POLITICA
En medio de las críticas por los vetos, Francos volverá al Congreso para responder preguntas de los diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, irá a la Cámara de Diputados el próximo 27 de agosto. Allí se concentran fuertes cuestionamientos a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes sancionadas por el Parlamento, que implicaban un aumento para los jubilados y pensionados, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Los diputados tendrán, desde este lunes, 48 horas para enviar a la Jefatura de Gabinete sus preguntas, que luego se derivarán a cada ministerio o a la Presidencia para que respondan.
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Se estima que los mayores planteos de los diputados harán referencia al programa económico, a los recientes vetos a las leyes aprobadas y al envío del Presupuesto 2026, que deberá ingresar a más tardar el próximo 15 de septiembre.
Esta no es la primera vez que el jefe de Gabinete va a responder preguntas al Congreso. El pasado 26 de junio, el funcionario concurrió al Senado y, tras cuatro horas de exposición, se retiró luego de ser calificado de mentiroso por la senadora Cristina López, de UxP, de Tierra del Fuego.
En aquella oportunidad, Francos cuestionó la sanción del Congreso al aumento de las jubilaciones y a la moratoria previsional: “Son un daño directo al equilibrio fiscal. Solo el cambio en la fórmula de movilidad y el bono implicarían un impacto del 0,8% del PBI. Tenemos un sistema previsional deficitario e inviable. Hay más jubilaciones con moratorias que sin ellas, en una proporción de 2 a 1”, dijo en ese entonces.
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El último informe ante la Cámara baja del jefe de Gabinete fue el pasado 17 de abril, cuando respondió más de 4000 preguntas de los legisladores nacionales. Las mismas hicieron referencia al estado de las rutas nacionales, el precio del dólar, el acuerdo con el FMI y la falta de la ley de Presupuesto. No abordó las consecuencias del escándalo de la criptomoneda $Libra.
Fuertes cruces por los vetos de Milei
La Casa Rosada, en sus fundamentos para la decisión presidencial de vetar las tres leyes del Parlamento, argumentó que la aprobación parlamentaria se hizo «de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación“.
“Los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y un 1,68% del PBI estimado para el año entrante», explicó el Gobierno.
La estrategia de la oposición es insistir con las leyes sancionadas una vez que logren garantizar los dos tercios de los diputados presentes, mientras que La Libertad Avanza viene trabajando en conseguir el tercio de legisladores necesarios para blindar la decisión del Presidente. Para ese objetivo son fundamentales las actuaciones del jefe de Gabinete, Francos, y del presidente de Diputados, Martín Menem.
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En el Senado también cuestionaron al Ejecutivo. El titular de la bancada de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, pidió “que les expliquen a los argentinos qué están haciendo con su plata».
Mientras tanto, desde el bloque Convicción Federal, integrado por los peronistas Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada, señalaron que “estas decisiones no son técnicas ni administrativas: son profundamente políticas y superficialmente efectistas». “Vetar el aumento a los jubilados es mirar para otro lado mientras quienes trabajaron toda una vida siguen eligiendo entre comer o comprar sus medicamentos», manifestaron en un comunicado.
Y sumaron: “Vetar la moratoria previsional es castigar a las mujeres y hombres del trabajo informal que no tuvieron aportes por responsabilidad del Estado, no por decisión de ellos. Vetar la emergencia en discapacidad es negar lo evidente, dejar paralizado un sector que ya lo está por sus propias condiciones de salud e ignorar que miles de familias no pueden afrontar tratamientos, traslados ni garantizar que los profesionales que los atienden cuenten con ingresos para desarrollar sus vidas trabajando en un sistema que está colapsado. El federalismo no se declama, se practica. Y practicarlo es cuidar a cada argentino, viva donde viva, sin importar si es joven o mayor, si nació en una gran ciudad o en un paraje del interior”.
Guillermo Francos, Diputados, La Libertad Avanza, Javier Milei
POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.
Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la diputada Natalia Zaracho protagonizaron un intercambio de declaraciones en la red social X. El debate ocurrió tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Los funcionarios discutieron sobre la negociación con los gobernadores y la ejecución de obras públicas en las provincias.
Natalia Zaracho cuestionó la votación en la Cámara alta con duros términos contra el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales. La legisladora sugirió que se otorgaron beneficios a las provincias a cambio de votos positivos para la ley.
Zaracho escribió: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este Gobierno de hijos de p*ta, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Manuel Adorni respondió el mensaje con un comentario técnico sobre las competencias del Estado nacional. El ministro coordinador buscó desacreditar la acusación de la diputada mediante la ironía. Adorni publicó: “Estimada Natalia, los ‘cordones cuneta’ son responsabilidad de los gobiernos locales, jamás podríamos haber otorgado dos de ellos tal como usted sugiere. Saludos”.
La iniciativa legislativa propone una modificación profunda en la Ley de Contrato de Trabajo. El texto otorga mayor flexibilidad en las condiciones de contratación y en el régimen de despidos. El oficialismo obtuvo el respaldo de los bloques de “opositores dialoguistas” para avanzar con estas medidas.
