ECONOMIA
Privatización de AySA: rechazan despidos y recorte de las condiciones laborales

El sindicato de lidera Lingeri señaló que la reestructuración de la compañía no es una privatización tradicional. ¿Se judicializarán los cortes de agua?
23/07/2025 – 07:58hs
El llamado del gobierno nacional a una licitación pública nacional e internacional para vender el 51 por ciento de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) antes de fin de año, con el objetivo de adjudicarse en 2026, generó la reacción de la conducción del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), rechazando despidos o modificaciones en los derechos laborales.
La organización gremial emitió un comunicado donde aclaró que la reestructuración de la compañía no es una privatización tradicional, sino que se trata de un esquema mixto que licitará parte del paquete accionario a un operador y ofrecerá el resto a inversores.
Decreto que habilita avanzar en la privatización de AySA
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, habilita al Estado a enajenar su participación accionaria y modifica más de 100 artículos del marco regulatorio del servicio de agua y cloacas en el AMBA.
El sindicato destacó que el 10 por ciento del capital accionario quedará en manos de los trabajadores y trabajadores. Por lo tanto, advierte que «tenemos responsabilidad que garantizan nuestra participación en las decisiones de AySA».
El secretario General del gremio, José Luis Lingeri, aseguró que «no vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera, como tampoco vamos a aceptar ajustes que impliquen recortes de personal o afecten condiciones laborales».
Sostienen que el agua es un «servicio esencial» que no se puede cortar
En el documento, el sindicato de Obras Sanitarias destacó su compromiso con los puestos de trabajo y la función social de AySA como empresa pública, y convocó al personal a informarse por canales oficiales del gremio. Lingeri aconsejó que «en momentos de incertidumbre, nuestra organización debe ser más fuerte y nuestra voz más firme».
En esa línea, detalló que «seguiremos vigilando el proceso y comunicará novedades» y aseguró que la prioridad «es proteger a los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio de AySA, que es fundamental para la población».
Voceros gremiales apuntaron justamente a esto: «El agua es un servicio esencial, que hace a la vida humana y la salud; por lo tanto, no se puede dejar de prestar y cortar ante la falta de pago, como pretende el gobierno». Siguiendo con el relato, avisaron que «estamos realizando consultas con abogados constitucionalistas para presentar algún recurso judicial o amparo», adelantándose a esta situación que puedan sufrir los usuarios.
Plan de seducción del gobierno a los nuevos inversores
Según el gobierno, impulsará cambios clave en el marco regulatorio, como la habilitación del corte del servicio por falta de pago a usuarios residenciales, la actualización de tarifas por inflación y la financiación de nuevas obras a través de las boletas de los usuarios. Por ahora, AySA solo puede restringir el servicio a usuarios residenciales solo tras dos períodos impagos y previa intimación fehaciente, protocolo que se mantendría en una etapa de transición.
Con el nuevo esquema se espera seducir a los potenciales inversores con más herramientas para garantizar el cobro, algo inédito desde la estatización de la empresa en 2006, al tiempo que las tarifas se podrán ajustar trimestralmente en base a la inflación y que las inversiones necesarias se trasladen al usuario final. El proceso de venta prevé que el remanente accionario del Estado -que hoy posee el 90 por ciento- se coloque en la Bolsa en 2026.
Aguas y Saneamientos Argentinos es una de las mayores prestadoras de agua potable y cloacas de América Latina, con más de 11 millones de personas abastecidas y operación en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. A pesar de presentar un superávit operativo de 48.288 millones de pesos en 2024, la empresa en manos del Estado arrastra problemas estructurales severos, como una red obsoleta, pérdidas elevadas de agua y morosidad crónica.
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ECONOMIA
Caputo tiene en la mira a dos bancos: sospecha que provocaron un salto del dólar

Las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central sospechan que, desde el 14 de julio hasta el viernes pasado, en medio del desarme de las LEFI (Letras de Liquidez) que pasaron del BCRA al Tesoro, hubo dos bancos privados nacionales que habrían realizado diversas maniobras especulativas, de compras de dólares, que a su vez luego generaron un fuerte aumento de la tasa de interés en el mercado.
Las entidades en cuestión serían el banco Macro y el Galicia, que forman parte de la asociación que nuclea a los bancos privados nacionales, y son los que tenían más Leliq en sus balances y que fueron reemplazadas por las LEFI.
Dólar y tasas: Luis Caputo pone a dos bancos en la mira
Para entender el problema es importante releer el tuit enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X el 15 de julio pasado, donde acusó a los bancos por primera vez de realizar maniobras especulativas.
