Desde que comenzó el ciclo electoral, que terminó con el triunfo de Javier Milei, la Argentina está en un proceso de reconfiguración de su sistema político. El modelo bajo el cual se organizaba la política a partir del ascenso del kirchnerismo y la formación de Juntos por el Cambio en torno al Pro, entró en crisis. No se sabe cuál será la nueva configuración. De lo único que se tiene certeza es que aproximadamente desde mediados del año pasado, tras la aprobación de la Ley Bases y con otras novedades, como el comienzo de la baja significativa de la inflación, en la Argentina se estableció el liderazgo de Javier Milei. Hasta aquel momento estaba en duda si iba a constituirse un centro de poder.

Hoy Milei es un líder que puede indicar hacia dónde puede ir y tiene lo necesario para lograrlo también. Más allá de ese cambio, que fue significativo en un momento de grandes incógnitas, aparece un interrogante que no está despejado: además de un líder, ¿la Argentina va a contar con un oficialismo? ¿Con una fuerza organizada alrededor del Gabinete pero con proyección sobre el Congreso? ¿Con una fuerza con capacidad de producir algunas reformas y defenderse de otras que lanzan desde la oposición?

Es una pregunta pendiente que se podrá responder después de las elecciones de este año, cuando se tengan ya los resultados de octubre. Quedó dramáticamente planteada cuando el Senado aprobó la semana pasada un conjunto de iniciativas que afectan el núcleo del programa de este Gobierno: la política fiscal. En términos metafóricos, la motosierra, la idea de un gran ajuste en el gasto que permita alcanzar un equilibrio fiscal.

Esto es lo que puso en tela de juicio el avance de varias iniciativas y, sobre todo, de un proyecto cuyos autores fueron los gobernadores y que pretendía repartir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) copiando los porcentajes con los que se distribuye la coparticipación de impuestos.

Hay una respuesta que todavía no tenemos: ¿dónde empieza y dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? De esta incógnita depende que Milei pueda llevar adelante las reformas que se requieren para que en la Argentina haya inversión externa directa y flujo de dólares. Es muy difícil imaginar de dónde vendrán los fondos que necesita el país, que son importantes cuando hay un déficit en la oferta de dólares, cómo ha habido históricamente. Allí, en ese déficit, han anidado las sucesivas crisis económicas.

El paquete legislativo incluyó una reforma en el régimen de subsidios por discapacidad y un aumento en las jubilaciones, dos iniciativas que tomó la oposición en el Congreso para también tratar, y disimular, un reparto de recursos para las provincias en detrimento de la Nación.

El aumento en los haberes jubilatorios es un tema importante. Si uno se detiene en encuestas que indagan qué tiene en la cabeza la gente respecto del gobierno de Javier Milei, la política previsional está en el centro. Un trabajo de Casa Tres de Mora Jozami define que la peor medida llevada adelante por el Ejecutivo es el recorte a los jubilados. Detrás, pero de manera más diluida, aparecen el aumento de tarifas, la confrontación permanente y la devaluación. El gran tema del que debe defenderse Milei y la Libertad Avanza es el trato que reciben los jubilados, del mismo modo que los grandes activos del Gobierno son la baja de la inflación y la motosierra, como exhibe otro estudio elaborado por Jozami.

El estudio permite hacer una caracterización gruesa del oficialismo de Milei: la política jubilatoria es lo más negativo y la política de precios lo más positivo. Hoy cuenta con otro motivo que respalda este último punto. Este lunes se conoció el porcentaje de inflación de junio, que cerró en 1,6% y se mantiene a la baja. La administración Milei tiene este retroceso de la inflación como único objetivo para las elecciones de octubre. Toda la política económica está orientada a alcanzar este objetivo.

Existe una explicación objetiva para que la política previsional se haya convertido en el aspecto más repudiable de la gestión de Milei. Un gráfico confeccionado por Fernando Marull muestra la evolución de la jubilación mínima -sin considerar bonos- desde diciembre de 2017 hasta junio de 2025, durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Si nos detenemos en la etapa Fernández, la jubilación mínima pasó, a pesos de hoy, de $490.000 a $280.000. Para ser justos, hay que responsabilizar también a Sergio Massa, quien se jactaba de ser el abanderado de los jubilados.

