La Cámara Federal de Casación avaló el rápido decomiso de los bienes de Cristina Kirchner. Se trata de una tarea que debe realizar el tribunal que al condenó. La Cámara rechazó el pedido de la expresidenta para que el trámite se realice en un tribunal civil y comercial federal, el mismo que ya archivó la causa en beneficio de Cristina Kirchner.

La Sala IV confirmó la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para avanzar con el decomiso de 680 mil millones de pesos a partir de los bienes de todos los condenados, incluida la expresidenta.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó así los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y la de Lázaro Báez.

Ambos habían pedido que se declarara la incompetencia del Tribunal Oral Federal N° 2, que los condenó, para ejecutar el decomiso de sus bienes.

Con esta decisión, la Casación ratificó que el trámite debe seguir adelante como consecuencia de la condena por corrupción de la causa Vialidad.

La suma actualizada alcanza los $684.990 millones.

Este monto fue determinado por peritos de la Corte Suprema y confirmado en instancias previas.

Por un lado, la defensa de Cristina Kirchner consideró que el encargado del decomiso era el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2, alegando que se había abordado la ejecución con una naturaleza indemnizatoria.

Por otro, los abogados de Báez adujeron que era el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (quien intervino en Ruta del Dinero K) quien debía entender en el decomiso, pues dicho tribunal había unificado las condenas del empresario en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K (fijando una pena de prisión en 15 años).

Ambas impugnaciones fueron rechazadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

En su voto, el juez Gustavo Hornos sostuvo que el decomiso es una consecuencia penal de la condena y no una acción resarcitoria propia del derecho civil, al recordar que está previsto expresamente en el artículo 23 del Código Penal como una medida destinada a privar a los responsables de los efectos económicos del delito y recuperar para la comunidad los activos obtenidos ilícitamente.

El magistrado destacó que el decomiso mantiene su naturaleza sancionatoria y reparatoria, y que no vulnera el derecho de propiedad de los condenados, ya que recae sobre los bienes producto o provecho del delito, cuyo valor fue fijado de modo objetivo en la sentencia.

Por eso dijo que el Tribunal Oral N° 2 es el competente para llevar adelante la ejecución de los bienes y no el tribunal oral federal 4 como planteó Lázaro Báez.

También rechazó los planteos de las defensas sobre una supuesta “duplicidad sancionatoria” o doble castigo.

En paralelo tramitó una demanda en la justicia civil y comercial contra Cristina Kirchner y la expresidenta pidió que su decomiso sea ejecutado por ese fuero, que ya archivó el caso, lo que fue rechazado por la Casación.

Hornos subrayó además que la medida encuentra su fundamento en compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de recuperación de activos provenientes de la corrupción.

“El decomiso es un instrumento indispensable para erradicar las estructuras saqueadoras enquistadas en el aparato estatal”, escribió.

Es su voto, Mariano Borinsky aclaró que el decomiso tiene una naturaleza netamente penal, por lo cual no corresponde remitir dicha cuestión al fuero civil.

Subrayó que es el tribunal oral que dictó la sentencia el encargado de materializar las sanciones dispuestas y que, al hacerlo, no se corre riesgo de vulnerar garantía constitucional alguna. Por eso tampoco hizo lugar a la solicitud de Báez de enviar la causa al tribunal de “La ruta del dinero K”.

Por último, el camarista indicó que, conforme lo había dispuesto el tribunal oral, correspondía que se acredite debidamente la vinculación entre el bien a decomisar con el provecho del hecho ilícito.

El juez Borinsky adhirió al voto de sus colegas.

El tribunal oral federal 2 que condenó a Cristina Kirchner y al resto de los acusados resolvió, antes de iniciar el decomiso de cada bien y su remate, pedirle opinión a cada uno de los condenados.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya contestaron su vista y apuraron al tribunal que comience los remates. Sin embargo los jueces están analizando cada caso y cada bien antes de tomar una decisión, lo que motivó rispideces con los fiscales que lres reclamaron públicamente que avance.

EL CALAFATE.- Una exgobernadora, la exesposa de Máximo Kirchner, un juez, un exvicegobernador, un actual intendente… Todos ellos son dirigentes kirchneristas con causas en la justicia de Santa Cruz que durante años quedaron congeladas y que ahora podrían reabrirse por la transformación que atraviesa la justicia local.