«Sin problema. Las LEFI que se suponía que los bancos las iban a canjear por lecaps. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales», dice Caputo en su primera frase.
En este punto hay que detenerse, porque Caputo da a entender que los bancos, los principales tenedores de esas letras, se mostraban muy reticentes a canjearlas.
Luego, el ministro destaca que «al sobre encajar todos al mismo tiempo, estaba claro que eso iba a derivar en una baja de la tasa corta, por lo cual el Banco Central empezó a absorber esa liquidez excedente».
Caputo continuó al señalar que «ahí surgió que los bancos mismos nos pidieran la lici que anunciamos el lunes».
Con esa frase el ministro da a entender que, por esa gran liquidez de pesos que se generó en el mercado, los bancos le pedían que el Tesoro licitara otros instrumentos financieros como las Lecaps, por la que el Tesoro debería pagarles a los bancos una tasa mayor a la tasa de cauciones, que estaba en el 28 % en ese momento, pero luego se disparó a valores superiores al 100% y en este caso, de acuerdo al análisis del Gobierno, los bancos presionaron para que el Tesoro hiciera esa licitación extra para absorber unos 5 billones de pesos de excedente de pesos que dejó la absorción de las LEFI por parte del Tesoro.
El tuit de Caputo señaló además que «la absorción vía licitación del Tesoro es mejor opción, porque son pesos que van a la 2020». «Pero mientras tanto el BCRA absorbió 5 billones en los últimos 3 días hábiles, siendo que la prioridad siempre fue, es y será, que no sobren pesos, de manera de consolidar el proceso de desinflación que estamos transitando», finalizó el tuit donde de manera encubierta el ministro acusó a los bancos de presionar para que les pague una tasa de interés alta.
De lo contrario saldrían a comprar dólares y el precio de la divisa aumentaría, como aumentó antes de esa licitación del viernes 18 de julio para llegar a tocar un máximo de $1.330 el dólar oficial y $1.350 el dólar paralelo el día anterior a la licitación.
Pero, más allá de las sospechas del Gobierno sobre esos dos bancos privados nacionales, que integran de ADEBA, ayer se conoció a través de un informe de la consultora Romano Group que las 4 asociaciones de bancos a través de una nota enviada el 14 de julio le habían advertido al ministerio de Economía y al BCRA el peligro que generaba el desarme de las LEFI en poder del BCRA de unos 15 billones de pesos en muy corto plazo.
En su informe, enviado a sus clientes, la consultora Romano Group señala que las 4 entidades le llevaron al Gobierno una propuesta para evitar que el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que liberó 10 billones de pesos en el mercado, tuviera un impacto marcado en la liquidez del sistema, lo que terminó días después por desanclar las tasas de interés en pesos y disparar la presión cambiaria».
El pedido de los bancos al Gobierno, tras la eliminación de las LEFI
Esa carta fue enviada al BCRA y estaba firmada por las cuatro principales entidades del sector (Adeba, de los bancos privados nacionales; ABA, que representa los bancos extranjeros; ABE, de la banca especializada; y Abappra, que nuclea a los bancos públicos) con el fin de reflejar cuál era la postura que tenía el sistema bancario ante el rescate de las LEFI y la inyección de pesos, que luego de liberados tuvieron que ser reabsorbidos con una serie de medidas por parte del equipo económico.
La consultora señala que «en ese mensaje enviado alrededor del 14 de julio, los bancos propusieron que el BCRA mantenga una ventana de liquidez de cortísimo plazo, en lugar de destinar para esa misión solo a las Lecap que el Tesoro licita de manera quincenal. La ineficacia para redireccionar esos pesos en circulación provocó una fuerte volatilidad en las tasas en pesos, es decir, el costo del crédito en moneda local».
Ese es un elemento que, entre otras cuestiones, pone bajo presión las finanzas de las empresas que llegaron a afrontar un interés de hasta 100%.
De acuerdo a lo que detalla el análisis en cuestión, las entidades bancarias consideraron que «al desaparecer este instrumento, las LEFI, las entidades financieras dirigirían esos recursos a través de otros mecanismos y, sin embargo, las otras alternativas no tienen las mismas características«.
En esa carta, las asociaciones de bancos explican que «las LEFI presentaban ventajas operativas clave para los bancos y que tienen mayor flexibilidad que otros títulos públicos al estar exceptuados de los límites establecidos por el BCRA para la exposición al sector público».
