El presidente Javier Milei encabezó este martes un encuentro en Casa Rosada con el CEO de la minera Vicuña, Ron Hochstein, y el director local de la firma, José Morea, tras el anuncio de la inversión extranjera directa más alta registrada en la historia nacional que implicará el desembolso de USD 18.000 millones, según anunció la propia compañía días atrás.

Junto al mandatario, asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión se realizó luego de que la compañía oficializara su plan de desarrollo para la explotación de cobre, oro y plata en el país.

Durante el encuentro, los representantes de Vicuña Corp. subrayaron que la decisión de avanzar con el megaproyecto se apoyó en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado desde el Ejecutivo. Destacaron que este marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica resultó determinante para viabilizar la inversión. “Sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”, expresaron los ejecutivos en el encuentro, según se desprende del comunicado oficial.

El desembolso total proyectado para la primera década asciende a USD 18.000 millones, una cifra sin precedentes para el sector minero argentino. De ese total, USD 7.000 millones se aplicarán hasta la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030. El plan comprende dos proyectos principales: Josemaría y Filo del Sol.

El anuncio de la inversión se enmarca en una estrategia del Gobierno para captar capitales internacionales y posicionar a la Argentina como proveedor global de minerales estratégicos. El propio Milei señaló en declaraciones recientes que el país busca transformar su matriz productiva y aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y la demanda mundial de metales como el cobre, el oro y la plata.

La empresa Vicuña Corp. cuenta entre sus accionistas principales con los grupos internacionales BHP y Lundin Mining, dos referentes de la minería global. Con esta inversión, la operación argentina ubicará a la firma entre las cinco mayores explotaciones de cobre, oro y plata del planeta.

El RIGI, aprobado por el Gobierno nacional, establece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones productivas de gran envergadura. El objetivo consiste en atraer desarrollos que por su escala demandan garantías jurídicas y reglas claras a largo plazo. El caso de Vicuña Corp. se convirtió en el primer proyecto de gran minería que accede a este marco regulatorio.

Los proyectos Josemaría y Filo del Sol se localizan en la provincia de San Juan, una de las jurisdicciones con mayor potencial geológico del país. Según el plan presentado, la etapa inicial requerirá la construcción de infraestructura, plantas de procesamiento y caminos de acceso, así como la adquisición de equipamiento de última tecnología.

El desarrollo de estos yacimientos generará un impacto relevante en el empleo, la provisión de servicios y la transferencia de tecnología. Si bien la empresa no precisó cifras sobre la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, fuentes del sector estiman que el movimiento de inversiones dinamizará las economías regionales y los clústeres industriales asociados.

En un comunicado cuando anunció la inversión, la empresa reiteró que espera que Vicuña se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

En esa oportunidad, Hochstein comentó: “El Proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones. Estamos comprometidos a avanzar Vicuña de manera responsable y en colaboración con los gobiernos y las comunidades para generar valor sostenible para el país”.

“Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata”, detalló la empresa.

La estrategia de posicionamiento de la Argentina como proveedor mundial de minerales críticos responde a la demanda creciente de cobre, oro y plata en el contexto de la transición energética, la electromovilidad y las industrias tecnológicas. Los proyectos Josemaría y Filo del Sol aspiran a abastecer mercados internacionales desde una plataforma de producción competitiva.

El desembarco de estos capitales refuerza el perfil exportador del sector minero argentino y amplía las oportunidades de desarrollo para las regiones productoras. San Juan, sede de los yacimientos, se consolidó en los últimos años como una de las provincias más activas en materia de inversiones mineras y alianzas público-privadas.

Otra ironía de la economía argentina: al final, a Luis Caputo le habría convenido más aceptar la actualización del IPC que propugnaba Marcos Lavagna, porque las cifras de inflación serían menores. Al menos, eso es lo que están indicando los primeros datos de febrero, donde los rubros que se suponía que pisarían el freno están mostrando una peligrosa inercia.

Las consultoras que hacen relevamientos de precios siguen mostrando subas de precio en el sensible rubro de alimentos. Por caso, Analytica midió aumentos por 1,3% en la segunda semana de febrero, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas llega a 2,7%. Y su pronóstico es que el IPC marcará en febrero un 2,8%.