Algunas de estas causas fueron incluso archivadas. Según el oficialismo provincial, porque eran funcionarios blindados ante cualquier investigación judicial.

Salvo casos aislados, la justicia santacruceña siempre estuvo alineada al poder de turno, que en Santa Cruz monopolizó el kirchnerismo por al menos 32 años.

Ni siquiera el desplazamiento inconstitucional del procurador Eduardo Sosa en 1995 -para muchos, el principal gesto de disciplinamiento – generó una reacción del Poder Judicial.

Pero en las últimas semanas hubo una transformación.

El terremoto en el Poder Judicial se desató por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de cinco a nueve jueces, impulsada el gobernador Claudio Vidal y aprobada por mayoría en la Legislatura hace menos de dos meses. Según el kirchnerismo, la ley es inconstitucional y es nula la designación de los cuatro nuevos vocales nombrados en el TSJ. A pesar de su resistencia, los cambios avanzan.

“No es más ni menos que garantizar la impunidad”, afirmó la diputada kirchenerista Agustina Mora Doldán al fundamentar su voto contra la ampliación de la Corte. Los argumentos se dieron vuelta. Ahora el kirchnerismo denuncia coptación de la justicia.

Además, la Legislatura tiene en carpeta aprobar la creación del cargo de Procurador de Justicia disuelto hace 30 años. El jueves pasado fracasó la sesión para hacerlo, pero el oficialismo volverá a la carga. Así, el Gobierno se encamina a restituir en el cargo a Eduardo Sosa, cumpliendo así con lo ordenado por la Corte Suprema en varias oportunidades.

El kirchnerismo se opone abiertamente a la restitución del cargo de Procurador General de Justicia. También lo hace el titular del Ministerio Público Fiscal, Lisandro De La Torre -ministro de Seguridad de Alicia Kirchner y diputado provincial por el Frente de Todos-.

Tras la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros, se nombraron los cuatro nuevos vocales. Sin embargo, aún no se reunió la Corte en su plenitud, dado que los cuatro vocales antiguos desconocen a los nuevos nombramientos.

De los cuatro vocales del Tribunal Superior alineados con el kirchnerismo, hoy quedan tres: la semana pasada fue suspendido el vocal Fernando Basanta, en medio del trámite de un jury por haber asumido en el cargo sin contar con los cinco años en el ejercicio de la abogacía requerido.

Basanta fue nombrado por la exgobernadora Alicia Kirchner y había sido ministro de Gobierno durante su gestión.

El año pasado, el abogado local Sergio Macagno presentó una denuncia penal contra Alicia Kirchner por haber propuesto a Basanta pese a que no contaba con los seis años de antigüedad necesairios. En ese momento, la causa fue rápidamente archivada por la jueza Marcela Quintana.

Durante tres años, el mismo TSJ, donde Basanta ya era miembro, congeló el recurso de la Asociación de Abogados de Río Gallegos que cuestionaba esa designación.

Los abogados ahora esperan presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, la única vía para avanzar con la destitución del vocal. La causa contra Alicia Kirchner podría reabrirse, advierten en los tribunales.

El exvicegobernador de Alicia Kirchner, Eugenio Quiroga, fue denunciado por el actual vicegobernador, Fabián Leguizamón, en el Juzgado N° 2 de Río Gallegos. Lo acusó de haber ordenado a sus subalternos transferirles a sus cuentas personales caudales públicos por la suma de $32 millones sin rendir los gastos debidamente, corroborando la cantidad de 35 transacciones indebidas. En la Justicia, la causa hasta ahora estuvo frenada.

“El Poder Judicial ha tenido la mirada de protección sobre todos los que han llevado adelante actos de corrupción, este sistema de carcaza para protegerse fue hecho a conciencia y adrede, fue hecho para cuidar a toda esta gente e iba para una caja manejada por el kirchnerismo”, sostuvo a el vicegobernador Fabián Leguizamón.

El gobernador Vidal y Leguizamón también denunciaron al anterior presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Ramos, y a las vocales del organismo Matilde Morales y Romina Gaitán, por no haber controlado los actos administrativos -según él, irregulares- durante las gestiones anteriores. Ramos presentó la renuncia. Morales y Gaitán continúan en el organismo. En la causa judicial, no hubo avances de relevancia.

