POLITICA
Cómo se gestó el pedido de la Argentina para acceder al plan de exención de visa de EE.UU. y los factores claves
WASHINGTON.- Si bien la idea ya rondaba desde hacía meses entre las autoridades argentinas, el primer paso concreto para avanzar en el proceso que le permita al país reingresar al Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos comenzó el 1° de mayo pasado.
Ese día, equipos técnicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), a cargo de Kristi Noem, y de la embajada argentina en Washington, que lidera Alec Oxenford, empezaron a trabajar para definir la viabilidad del proyecto. Estados Unidos presentó una especie de self-assessment [autoevaluación] para determinar si la Argentina podía cumplir con los estrictos requisitos que implica el programa, que hoy tienen 42 países.
De la reunión participaron también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein.
Fue como un checkpoint. Cuando los equipos vieron que era viable, que no había nada que impidiese avanzar con el programa, se empezó con el trabajo técnico, señaló a una fuente al tanto de las negociaciones en Washington. Lo que firmaron este lunes Noem con Javier Milei cristaliza ese esfuerzo y le dará un impulso a los grupos de trabajo, añadió, en referencia al encuentro que mantuvieron el Presidente con la secretaria de Seguridad Nacional, cuyo organismo administra el VWP en coordinación con el Departamento de Estado que lidera Marco Rubio.
De la firma de la declaración de intención en la Casa Rosada también participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller, Gerardo Werthein.
En sus evaluaciones, los equipos técnicos argentinos determinaron que la aplicación del proyecto era viable y que no había ningún red flag (bandera roja). Se aseguraron de que el acuerdo no vulnerara la soberanía, ni los datos personales de los argentinos, ni los datos de propiedades del país, y que fuera dentro de los estándares de la industria.
Tras la concreción del self-assessment y un estudio exhaustivo, el siguiente paso llegó el 9 de junio, cuando Oxenford le entregó en mano una nota, que expresaba la intención de la Argentina de entrar al programa, a Simon Bland, de la Oficina de Estrategia, Políticas y Planes del DHS, y que por elevación llegó a Noem.
Fue una muestra de la voluntad del país de acceder al VWP, y el asunto tomó un carácter más formal, indicaron en Washington, donde se señaló que, en caso de concretarse, el programa significará un upgrade para los procedimientos de seguridad en la Argentina.
Las fuentes consultadas por en la capital norteamericana destacaron que, más allá de la posibilidad de que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos por motivos de negocios o turismo para estancias de hasta 90 días sin necesidad de visado en caso de aprobarse el plan, lo más importante es que el acuerdo incrementará la capacidad de las fuerzas argentinas para controles fronterizos, con intercambio de capacitación para las fuerzas de seguridad.
Las fuentes reconocieron que el acuerdo le serviría muchísimo a la Argentina, al tiempo que resaltaron que la cooperación en seguridad con Estados Unidos ya estaba desde hace tiempo in crescendo. El VWP sería la frutilla del postre, destacaron.
El esfuerzo para llevar adelante las negociaciones es multiministerial, con personal de Cancillería, Migraciones, Seguridad y la vicejefatura del Interior, con la coordinación de la embajada en Washington, y se enmarca en la muy buena sintonía de las administraciones de Trump y de Milei desde que el líder republicano volvió a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado.
“Este paso refleja la calidad del vínculo entre nuestros gobiernos y la confianza creciente que existe entre nuestras instituciones”, señaló Oxenford a .
“La posibilidad misma de avanzar hacia la exención de visado es una expresión concreta del excelente vínculo entre Milei y Trump, una relación basada en la confianza mutua y en una visión compartida sobre muchos de los desafíos globales”, añadió el embajador argentino.
En un mundo donde la mayoría de los países están endureciendo sus políticas migratorias, que Estados Unidos considere a la Argentina para este programa es un “hecho notable”, destacó a una fuente conocedora de las negociaciones.
El VWP no se trata solo de facilitar viajes, sino de implementar mejores estándares de gobernanza migratoria, añadió.
“Bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se está convirtiendo en un aliado aún más sólido de Estados Unidos, más comprometido que nunca con la seguridad fronteriza de ambas naciones. La Argentina tiene ahora la tasa más baja de permanencia ilegal tras la expiración del visado de toda América Latina y un 25% más de argentinos viajaron a Estados Unidos en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el año pasado, lo que supone el mayor aumento de los 20 principales países de origen de los viajeros internacionales”, dijo Noem este lunes a través de un comunicado.
“Por eso estamos tomando medidas para permitir que la Argentina vuelva a participar en el Programa de Exención de Visa”, añadió la funcionaria.