Esto se señala en relación con las regulaciones para evitar que los bancos concentren en exceso sus inversiones en instrumentos emitidos por el Estado y que esa «condición solicitada les hubiera permitido cumplir con exigencias regulatorias sin que eso afectara los techos vigentes para la tenencia de deuda estatal.
El informe de la consultora destaca que «las asociaciones bancarias consideraron que la adopción de ciertas medidas permitiría mitigar los efectos negativos de la discontinuidad de las LEFI, permitiendo que las entidades puedan ajustarse mejor a la nueva situación».
Entre esas sugerencias, los bancos propusieron «habilitar el traslado de ese exceso de integración de efectivo mínimo de un período al siguiente», lo que según ellos contribuiría a reducir la volatilidad y facilitaría operativamente la integración de los encajes de los bancos en el BCRA
El BCRA había operado en ese sentido el 10 de julio, al implementar la Comunicación A 8277, que flexibilizó el exceso en los encajes.
La carta destaca además que los bancos le pidieron al titular del BCRA, Santiago Bausili, la creación de un mecanismo intradiario de fondeo para bancos.
El informe de Romano Group puntualiza que, desde Adeba solicitaron establecer un mecanismo mediante el cual las entidades puedan obtener fondos de forma inmediata al menos hasta las 18 hs contra la garantía de un título, reversando la operación a última hora del mismo día».
La carta explica que se trataría de un sistema similar al que ya aplican bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el de Japón, Australia, Brasil e Inglaterra, entre otros.
También, la carta detalla que «en caso de que una entidad no restituyera los fondos en su totalidad al cierre, la diferencia quedaría sujeta a un cargo equivalente al doble de la Tamar, es decir, la Tasa Mayorista, la que cuenta para los depósitos de más de $1.000 millones».
Los bancos, además, entre las recomendaciones Regulatorias que dan, plantearon «exceptuar de los límites de exposición al sector público a las Lecap con un plazo residual inferior a 90 días».
Entre las recomendaciones regulatorias, sugirieron exceptuar los límites de exposición al sector público a las Lecap con un plazo residual inferior a 90 días.
Al final, el texto hace mención al tratamiento regulatorio en el marco del LCR (Ratio de Cobertura de Liquidez), un indicador que mide la capacidad de las entidades para afrontar salidas de fondos en un escenario de estrés de 30 días.
En ese contexto, expresa que «las LEFI eran consideradas al 100% como activos líquidos de alta calidad y tomando en cuenta que las Lecap con plazo residual menor a 90 días son una alternativa a esas letras, sería conveniente que reciban el mismo tratamiento».
La mayoría de los operadores consultados por iProfesional considera que mientras el levantamiento del cepo cambiario fue un proceso de máxima perfección, donde la evolución del precio del dólar oficial se mostró con baja volatilidad por debajo del centro de las bandas, la llamada «Operación Desarme» -que consistió en el rescate de las LEFI que estaban en poder del BCRA y que fueron absorbidas por el Tesoro que las reemplazó a su vez por una canasta de letras Lecaps- no tuvo la misma fluidez que tuvo el levantamiento del cepo.
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ECONOMIA
Plazo fijo vuelve a ser negocio tras suba de tasas: esto se gana ahora con $1 millón

El plazo fijo tradicional vuelve a ganar atractivo entre los ahorristas debido a que subieron las tasas de interés que ofrecen los bancos, tras el importante volumen de pesos que quedó en la calle por las modificaciones realizadas en los instrumentos de financiamiento emitidos por el Banco Central y las posteriores licitaciones de deuda del Tesoro para absorber ese efectivo.
De esta manera, en apenas unos pocos días, los bancos subieron las tasas que pagan por los plazos fijos hasta unos 6 puntos porcentuales. Así, hoy en el sistema financiero un individuo puede hacer una colación en una entidad líder a cambio de una renta actual de entre 29% a 32% de tasa nominal anual (TNA).
Es decir, en un depósito a 30 días, que es el tiempo de encaje mínimo requerido por el sistema financiero, se paga en ese período entre 2,38% a 2,63%.
Por ejemplo, Galicia está ofreciendo 32% de TNA y Santander 31% de TNA.
En tanto, los bancos más chicos o de determinadas provincias están proponiendo hasta 35% o 36% de TNA como atractivo, como los casos del Banco de Tierra del Fuego, Bica, Meridian y Mariva, para citar algunos, para poder captar más pesos. Es decir, proponen hasta casi 3% mensual, según datos del BCRA.
De esta manera, las entidades bancarias están proponiendo una renta mucho más atractiva respecto a la inflación, que en junio fue de 1,6% mensual, según el último dato del INDEC, y que se estima que en el corriente julio se ubicará nuevamente por debajo del 2%.