En el caso de la consultora LCG, la medición de la segunda semana fue de 1% en el rubro alimentos, luego del 2,5% que se había registrado en la semana previa. Y el reporte incluye datos preocupantes, como el hecho de que la categoría que lidera los aumentos es la carne, que en la canasta «vieja» del Indec -o sea, la que sigue vigente- tiene una alta ponderación.

En enero, para sorpresa de casi todos los analistas, el rubro de alimentos y bebidas fue el que lideró los aumentos, con una variación de 4,7% en el mes. El mes en que típicamente se produce un pico de precios es diciembre, por una cuestión estacional, incluyendo el incremento de carne por las fiestas. Y la expectativa era que, pasado ese momento, se registrara una moderación.

De hecho, esa expectativa era la explicación que muchos encontraron para que Caputo se resistiera a adoptar la nueva canasta: con el rubro de alimentos bajo control, el ministro prefería que siguiera con su actual ponderación de 26,9% de la canasta del Indec, y no del 22,7% que preveía el nuevo índice.

Pero lo cierto es que, tras el dato de enero, ya se cumplen cuatro meses consecutivos en los que el rubro de alimentos varía más que el promedio del IPC, y siempre al alza. En septiembre la inflación de alimentos fue de 1,9%, en octubre un 2,3%, en noviembre un 2,8%, en diciembre un 3,1% y en enero el explosivo 4,7%, que dejará un inevitable efecto de arrastre estadístico para febrero.

El impacto de la carne

Cuando hay productos que tienen un alto nivel de ponderación en la canasta, el IPC puede registrar variaciones inesperadas por una súbita baja en la oferta, por ejemplo. El caso típico es el de la carne vacuna, al cual la canasta del Indec le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

Y los expertos en el negocio ganadero están advirtiendo que, aun cuando la fuerza de la demanda pueda caer en el mercado doméstico, igualmente hay margen para que los precios sigan subiendo. El motivo es la caída en el rodeo vacuno, que hace que los productores retraigan la oferta para recomponer sus stocks.

El mejor reflejo de esa situación está en el mercado de Cañuelas, donde se ve un sostenido aumento del ganado, con el novillito en $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, cuando se producía el pico estacional del consumo.

Dado que los ciclos biológicos en el sector vacuno son largos, se tardará al menos cuatro años para que, desde el nivel actual de 51 millones de cabezas, se vuelva a los 54 millones que se registraban en 2022. Por eso, los frigoríficos advierten que los precios podrán mantenerse altos por dos años, antes de empezar a bajar.

Está, además, el efecto del tratado comercial con Estados Unidos, que quintuplica la cuota de carne exportable sin aranceles hasta el nivel de 100.000 toneladas anuales. La estimación es que durante todo el año Argentina le venda unas 810.000 toneladas al mercado global, con lo cual se ubicaría en el quinto puesto del ranking, detrás de Brasil, Australia, India u EE.UU., cuyos volúmenes sufrirán recortes.

En otras palabras, no se vislumbra un desplome en el precio de la carne, porque el stock vacuno está en recomposición y porque las exportaciones no dejarán mucho margen al «principio de Menger» que Javier Milei gusta de citar para explicar que los precios bajarán porque la gente no los convalidará.

La solución para abaratar la carne implicaría la importación desde Brasil o Uruguay, una medida que aparejaría polémica política, pero que ayudaría a contener los precios, como ya se está viendo en los rubros que tuvieron las mayores aperturas comerciales, como los de electrodomésticos y productos textiles.

El fantasma de marzo

El cálculo que sí le saldrá bien a Caputo es el del impacto de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados. Ya en este mes están llegando boletas más caras, al ponerse en marcha los recortes de subsidios a electricidad y gas para usuarios de ingresos medios.

El rubro de subsidios, si bien ha sido recortado, todavía se lleva un 6% del gasto presupuestario, y la necesidad de recortes se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en enero la sexta caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Para ponerlo en palabras de Caputo, todavía no se completó el «cambio de precios relativos» entre bienes y servicios, como para que el proceso desinflacionario pueda considerarse consolidado. Traducido: falta aún más recortes de subsidios y, por ende, mayores subas de precios en servicios públicos y en transporte.

