POLITICA
Entran en vigencia los aranceles de Trump: cuál será el impacto en la Argentina y cómo siguen las negociaciones
Mientras la Cancillería mantiene el hermetismo sobre las negociaciones con Washington por un acuerdo comercial, el gobierno de Donald Trump empieza a aplicar este jueves aranceles de al menos 10% a decenas de países, entre ellos la Argentina.
De esta manera, los productos de exportación de más de 60 países y de la Unión Europea enfrentan aranceles de entre el 10% y hasta el 50% para Brasil y la India, aunque en el último caso las tarifas adicionales (del 25%) se impusieron en represalia por la compra de petróleo ruso.
Cómo siguen las negociaciones entre Estados Unidos y la Argentina por los aranceles
La Argentina tiene un gravamen del 10%, aunque en los casos del acero y el aluminio que se anunciaron entre abril y junio los aranceles llegan al 50%. Quedaron exentas las importaciones de energía y oro.
En las últimas semanas funcionarios del gobierno de Javier Milei dejaron trascender que las tratativas “marchan bien” y que restan algunos detalles para cerrar un acuerdo con Washington.
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“Estamos en medio de un trabajo muy importante que tiene que ver con un acuerdo comercial, que no podemos dar detalles porque tenemos un acuerdo de confidencialidad (con Estados Unidos). No podemos hacer ningún comentario. Las cosas van bien y va a ser bueno para la Argentina”, dijo recientemente el canciller, Gerardo Werthein.
En círculos diplomáticos se vislumbra que el acuerdo podría darse a conocer durante la anunciada reunión entre Trump y Milei en Washington que prepara la Cancillería. Ese encuentro, aún no oficializado, “va a ocurrir más pronto que lejos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.
Cómo quedan los aranceles en el resto de los países
Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Corea del Sur, Israel, Japón y la Unión Europea, afrontan aranceles del 15%. En tanto, Canadá, uno de los aliados naturales de Washington, tiene aranceles de 25 a 35% sobre todos los bienes que no están cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC. Además, Trump anunció aranceles del 41% para Siria, 39% para Suiza y 30% para Sudáfrica.
“Creo que el crecimiento va a ser sin precedentes”, expresó Trump el miércoles por la tarde. También dijo que Estados Unidos estaba “recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles”, pero no pudo proporcionar una cifra exacta de ingresos porque “ni siquiera sabemos cuál es el número final” respecto a las tasas arancelarias.
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A pesar de la incertidumbre, la Casa Blanca confía en que la entrada en vigor de los aranceles aportará claridad sobre el rumbo de la mayor economía del mundo. El gobierno republicano cree que puede atraer inversiones y reactivar las contrataciones de manera que se reequilibre la economía como potencia manufacturera.
Pero, por el momento, las empresas y los consumidores se preparan para el impacto de los nuevos impuestos. Lo que muestran los datos es que la economía estadounidense cambió en abril con la implementación inicial de los aranceles de Trump, una medida que provocó una crisis en los mercados, un periodo de negociación y la decisión final del presidente de aplicar las tarifas universales a partir del jueves.
Riesgo de erosión económica
Los reportes económicos muestran que las contrataciones comenzaron a estancarse, la presión inflacionaria aumentó y el valor de la vivienda en mercados clave empezó a disminuir después de abril, señaló John Silvia, director general de Dynamic Economic Strategy.
“Una economía menos productiva requiere menos trabajadores”, apuntó Silvia en una nota de análisis. “Pero hay más, los precios más altos de los aranceles reducen los salarios reales de los trabajadores. La economía se ha vuelto menos productiva y las empresas no pueden pagar los mismos salarios reales que antes. Las acciones tienen consecuencias”.
Aun así, se desconocen todavía las repercusiones finales de los aranceles, que podrían prolongarse meses e incluso años. Muchos economistas dicen que el riesgo es que la economía estadounidense se erosione de forma gradual en lugar de colapsar de forma repentina.
Trump promovió los aranceles como una vía para reducir el persistente déficit comercial de Washington. Pero los importadores trataron de evitar el alza impositiva adquiriendo más productos antes de la entrada en vigor de la medida. Como resultado, el desequilibrio comercial de 582.700 millones de dólares registrado en la primera mitad del año fue un 38% más elevado que en 2024. El gasto total en construcción cayó un 2,9% en el último año.
(Con información de AP)
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POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno confía en reunir mayoría en Diputados y apunta a aprobar la ley en marzo
El Gobierno nacional intensificó las gestiones políticas para avanzar con un nuevo esquema de financiamiento universitario y asegura contar con respaldo suficiente en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa. Sin embargo, pese al optimismo oficial, la discusión legislativa no se concretaría durante las sesiones extraordinarias y quedaría postergada para el inicio del período ordinario.
