POLITICA
Procesaron al ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros

El juez Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por la causa Seguros y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. Es por la firma del decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.
El procesamiento es por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor.
En un fallo de más de 400 páginas, Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.
“Hecky” aprovechó como pocos el paso de su amigo Alberto Fernández por la Casa Rosada. Desde el comienzo del escándalo, intentó despegarse del expresidente, pero la filtración de los chats reveló que visitaba a Fernández en la quinta de Olivos, sin dejar rastros, y que utilizaba a su pareja para abrir puertas en reparticiones oficiales, tal como reveló este medio.
El poder lobby se traduce en los números: Martínez Sosa y sus “satélites” cobraron $2.297.820.134, casi el 60% de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023.
Durante el gobierno de Fernández, la empresa Martínez Sosa acumuló contratos con 19 organismos públicos y recibió $366.635.744 en comisiones. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.
La cifra crece a $ 416.546.348 si se suman las comisiones cobradas en 2024.

Casanello también procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
En el listado también aparecen Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES, y Federico D’Angelo Campos, que también estuvo a cargo del FGS.
En cambio, Casanello dictó la falta de mérito de los empresarios Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Hernán Alejandro Beretta, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Ricardo Mauricio Clement, y Laura Elena Crisafulli.
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.

Una prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.
¿Por qué le facturaba? Los abogados de ambas partes aseguran que Martínez Sosa recibía un informe que elaboraba Fernández de la coyuntura política y económica. No era el único cliente del ex prsidente. En esos listados aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, vinculado a la acusación contra Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.
Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.
La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.
La causa por la que será indagado Cleri es una deriva de lo que se conoció como la “pista Milman”: 23 días después del ataque a la expresidenta, Abello -que por entonces era asesor de Cleri- se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que, dos días antes del ataque, había escuchado decir al diputado de Pro Gerardo Milman decir en un bar frente al Congreso la siguiente frase: “cuando la maten, estoy camino a la costa”, en presunta alusión a Cristina Kirchner.
No hubo testigos que pudieran ratificar la veracidad de esos dichos, que eran el sostén del caso, y la jueza Capuchetti terminó por archivar la investigación contra Milman. En paralelo, se abrió esta otra causa que puso bajo la lupa a Abello por presunto delito de falso testimonio. Comenzó a tramitar en el Juzgado Federal 11, pero el juez Sebastián Casanello, a cargo en ese entonces del juzgado, declaró la incompetencia por conexidad y el expediente acabó en el juzgado de Capuchetti.
El exasesor Abello fue indagado por la jueza en octubre, pero su situación procesal no fue resuelta aún. Interviene la fiscalía de Carlos Rívolo.
En la declaración de 2022 por la que se lo hoy se lo investiga en Comodoro Py, Abello sostuvo también que el día del ataque a la expresidenta, recordó lo que había escuchado en el bar por boca de Milman y le envió un mensaje de texto a su jefe Cleri para ponerlo en autos. Ese contacto, sin embargo, no pudo ser corroborado por los peritajes que la Justicia realizó en el teléfono de Cleri.
Capuchetti, confirmada
La Cámara Federal ratificó a la jueza al frente del caso, al rechazar este jueves una recusación en su contra, presentada por la defensa de Abello.
En su escrito, el defensor de Abello, Federico Paruolo, sostuvo que María Eugenia Capuchetti no debía intervenir en el caso, ya que el presunto falso testimonio habría sido prestado ante su propio juzgado, lo que -según el planteo de la defensa- podría convertirla en “sujeto pasivo” del hecho investigado.
El juez Leopoldo Bruglia sostuvo sin embargo que las hipótesis delictivas de esas dos causas difieren y que la jueza no es damnificada personal. “La actuación de la magistrada de grado no encuadra en el supuesto de apartamiento”, señaló.
Con la recusación resuelta por la Cámara, se allana el camino para que se resuelva la situación procesal de Abello.
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
El comunicado del Gobierno tras la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

Una detonación registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina alteró la jornada de este viernes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando alarma y una rápida respuesta de los organismos de seguridad. La explosión, ocurrida a las 13.49 horas en el piso once del edificio situado en Avenida Paseo Colón 533, tuvo lugar mientras integrantes de la fuerza manipulaban una encomienda que permanecía almacenada desde hacía meses en la institución, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.
La situación derivó en lesiones para dos efectivos, quienes fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambos se encuentran fuera de peligro, según precisaron fuentes oficiales, mientras un tercer agente continúa en recuperación y evoluciona favorablemente. El hecho impactó de inmediato en la rutina del edificio y las inmediaciones, donde se dispuso la evacuación preventiva de 320 personas: 120 pertenecientes a la sede de Paseo Colón 533 y 200 al inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.
El operativo de seguridad se desplegó a lo largo de la cuadra, con la intervención de bomberos, personal policial y equipos de emergencia. La zona quedó bajo custodia mientras expertos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina iniciaron las tareas periciales. Este cuerpo especializado, reconocido como el más calificado en el país para el análisis y desactivación de artefactos explosivos, se abocó a la recolección de pruebas y al estudio del dispositivo que originó la explosión.

