La cadena qatarí Al Jazeera anunció que cinco de sus periodistas, entre ellos el reconocido reportero Anas al Sharif, murieron en un ataque selectivo israelí en la Franja de Gaza.

Israel acusó a al Sharif de “terrorista”. “Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena qatarí Al Jazeera”, afirmó un comunicado castrense.

“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, añadió el mensaje.

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Israel ya había señalado como “terrorista” al periodista, de 28 años y uno de los más conocidos del enclave palestino, si bien nunca presentó pruebas verificables de su afiliación a una milicia, afirmó EFE.

En su página web, la televisora satelital qatarí dijo que “los periodistas Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh murieron junto con los camarógrafos Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y Mohammed Noufal en un ataque israelí selectivo contra una tienda de campaña que albergaba a periodistas en la ciudad de Gaza».

Además, señaló que en total siete personas murieron en el ataque a la tienda de campaña situada frente a la puerta principal del Hospital de la ciudad de Gaza al-Shifa.

Por años, el medio Al Jazeera e Israel sostuvieron una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

“Bombardeos sin parar”

Apenas media hora antes, al Sharif publicó en su propio perfil de la red social X un video mostrando la proximidad de los bombardeos que azotaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: “Bombardeos sin parar… Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza”.

Poco antes de perder la vida, Al Sharif también compartió en redes sociales otro texto sobre la expansión de la ofensiva israelí en la capital: “Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de sus gentes silenciadas, sus caras borradas. Y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener”.

Imágenes capturadas instantes después del ataque muestran a Al Sharif con el rostro y parte del cuerpo destrozados, así como el cadáver de Qreiqeh. Poco después, otro video muestra a decenas de hombres trasladando en una camilla uno de los cadáveres amortajados (presumiblemente el de Al Sharif) entre cánticos de “Alá es grande”.

El recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, ‘influencers’ y otros creadores de contenido.

Israel acusó al periodista de Al Jazeera de estar vinculado con Hamas

El Ejército israelí asegura que Al Sharif estaba vinculado al grupo islamista Hamas. Presentó como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. Uno de ellos se titula ‘Lista de operativos de Hamas en la brigada norte de la Franja de Gaza’.

En ella, se registra que resultó herido en 2019 como miembro del grupo, al que presuntamente se afilió en 2013, con 17 años. Otro documento en el que se registran afiliaciones de presuntos miembros de la organización incluye una entrada en la que Al Sharif figura como herido por una explosión en 2017.

Preguntado por EFE respecto al origen de estos documentos o si el resto de fallecidos tenían algún tipo de vinculación a alguna milicia, el Ejército no se pronunció.

Cuando en octubre de 2024 Israel publicó por primera vez estos documentos, con advertencias de que Al Sharif era uno de sus objetivos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) concluyó: “La mera publicación de estos documentos no constituye prueba suficiente de afiliación o licencia para matar”.

Además, poco antes el Ejército israelí mató a otro periodista de Al Jazeera, Ismail al Ghoul. Entonces presentó pruebas similares que RSF calificó como inconsistentes.

La cadena qatarí es el principal medio extranjero que informa desde el enclave (al no permitir Israel el acceso a la prensa internacional de forma independiente), así como uno de los más importantes del mundo árabe. Israel prohibió su emisión en su territorio.

(Con información de EFE y AFP)

La reciente filtración de documentos contables que atribuyen a GAESA activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares volvió a poner foco en el corazón financiero de la dictadura cubana. Los papeles, obtenidos y verificados por el Miami Herald, describen depósitos y disponibilidades por encima de los 14.000 millones de dólares a marzo de 2024 y enumeran empresas del grupo hasta ahora poco conocidas por el público. Es la radiografía más precisa de un conglomerado que maneja divisas, turismo, comercio minorista, remesas y servicios claves sin someter sus balances al escrutinio ciudadano.

