El Gobierno confirmó este lunes cuándo se llevarán a cabo los nuevos exámenes de residencias médicas a los 268 postulantes sospechados de llevar adelante un presunto fraude masivo.

El Ministerio de Salud publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 2274/2025 en la que se establece que la nueva evaluación se realizará el próximo 4 y 5 de agosto.

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Los evaluados serán 268 profesionales, en su mayoría extranjeros, que sacaron más de 86 puntos sobre 100 posibles en la evaluación tomada el 1 de julio. La mayoría está sospechado de un posible fraude en la prueba.

El pasado jueves, cuando el Gobierno había adelantado la medida, desde el Ministerio de Salud informaron que “149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119, de universidades nacionales”.

“Dispónese la realización de una nueva instancia evaluativa destinada exclusivamente a los postulantes de medicina del Concurso Unificado de Residencias Básicas y Articuladas del Equipo de Salud, que hayan obtenido una calificación igual o superior a 86 puntos (sobre un total de 100 puntos) en el examen desarrollado el 1° de julio de 2025”, confirmó el artículo 1° de la Resolución 2274/2025 del Ministerio de Educación, publicada en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Mario Lugones.

En esa dirección, el Gobierno también resolvió que “corresponde establecer un mecanismo que no anule los resultados obtenidos, sino que los complementa de modo de lograr un orden de mérito sincero y justo”.

Residencias médicas: cómo serán los nuevos exámenes

La Resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial también detalla cómo será el método de examen al que deberán someterse los 268 profesionales sospechados.

De acuerdo a lo detallado en el documento, un comité de expertos compuesto por representantes del Ministerio de Salud nacional, provincial y porteño evaluará la congruencia entre las trayectorias académicas de los postulantes y el resultado del examen único de residencia.

“Para aquellos casos en que el comité considere que el médico aspirante posea alta congruencia académica, se le ofrecerá una evaluación oral que confirme o modifique la nota obtenida en el examen del 1 de julio de 2025”, detallaron.

Esa instancia será bajo la modalidad presencial, aunque con posibilidades de rendirla virtualmente en casos justificados.

En cambio, los aspirantes que no hubieran optado por la evaluación oral y aquellos que no hubieran obtenido la congruencia académica, rendirán un examen escrito.

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La evaluación escrita consistirá en una prueba de cien preguntas de “multiple choice” con puntuación de un punto cada una.

“Considerando que por las circunstancias puede haber diferencias de rendimientos, se considerará un posible desvío de hasta 10% en la nota previamente obtenida, manteniéndose aquella calificación”, se aclaró en la Resolución.

El texto agregó: “En caso de que en dicha instancia el postulante obtuviera una nota inferior a dicho desvío, se le asignará la nota que obtenga en este último”.

A su vez, también advirtieron que “en ningún caso, sea modalidad escrita u oral, un postulante podrá tener una nota superior a la obtenida en el examen del 1 de julio de 2025”.

También se estableció que quienes no se presenten a alguna de las dos instancias evaluativas previstas, quedarán excluidos del orden de mérito.

Residencias médicas: el argumento del Gobierno para tomar nuevamente los exámenes

En la Resolución se explicaron los motivos que llevaron a tomar nuevamente el examen de residencia.

“Del análisis efectuado en el informe técnico respecto de los resultados del examen, surgió un incremento estadísticamente anómalo del número de postulantes con calificaciones superiores a 85, con un incremento proporcional del 33,6% respecto de convocatorias anteriores, y cuadruplicando el número de calificaciones sobresalientes (mayor a 90 puntos sobre 100) en relación con los resultados de los exámenes del año 2024”, se explicó en el Boletín Oficial.

El Gobierno detectó en un informe técnico “un anómalo y atípico aumento en el número de calificaciones excepcionales (mayor a 90 puntos sobre 100) de los egresados de determinadas instituciones que en años previos no registraban desempeños destacados”.

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“Tales anomalías, resultan de tal envergadura como para considerar que podría estar comprometida la transparencia y equidad del Examen realizado el 1 de julio de 2025”, remarcó la Resolución publicada este lunes.

Por todo ello, “a fin de resguardar el principio de igualdad de condiciones y asegurar que el proceso selectivo se desarrolle conforme a los más altos estándares de idoneidad”, llegó a la conclusión de que “resulta imprescindible fijar una nueva fecha para la realización del examen tendiente a despejar dudas sobre los resultados”.