El plan estipula un recorte en los elementos que integran el cómputo para los pagos por desvinculación forzosa. Los empleadores excluyen el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la cifra final. Tampoco ingresan las propinas en este cálculo. La ley crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) como herramienta principal de financiamiento. Estas cuentas poseen carácter inembargable y reciben aportes mensuales de las patronales.
Las grandes empresas destinan el 1% de sus contribuciones para conformar este fondo. Las pymes realizan un aporte mayor, que llega al 2,5%. La reforma también altera el régimen de enfermedades y accidentes fuera del ámbito laboral. El empleado percibe el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene cargas de familia. El plazo se extiende a seis meses para los trabajadores con familiares a cargo.
La reforma laboral establece restricciones severas para las medidas de fuerza sindicales. El Gobierno divide las actividades en dos categorías principales según su importancia social. Los servicios esenciales deben garantizar una prestación mínima del 75% de su capacidad habitual. Los servicios considerados trascendentales operan con al menos el 50% de cobertura durante los paros.
El dictamen deroga cinco estatutos profesionales con vigencia histórica. Los periodistas, los viajantes de comercio y los peluqueros pierden sus marcos normativos específicos. La medida alcanza también a los choferes particulares y a los operadores de radio. La cuota sindical obligatoria permanece vigente para todos los trabajadores. Los empleados pagan este aporte a los gremios sin importar su condición de afiliados.
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POLITICA
La ANMAT retiró del mercado un jabón para la ropa importado por no contar con un rótulo en español
Esta madrugada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de un jabón líquido para la ropa y unas bombas de infusión. Además, confirmó la baja de una empresa que se dedicaba a la creación de productos farmacéuticos.
Por medio de la publicación de las disposiciones 259/2026, 492/2026 y 499/2026 en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que en los tres casos se habían detectado irregularidades relacionadas con la habilitación y/o inscripción en el registro correspondiente.
En el caso del detergente importado, la ANMAT especificó que se trataba de un producto de la marca “Tide ORIGINAL”, que no contaba con ningún rótulo en español. Por este motivo, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal propuso la prohibición de venta y uso de todos los lotes de este producto en territorio argentino.
Entre las recomendaciones del área técnica, se sugirió además el inicio de un sumario sanitario contra la empresa GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. y su directora técnica, Marcela Ester Falguera, debido al incumplimiento de disposiciones relativas al correcto rotulado en idioma nacional y a la obligación de conservar contramuestras de los productos comercializados.
La investigación comenzó tras una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios, donde se advertía que el detergente para ropa “Tide Original. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel” estaba a la venta en un supermercado Carrefour de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin ningún sobrerotulado en español. El producto poseía únicamente inscripciones en inglés y no incluía el número de registro nacional exigido para su comercialización.
La firma GLAM DISTRIBUCIONES S.R.L. se encuentra inscripta ante la ANMAT bajo el RNE N° 020048208 como importador y exportador de productos de uso doméstico. Aunque al principio sus representantes afirmaron desconocer el origen del lote denunciado, más tarde reconocieron su responsabilidad cuando se aportó una muestra que permitió identificar el número de lote.
Frente a esto, la empresa declaró entonces que no contaba con contramuestras del mismo, contraviniendo las exigencias regulatorias para la trazabilidad en el sector. Asimismo, el área técnica ordenó el retiro inmediato del lote afectado, sometiéndolo a seguimiento para evitar su circulación en el mercado.
Respecto al lote de bombas de infusión, el organismo explicó que la decisión se debía a una denuncia realizada por la empresa ICU Medical Argentina S.R.L., que reportó el extravío de varias unidades de bombas de infusión Plum A+TM (números de serie: 18314614, 18313908, 18311337, 18313170, 18312661, 18302456, 18301723) y Plum360TM (número de serie 20852391).
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Con el objetivo de resguardar la seguridad de eventuales usuarios y adquirentes, se prohibió el uso, comercialización y distribución a nivel nacional de los equipos debido a que se desconoce el estado y condición en las que se encuentran.
No obstante, aclararon que ambos dispositivos, clasificados como riesgo III y registrados a nombre de la compañía denunciante, están destinados a infusiones parenterales, enterales y epidurales, y, en el caso de la bomba Plum360TM, también a la administración de sangre o productos sanguíneos.
Por último, informaron que la empresa IDEFARMA S.R.L. fue dada de baja como establecimiento habilitado para el acondicionamiento de especialidades medicinales, tras constatarse la ausencia de actividad desde su habilitación inicial en su planta de Adrogué, provincia de Buenos Aires.
La decisión se produjo después de que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) diera su conformidad al procedimiento, una vez acreditada la inactividad de la empresa. Previo a esto, la firma había sido habilitada para el acondicionamiento primario de especialidades medicinales sólidas en blisters, cintas y sobres, todos ellos no estériles y sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales, así como para tareas de acondicionamiento secundario.
De acuerdo con la Ley N° 16.463, las operaciones vinculadas a la producción, comercialización, fraccionamiento y otras actividades sobre medicamentos solo pueden realizarse con autorización expresa y control de la autoridad sanitaria, y en establecimientos que cumplan con las regulaciones vigentes para proteger la salud pública y la economía del consumidor.
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