En Balcarce 50 sostienen que el número de votos está prácticamente garantizado gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas y legisladores provinciales. De acuerdo a estimaciones oficiales, el proyecto podría alcanzar un piso cercano a la mayoría simple necesaria para la media sanción.
La intención inicial era tratar el texto esta misma semana: primero obtener dictamen en comisión y luego llevarlo al recinto. Pero los tiempos parlamentarios y la necesidad de seguir negociando cambios técnicos obligaron a aplazar la votación. La estrategia ahora apunta a marzo.
Qué propone la reforma
La iniciativa no elimina la normativa vigente aprobada por el Congreso el año pasado, sino que busca modificar su mecanismo central: la actualización automática de partidas presupuestarias. El Ejecutivo pretende reemplazar ese sistema por incrementos escalonados y revisiones periódicas.
Según explican fuentes oficiales, el objetivo es evitar que el gasto universitario quede atado de forma permanente a la inflación y genere compromisos fiscales difíciles de sostener. En su lugar, la propuesta prevé ajustes programados y una evaluación a mitad de año para revisar el impacto de la evolución de precios.
El esquema incluiría una recomposición inicial para gastos operativos de las universidades respecto de los fondos asignados en 2025, junto con una instancia de revisión en junio para comparar la actualización otorgada con el Índice de Precios al Consumidor.
Negociaciones con las universidades
Paralelamente al armado político en el Congreso, funcionarios del área educativa mantuvieron encuentros con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades públicas. Las reuniones abordaron salarios docentes, funcionamiento institucional y previsibilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno aseguran que buscan un acuerdo técnico que reduzca la conflictividad y evite nuevas crisis de financiamiento. Las casas de estudio, en tanto, reclaman garantías de estabilidad para sostener el calendario académico y el pago de sueldos.
El debate universitario se convirtió en uno de los ejes más sensibles de la agenda política durante el último año, con marchas masivas y cruces entre el oficialismo y la oposición. En este contexto, la Casa Rosada considera clave mostrar capacidad de negociación y avanzar con una ley propia.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la cautelar judicial y busca frenar la actualización salarial
El escenario parlamentario
El oficialismo apuesta a construir una mayoría con aliados circunstanciales, especialmente legisladores de provincias que condicionan su apoyo a la incorporación de cláusulas específicas. Por eso, el texto aún permanece abierto a modificaciones.
Aunque el Gobierno asegura tener los votos, en el Congreso reconocen que el resultado final dependerá del nivel de consenso que logre el Ejecutivo con rectores y gobernadores. La discusión, por lo tanto, continuará en las próximas semanas y se proyecta como uno de los primeros grandes debates legislativos del año político.
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El debate sobre el acuerdo con Estados Unidos ha estado dominado por discusiones económicas sobre su impacto sectorial, su potencial para promover cadenas de valor y pormenores técnicos de derecho comercial.
El foco del debate es curioso porque los acuerdos pueden hacerse o deshacerse si la política no acompaña y su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de desarrollos geopolíticos.
Cualquier economista reconocería que las instituciones son endógenas a las estructuras de incentivos y estrategias de los actores. De allí que una pregunta eminentemente política se encuentre en el candelero ¿Es un acuerdo tan asimétrico una estrategia acertada dadas las dinámicas de poder entre Estados Unidos y China?
El acuerdo sería un error si, como sostienen algunos, coincidimos más de lo debido a una hegemonía norteamericana declinante. El paralelismo más sugerente es con el tratado Roca-Runciman de mayo de 1933 en el cual Argentina, entonces enfrentada al proteccionismo británico, aseguró una cuota de 390.000 toneladas de carne a cambio de concesiones que el nacionalismo interpretó como coloniales.
Aquel acuerdo (como este) fue notablemente asimétrico—nos obligaba a vender carne de frigoríficos británicos, pagar con ello deuda contraída en Londres y dar trato preferencial a otros productos. Sin embargo, la conclusión de que Argentina cometió un error por atarse a una potencia declinante—cuando Estados Unidos estaba en plena depresión y Gran Bretaña poseía el mayor imperio de ultramar de la historia, abarcando aproximadamente un cuarto de la tierra y su población—es anacrónica.
El destino del Imperio Británico distaba de ser evidente en ese entonces. En la larga cadena de contingencias imprevisibles que lo fue develando, una ironía notable se dio cuando, tras el hundimiento del Graf Spee en diciembre de 1939, el canciller José María Cantilo propuso al embajador británico Sir Esmond Ovey romper relaciones con Berlín, pero Londres concluyó que la neutralidad argentina era más funcional para que el suministro de carne—la cuota asegurada por Roca (h)—pudiera sortear a los submarinos alemanes y la propuesta fue descartada. Así, aquellas relaciones cárnicas tuvieron consecuencias terribles para la Argentina, pero las razones son mucho más complejas e imprevisibles de lo que la historiografía revisionista presupone.