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El Gobierno le presentará una carta de intención a Estados Unidos para que los argentinos puedan ingresar a este a país sin necesidad de una visa. Sin embargo, para que esto ocurra, la Argentina deberá cumplir una serie de requisitos para obtener finalmente el beneficio.

El Ejecutivo quiere ingresar al Programa de Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés). Este plan está administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Estado.

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Entre las condiciones que se les piden a los países que quieren ingresar a territorio estadounidense sin visa figuran: control migratorio, seguridad documental, gestión fronteriza, exigencias antiterroristas y aplicación de la ley.

Los detalles del trámite para viajar a Estados Unidos sin visa

El Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de una visa y por un período inferior a 90 días. Hasta ahora, solo 42 países están dentro del plan.

El proceso solo requiere una autorización electrónica (llamada ESTA por sus siglas en inglés) y se puede realizar hasta 72 horas previas al vuelo o embarcación.

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Cómo solicitar una ESTA

Para sacar el permiso electrónico ESTA el ciudadano debe ingresar a y proporcionar nombre, fecha de nacimiento e información del pasaporte. También debe responder a las preguntas sobre la elegibilidad del VWP en relación con enfermedades transmisibles, arrestos y condenas por ciertos delitos, antecedentes de revocación de visa o deportación, entre otras.

Por otro lado, deberá tener la información de su tarjeta de crédito o débito para pagar las tasas correspondientes y completar la solicitud. Actualmente, a julio de 2025, la ESTA sale un total de 21 dólares.

Los detalles de la autorización electrónica ESTA

Cabe destacar que una ESTA no es una visa, ya que no cumple con los requisitos legales ni reglamentarios para reemplazarla. Las personas que tienen una de estas autorizaciones válidas podrán viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una electrónica.

Ahora, aquellos que no posean ningún tipo de permiso y quieren viajar podrán sacar una ESTA. Aunque se puede utilizar para estar hasta 90 días en EE.UU, es válida por dos años. Es decir, una persona puede hacer múltiples viajes durante ese tiempo mientras respete las condiciones.

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Los menores acompañados y no acompañados también deben presentar una ESTA. Además, un tercero como un familiar o una agencia de viajes puede solicitar el trámite electrónico en nombre de un viajero.

Asimismo, hay ciertos momentos en donde la ESTA se tiene que pedir nuevamente, aunque no se hayan cumplido los 2 años de vigencia. El permiso se tiene que renovar si se cambia de pasaporte, si se cambia de nombre, nacionalidad o género o si alguna respuesta del formulario anterior ya no aplica.

El VWP exige que el pasaporte del viajero presente ciertos requisitos para poder aprobar la solicitud:

• El pasaporte tiene que tener una zona legible por máquina en la página biográfica.
• El pasaporte debe ser electrónico con un chip digital que contenga información biométrica sobre el titular del pasaporte.

Javier Milei y Patricia Bullrich se encontrarán con la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos

Para anunciar la intención de ingresar al Programa de Exención de Visa Javier Milei y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se encontrarán con la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noam.

La funcionaria es una representante del ala dura femenina de la gestión de Donald Trump, y se encarga de la cuestión política migratoria de la Casa Blanca. En lo que va de gestión, deportó 239.000 migrantes -no todos irregulares-, que en su enorme mayoría eran de origen hispano.

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Mientras la oposición en el Congreso despliega estrategias para avanzar con leyes incómodas para Javier Milei después del receso de invierno, el Gobierno avanza con acuerdos con gobernadores.

El objetivo es asegurarse un tercio de los diputados para blindar los vetos que concrete la Casa Rosada a las leyes sobre aumentos en las jubilaciones. Tiene tiempo hasta el próximo 4 de agosto para tomar la decisión de vetar total o parcialmente las iniciativas.

La inactividad continúa en el Congreso y se aproximan los días de definiciones. El Poder Ejecutivo sabe que en cuanto se reanude el trabajo parlamentario la oposición solicitará una sesión especial para llevar al recinto de la Cámara de Diputados, los proyectos que buscan mayor financiamiento para las universidades nacionales y para el Hospital Garrahan, en el marco de la declaración de la Emergencia pediátrica en los hospitales que dependen de la Nación.

