El impacto fiscal que tendrán las iniciativas que se debatirán este miércoles en la Cámara de Diputados y el riesgo de que alteren el equilibrio fiscal serán los argumentos que oficialistas y aliados agitarán durante la sesión en un último y agónico esfuerzo por frenar la ofensiva opositora.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si la oposición consigue insistir en la ley que vetó el presidente Javier Milei que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra se eleva a 0,78 punto del PBI.

Además, agrega la OPC, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Si bien este esquema no tiene efecto económico, tiene efecto financiero cuyo costo, según la OPC, será de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.

En el texto de la ley, la oposición consignó distintas fuentes de financiamiento para costear estas medidas aunque, de acuerdo a las estimaciones de la OPC, no resultan suficientes y solo alcanzan el 0,39% del PBI. No obstante, los opositores insistirán en que el costo fiscal se verá parcialmente compensado con el poder de compra que recuperarán los jubilados y pensionados con la nueva ley: según la OPC, quienes perciban el haber mínimo mejorarán su poder de compra en un 16% mientras que el resto de la escala se beneficiará en un 11%.

Discapacidad

La ley que propone declarar la emergencia por discapacidad hasta 2026 –prorrogable por un año más– también fue vetada por el presidente Milei con el argumento de su elevado impacto fiscal. Según la OPC, el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).

Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que eleva el costo de la medida. “Se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)”, indica la OPC.

Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). Empero, se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal es difícil de estimar, advierte la OPC.

ATN y combustibles

Además de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo, en la sesión se debatirán dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y que ya tienen media sanción del Senado. Se trata del proyecto para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambos implicarían transferencias automáticas, de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.

En efecto, si la oposición consigue convertir la iniciativa en ley, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. Por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación. La Fundación Mediterránea estimó en un informe que si ambas reformas hubieran regido en 2024, el gasto provincial podría haber aumentado hasta un 1,5%, y el costo para la Nación habría representado el 60% de su superávit financiero.

Otra ley que la oposición intentará rescatar del veto presidencial es la que procura fondos de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Coronel Rosales, afectadas por un fuerte temporal en marzo pasado. La norma habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.

En junio pasado, el presidente Milei vetó totalmente la ley con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre dejar sin efecto un veto presidencial en lo que va de la gestión libertaria.

El Gobierno enfrentará este miércoles una sesión extremadamente difícil y adversa en Diputados. Se pondrán en juego los vetos de Javier Milei a leyes muy sensibles y, esta vez, el oficialismo no tiene garantizado el “tercio de héroes” que en el pasado le permitió a La Libertad Avanza (LLA) salvar los decretos presidenciales. A pedido de un grupo de bloques de la oposición, la Cámara baja buscará insistir con la ley que dispone un aumento en los ingresos jubilatorios y refrendar la ley que declara la emergencia en discapacidad.

En la Casa Rosada hay disparidad de pronósticos respecto al grado de éxito que puede tener el oficialismo para frenar la embestida opositora. Varios funcionarios y colaboradores tildan de “muy difícil” la posibilidad de salvar los vetos y ya tienen la mira en el día después. Evalúan cómo presentarán la derrota en sociedad -en un contexto de campaña electoral- y cuáles serán los pasos a seguir para llevar a cabo aquello que ya anticiparon Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo: que el Poder Ejecutivo no aplicará las leyes por su impacto fiscal.

“Está muy difícil llegar al número. Quizás el clima impida que muchos puedan llegar a la sesión… se esperan las fuerzas del cielo”, dijo con tono de resignación un colaborador en Balcarce 50 en alusión al temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires.

En otros despachos de la Casa Rosada, en cambio, si bien hay prudencia respecto a las posibilidades que tiene el oficialismo de salir airoso, muestran mayor proactividad y aseguran que hay gestiones políticas en marcha para conseguir el número mágico. La oposición puede insistir con las leyes con dos tercios de los presentes en la sesión. Por eso, LLA está buscando, no solo consolidar un tercio de apoyos -algo que resulta especialmente difícil después del tendal de heridos que el cierre de listas dejó entre los potenciales aliados-, sino también negociar ausencias en la sesión.