Antes de ser aprobado para reingresar al programa −la Argentina formó parte entre 1996 y 2002−, el país deberá atravesar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar que cumple con los requisitos y estándares exigidos por el DHS.
El VWP utiliza un «enfoque basado en el riesgo y con múltiples capas para detectar y evitar que terroristas, delincuentes graves y otros actores malintencionados viajen a Estados Unidos“, señala el organismo dirigido por Noem. No hay plazos definidos para una posible aprobación del programa por parte de Estados Unidos, aunque las autoridades argentinas tienen una alta expectativa en que pueda concretarse lo más pronto posible.
El proceso de aceptación para el VWP termina con una inspección que hace Estados Unidos en aeropuertos, evaluaciones sobre cómo se emiten los pasaportes y otros asuntos, como los sistemas para que las alertas rojas en una determinada situación sean para los dos países, al compartir bases de datos sobre terrorismo, señalaron fuentes a . También reconocieron que en las conversaciones se trató el tema de los controles fronterizos argentinos.
“Reforzamos la cooperación para identificar prófugos, combatir el narcotráfico y blindar nuestras fronteras. Alianza estratégica con valores comunes”, señaló Bullrich en X luego de la reunión en la Casa Rosada.
Lo que falta es un acuerdo marco de seguridad fronteriza avanzada, que aquí se llama enhanced border security. Las autoridades argentinas aún no tienen ese borrador, pero los funcionarios norteamericanos están trabajando en eso para presentarlo, supo .
“Es una mejora estructural para la Argentina: nos permite fortalecer nuestra seguridad fronteriza, incorporar tecnologías modernas, y posicionarnos como un país confiable, alineado con estándares internacionales», confió a una fuente que estuvo al tanto de las negociaciones en Washington.
Respecto a la tasa anual de denegación de visados de visitante temporal (es decir, visados B), que según los requisitos del DHS deber ser inferior al 3% (la Argentina tuvo 8,9% en el año fiscal 2024), las fuentes consultadas señalaron que eso depende de la embajada norteamericana en Buenos Aires, y que lo que la Argentina puede hacer para bajar esa cifra es colaborar con buenas prácticas de los solicitantes.
también consultó por la firma de la declaración de intención para el ingreso de la Argentina al VWP al Departamento de Estado norteamericano. “Por el momento no tenemos nada que mostrar”, señaló un vocero del organismo, que trabaja en coordinación con el DHS en la aplicación del programa.
proceso que le permita al país reingresar,encuentro que mantuvieron el Presidente con la secretaria de Seguridad Nacional,pic.twitter.com/cZSjiJmXxz,July 28, 2025,@JMilei,pic.twitter.com/mr4F33grkZ,July 28, 2025,Guillermo Idiart,Estados Unidos,Washington,Argentina,Conforme a,,Viajes a EE.UU. Noem, sobre el acuerdo que firmó para eliminar las visas: “Es muy difícil que sea en menos de un año”,,Pacto. Milei recibió a una funcionaria clave de Trump: firmaron un acuerdo para que los argentinos entren sin visa a EEUU,,Casos testigo. Cómo fueron los procesos de Argentina y Chile para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos,Estados Unidos,,Cabalgata y asado completo. El agasajo de Patricia Bullrich a Kristi Noem, sin motosierra en Campo de Mayo,,El caso más incómodo. Trump reveló el motivo por el que terminó su amistad con Epstein: “Hizo algo inapropiado”,,Trabaja en el desierto de Arizona. Llega al país el pionero que hace punta en el uso eficiente del agua
POLITICA
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado
El oficialismo ajusta la reforma de la ley de glaciares con un doble objetivo: evitar sobresaltos con sus aliados en el recinto y reducir el riesgo de futuros cuestionamientos judiciales. Aunque el texto se terminó de revisar hoy, el Gobierno apuesta a aprobarlo este jueves en el Senado, junto a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.
En paralelo, el kirchnerismo cuestionó que el nuevo articulado se ajuste sin que una parte la oposición conozca la versión final que llegará al recinto. Lo mismo objetaron durante el tratamiento de la reforma laboral, cuyo texto definitivo conocieron tres horas antes de la sesión.
De la reunión a puertas cerradas realizada esta tarde en el Senado participaron referentes de la UCR, Pro, bloques provinciales y el oficialismo. Recibieron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, acompañada por parte de su equipo, y al secretario de Minería, Luis Lucero, quienes detallaron los aspectos técnicos de la reforma.
El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene asegurados todos los votos. Parte de la UCR considera “apresurado” el tratamiento y se resiste a acompañar el proyecto. Los más optimistas cuentan que solo cinco de 10 acompañarán.