También, intentarán forzar una sesión especial o fijarle tiempos y fechas a la estratégica Comisión de Presupuesto, que tiene blindada el libertario José Luis Espert, para dictaminar los dos proyectos que elaboraron los gobernadores y sancionaron los legisladores buscando cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.

Todos son proyectos que golpean las cajas del Gobierno de Javier Milei y el mandatario ya adelantó que los vetará. Lo anunció horas después de que el Senado sancionara media docena de iniciativas que apuntan a modificar el dogma del déficit cero.

El pasado 10 de julio, tras una jornada frenética en el Senado con la sanción de los proyectos que solicitaron los gobernadores y la fuerza de ley a los aumentos del 7,2% en las jubilaciones y pensiones; un aumento a 110 mil pesos en el bono mensual que reciben los haberes mínimos; la moratoria previsional y la declaración de Emergencia en Discapacidad, Javier Milei anticipó el veto a las normas.

La meta del tercio de la Cámara

El diputado Martín Menem y la Casa Rosada lograron en el 2024 rechazar los intentos de la oposición por derogar los vetos presidenciales a leyes con fuerte impacto social como los aumentos en el financiamiento a las Universidades y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Fueron 87 diputados que blindaron esas determinaciones y La Libertad Avanza logró sostener el programa económico sin sobresaltos. Se generó una mayor desintegración de varios bloques políticos en el seno de la Cámara baja, principalmente en la UCR de Rodrigo de Loredo que terminó en cuatro bloques parlamentarios.

Los libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni suman 39 diputados nacionales. De allí empiezan a contar unos 30 diputados del Pro de Cristian Ritondo, empoderado tras el acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, pero habrá que ver cuántos porteños del partido amarillo se suman en el Congreso al oficialismo tras los permanentes desplantes al alcalde Jorge Macri y, hasta ahora falta de acuerdo político en la Capital Federal con vistas a las elecciones.

Otro espacio que suma para los libertarios es Liga del Interior, que encabeza el diputado Pablo Cervi. Son seis votos fundamentales para poder sostener las medidas del presidente Javier Milei. En la semana se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y acercaron posiciones para arribar acuerdos en los dos planos, en lo electoral y en lo legislativo.

Pero el gran objetivo del Presidente y de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es recuperar los respaldos de los diputados que responden a los gobernadores. Allí están los de las provincias de Mendoza, de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco y de Tucumán, para no tener que afrontar el rechazo del Congreso a su herramienta del veto.

El acuerdo electoral con Alfredo Cornejo en Mendoza le garantizaría respaldos de los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay de la UCR. Bloque en el que su presidente de la bancada, Rodrigo de Loredo, busca acercarse a los libertarios en las próximas elecciones ya que debe renovar su banca de diputado. Eso lo condicionaría a acompañar el veto del presidente al aumento a las jubilaciones. La misma posición podría adoptar Soledad Carrizo, integrante también de la mesa de conducción de la bancada radical.

El espacio de Innovación Federal que conduce Pamela Calletti, y que representa a los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz, de Río Negro, Alberto Weretilneck y de Misiones, Hugo Passalacqua, sumaría a la mayoría de sus diputados nacionales. Lo mismo sucedería con el bloque Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, son tres legisladores, y los dos diputados de Futuro y Libertad que encabeza Gabriel Chumpitaz. Cuentan, también, con Paula Omodeo de Creo de Tucumán.

Otro gobernador que podría aportar a la estrategia del oficialismo es Marcelo Orrego de San Juan, las dos diputadas del sector, denominado Producción y Trabajo, blindarían los vetos de Javier Milei.

El rechazo a las medidas del presidente estarán plasmados en las determinaciones que concreten Unión por la Patria (UxP) de Germán Martínez, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre de Pablo Juliano, la Coalición Cívica de Juan Manuel López y gran parte de Encuentro Federal de Miguel Pichetto, donde el diputado Francisco Morchio, que responde al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, podría no estar presente en la sesión y sumaría de ese modo a la estrategia oficialista, ya que los dos tercios necesarios para el blindaje del veto es sobre la base de los diputados presentes en el recinto.

El primer paso para el Gobierno es rechazar las leyes sancionadas que impactan en el gasto público, y luego ver qué sucede con los proyectos de coparticipación que impulsan los gobernadores.

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