La dimensión y la opacidad de GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A. de Cuba, vinculado al estamento militar— no son nuevas para los analistas. Así lo denunció en un reciente artículo el general cubano Rafael del Pino, un ex alto oficial que desertó en 1987. En 2017, Reuters describió a GAESA como una red de decenas de compañías que llegaba a captar entre el 40% y el 60% de las divisas que ingresaban a Cuba, con contabilidad cerrada y una estructura blindada frente a controles externos. Ese diagnóstico, aunque fechado ocho años atrás, ayuda a explicar el impacto político de la filtración actual: por primera vez pone sobre la mesa cifras internas que hasta ahora eran conjeturas.

En su artículo, el general Rafael del Pino describe a GAESA como instrumento de una élite “cleptocrática”: “Una oligarquía cleptocrática ha creado un estado al interior del Estado formal” y “la nueva oligarquía engendrada alrededor de la familia Castro ha instalado un estado mafioso”. Del Pino sostiene que esa cúpula controla nombramientos civiles y militares, captura los principales recursos económicos y financieros, y se desentiende del bienestar social.

El contraste social es brutal. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2024 el 89% de las familias vive en pobreza extrema. Siete de cada diez personas dejaron de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o de alimentos.

Del Pino discute además un lugar común: “Contrario a lo que suele afirmarse, las FAR no controlan GAESA”, escribe. Afirma que la corporación opera con “empresas registradas como sociedades anónimas en Panamá y cuentas bancarias en paraísos fiscales”, bajo la cobertura de la Contrainteligencia Militar. Y propone una salida tajante: “GAESA debe ser nacionalizada, intervenida, confiscada, auditada y disuelta”.

GAESA ha estado bajo conducción de oficiales o allegados a la cúpula política, que concentra sectores neurálgicos del turismo y del comercio minorista en Cuba, y opera sin auditorías ni balances públicos verificables.

El tablero externo también condiciona el desenlace. La Ley Helms-Burton fija los parámetros que Washington considera indispensables para reconocer una transición democrática: liberación de presos políticos, legalización de partidos, elecciones libres, entre otros.

Desde 2019, el Título III está activado, lo que abrió la puerta a demandas contra quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas tras 1959. Y, tras idas y vueltas regulatorias, el Departamento de Estado volvió a publicar en julio de 2025 la “Cuba Restricted List” con entidades y subentidades vedadas para transacciones, una nómina donde han figurado pilares de GAESA.

Del Pino alerta, además, sobre un eventual “cambio fraude”: filtraciones selectivas y gestos de apertura que preserven el núcleo del poder económico y busquen aval internacional. La advertencia encuentra un límite jurídico claro en la propia Helms-Burton y un límite político en la desconfianza social acumulada. El riesgo, sin controles y sin auditorías, es transformar la filtración en cortina de humo antes que en palanca de reforma.

El general también responsabiliza a la cúpula cubana de sostener a la dictadura de Nicolás Maduro. Hay evidencias sólidas de cooperación en materia de seguridad: una investigación de Reuters documentó cómo asesores cubanos ayudaron a rediseñar la contrainteligencia venezolana para vigilar a militares y sofocar disidencias. En paralelo, informes de Human Rights Watch, de la Misión de la ONU y de organismos interamericanos describen patrones de persecución, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela que apuntalan la caracterización de dictadura.

La ausencia de respuestas oficiales detalladas sobre las cifras de GAESA sostiene el clima de opacidad. Hasta ahora, La Habana no ha desmentido con datos los documentos publicados, mientras la crisis social se profundiza y las remesas pierden poder de compra. En este contexto, Del Pino formula un llamado directo: “reitero nuestro llamado a los oficiales y clases… a que hagan uso del sagrado derecho de insubordinación y rebelión” y a formar una coalición civil y militar que encare una transición con “elecciones libres, democracia, estado de derecho y plenas libertades económicas”.

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha empeñado en modificar radicalmente el rumbo de la política estadounidense y deshacer el camino de su antecesor, el demócrata Joe Biden, cambios que también han dejado su rastro dorado en las paredes del Despacho Oval y cubierto con asfalto la Rosaleda de la icónica Jackie Kennedy.

