llegaron a haber durante el acto del año pasado, que los tuvo dos horas a la intemperie en pleno invierno.

Cualquiera sea la composición del auditorio, Milei hablará en la madrugada del miércoles con la posibilidad de que, al día siguiente, el Senado trate una batería de iniciativas impulsadas por la oposición, todas pudiendo tener impacto en términos fiscales para el Gobierno: como la sanción de los aumentos jubilatorios y de discapacidad, así como la media sanción de las iniciativas propias de los gobernadores.
La ejecución y distribución del gasto es el eje central del conflicto que actualmente tienen la Nación y las provincias.
Hace algunas semanas comenzó una suerte de “rebelión” de los gobernadores, quienes, cansados del destrato y con las cuentas provinciales en crisis (por la falta de envío de los Aportes del Tesoro y la falta de inversión en obra pública), impulsaron en el Senado dos proyectos: la distribución de los ATN y un reparto más equitativo del impuesto a los combustibles líquidos.
Para Milei la historia es distinta. Afirma que el ancla fiscal es clave para mantener la marcha del programa económico y, además, indica que si los gobernadores no tienen dinero en sus arcas es porque no se ajustaron lo suficiente.
“Hace un año gran parte de los Gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, afirmó días atrás Milei en un evento partidario de La Libertad Avanza, catalogando a las gestiones de los gobernadores como “la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse”.
Un gobernador aliado a los libertarios se sinceraba con este medio y afirmaba que no iba a poder frenar aquellas iniciativas si la mayoría de sus pares daban la luz verde para que se traten en el Congreso. “La mayoría no está en excelentes términos con el Gobierno”, afirman.
Las provincias le dieron una última oportunidad al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el martes pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La contraoferta que esgrimió resultó insuficiente. En la previa, en el Gobierno habían dicho que buscaban tentar a los gobernadores; pero luego se desdijeron.

“Guberman se dio cuenta de que ceder a los pedidos de los gobernadores significaba perder el equilibrio fiscal, no les vamos a poder dar nada tentador en el corto plazo”, dijeron altas fuentes de la Casa Rosada. De esa reunión, en el CFI trascendió que el funcionario libertario les dijo “la caja cruje”. No hay acuerdo por el momento.
Milei tiene muy presente el panorama en el que se encuentra. Hubo ocasiones similares en las que primó un instinto de preservación y buscó llamar a la concertación. En otros casos, prefiere que impere uno de sus diez mandamientos del Decálogo de Acción Mileista: “Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro”.
Funcionarios que conocen a la perfección al Presidente afirman que los gobernadores “ladran, pero no muerden”, y que “si muerden tendrán respuesta”.
Aun así, no se descarta que Milei pueda llamar a los mandatarios provinciales a una suerte de reunión en la Casa Rosada. Es algo que también se esperaba que pudiera hacer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para la semana próxima. Todavía se desconoce con qué tono encarará su discurso del miércoles o si puede haber el llamado a un nuevo diálogo.
A más de un año de haber sido anunciada, el Gobierno inauguró el mes pasado el denominado Consejo de Mayo, un cuerpo multisectorial que tiene por objetivo acordar las reformas estructurales del Pacto de Mayo. La próxima reunión será el 20 de julio en la Casa Rosada.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Schiaretti faltó a la sesión: “no pudo viajar por el paro”, justificaron

CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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jorge sola
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