De haberse aplicado las fórmulas jubilatorias de Macri o Fernández la jubilación estaría entre los $454.000 y los $459.000. Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, Milei aplicó su propia forma, que no incorpora la inflación de diciembre, y que llevó la jubilación a alrededor de $309.000. ¿De dónde surge la diferencia? Las otras dos fórmulas incorporaban, o hubieran incorporado, inflaciones altas de varios meses atrás. La nueva fue introducida cuando el antiguo cálculo empezaba a beneficiar a los jubilados. Se produjo un pequeño recupero y luego se aplanó. Este es el ajuste en el haber de los jubilados al que ahora el Senado, con el impulso de los gobernadores, pretende agregar un 7,2% y llevarlo a $326.000. Es mucha plata en términos del gasto que le produce a la Anses, pero en términos de lo que le reporta a los jubilados, es mínimo.

En aquella diferencia reside el malestar que explica que en la encuesta de Mora Jozami la política más rechazada del gobierno de Milei sea el ajuste a los jubilados. Por eso también se vuelve más irritante y más repudiable que en las manifestaciones de queja frente a este recorte haya, además, represión.

Estamos entonces frente a un problema político importante, que es el deterioro en las jubilaciones que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández y que el gobierno de Milei no se dispone a reparar. Es más, planean vetar la aprobación de esta ley en el Congreso. El veto es desagradable.

Una encuesta realizada por Pulsar UBA, instituto que lidera Augusto Reina, indaga sobre si a la gente le gusta o no que el Presidente tome decisiones contrarias a lo que decide el Congreso, que es un órgano que representa la voluntad popular. La mayoría dice que no le gusta: 63% -el 22% está poco de acuerdo y el 41% está nada de acuerdo en que Milei le tuerza el brazo al Congreso-. 34% sí está de acuerdo -20% muy de acuerdo y 14% bastante de acuerdo-. Este primer golpe de vida muestra que hay una oposición a que Milei no acate la voluntad del Congreso.

Otro tramo de este mismo trabajo, con base en el mismo interrogante, nos cambia el panorama. El 53% de quienes votaron en 2023 a Patricia Bullrich está de acuerdo, contra un 45% que está en contra. Lo raro reside en que los que votaron a Milei están menos a favor del veto que los votantes de Bullrich: 46% está a favor, 53% en contra. El 83% de los votantes de Massa, por obvias razones, está en contra al igual que el 59% de votantes de otros candidatos. El dato a destacar es que el Gobierno, evidentemente, cuando dice “voy a vetar”, está fidelizando a su propio votante. Su base electoral por lo menos adhiere, o tolera relativamente bien, que el Presidente diga: “Lo que decidió el Congreso, yo lo voy a corregir”.

Hay un ataque a la política fiscal, que es el corazón de la política económica de Milei, que es a la vez lo que le va a permitir ganar las elecciones en el mes de octubre, como prevén las encuestas. Por ende, si hay un cuestionamiento a la política fiscal, se está cuestionando toda la estructura de la política de Milei.

Hubo una especie de frente opositor de gobernadores, una rebelión. Ha habido un nivel de coordinación llamativo que hacía tiempo no se veía y pone en evidencia un problema histórico. Podríamos analizar la política argentina como un avance o retroceso de las provincias respecto al poder central, y viceversa. Por ejemplo, si tomamos a Néstor Kirchner, fue un avance, sobre todo apalancado en las retenciones que no se coparticipan. Ahora esto está en discusión y lo que vemos es un pacto de gobernadores que dicen que van a ir sobre la caja de Milei y se van a quedar con los ATN, que son una caja que está en manos del Poder Ejecutivo y surge de tomar el 10% de recaudación del Impuesto a las Ganancias. El Ejecutivo lo reparte como quiere. La excusa es atesorar es caja por si hay una emergencia. Pero en la práctica no ha sido así, sino que esos fondos han servido para compensar a provincias que tienen una coparticipación debilitada o para premiar la adhesión de algunos gobernadores o castigar la disidencia de otros.