A ello se le suma que, a pesar que el precio del dólar asciende alrededor de 5% en todo julio, en los últimos días se mantiene estable.
Por eso, con tasas más atractivas y muy superiores a la inflación, y un billete estadounidense que se encuentra «quieto», el inversor es incentivado para invertir en instrumentos en pesos.
Cabe recordar que en las últimas semanas las tasas que ofrecen los bancos para el plazo fijo tradicional mostraron una amplia volatilidad por el desarme realizado por el Gobierno de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que son los instrumentos que reemplazaron a las LELIQ, y que vencieron el pasado 17 de julio de 2025.
«El corazón del nuevo régimen monetario no late a ritmo de tasa fija. Late al compás de algo más sutil: la dinámica de mercado. Con la eliminación de las LEFIs, la política monetaria dejó de fijar un precio para empezar a fijar una cantidad. Para que se entienda: pasamos de tener una tasa escrita en el Boletín Oficial, a una que se escribe todos los días en el mercado», afirma Nahuel Bernues, asesor financiero, CFA y fundador Consultora Quaestus.
Es decir, el 10 de julio el escenario cambió porque desapareció la tasa de política monetaria, por lo que ahora la referencia no la establece el Banco Central, sino que surge de las decisiones del mercado.
De esta manera, las tasas variaron de una forma imprevista, debido a que las cauciones a un día llegaron a oscilar en horas desde 15% a más de 100% de tasa nominal anual (TNA).
«Fue una montaña rusa sin frenos. Sin referencia de las LEFI, la caución a un día voló para todos lados. Sin tasa piso, ni techo, los bancos no tenían dónde anclar su liquidez», resume Bernues.
Plazo fijo tradicional: cuánto se gana ahora con $1 millón
En resumidas cuentas, los ahorristas pasan a obtener mayores rendimientos en caso de realizar un plazo fijo tradicional.
De esta manera, si un ahorrista coloca, por ejemplo, un capital inicial de $1 millón en uno de los bancos líderes que ofrece más rendimiento, generará después de los 30 días mínimos requeridos de encaje, alrededor de $1.026.300.
Entonces, ahora se ganará mediante un depósito del monto tomado como inversión unos 26.300 pesos extras. Una cifra que equivale a generar una renta de 2,63% mensual, o bien, un 32% de TNA.
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ECONOMIA
Alerta para inversores: graves problemas financieros para dos gigantes argentinos del agro

En apenas una semana, la calificadora Moody’s Local Argentina emitió un doble recorte que encendió luces de alerta en el núcleo del negocio agropecuario. MSU Agro y Lipsa S.R.L., dos compañías de gran escala y fuerte presencia en la producción de granos, fueron degradadas en sus notas crediticias debido al deterioro sostenido de sus métricas financieras y operativas.
Ambos casos revelan un patrón común: caída abrupta del EBITDA, aumento del apalancamiento, debilitamiento de la liquidez y mayores riesgos de refinanciación, en un contexto macroeconómico y climático adverso.
El EBITDA (sigla en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) es un indicador financiero que muestra la rentabilidad operativa de una empresa antes de considerar gastos financieros, impuestos y amortizaciones. Es clave en el mundo corporativo porque permite evaluar el desempeño del negocio en términos puramente operativos, sin el impacto de decisiones contables o financieras, y se utiliza comúnmente para comparar compañías dentro de una misma industria o estimar su valor en procesos de inversión o adquisición.
El recorte en ambas firmas refleja el deterioro de sus métricas crediticias, particularmente en lo que respecta a generación de EBITDA, apalancamiento y capacidad de cobertura frente a vencimientos próximos.
Aunque ambas conservan un respaldo patrimonial sólido y mantienen estructuras operativas de envergadura, la señal del mercado es que el acceso al crédito será cada vez más exigente.
MSU Agro: más deuda, menos margen operativo
El 22 de julio, Moody’s bajó de A+.ar a A.ar las calificaciones en moneda local y extranjera de MSU S.A., así como de sus obligaciones negociables con vencimiento entre 2026 y 2032.
«La baja refleja una menor generación de EBITDA en los últimos tres ejercicios por condiciones climáticas y fitosanitarias desfavorables, y por el incremento del apalancamiento financiero por encima del promedio del sector», indicó Moody’s.
Entre 2022 y 2024, el EBITDA promedio fue de u$s12 millones, muy por debajo del promedio histórico de u$s30 millones. Para el cierre de junio 2025, se espera directamente una generación nula de EBITDA, como resultado de la debilidad productiva registrada en el NEA.