De los tres integrantes de Pro, solo está garantizado el aval de la chubutense Andrea Cristina. Tampoco está definido qué harán Alejandra Vigo (Córdoba) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes), aunque según supo estarían más inclinados hacia el rechazo.
Aun así, el oficialismo confía en alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y girarla a Diputados para su revisión final. Los dos misioneros aliados a Carlos Rovira, la chubutense Edith Terenzi y la salteña Flavia Royón votarían a favor.
También Carolina Moisés (Jujuy), ahora vicepresidenta tercera de la Cámara alta por un acuerdo con Patricia Bullrich, y Guillermo Andrada (Catamarca), recientemente alejados del bloque justicialista, votarían a favor.
En el peronismo que conduce José Mayans no descartan fugas. Allí conviven senadores de provincias cordilleranas -como los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca)- que podrían respaldar los cambios, atentos al impacto económico que tendría una flexibilización de la protección en sus distritos.
Con una porción de Pro y el radicalismo en duda, será decisivo el acompañamiento de parte del PJ para apuntalar la reforma.
Es un dato político relevante después de que el Gobierno les arrebatara la vicepresidencia de la Cámara y se la diera a Moisés, la díscola enemistada con Cristina Kirchner.
Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
La reforma de la ley de glaciares es una pieza clave dentro de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Forma parte de los compromisos asumidos con gobernadores que respaldaron la agenda de extraordinarias, donde también avanzaron la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil.
La iniciativa es impulsada especialmente por mandatarios de provincias cordilleranas –Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca)- que, en conjunto, reúnen 13 diputados y cinco senadores. Para esos distritos, una redefinición del área protegida podría habilitar nuevas inversiones y aumentar los ingresos vinculados a la minería.
El proyecto otorga además mayor autonomía a las provincias para identificar qué áreas constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico. Sus evaluaciones de impacto ambiental pasarían a tener un peso determinante para autorizar o rechazar emprendimientos.
En términos operativos, el Inventario Nacional de Glaciares seguiría siendo una consulta obligatoria, pero las provincias podrían solicitar la incorporación o eliminación de áreas protegidas con argumentación técnica.
Finalmente, el texto establece que actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos solo quedarían prohibidas cuando puedan alterar “de modo relevante” la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. También habilita excepciones para tareas de rescate, investigaciones científicas de bajo impacto y deportes no motorizados, que no requerirían estudios de impacto ambiental previos.
Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Crisis del PJ. Quién es Carolina Moisés, la nueva aliada que consiguió el Gobierno entre los desertores del kirchnerismo,,Movimientos en el Senado. Un cisma que acota la influencia de Cristina Kirchner en las negociaciones más relevantes,,Histórico. El Senado celebrará tres sesiones en una misma semana
Tras una modificación en el plan de labor, el Senado tratará el proyecto para bajar la edad de imputabilidad por medio de la modificación del Régimen Penal Juvenil este viernes.
Este tema, cuyo tratamiento confirmaron fuentes a Noticias Argentinas, se sumará a la reforma laboral, que ya cuenta con sanción del Senado y Diputados, pero volverá a la Cámara Alta este viernes para ratificarse o no tras las correcciones sobre las licencias por enfermedad.
La sociedad entre La Libertad Avanza y los gobernadores deja al kirchnerismo sin autoridades en el Senado
Un día antes del tratamiento de dichos proyectos, el jueves, el Senado pondrá el eje sobre la Ley de Glaciares con el foco en la modificación de las zonas de protección periglacial y ampliar así la frontera extractiva de la minería y los hidrocarburos, lo que conlleva una transferencia de autonomía a las provincias sobre los territorios en cuestión.
Otro tema que se tratará el jueves es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta articulación de ambos bloques precisa de la ratificación parlamentaria en los países que los conforman y, por el momento, se encuentra judicializada en Europa.
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
En ese marco, se discutirá la designación del exdiputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, la Unión Europea, al ser Bruselas, la capital belga, la sede ejecutiva del organismo supranacional.
La entrada El Senado tratará el proyecto del Régimen Penal Juvenil este viernes se publicó primero en Nexofin.
Acuerdo Mercosur-UE,Edad de Imputabilidad,ley de glaciares,Reforma Laboral,régimen penal juvenil,Senado
POLITICA
Concejos Deliberantes: un informe reveló estructuras sobredimensionadas y gastos injustificados
En Infobae en vivo, la discusión sobre la legitimidad y el costo de los concejos deliberantes cobró fuerza a partir de los datos presentados por la Fundación Libertad. “Si yo veo eso, digo: ¿para qué le estamos pagando?”, planteó Rosendo Grobo al analizar el informe que expone la estructura de empleados en los cuerpos legislativos locales.