El Senado dijo que la caja se va a repartir de manera automática según el índice de coparticipación que reciba cada provincia: 41,2% para el Estado Nacional y 58.8% para las provincias, que después se distribuyen entre ellas. Federico Sturzenegger le dijo a Luis Majul que no habría que vetarlo, sino que el Presidente tendría que aprobarlo porque lo que hicieron los gobernadores a través de los senadores fue modificar la coparticipación federal de impuestos por vía de una ley en el Congreso. Ese antecedente le permitiría al Gobierno modificar la coparticipación por una ley. Pero hay un error del ministro, que habrá querido chicanear a la oposición, o no analizó bien el tema: lo que aprobó el Senado no es la coparticipación federal. Para modificar la coparticipación tiene que haber un acuerdo previo entre la Nación y las provincias, que debe ser aprobado por todas las legislaturas del país. Por eso es una ley convenio, y está establecido en la Constitución. El Senado, en cambio, modificó la Ley complementaria permanente del presupuesto, donde están los ATN, que tradicionalmente se aprueba con la mayoría de las dos cámaras. Si el Presidente escucha a Sturzenegger y promulga la ley, tal vez cometa un error.

Hay un argumento más inteligente por parte del Ejecutivo frente a la oposición que es el que esgrime el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Él dice que si las provincias se van a quedar con los recursos automáticamente sin que puedan ser usados discrecionalmente, pierde el sentido originario por el cual se armó la caja: asistir a emergencias, como la que tuvo Bahía Blanca con las inundaciones. Los gobernadores podrían defenderse diciendo que le dejan al poder central el 41% de la plata, que es mucho.

Los gobernadores se quejan de que el Estado Nacional suspendió cualquier transferencia a las provincias, como los fondos para políticas educativas, de salud o de seguridad. Pisaron la caja y no se mueven de ahí y, se quejan los gobernadores, de que además les piden que bajen impuestos. Por eso quieren tomar la caja ellos.

Con picardía, el Gobierno exageró el problema de la relación con Victoria Villarruel para ocultar la crisis con los gobernadores, que es más grave. El Gobierno ya venía con un problema que quedó desplazado con esta discusión: el avión que llegó a Aeroparque el 26 de febrero y pasó su equipaje sin revisión de la Aduana. No sabemos que había en las valijas, ni si hubo un intento de la Policía Aeronáutica de revisar, que es una versión que empieza a circular ahora. Lo que sí sabemos es que el Gobierno se hace cargo de la explicación de Juan Pablo Pinto, que es un empleado de la empresa dueña del avión, quien dijo que traía artículos personales, entre ellos, juguetes para sus hijos.

Es interesante que aparezca Pinto porque es una figura semiconocida. El 25 de mayo de 2023 llegó por primera vez a la Argentina el avión presidencial que compró Alberto Fernández. Cuando llegó a Aeroparque hubo un vuelo rasante que ocasionó un escándalo y que llevó a que Leonardo Barone, comandante de la flota presidencial, tuviera que renunciar. El copiloto era Juan Pablo Pinto. Es decir que quien hoy se hace cargo es un expiloto presidencial que protagonizó aquel escándalo.

Lo importante es que el Gobierno pone el eje discursivo en la pelea con Villarruel porque hay un problema con los gobernadores. ¿Los gobernadores vieron un gobierno débil, vapuleado por un escándalo, que empieza a tener una política económica discutida por los efectos recesivos? ¿O acá pasó otra cosa más razonable? Los gobernadores vieron un gobierno que está por ganar las elecciones y quieren cortarle el paso ahora, y sacarle la caja de los ATN, porque después de octubre no lo agarran más. Si La Libertad Avanza se convierte en “La Libertad Arrasa”, como dijo Milei, el Presidente se va a ensoberbecer y volver más mandón de lo que es. Va a estar parado en la loma y ahí sí va a haber un avance de la Nación sobre las provincias convalidado por el voto popular. Más allá de que en el Congreso va a seguir en minoría porque viene de una cantidad de diputados y senadores ínfima. Aún con una muy buena elección podría llegar a 80 diputados, que no le alcanzan. Sigue teniendo que componer un oficialismo. Pero sería un gobierno mucho más seguro de sí mismo y agresivo frente a los que quieran desafiarlo.

Es muy probable que esta aprobación de las leyes en el Senado tenga que ver con una especie de captura preventiva frente a un gobierno que los gobernadores, por las encuestas, ven que se va a agrandar.

