Tras haber perdido el beneficio en 2002, la Argentina podría ser nuevamente incorporada al proceso para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos (VWP), que permite viajar sin visa por turismo o negocios por hasta 90 días. Sin embargo, ese camino no tiene un plazo estipulado: tras la nominación formal por parte del gobierno estadounidense, el proceso de evaluación puede extenderse durante meses o incluso años, ya que depende del cumplimiento de estrictos criterios de seguridad, cooperación bilateral e integridad documental.

Chile es, hasta hoy, el único país de América Latina cuyos ciudadanos gozan de ese privilegio. El proceso se inició el 3 de junio de 2013, cuando el entonces secretario de Estado de EE.UU., durante la presidencia de Barack Obama, nominó formalmente a Chile para ingresar al programa.

Ocho meses más tarde, el 28 de febrero de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la designación oficial, en los últimos días del primer mandato de Sebastián Piñera. La exención entró en vigencia el 31 de marzo de ese mismo año, ya bajo la presidencia de Michelle Bachelet.

La Argentina, en cambio, fue pionera: en 1996 se convirtió en el primer país latinoamericano en acceder al programa. Fue incluida en el entonces Programa Piloto de Exención de Visas (VWPP) con fecha efectiva del 8 de julio de ese año, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Bill Clinton en la Casa Blanca. La medida fue publicada oficialmente en el Federal Register ese mismo día.

La participación argentina fue cancelada el 21 de febrero de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en el contexto de la crisis institucional y económica que estalló en diciembre del año anterior. La decisión fue tomada por el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo la presidencia de George W. Bush, en consulta con el Departamento de Estado.

Las autoridades estadounidenses advirtieron un aumento sustancial de argentinos que intentaban usar el programa para vivir o trabajar ilegalmente en EE.UU., un alza en las inadmisiones en frontera y un flujo creciente hacia Canadá, donde más de 2500 argentinos solicitaron refugio tras haber transitado por territorio estadounidense. También se expresaron dudas sobre la integridad del sistema de pasaportes. Desde entonces, los ciudadanos argentinos deben gestionar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.

Para ser readmitido en el programa, el país debe cumplir con múltiples requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, entre ellos mantener una tasa de rechazo de visas inferior al 3%, aceptar la repatriación ágil de sus ciudadanos con orden de expulsión, emitir pasaportes electrónicos con datos biométricos, y compartir información sobre terrorismo, delitos graves y pasaportes robados. Además, debe superar una doble evaluación de seguridad y de inteligencia conducida por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Aunque el gobierno de Javier Milei iniciará ese proceso mañana, en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la Argentina, el resultado no es inmediato. Se trata de un derrotero político, técnico y bilateral que puede tomar días, meses o años. En el peor de los casos, el ingreso al programa puede ser rechazado. Fue lo que le pasó a Rumania en mayo de este año tras ser nominada en enero por la administración de Joe Biden.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de la exvicepresidenta Cristina Kirchner este domingo por sus dichos vinculados a la reducción permanente de retenciones al campo, anuncio que realizó el presidente Javier Milei el sábado por la mañana durante el acto inaugural de la 137.ª Exposición Rural en Palermo.

“No entiende nada”, sostuvo el exministro del Interior en declaraciones radiales, luego de que la referente peronista acusara -en un audio que se reprodujo durante un acto en homenaje por el aniversario 73° de la muerte de Eva Perón- al Ejecutivo de “regalarle plata a uno de los sectores que más tiene en este país”.

“Es enorme el daño contra el campo por las medidas que ellos han tomado. Lo que dice Cristina es no no entender que permitirle al sector agropecuario explotar al máximo sus posibilidades significa agrandar el país, permitir que exista actividad económica, que se incremente, que se invierta en todos los sectores”, profundizó Francos.

Y reforzó en diálogo con Radio Rivadavia: “Lo que produce el sector agropecuario va a toda la economía. Está en cada uno de los sectores de un pueblo. En los negocios, comercios, almacenes, la venta de vehículos”.

Para el jefe de Gabinete, “ponerle un freno, como se ha puesto con las retenciones al crecimiento de esa actividad, es no entender la economía”. “Ojalá, como se han comprometido tantas veces los sectores agropecuarios, la famosa Mesa de Enlace y todos quienes la integran, cumplan con esta especie de máxima que han establecido: que bajar las retenciones implica una mayor producción, algo que todos queremos”, auguró.

A modo de respuesta puntal al planteo de Cristina Kirchner, quien lamentó que no haya dinero para jubilados y hospitales pero sí para el sector agropecuario, Francos refutó: “Dentro de los sectores del campo, hay sectores que más tienen y hay chacareros que tienen un pequeño pedazo de tierra para producir. Se levantan todos los días a las cinco de la mañana para ver cómo le pueden sacar más renta a su pequeño patrimonio”.

“No es así. La necesidad que tenemos es la de agrandar la Argentina. Y la no necesidad que había en el país es generar todo este sistema que incrementó la cantidad de jubilados por encima de los fondos a repartir”, opinó.

Y cerró con una chicana: “Hubo una mala interpretación de la economía. Si no se hubiera perdido dinero que invirtió el Estado en infraestructura y que fueron a bolsillos ajenos, tendríamos más plata para repartir”.

En compañía del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y demás funcionarios, el jefe de Estado comunicó una baja permanente en las retenciones a varios productos clave del sector.

Según lo informado, las alícuotas se reducirán de forma inmediata y con carácter definitivo mientras dure su mandato. Las retenciones al maíz y al sorgo bajarán del 12% al 9,5%; las del girasol, del 7% al 5,5% para el aceite y del 5% al 4% para los pellets. La soja pasará del 33% al 26%, y sus subproductos, del 31% al 24,5%.

En tanto, la carne vacuna y aviar se reducirá del 6,7 % al 5%. En promedio, la baja representa una caída del 20% en las retenciones del complejo granario y del 26% en el sector ganadero.

Milei calificó la medida como “una obsesión personal” y aseguró: “No tendrá marcha atrás mientras yo esté en el Gobierno”. También destacó que los beneficios no solo alcanzarán al productor agropecuario, sino también a toda la red de servicios y empleos indirectos vinculados al campo.