Durante el intercambio con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado ese martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el debate giró en torno al informe anual que detalla “cuánto salen los concejos deliberantes” en distintas ciudades del país. Jove destacó: “Lo hace todos los años, se renueva y actualiza las cifras la Fundación Libertad respecto a cuánto salen los concejos deliberantes. Empieza a llamar la atención la comparación: por qué ciudades con más o menos habitantes tienen más gasto por concejal”.
El informe de Fundación Libertad y la polémica por la estructura
El punto de partida fue el informe de la Fundación Libertad, que reveló diferencias notorias en la cantidad de empleados por concejal entre distintas localidades. Grobo subrayó: “En Posadas, por cada concejal hay 122 empleados, Manu. No estoy diciendo que los concejales tienen que cobrar más o menos. De hecho, en la mayoría de los casos, los funcionarios públicos deberían cobrar mejor, deberían cobrar bien, pero debería haber un concejal y no debería haber 122 empleados por cada concejal”.
El referente advirtió sobre el desvío de recursos: “Se está utilizando el concejo deliberante para otra cosa”. El informe, según el panel, expone cómo la estructura se convierte en una “caja para hacer otras cosas”. Manu Jove resaltó: “En realidad lo que está arrastrando el presupuesto por concejal es un montón de otros empleados que terminan usando los concejos deliberantes como caja”.
Maia Jastreblansky sumó una perspectiva sobre la lógica política detrás de la estructura: “Esos contratos son un insumo para hacer política. ¿Cómo le pagás a tus colaboradores? Con contratos”.
Desigualdades y funciones en los concejos deliberantes
La discusión avanzó sobre las diferencias entre localidades y provincias. Grobo precisó: “La ciudad de Posadas tiene 13 concejales, por cada concejal, la ciudad de Posadas tiene 122 empleados. A menos que sea el concejo deliberante más prolífico del planeta Tierra, hay algo raro acá”. Y agregó: “No se explican las diferencias tampoco adentro de la misma provincia, porque el caso de Oberá no tiene nada que ver con Posadas y están muy cerca”.
El panel analizó también el sentido de los concejos deliberantes y su rol de contralor: “El concejo deliberante regula o hace ordenanzas municipales, es como el Legislativo a nivel local”, explicó Grobo. Lara López Calvo advirtió sobre el poder institucional: “Es el órgano que puede destituir al intendente también. Por eso, en general, el intendente busca controlar el concejo deliberante”.
Jove aportó: “En muchos casos, es siempre el Conurbano. En el Conurbano, vemos varios casilleros que tienen un número veinticuatro”.
Crisis de legitimidad y demandas de mayor transparencia
La crisis de confianza en las instituciones fue otro eje de la discusión. Grobo sentenció: “La legitimidad de las instituciones la defienden las instituciones. Si el Congreso después se está quejando porque los diputados ganan malos sueldos o porque la gente no les cree, tienen que preocuparse por trabajar para dar mejores resultados”.
A propósito del uso de los recursos, Grobo fue contundente: “La biblioteca del Congreso tiene más empleados que ninguna empresa privada. ¿Y con qué explicación? Ya no se lee ni libros en formato físico. No estoy diciendo que hay que cerrar la biblioteca del Congreso, pero se utiliza para otra cosa que no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso”.
El informe de la Fundación Libertad fue considerado un avance en materia de transparencia. Jove remarcó: “Este informe anual repasa y consigue todos los presupuestos, te habla de un nivel de transparencia poco habitual en la política, porque andá a conseguir el presupuesto en detalle de varias legislaturas provinciales, no aparecen”.
Grobo celebró la mayor conciencia fiscal que se instaló en el debate público: “Creo que hay algo positivo de la época y de lo que trae Milei, que es mayor conciencia fiscal”. Y completó: “Lo primero que hay que hacer es que las instituciones funcionen para lo que tienen que funcionar, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, que es legislar, y que los concejos deliberantes hagan lo que tienen que hacer, que es hacer ordenanzas municipales”.
El panel coincidió en que la estructura actual dificulta la eficiencia: “No hay ninguna forma de justificar que en una ciudad haya un defalco de guita como la que hay. Me parece que eso es parte de la crisis de legitimidad que tienen esas instituciones. Cuida la guita, no gastes guita de más, mostrame qué servicio público estás dando por esto y tiene que haber muchísima más transparencia”, reclamó Grobo.
La discusión se cerró con un llamado a revisar la estructura de asesores y empleados: “¿Cómo puede ser que tengan la misma estructura que hace diez años, con lo que cambió el mundo? Una estructura de 122 empleados no tiene sentido. El problema es, además, que no trabajan de eso”, concluyeron los analistas.
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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
rosendo grobo
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