De acuerdo con la información oficial, la encomienda que detonó habría sido recibida aproximadamente cuatro meses antes del incidente y permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la escuela. Fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron a Infobae que el paquete contenía un artefacto explosivo, lo que orienta la investigación hacia la hipótesis de un ataque dirigido. El comunicado oficial remarcó que la causa quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien coordina el análisis judicial y la labor de las fuerzas intervinientes.
El procedimiento incluyó la evacuación ordenada de todos los ocupantes del edificio afectado y del lindero, así como la restricción del acceso a la vía pública en el perímetro inmediato. El SAME, junto a la Policía de la Ciudad, dispuso ambulancias y asistencia médica en el lugar para atender a los lesionados y brindar contención al personal. Los heridos fueron estabilizados y trasladados al hospital, donde permanecen en observación, sin que su vida corra riesgo.
Las primeras pericias realizadas por la DUIA se concentraron en identificar la composición y el mecanismo del explosivo. Este equipo técnico cuenta con experiencia específica en intervenciones de alto riesgo, análisis de dispositivos y desactivación de materiales peligrosos. La investigación busca determinar la procedencia del envío, la autoría y el posible móvil detrás del hecho, así como establecer si existieron antecedentes de amenazas o hechos similares en la dependencia.
El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que continúa trabajando de manera conjunta con la Justicia y las fuerzas policiales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona. Fuentes oficiales señalaron que se reforzaron los controles de ingreso y los protocolos de manipulación de paquetería en todas las dependencias vinculadas al Ministerio y otras fuerzas federales, como medida preventiva tras el incidente.
La noticia generó preocupación en el ámbito de la seguridad nacional, dada la ubicación estratégica de la Escuela Superior de Gendarmería y el carácter inusual del episodio. Las autoridades evitaron brindar detalles sobre los posibles destinatarios del paquete o sobre perfiles sospechosos, en tanto la investigación judicial se encuentra en etapa preliminar. El caso se mantiene bajo secreto de sumario, mientras los expertos continúan con el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar de la explosión.
De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, las tareas de peritaje y rastreo de correspondencia recibida en la escuela se intensificaron en las últimas horas. El Ministerio de Seguridad remarcó su compromiso con el esclarecimiento del hecho y el acompañamiento a los efectivos afectados, al tiempo que pidió colaboración a quienes puedan aportar información sobre la encomienda detonada.
El episodio no solo activó los protocolos de alerta en la Gendarmería Nacional Argentina, sino que movilizó a distintos organismos de seguridad en la capital, ante la posibilidad de que se trate de un hecho aislado o parte de una amenaza mayor. Las autoridades permanecen atentas a nuevos indicios y reiteraron que toda información relevante será comunicada oficialmente en la medida en que avance la investigación.
POLITICA
Dura crítica de Villarruel al modelo económico de Milei: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei. Después de que el Gobierno consiguiera avanzar con el proyecto de reforma laboral en el Congreso, Villarruel salió criticar con dureza el modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que ya provoca un impacto en la industria nacional.
La excompañera de fórmula de Milei se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones.
Para Villarruel, esa decisión “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.
En otro capítulo de la ruptura entre el Presidente y su vice, la titular del Senado fijó su posición en medio de la pelea de Milei contra Paolo Rocca, CEO de Techint, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y de Aluar; o los empresarios textiles, por las consecuencias de la apertura comercial.
Dicho de otro modo: Villarruel sugirió que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial.
“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social “X”.
En su mensaje, Villarruel advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.
“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.
De la misma manera que decidió subirse a la pelea con Rocca, por la compra de tubos de acero a una firma de origen indio para ser usados en el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, Milei volvió a confrontar esta semana con uno de los empresarios más importantes del país para defender su modelo económico.
En las redes, respaldó los tuits de militantes libertarios en los que acusaban a Madanes, un peso pesado en el denominado “círculo rojo”, de haber sido un “fan” de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio interior, “un amante de los gobiernos kirchneristas” y un “defensor del cepo cambiario ad infinitum”.
La mayoría de los tuiteros de LLA apeló al mismo argumento para criticar a Madanes por el cierre de la fábrica de Fate en San Fernando: dijeron que la “casta” empresarial no está dispuesta a competir y presiona al Gobierno para mantener la ayuda o “prebendas” del Estado. Milei avaló esos ataques en sus redes. Fue después que ordenara que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos.
En la Casa Rosada niegan que haya una crisis industrial y machacan con que los empresarios deben bajar los costos y competir. No obstante, en los últimos meses, al menos 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales, según consignó .
A raíz del conflicto con Rocca, a quien apodó “Don Chatarrín” y llegó a acusar de haber participado de un supuesto plan para “terminar” con el Gobierno de LLA, el Presidente retomó su batalla contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.
“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó hace tres semanas desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest.
Luego, a través del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la Casa Rosada se enfrentó contra los textiles. “Nunca compré ropa en Argentina”, lanzó Caputo, para sostener su tesis de que el proteccionismo “perjudica a los que menos tienen”.
pic.twitter.com/rijHfl3Fgx,February 20, 2026,consignó,Conforme a
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