Además, hay cuestiones estacionales: marzo, por ejemplo, suele ser un mes de inflación alta, por los ajustes en la matrícula escolar y subas en precios de servicios regulados, tales como las comunicaciones, la medicina prepaga o los seguros.

Esto fue lo que llevó a Caputo a pensar que era mejor posponer el cambio de IPC, ya que la canasta que había diseñado Lavagna aumentaba la ponderación del rubro rubro «vivienda, electricidad, gas y otros», desde el actual 9,4% del presupuesto familiar, a un 14,5%.

La diferencia entre los dos IPC en pugna se ve con claridad si se analiza la inflación de 2024. Ese año, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%, una brecha sustancial. Y eso ocurre, sobre todo, por el impacto del «tarifazo» en los primeros meses de la gestión Milei.

En cambio, en 2025, casi no se habrían registrado diferencias si se hubiese actualizado el IPC: el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. El motivo es que las subas tarifarias fueron más moderadas -el «estímulo electoral» llevó a que se pospusieran aumentos-.

Lo que viene

La pregunta que se plantea ahora es si la inflación de 2026 se parecerá más a la de 2024-cuando los servicios lideraron los aumentos- o a la de 2025, cuando las variaciones fueron más parejas.

Y, al menos durante el primer trimestre, todo indica que el factor tarifas será importante. Por eso, Caputo se resignó a tener en enero un IPC más alto que el que se habría registrado si hubiese cambiado la metodología de cálculo.

Lo que, en cambio, no está tan claro, es qué tan duradero puede ser el salto estacional en los alimentos y bebidas. Por lo pronto, se prevé que el IPC de febrero refleje una continuidad de esa situación, lo cual hará que se neutralice el efecto de normalidad que el ministro quería mostrar.

Al menos, quedará un consuelo para el ministro tras el giro negativo: el hecho de que se haya negado a instaurar un nuevo índice que podría dar una inflación menor será un argumento para recuperar credibilidad y evitar que los sindicatos quieran imponer algún tipo de «IPC blue» para mejorar sus condiciones de negociación salarial.

El costo de la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en febrero los $192.181 mensuales para un hogar promedio sin subsidios, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

El informe, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía, ENARGAS, INDEC y otras fuentes gubernamentales, mostró que el gasto creció 41% respecto al mismo mes de 2025, aunque se redujo 0,3% frente a enero debido a factores estacionales y a una baja en el consumo de energía eléctrica y gas natural.

La estructura relevada por el IIEP reflejó la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que introdujo cambios en la segmentación de usuarios y en la cobertura de costos de los servicios públicos. A partir de febrero, el esquema distinguió entre usuarios de energía eléctrica con y sin subsidios, mientras que en el sector del gas ningún hogar recibió bonificaciones en el precio mayorista. El informe también destacó que la cobertura tarifaria promedio alcanzó el 65% de los costos, mientras que el Estado nacional absorbió el 35% restante.

En el detalle de la canasta, el gasto mensual en transporte público representó el componente más significativo, con $87.975, seguido por la factura de energía eléctrica de $47.935 y la de gas natural de $24.538, ambos valores correspondientes a usuarios sin subsidio. El gasto en agua potable sin subsidio se ubicó en $31.687. El informe del IIEP explicó que estos valores surgieron de la ponderación de un hogar representativo del AMBA, considerando consumos promedio y coeficiente zonal medio para el agua.

El análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP subrayó que la canasta de servicios públicos representó el 11% del salario promedio registrado estimado para el mes de febrero, equivalente a $1.733.146. Un salario de ese nivel permitió cubrir nueve canastas de servicios públicos, una cifra que descendió respecto a las 9,6 canastas de febrero de 2025, lo que reflejó un aumento de la carga de los servicios sobre el poder adquisitivo.