En menos de seis meses desde su toma de posesión, la reconocible oficina presidencial parece otra, que recuerda cada día más a la pomposa residencia del republicano en Mar-a-Lago (Florida) y menos al sobrio centro de poder reflejado en fotografías de mandatarios anteriores.

Trump nunca ha escondido su fascinación con el oro. Su estilo grandilocuente es inmediatamente visible para quien visite el refugio floridano del neoyorquino, comparado con el Versalles de Luis XIV por su decoración recargada. A diferencia de su primer mandato (2017-2021), cuando instaló una nueva alfombra y reemplazó las cortinas rojas usadas por Barack Obama (2009-2017) por unas doradas que Biden conservó, Trump ha ido mucho más allá.

Desde su regreso en enero, ha doblado el número de cuadros en el Despacho Oval y agregado espejos con pesados marcos de color oro, además de añadir detalles dorados a las cornisas de la chimenea, las mesas y hasta las paredes. Mes a mes, los ornamentos parecen multiplicarse, y donde a primera vista parecía no existir más espacio para filigranas, surge un nuevo adorno.

La diferencia es notable si se comparan lado a lado fotografías de Trump y Biden en una reunión en la Casa Blanca en noviembre, y otras mas recientes del magnate con otros visitantes. La hiedra sueca que sirvió de fondo para importantes sucesos en el Oval desde hace más de medio siglo también desapareció del manto de la chimenea. En su lugar, Trump escogió lo que parecen ser trofeos dorados, a los que más recientemente incorporó un reloj, también color oro.

Otras adiciones notables: a la entrada del Despacho Oval colgó -en un marco dorado- la portada del diario New York Post con la foto policial tomada durante su fichaje en Georgia en agosto de 2023 por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado.

Los cambios no se limitan a la famosa oficina. En unas de sus redecoraciones más polémicas, Trump ordenó cubrir con asfalto el césped de la Rosaleda que rodea al Despacho Oval, diseñada en 1962 por la entonces primera dama Jacqueline Kennedy. La intención del mandatario es facilitar la celebración de eventos en el emblemático espacio de aproximadamente 40 por 20 metros, rodeado de parterres con rosas.

Bajo sus órdenes también se instalaron dos mástiles de 30 metros de altura para izar grandes banderas estadounidenses, financiados de su propio bolsillo. Además, ordenó talar una emblemática magnolia plantada durante el mandato del séptimo presidente, Andrew Jackson (1829-1837), alegando que el árbol estaba enfermo.

En una decisión que tomó por sorpresa al público, el presidente colgó un retrato suyo en la pared donde hasta hace poco estaba el retrato de la ex primera dama Hillary Clinton, como parte de la colección de pinturas de las esposas presidenciales. Trump ha adelantado que quiere construir un salón de baile en la Casa Blanca, a semejanza del que tiene en Mar-a-Lago, con un coste estimado de unos 200 millones de dólares.

Estas controversias no son nada nuevo, según el presidente de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Stewart McLaurin, quien recuerda en su ensayo “Una Casa Blanca en constante cambio” que el edificio ha sufrido grandes modificaciones desde su construcción en 1792. Las reformas ordenadas por los presidentes Thomas Jefferson (1801-1809) y Andrew Jackson, que añadieron las columnatas y el ahora icónico pórtico norte del edificio, fueron criticadas por su extravagancia y costo.

Irónicamente, el rediseño de Jackie Kennedy fue considerado elitista en su época. Las acusaciones también le llovieron a Richard Nixon (1969-1974), quien convirtió la piscina bajo techo de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en lo que es ahora la sala de prensa de la Casa Blanca.

A pesar de las críticas, “muchas de estas alteraciones se han vuelto parte integral de la identidad de la Casa Blanca”, a la que resulta difícil imaginar hoy sin estas evoluciones y adiciones”, concluye el experto McLaurin.