Hay otros motivos también. A los gobernadores no les gusta para nada que La Libertad Avanza les instale candidatos para las legislaturas locales, muchas veces con un discurso tan agresivo como es el estilo de este oficialismo, insultando a los gobernadores. Hay gobernadores que se ven tratados de narcotraficantes por los candidatos de la Casa Rosada, que después les pide apoyo en el Congreso para aprobar las leyes o para evitar que algunas leyes se aprueben.

Todo esto sigue siendo el mismo problema. La incógnita que ahora se proyecta sobre las relaciones federales es cuál es la estrategia para armar un oficialismo. No debería extrañar si aparece de nuevo algún protagonismo de la Corte Suprema de Justicia en todo esto, porque hay gobernadores que quieren ir a la Corte. Algunos por el fondo de obras públicas, sobre todo por el estado de las rutas; provincias petroleras que quieren ir porque consideran, frente al fallo de la jueza Loretta Preska, que el 25% de las acciones petroleras son de ellas porque se las dio Cristina. La Corte va a volver a ser protagonista, ahora de la polémica federal, por varias vías.

Esta es la agenda que se abre a partir de la inminencia de unas elecciones que ponen en juego el poder de la Nación frente a las provincias. Este ciclo empieza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que tienen como primera novedad que Milei dio como instrucción que quiere a todo Pro adentro. Por lo tanto, el operador, el gerente de Karina Milei en la provincia, que es Sebastián Pareja, tiene que llevar ese resultado. Esto quiere decir que, de alguna manera, habrá que arreglar con los intendentes de Pro que no quieren ir con La Libertad Avanza. En general, es gente ligada a Jorge Macri, que está peleado con el gobierno nacional, más que a Mauricio Macri. Es la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; es el intendente de Junín, Pablo Petrecca. Esa es la negociación que falta, que llevan adelante el entrañable “Pucho” -Cristian Ritondo- y Diego Santilli. Es una negociación rara porque ellos ya están dentro del oficialismo. En alguna medida, negocian para Pro y también para ellos. Dicen que a Ritondo le han dado cantidad de posiciones en el PAMI de la provincia de Buenos Aires. También logró poner como delegado de la SIDE en Uruguay a Vicente Ventura Barreiro, que es alguien al que Patricia Bullrich echó por coimas del Ministerio de Seguridad de este gobierno. Le inició una denuncia penal porque el jefe del Servicio Penitenciario dijo que había pedido coimas para proveedores. Santilli ya tiene un hombre propio, que es José Luis Acevedo, en Ciencia y Tecnología.

Quiere decir que hay una disputa de poder entre Pro y La Libertad Avanza, probablemente debilitada por los intereses particulares de Santilli y de Ritondo. Pero eso es anecdótico. Lo importante es que, si hay un acuerdo para la elección provincial de septiembre, muy probablemente va a ser extendido a la elección nacional: la lista que va a encabezar José Luis Espert, donde seguramente habrá tres o cuatro lugares para Pro, que los van a cubrir entre Santilli y Ritondo.

¿Es posible que haya una lista de unidad de Pro y La Libertad Avanza en la provincia, y que haya una disputa en la Capital porque Jorge Macri quiere resistir un acuerdo con LLA? Aparentemente no. Se va a imponer la posición de Mauricio Macri: ir a un acuerdo con Milei. ¿Va a haber alguien de Macri detrás de Patricia Bullrich como candidata a senadora? Probablemente sea lo que más hay que esperar. Sorprendería que no fuera así.

Milei dijo que quiere a todo Pro adentro, pero también afirmó que a Macri lo quiere jubilado, viajando por el mundo. Que el único lugar donde puede aportar es ese y no conspirando en Buenos Aires., Para Milei el cielo de la derecha tiene que tener un solo sol: él. Por eso quiere a Macri como una especie de embajador itinerante.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué oficialismo se va a formar en la Argentina para hacer las reformas que necesita hacer Milei, para que esta política económica tenga alguna sustentabilidad de largo o mediano plazo, en un mundo donde la inversión se vuelve resbaladiza e incierta? Trump está enloqueciendo al planeta porque ha decidido usar los aranceles como un arma geopolítica. Ya le acaba de decir a Putin que, o arregla en 50 días el conflicto con Ucrania, o los aranceles van a ser para Rusia del 100%. Y le acaba de decir a Lula da Silva que, como están juzgando en la Corte a su amigo Jair Bolsonaro, le pone aranceles del 50% para los productos brasileños que entren a Estados Unidos. Los aranceles tendrían una función disciplinaria, política, casi parecida al embargo a Cuba.