En 2017, el abogado Javier Stoessel, mientras era vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, impulsó una investigación que derivó en una denuncia penal contra la exministra de Salud Rocío García (exesposa de Máximo Kirchner) y el subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa Marcelo Bersanelli (entonces, cuñado de García), por supuestas irregularidades graves en la administración de un hospital.

Se objetaba la tercerización del servicio a través de la regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por $36 millones. A esa causa se suma la contratación, sin licitación previa, de una empresa sin antecedentes para el mantenimiento de varios hospitales por casi $40 millones, según denuncian.

García es actual diputada provincial y Bersanelli, juez de instrucción de primera instancia y con el pliego aprobado en el Senado para la cámara de Apelaciones de Piedra Buena, que aún no se conformó. A las causas no se les conocen avances.

“La justicia de Santa Cruz atraviesa una crisis que ya es un absurdo institucional: pero no es una pelea por las formas ni una controversia jurídica: es la disputa por la garantía de impunidad que construyó el kirchnerismo durante años”, afirmó Stoessel, quien como vocal y también desde el llano ha llevado causas por hechos de corrupción. Todas terminaron durmiendo en los tribunales provinciales.

El actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvo al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, IDUV en la época kirchnerista. El diputado Pedro Muñoz, del ARI-CC, presentó denuncias en 2022 por facturaciones apócrifas en connivencia entre el organismo y empresas constructoras. Estas causas tampoco avanzaron. El actual titular del IDUV Cristian Mansilla se presentó en el juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos con una pila de cajas de plástico color azul con documentación del Instituto y aportó pruebas para investigar a las autoridades del período 2015 y 2023 por irregularidades en licitaciones públicas para beneficiar determinadas empresas.

En una auditoría interna detectaron errores graves, omisiones en el Registro de Proveedores y otras maniobras que podrían configurar delitos penales, según informaron. El IDUV pidió ser aceptado como querellante en la causa penal.

El año pasado, el Gobierno provincial cortó los fondos a la Fundación Valdocco, dirigida por el cura Juan Carlos Molina, a la que denunció por irregularidades en el manejo de los subsidios que paga el estado. Molina presentó un amparo y el juez Bersanelli falló a su favor, sin embargo la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial revocó el fallo de primera instancia y declaró la improcedencia del amparo. Molina denunció persecución política y hoy encabeza la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria.

Días pasados, la provincia denunció a la Fundación Valdocco en el fuero federal y le sumó ahora el delito de supuesta trata de personas por los niños y adolescentes que traían desde Chaco a Santa Cruz.

¿Qué investigó la justicia en Santa Cruz? En estos 30 años, la justicia provincial archivó sin investigar los más de U$S 1.100 millones que el gobernador Néstor Kirchner depositó en el exterior y utilizó a discreción sin rendir, el uso del avión sanitario con fines electorales, la escandalosa venta de terrenos fiscales a $7,50 en El Calafate entre los que se vieron beneficiado medio centenar de funcionarios. Esa causa cuenta con el curioso récord que hasta la fiscal que la instruía, -Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner- debía investigar a sus tíos, sus primos, y hasta a ella misma.

Tampoco en los tribunales se instruyó ninguna causa que involucrara la expresidenta Cristina Kirchner, la presunción de lavado de dinero en sus hoteles, la compra de tierras fiscales, o sus vínculos con Lázaro Báez y la forma en que fue favorecida su empresa con el otorgamiento de la obra pública. Ambos condenados y presos, pero por tribunales porteños.

“Durante los últimos años, aquí se evacuaron a los diputados de la oposición con la fuerza pública para luego, el kirchnerismo en soledad, aprobó endeudamientos históricos, amenazó, persiguió, se incendiaron oficinas, se archivaron denuncias penales que se intentaron, por desvío de fondos de obra pública, por abuso de autoridad, por administración fraudulenta, por licitaciones y contrataciones dirigidas, pero nunca se abrió una causa”, sostiene Stoessel y reflexiona “el camino solo puede ser restablecer el Estado de Derecho y Republicano en Santa Cruz, pero ninguna solución parece encaminarse en ese sentido”.-