POLITICA
“Sustancia en polvo”: el acta de la supuesta destrucción de la droga con la que se podían producir millones de ampollas
El mismo día que entró la denuncia penal contra HLB Pharma por las primeras muertes que aparecieron en relación con el fentanilo contaminado y dos días antes de los allanamientos, la empresa destruyó materia prima. De acuerdo a las actas que presentó la sociedad, a las que accedió , el laboratorio pretendió explicar la desaparición de casi cinco kilos de citrato de fentanilo vía su incineración.
El momento y el modo de gestión de esos supuestos residuos eleva sospechas por la posible derivación de la droga a canales informales, antes o después del inicio de la causa penal.
La presentación ante la Justicia, sin embargo, se hizo el 11 de junio, casi un mes después de la presunta disposición de los materiales y del inicio de la causa que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak. El faltante había sido identificado contrastando el resultado de los allanamientos, en donde no se encontró citrato de fentanilo, y una inspección hecha por las autoridades nacionales en marzo, que indicaba que existían 5 kilos en poder del laboratorio.
Por cada kilo de polvo de fentanilo se pueden producir cerca de 2 millones de ampollas. En el país se emplean alrededor de 200.000 ampollas por mes, con lo cual la materia prima podría abastecer cuatro años y medio de demanda nacional.
El primer documento aportado es una actuación notarial, firmada por la escribana Rosa L. Gómez Csher. Allí aparecen los nombres de las empresas involucradas: Tri-eco SA fue la encargada de la disposición del material y MD Servicios SRL, del transporte. Un punto importante es que estas no eran las compañías de gestión de residuos que habitualmente utilizaban en HLB.
Dentro de la documentación aportada también hay un manifiesto de residuos N13196599, expedido por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en el que se ve la fecha de programación del procedimiento: el mismo día, 13 de mayo. El detalle de los productos incluye 4850,08 gramos del citrato y aproximadamente 50 kilos de “medicamentos y productos farmacéuticos“. En el listado aportado por la empresa se dice que el citrato había vencido en enero de 2025.
La responsable que firmó por HLB se llama Soledad Kerbel. De acuerdo con la información recabada por este medio, se trata de una persona de 32 años, que no figura como empleada de ninguno de los dos laboratorios sino de una droguería del grupo de García Furfaro, Alfarma. Los aportes sobre su empleo dejaron de hacerse en abril, un mes antes de la destrucción.
No hay constancia de la intervención de especialistas en seguridad e higiene o un director técnico en la operación.
La escribana establece que se le encomendó a Tri-eco SA la “destrucción de los desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos, Categoría Desecho Principal Y2, Estado físico: sólido”. El lugar de tratamiento sería una planta ubicada en Sargento Ponce y Camino de la Costa, en Dock Sud. En toda la operatoria no se menciona a nadie de HLB, sino de las empresas tratantes.
“Siendo las 11.28 horas, previo cumplir con normas de seguridad me dirigí en compañía del requirente y el concurrente al sector donde se hallaba el transporte que contenía el material a ser tratado; acto seguido se procedió a abrir en mi presencia los precintos colocados en las puertas del transporte números (…), que el requiriese solicitó haga constar en la presente”. La descarga incluyó: “2 pallets, uno de ellos que se encontraba recubierto con embalaje de plástico negro, contenta tres tambores con bolsas que a su vez contenían vidrio triturado de ampollas; el otro pallet contenía bolsas plásticas de color amarillo y bidones”.
Gómez Csher asegura haber abierto los contenedores y haber identificado “cinco bolsas de plástico transparente que contenían sustancia en polvo, cuatro de ellas selladas con los precintos 0085334, 0085330, 0085332 y 0085331 del lote FCFA1 del producto ‘Fentanyl Citrate’ y la restante sellada con el precinto 000213579 del producto ‘Fentanyl Citrate’, que no indicaba número de lote“. La escribana en ningún momento certifica que el material destruido era efectivamente ese, por que no es química ni directora técnica del laboratorio. Solo puede constatar que había “polvo” dentro de los contenedores. Si eso era citrato de fentanilo o talco, no hay respuestas.
Según su registro, a las 11.55 ingresaron al galpón donde se encontraba la fosa con un operario que, con un vehículo elevador, traslado los pallets y los arrojó al fuego “mientras otro operario removía los desechos emulsionándolos con diversas sustancias”. El proceso duró, de acuerdo con la escribana, unos 10 minutos.
La escribanía y las empresas fueron allanadas por la Justicia, que encontró los registros notariales correspondientes. Lo que no se obtuvo de forma concluyente es una prueba que descarte la sospecha de que el material destruido no era otra cosa que citrato de fentanilo. El 21 de mayo quedó legalizada la firma del acta.
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En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó 14 nuevos allanamientos y hay cuatro personas detenidas.
Entre ellas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma. El 1 de diciembre de 2025, la mujer le ordenó a Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
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Juan Soler, empleado de la financiera, detenido porque en una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, ordenó que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
También fue detenido Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo. La Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
El cuarto detenido es Rolando Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
Los allanamientos se dieron en el expediente que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
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La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia
Tras la media sanción de la reforma laboral este miércoles en el Senado, el proyecto introduce cambios sustanciales en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
El texto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera. La recidiva – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años”, remarca el artículo 208 del proyecto.
“Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”, indica.
Y continúa: “La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
Ahora bien, si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad y no tiene cargas de familia, la licencia por enfermedad o accidente paga es de 6 meses; y si además tiene cargas de familia, la licencia paga se extiende a 12 meses.
A su vez, se modifica el porcentaje de remuneración: en el esquema actual se cobra el 100%, mientras que la reforma propone que, si el accidente o enfermedad tiene origen en una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implica un riesgo conocido, perciba el 50% de la remuneración; en cambio, si no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, se percibe el 75% durante el período de licencia, ya sea de tres o seis meses.
Asimismo, el proyecto oficial especifica que el trabajador que no pueda asistir a su primer día de trabajo por enfermedad o accidente deberá informar inmediatamente la situación y el lugar donde se encuentra, salvo que se trate de un caso de fuerza mayor.
Por último, el texto establece que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser brindados por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas.
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POLITICA
La madre de Jeremías Monzón asistió al Congreso para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad
La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una sesión que busca otorgar media sanción a la reforma del Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, estableciendo una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Entre los presentes en el Congreso se encontró Romina, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de Santa Fe asesinado en diciembre de 2025 por menores que resultaron ser inimputables bajo la ley vigente.
Romina fue recibida anteriormente por Patricia Bullrich
Jeremías fue encontrado muerto el 22 de diciembre con más de 20 puñaladas en una antigua fábrica abandonada. La investigación determinó que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, mientras que su novia, M.A., fue imputada como coautora tras descubrirse que lo engañó para citarlo en el lugar del crimen.
Durante la manifestación frente al Congreso, Romina denunció la situación procesal de los responsables directos: “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”.
Jeremías Monzón
A pesar de su apoyo a la reforma, la madre de la víctima reconoció que la aprobación del proyecto no tendrá impacto legal en el caso de su hijo. “Lamenté que no se hará justicia por mi hijo porque esta ley no es retroactiva. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, expresó.
Asimismo, cuestionó el enfoque actual del sistema judicial sobre la rehabilitación de los delincuentes juveniles: “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”.
El debate actual retoma una discusión del año 2024, cuando el Ejecutivo propuso inicialmente bajar la edad a los 13 años, propuesta que perdió estado parlamentario pero sirvió de base para el dictamen actual.
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adolescentes,Diputados,Edad de Imputabilidad,Jeremías Monzón
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