El endeudamiento pasó de u$s65 millones en junio de 2022 a u$s194 millones en junio de 2025, cifra que excede las proyecciones originales de la calificadora (que preveía un máximo de u$s135 millones en 2023). Las causas: la expansión de campos, la construcción de una planta de maní —que sufrió una demora de más de un año— y las tres malas campañas consecutivas.
A pesar del escenario comprometido, la compañía, bajo el mando de la familia Santos Uribelarrea, mantiene una cobertura elevada: u$s86,8 millones en caja e inventarios de rápida realización a mayo de 2025, lo que representa una cobertura de 405% de su deuda de corto plazo. Además, posee tierras propias valuadas en más de u$s100 millones, libres de gravámenes.
«No esperamos nuevas necesidades de financiación en el corto plazo, aunque sí mayores costos financieros para refinanciar deuda», advirtió Moody’s, que también proyecta mayor presión sobre los indicadores de cobertura por las condiciones actuales del mercado de capitales.
Lipsa: expansión con deuda y margen de cobertura crítico
Seis días, Moody’s también recortó el rating de Lipsa S.R.L., de A.ar a BBB+.ar, con perspectiva estable. En este caso, el argumento central fue la caída en generación de caja por dos campañas consecutivas negativas, una mayor exposición climática (por su concentración en el NEA) y una deuda creciente, sobre todo de corto plazo, en un contexto de escasa liquidez en el mercado de capitales.
«La calificación baja por la caída en la generación de caja —tras dos campañas muy malas—, el incremento de la deuda de corto plazo, la menor liquidez y la pérdida de flexibilidad financiera», explicó la agencia.
El resultado operativo de Lipsa dejó un EBITDA negativo de u$s-58,4 millones en 2024. Para la campaña 2024/25 se estima un leve repunte, con apenas u$s4 millones de EBITDA. En este caso, al ser moneda funcional en pesos, tiene una mayoría de ajuste por inflación. La empresa confirmó a iProfesional que la deuda se está reestructurando a largo plazo. En el caso de MSU, la moneda funcional es en dólares.
La deuda total ronda los u$s65 millones, de los cuales u$s45 millones vencen en los próximos 12 meses. Un 30% de esa suma corresponde a ON, consideradas de alto riesgo de refinanciación por la escasa liquidez del mercado local.
La liquidez también está tensionada: u$s5,5 millones en caja e inventarios de rápida realización a marzo de 2025, lo que representa una cobertura de solo 9% de la deuda de corto plazo. Aun así, la empresa cumplió con el pago del capital de su ON Clase V el 14 de julio pasado.
Pese a este panorama, Moody’s valoró su escala productiva: más de 105.000 hectáreas sembradas en 2024/25 y una proyección de 137.000 hectáreas para 2025/26 y 2026/27. Esta expansión fue financiada en parte con deuda (aproximadamente u$s47 millones para la compra de campos.
El agro, cada vez más presionado
MSU y Lipsa representan casos emblemáticos dentro del agro argentino, donde las condiciones macro, las restricciones de crédito y el clima desfavorable están dejando su huella incluso en las compañías más estructuradas.
Ambas mantienen fortalezas patrimoniales y operativas, pero el acceso al capital, clave para sostener inversiones y expandirse, será cada vez más costoso y exigente. Las advertencias de Moody’s reflejan un nuevo equilibrio en el financiamiento del agro. En este caso, ni el tamaño ni la trayectoria garantizan inmunidad ante un contexto cada vez más hostil.
La historia de ambas compañías
MSU es una empresa familiar que se dedica a la producción agrícola en Argentina y a la prestación de servicios de gerenciamiento en Latinoamérica. La sociedad es considerada parte del grupo de grandes empresas agropecuarias del continente y se ubica en el «top five» entre las principales firmas de siembra local.
Fundada en 1860 y ahora bajo el mando de la familia Santos Uribelarrea (de ahí las siglas que le dan nombre), es una de las principales empresas productoras de granos de Argentina, llegando a sembrar 165.000 hectáreas en campos propios y arrendados en Argentina. Operan en total 210.000 hectáreas en Argentina, Brasil y Paraguay.
Lipsa SRL, controlada por la familia Moudjoukian, sembró en 2024/25 más de 105 mil hectáreas, entre propias y arrendadas, y planea producir en 137 mil hectáreas en esta campaña agrícola que acaba de comenzar. Las unidades productivas están sectorizadas en seis áreas localizadas en diferentes regiones del norte argentino.
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