Aun cuando históricamente imprecisa, la analogía con el tratado Roca-Runciman permite formular la más relevante de las preguntas geopolíticas por detrás de este acuerdo ¿Se está alineando Argentina otra vez con un hegemón en declive?
Aunque China hoy duplica la producción y el comercio manufacturero de Estados Unidos—como este duplicaba a Gran Bretaña en el período de entreguerras—por entonces la economía norteamericana triplicaba a la británica y ya igualaba su productividad per cápita. Pekín, en cambio, incluso con las mediciones más favorables, apenas iguala el producto global de su rival pese a tener una población cuatro veces mayor. A diferencia del período de entreguerras, el 65 por ciento de la economía mundial hoy se concentra en los servicios, mientras que las manufacturas—ámbito en el que el gigante asiático ha logrado destacarse—representan apenas una quinta parte. Medida en términos per cápita, esta ventaja en riqueza y productividad es tres veces mayor a la que el Reino Unido jamás tuvo sobre los Estados Unidos.
Pero para anticipar quién prevalecerá no basta la economía: el equilibrio militar es decisivo. La transición entre el Reino Unido y Estados Unidos sólo fue sellada tras dos guerras mundiales. En este sentido, aunque China haya podido ponerse a la par en algunos aspectos económicos, esto la ha convertido en un rival prodigioso en el Pacífico y desatado dinámicas geopolíticas que pueden llegar a detener su ascenso.
Hoy Estados Unidos no enfrenta ningún desafío a su hegemonía militar—al menos nada remotamente comparable al desafío que Alemania representó para Gran Bretaña. El gasto en defensa de Washington es cuatro veces el de Pekín en términos absolutos. Militarmente, China está contenida por tres portaviones y bases estadounidenses en la primera cadena de islas frente su costa, apoyadas en alianzas estrechísimas con Seúl, Taipéi y Tokio—sin considerar el control de rutas marítimas más allá.
Más aún, aislado por dos océanos y sin rivales inmediatos en su vecindario, Estados Unidos podría cómodamente replegarse y dejar que los vecinos de China—desde Japón hasta la India, e incluso Rusia en el largo plazo—tomen cuenta de su contención. Estados Unidos está mejor posicionado para jugar en el Asia del siglo XXI un papel similar al que desempeñó en la Europa del siglo XX, emergiendo como árbitro estratégico.
Claro, si China siguiera creciendo pacíficamente, cuadruplicando sus cifras actuales de productividad per cápita y gasto militar, llegaría un punto en el cual igualaría a los Estados Unidos. Quizás entonces podría sobreponerse a sus poderosos vecinos y al cerco norteamericano. Frente a este escenario la pregunta del millón es si Washington puede frenar el ascenso chino. Claramente, el intento actual de aislar económicamente a Pekín responde a esta preocupación.
Algo es casi seguro: mientras China no abandone sus ambiciones, Estados Unidos no dejará de intentar frenarla. Esta observación es, quizás, central para la planificación estratégica de países como la Argentina en el mediano plazo. Este año, Pekín logró una tregua momentánea al intento de desacople norteamericano por su control sobre la producción de tierras raras, pero Estados Unidos volverá a la ofensiva. Como lo declaró Marco Rubio, Argentina viene a jugar un papel central en la estrategia de Washington de diversificar estos suministros y esto se refleja en el acuerdo.
Sin dudas, el acuerdo Milei-Trump fue asimétrico. Como en todos los acuerdos de este tipo firmados recientemente—por Guatemala, Ecuador y El Salvador—Washington requirió concesiones unilaterales en acceso a mercados, reducción de trabas burocráticas, propiedad intelectual y la exclusión de China de ciertas áreas.
Sin dudas, con mejores equipos negociadores se podría haber obtenido un resultado más decoroso en aspectos que van desde el tono del acuerdo, hasta los mecanismos adoptados para efectivizar las concesiones políticamente acordadas—como la ausencia de la cuota, la mayor concesión norteamericana, en el mismísimo acuerdo. Pero una crítica honesta requiere consistencia lógica y una dosis de realismo respecto de las alternativas sobre la mesa. De lo contrario, las críticas ideológicas incurren en contradicciones espectaculares, como quienes rechazan el tratado Roca-Runciman desde el antiimperialismo y defienden el alineamiento con otra potencia hegemónica, o quienes critican el acuerdo con Trump por su impacto en nuestro tejido industrial y proponen vínculos con China basados en nuestra mayor complementariedad como exportadores de materias primas. En definitiva, un acuerdo solo puede evaluarse en relación con las alternativas disponibles.