La evolución de la cobertura de costos mostró diferencias entre los distintos servicios y segmentos de usuarios. En energía eléctrica, los usuarios residenciales sin subsidio alcanzaron una cobertura del 100% del costo de abastecimiento, recuperando niveles previos a la implementación del nuevo esquema. Para los usuarios con subsidio, la cobertura subió de 29% en febrero de 2025 y 33% en enero de 2026 a 50% en febrero, lo que implicó una reducción en la proporción de costos financiados por el Estado y un mayor traslado a la tarifa final. En el caso del gas natural, la cobertura llegó al 101% para el usuario promedio sin subsidios, ya que en febrero no existieron bonificaciones según los lineamientos del SEF.

La composición de las facturas varió según el acceso a subsidios. Para los usuarios sin subsidio en electricidad, la energía representó el 36% del monto total, el valor agregado de distribución (VAD) el 38% y los impuestos el 27%. En los hogares con subsidios, la energía significó el 19%, el VAD el 53% y los impuestos el 27%. En gas natural, la factura promedio del país para un usuario sin subsidios ascendió a $30.291, con una distribución del 32% para el precio del gas, 46% para el VAD y 22% para los impuestos.

El informe del IIEP detalló que en febrero, la factura promedio de energía eléctrica para usuarios sin bonificaciones subió 14,1% en el cargo variable, mientras que para quienes recibieron subsidios se redujo 3,9%, debido al nuevo esquema que estableció un tope de 300 kWh mensuales para el bloque subsidiado. En gas natural, la eliminación de los segmentos N2 y N3 derivó en incrementos en el cargo variable de 117% y 80% respectivamente para los ex beneficiarios, que pasaron a integrar un único segmento sin bonificaciones.

El peso de los servicios energéticos sobre el ingreso varió de acuerdo con el nivel de subsidio y el monto de los ingresos familiares. Un hogar sin subsidio con ingresos equivalentes a tres canastas básicas destinó 2,1% de sus recursos a estos servicios, mientras que un hogar con subsidio y un ingreso equivalente a una canasta básica asignó 4,4%. Para quienes recibieron el salario mínimo, vital y móvil, el peso de los servicios energéticos llegó al 8,6% del ingreso.

En la comparación interanual, el informe del IIEP registró que la factura de transporte subió 56% frente a febrero de 2025, por encima de la inflación estimada. El gasto en agua, electricidad y gas natural aumentó 19%, 35% y 37% respectivamente. El análisis indicó que la principal causa del aumento de la canasta de servicios públicos fue el transporte, que aportó 23 puntos porcentuales al incremento total del 41%. El gasto en energía eléctrica sumó nueve puntos, el gas cinco y el agua cuatro.

Los subsidios económicos a los sectores de energía y transporte registraron un aumento nominal del 140% anual acumulado a febrero de 2026, con una variación real del 82% anual. La energía absorbió el 86% de los subsidios acumulados y tuvo una suba real del 175% anual, principalmente a través de transferencias a CAMMESA y ENARSA. Las transferencias a CAMMESA crecieron 87% en términos reales, mientras que las destinadas a ENARSA aumentaron 1872%. En contraste, los subsidios al transporte disminuyeron 43% en términos reales.

El informe también consignó que la canasta de servicios públicos del AMBA experimentó un aumento del 593% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, mientras que el nivel general de precios subió 200% en el mismo período. En la comparación interanual, la canasta se incrementó 41%, ubicándose diez puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor, que tuvo una variación de 31%.

La dispersión de tarifas por región y empresa distribuidora persistió como un rasgo estructural del sector, influida por diferencias en los marcos regulatorios, la composición de los costos y la existencia de cargas impositivas diversas. El análisis del IIEP remarcó que la comparación de tarifas entre jurisdicciones requiere tomar en cuenta estos factores para evitar interpretaciones erróneas.

El costo promedio de la canasta de servicios públicos incluyó también el precio del litro de nafta y gasoil premium, que en febrero de 2026 promedió $1.877 y $1.945 respectivamente a nivel país, así como la cobertura tarifaria de colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue del 32%. La brecha entre el costo regulado y el valor estimado por el IIEP resultó del 116%.

Por último, el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP consignó que la reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y subte fue de 34% desde 2023. A partir de 2026, la determinación de los costos técnicos del transporte y el cálculo de los subsidios quedó a cargo de cada jurisdicción, modificando una larga tradición de centralización nacional.