“Hay un conteo de 89 diputados que deberíamos conseguir sin mucho problema. No digo que hoy estén los votos asegurados, sino que es posible lograrlo”, dijo un importante colaborador oficial. Otro alto funcionario señaló a : “No es imposible, estamos en espera”.

El problema es que no se vislumbra que las distintas terminales del gobierno estén trabajando mancomunadamente para conseguir el objetivo. El lunes último se desarrolló la tradicional reunión de mesa política con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su segundo, Lisandro Catalán; Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem; Martín Menem y Santiago Caputo. El encuentro de cúpula -que suele hacerse los martes- se anticipó y no se extendió durante más de una hora.

No surgió de ese ámbito una estrategia clara. La única conclusión que asomó es que será más fácil salvar el veto a la ley de jubilaciones que el veto que declara la emergencia en discapacidad.

Gestiones a cuentagotas

La carga del poroteo fino recae especialmente sobre Menem, titular de la Cámara baja. Pero en otras terminales del Poder Ejecutivo también están haciendo gestiones solapadas y quirúrgicas para tratar de persuadir a algunos gobernadores para que los diputados que les responden se ausenten de la sesión. A cambio habría gestos, a cuentagotas, desde la administración nacional. “Estamos haciendo algunos cortafuegos. Hay cierta predisposición a dar cosas desde el Poder Ejecutivo”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.

Cerca de un mandatario provincial también reconocieron que hay gestiones en marcha: “Hay movimientos, sí”.

En principio, la matemática asoma difícil. Semanas atrás, en LLA confiaban en llegar al tercio “salvador” con los diputados propios más una mayoría de diputados de Pro, todo el bloque MID, los radicales “peluca” y un puñado de legisladores que responden a los gobernadores. Ahora, tras el cierre de listas, ese número está más escurridizo.

Ya en la última sesión el bloque que lidera Cristian Ritondo mostró desgajamientos: María Eugenia Vidal, Sofía Brambilla (Corrientes), Héctor Baldassi (Córdoba) y Álvaro González (CABA) votaron a favor de la ley de emergencia pediátrica, otra de las normas que Milei prometió vetar. Silvia Lospennato, Luciano Laspina y Gabriela Besana, se ausentaron y Marilú Quiroz y Ana Clara Romero (Chubut) se abstuvieron. En Pro dicen que contarán con menos bajas en la sesión, pero difícilmente lleguen a consolidar a todo o casi todo el bloque amarillo. A eso se le suma que los votos del MID, que lidera Oscar Zago, tampoco están garantizados.

Además, el cierre de listas dejó varios heridos de peso entre figuras que en el pasado colaboraron con la Casa Rosada, como el radical cordobés Rodrigo De Loredo -que no pudo cerrar una alianza con los libertarios en Córdoba- o el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que no solo disputará con los libertarios en su provincia sino que enfrentará en particular, a la diputada Emilia Orozco (primera candidata a senadora del distrito). El mandatario del norte pretendía que ella no fuera la contrafigura de su espacio.

Respecto a los gobernadores, hay variedad de situaciones. El Gobierno puede aspirar a hacer un acercamiento a mandatarios amigables del peronismo, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además de aquellos que cerraron alianzas electorales con LLA, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Pero difícilmente consiga un entendimiento con aquellos que se aglutinaron bajo la marca “Provincias Unidas”, que comenzaron a tener juego político propio. Sin ir más lejos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, hoy subió a sus redes sociales un video en el que apoya la ley de emergencia en discapacidad y hace un “llamado firme” a los diputados y diputadas para que rechacen el veto de Milei.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró ayer inválido el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El magistrado señaló que el decreto presidencial “provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”.

Hoy, en la Casa Rosada aseguraban que van a tratar de revertir el fallo de González Charvay. “Vamos a apelar. Es una estupidez que la Justicia declare inconstitucional un veto”, dijo a un funcionario en Balcarce 50.

Si bien en Casa Rosada no quieren anticipar movimientos, se espera que el Gobierno siga esa misma línea en caso de que el Congreso insista con las leyes que el Presidente vetó. La gestión de Milei viene repitiendo que las normas no son claras respecto a las fuentes de financiamiento para solventar la actualización de jubilaciones y la mejora a las prestaciones en discapacidad. Sin dar el brazo a torcer, el Gobierno podría acudir a la vía judicial para ganar tiempo hasta el recambio en el Congreso de diciembre.