En las Américas, frente a Trump, no parece haber hoy en día muy buenas alternativas. Sin siquiera considerar la delicada situación de Delcy Rodríguez, los casos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro demuestran que las concesiones que no se ofrecen inicialmente, se consiguen a través de los palos. Mientras Lula (como von der Leyen) inició la partida bajo aranceles del 50 por ciento, Milei (como Takaichi y Starmer) prefirió aceptar la asimetría desde un inicio ates que sumarle a esta los costos adicionales de la confrontación. Se verá si ser un aliado confiable en el hemisférico occidental es una buena estrategia, pero la primera mano, en términos comparados, no se ve tan mal.
En el escenario doméstico, el tratado sin dudas ha tenido un saldo positivo y provee de un ancla comercial y geoestratégica que se suman a la monetaria, cambiaria y fiscal.
La diplomacia de las relaciones cárnicas deberá ser procesada domésticamente también en lo que puede ser una caja de Pandora, por los intereses que toca—que ya se han cobrado dos cancilleres.
No deberíamos olvidar que tras el acuerdo Roca-Runciman la polarización en torno al infame escándalo de las carnes ensangrentaría las bancas del Congreso; una tragedia que, esperemos, no se repita ni siquiera como farsa.
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POLITICA
Sin votos para rechazar la reforma laboral en Diputados, la oposición apuesta por ganar tiempo y desgastar al Gobierno
El gobierno de Javier Milei está envalentonado. En la última semana avanzó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y con la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y UE en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada es que el Presidente pueda inaugurar el período ordinario del Congreso, el 1 de marzo, con todos los proyectos aprobados, como señal de fortaleza política. Pero la oposición afina su estrategia para ganar tiempo.
Los libertarios no solo lograron la aprobación de las iniciativas que incluyeron en el temario de las sesiones extraordinarias, sino que consiguieron amplios consensos con sectores aliados y dialoguistas. El panorama es muy complejo para la oposición y ya reconocen abiertamente que no tienen los votos necesarios para frenar la avanzada.
“Hay que resistir. Esto se parece al primer semestre del gobierno de Milei, cuando lograron avanzar con la Ley Bases y sostuvieron el DNU 70. Pero después el clima social terminó cambiando y la oposición pudo avanzar contra los recortes en discapacidad, universidades y jubilaciones”, analizó un diputado del peronismo, con cierto aire de resignación.
Entre los diputados de la oposición dura entienden que es lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral aproveche para avanzar con su agenda legislativa lo más rápido posible. En ese marco, la principal estrategia opositora es enfocarse en los artículos más polémicos de la reforma electoral para hacer modificaciones y enviarla nuevamente al Senado.
“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podremos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro en contra de la reforma”, sintetizaron.
En los pasillos de la Cámara de Diputados, referentes de varios bloques ya dejaron trascender su malestar con varios puntos del texto. Ahora buscarán tejer consensos sobre un puñado de puntos polémicos para forzar una modificación que envíe el proyecto de vuelta al Senado para su revisión.
Además del peronismo y la izquierda, diputados del socialismo santafesino y el radicalismo disidente que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el bloque de Pichetto y Massot y referentes gremiales, como el chubutense “Loma” Ávila, tienen una visión crítica de la reforma laboral.
Los cambios sobre el régimen de licencias por accidentes y enfermedades, y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya se perfilan como los principales focos de conflicto.
Luego de los últimos cambios, el proyecto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera”, señala el artículo 208 del proyecto. En caso de que el accidente o la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria, el trabajador cobrará el 75% de su sueldo básico.
En el caso del FAL, los principales cuestionamientos giran en torno al desfinanciamiento de la ANSES. El fondo para asistir a las empresas con el pago de las indemnizaciones estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
Ante la consulta de Infobae, un diputado de Provincias Unidas reconoció que la mitad del bloque no ve con buenos ojos el FAL y también rechaza la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades. De hecho, ya hubo algunas señales concretas: la senadora de Córdoba Alejandra Vigo apoyó la reforma pero votó en contra del FAL y también de la derogación de estatutos como el del periodista y el de los viajantes. Ese bloque será clave para terminar de inclinar la balanza. Cabe destacar que provincias como Córdoba mantienen históricos reclamos con Nación sobre los fondos de las Cajas Previsionales.
En el Senado el artículo del FAL fue rechazado por otros dos aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón (Salta). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene tres representantes en Diputados, dentro del bloque Innovación Federal. Este espacio también tendrá un papel determinante.
Por su parte, el oficialismo giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se prepara para convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 para dictaminar. A partir de ahí las opciones son: llamar al sesión el jueves 19 o el miércoles 25.
La primera opción resulta seductora para el Gobierno porque dejaría tiempo para que el Senado insista ante cualquier cambio que se produzca en Diputados. “Este es el texto definitivo, tengo los votos para insistir”, dijo Bullrich a sus allegados tras la media sanción. Sin embargo, representa un desafío logístico porque los feriados por Carnaval hacen más difícil conseguir vuelos para todos los diputados.
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