Los primeros que lloran son los bolsonaristas porque esos productos castigados son el café, el sector agropecuario, y las industrias sofisticadas de San Pablo, Toda una base de adhesión a Bolsonaro. Además, Lula se está envolviendo en la bandera nacionalista, diciendo que los Bolsonaro traicionan a Brasil porque sus amigos castigan al país con estos aranceles. Hipótesis: no vaya a ser que, por ayudar a Bolsonaro, Trump logre que el año que viene Lula -o su candidato- termine ganando las elecciones con más facilidad de la que se suponía. Eso ya pasó en Canadá: la agresión a Justin Trudeau hizo que el candidato menos pensado, Mark Carney, que es, como Trudeau, del Partido Liberal, ganara las elecciones.

Un mundo complicado, un mundo incierto. El gran agente de esa incertidumbre: Donald Trump. Un gobierno como el de Milei, que necesita dólares que vengan de la inversión, además de un mundo más tranquilo, necesita un oficialismo estable.

El Ministerio de Seguridad Nacional determinó la creación del consejo académico para la formación y capacitación de agentes encubiertos con el objetivo de fortalecer la lucha contra delitos complejos y crimen organizado, según se desprende de la Resolución 829/2025 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo órgano funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos y será presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico, quien estará acompañado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales.

La normativa, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece que el consejo asesorará en la definición de contenidos, supervisará cursos y jornadas de entrenamiento y coordinará programas especiales para agentes en actividad. Por otra parte, de acuerdo con la información oficial, la medida no generará costos presupuestarios adicionales para la cartera de Seguridad y busca garantizar una preparación de excelencia para quienes cumplen tareas encubiertas.

El consejo académico tendrá como misión proponer los contenidos y seleccionar los docentes de los cursos que se dicten a los aspirantes a agentes encubiertos, además de supervisar y coordinar su desarrollo. También deberá promover instancias de capacitación para agentes que ya hayan completado la formación básica, así como organizar jornadas de intercambio destinadas a jueces, fiscales y funcionarios de las Fuerzas Federales. Las sesiones del consejo se realizarán una vez al mes, con orden del día definido por su presidente, y se prevé la participación de un coordinador ejecutivo que actuará como nexo operativo entre el consejo y la Unidad Especial.

Según la resolución, el cuerpo se integrará por Basílico como presidente, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, el director de Normativa y Legislación, la jefa de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, representantes designados por cada una de las Fuerzas Federales y cinco miembros externos nombrados por el Ministerio de Seguridad por un período de tres años. En caso de empate en la votación de propuestas, el voto del presidente tendrá doble valor.

El juez Ricardo Basílico, designado para encabezar el nuevo espacio, es profesor de derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos y criminología. La cartera de Seguridad fundamentó su elección en la trayectoria académica y profesional del magistrado, con experiencia en la articulación de cuestiones procesales y de investigación criminal.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Ministerios, la conducción política de las Fuerzas de Seguridad es competencia del Ministerio de Seguridad Nacional, que ejerce la dirección superior de los cuerpos policiales y coordina el esfuerzo de policía en todo el territorio. En este marco, la capacitación de agentes encubiertos se considera una herramienta estratégica para enfrentar redes de delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos complejos que requieren operaciones de infiltración controlada.

El articulado de la resolución estipula que los miembros del consejo y su coordinador ejecutivo desempeñarán sus tareas ad honorem, sin percibir retribuciones extra más allá de los haberes que ya perciben por sus funciones dentro de la administración pública o las Fuerzas Federales. No obstante, se prevé que el coordinador ejecutivo pueda tener dedicación exclusiva si se considera necesario para garantizar la calidad de los programas.

En la fundamentación de la norma se destaca que la incorporación de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal apunta a consensuar lineamientos para una actuación procesal segura y eficaz. Asimismo, se subraya la importancia de incluir perfiles con formaciones y experiencias diversas para aportar enfoques complementarios a la formación de agentes que operan bajo cobertura.