En un trámite expeditivo, la Cámara de Diputados dio esta noche el primer paso en la ratificación del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur firmado el 19 del mes pasado. El Gobierno aspira a que la Argentina sea el primer país en aprobar el acuerdo, para así aventajar a sus socios del Mercosur en la negociación de los cupos para la exportación de productos a Europa.

El oficialismo contó con una mayoría por demás holgada para aprobar la iniciativa: 203 votos fueron afirmativos, 42 negativos y cuatro se abstuvieron. Prácticamente la mitad de los integrantes del principal bloque opositor, Unión por la Patria, votó a favor del tratado por considerar que permitirá ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional del país.

El tratado crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El pacto implica la eliminación progresiva de aranceles para la mayoría de los productos que comercian ambas regiones y promete impulsar inversiones y exportaciones, sobre todo de las economías regionales con base en la producción primaria.

La mayoría de los discursos de los legisladores enfatizaron el paso histórico que representa este tratado y la necesidad de su rápida aprobación.

“Después de más de 25 años venimos a votar este acuerdo que representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos −exaltó el diputado Damián Arabia (LLA), presidente de la Comisión de Mercosur−. ¿Por qué es tan importante para la Argentina? Porque ganamos un acceso preferencial a un mercado muy exclusivo que nos va a permitir eliminar las tasas a las exportaciones del Mercosur en un 92% a la Unión Europea, y las tasas a las importaciones del 91% a nuestra región. Esto significa que la amplia mayoría de los aranceles podrán ser gradualmente eliminados, y en algunos sectores determinados, como el caso de nuestro sector agrícola, logrará la eliminación del 99% por ciento de los aranceles a nuestros productos».

“La urgencia es importante −enfatizó la cordobesa Alejandra Torres (Provincias Unidas)−. Este tratado contiene tres pilares: el comercial, el de cooperación y el de diálogo político. El comercial es el que abrirá un intercambio de productos en beneficio para toda la sociedad: nos permitirá una de cuatro empresas exportadores del país puedan destinar sus productos a Europa”.

“Con este acuerdo podremos triplicar el actual mercado que nos ofrece el Mercosur. Esto es vital para la Argentina, que hace una década que no crece”, enfatizó el diputado Javier Sánchez Wrba (Pro), quien enfatizó que es una “mentira” que el tratado afecte la industria argentina.

“La mayor parte de lo que importamos de Europa no son bienes de consumo final, sino bienes de capital. La reducción de los aranceles de esos bienes permitirá bajar el costo argentino”, sostuvo.

El diputado Eduardo Falcone (MID) coincidió. “Es una oportunidad para el desarrollo argentino. Se amplían las posibilidades de importar bienes de uso y maquinarias. Habrá sectores que se beneficiarán inmediatamente, como el agro, pero también prevé plazos de adaptación suficientes para la industria para encarar un proceso de modernización y capitalización”, sostuvo.

Miguel Pichetto, de Provincias Unidas, enfatizó que el tratado significa “una verdadera política de Estado”. “Abre un camino de oportunidades inédito. Si hay riesgos para la Argentina no está en la comunidad europea, sino en la avanzada china en la industria textil y automotriz”, sostuvo.

Los detractores del acuerdo advirtieron sobre los perjuicios que podría traer aparejado este acuerdo para la industria. “Es un mal acuerdo, abre de manera indiscriminada el mercado para la industria, en especial la metalmecánica, la automotriz, la textil”, advirtió Santiago Cafiero (Unión por la Patria), excanciller de la gestión de Alberto Fernández.

El diputado Agustín Rossi, también de Unión por la Patria, marcó la postura contraria de una buena parte del bloque. “Es un acuerdo que fortalece del Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia como actor político internacional. Es un acuerdo que como peronista reivindico”, enfatizó el santafecino.

“El acuerdo se hace con una Unión Europea que tensiona con el presidente [Donald] Trump. Es un acuerdo multilateral: 27 países integran la UE, cuatro integran el Mercosur; son 31 países. En un mundo donde parece que se impone la ley del más fuerte, el acuerdo tiene tiempos, porcentajes, instituciones, da legalidad en un escenario en donde el presidente Trump quiere llevarse el mundo por delante”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Martín Ardohain (Pro) destacó que el acuerdo establece un compromiso para la baja de las retenciones agropecuarias. “Los problemas que no pudimos solucionar los argentinos [en esta materia] este acuerdo ayuda a resolverlos, pues obliga a eliminar las retenciones en tres años y, para la soja, bajarlas a 14 puntos en 10 años. Esto nos da previsibilidad en un contexto global muy convulsionado y sin reglas”, sostuvo.

En las antípodas, la diputada Myriam Bregman advirtió que el acuerdo promoverá un “industricidio”. “Alienta una política primarizadora y profundiza el extractivismo con las consecuencias ambientales que trae aparejado”, advirtió.

“Yo lo escuchaba y no podía creer lo que me decía”. En Chubut, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, José Severiche, presentó una denuncia por el presunto ofrecimiento de sobornos que llevó a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) local.

Según el sindicalista, un grupo de empresarios y un exfuncionario vinculado al kirchnerismo le habrían ofrecido dinero para que impidiera el inicio del ciclo lectivo en la provincia.

“Nosotros somos asambleístas: debatimos en representación de los trabajadores. Un empresario no se mete en estas cuestiones”, aseguró Severiche en diálogo con .

En su declaración ante la Justicia, Severiche recordó que recibió un llamado de Ricardo Traversini, un empresario local en su momento investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. “Como tengo un amigo en común, me llamaron y fui”, dijo el gremialista a este medio.

Carpintero Patterson tiene una larga trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Destacó por ser secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves.

La carrera del exfuncionario concluyó con una condena por corrupción, luego que se acreditara un incremento patrimonial superior al 500%, además del cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”.

Luego del llamado, el sindicalista fue a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.

“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró Severiche y agregó: “Estaba Ricardo (Traversini) presente, pero era un ‘potus’, no hablaba”.

En su presentación, el secretario general de ATE local aseguró que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que después se realizarían “paritarias” para compensarlo, en caso de acceder al pedido. “Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos”, aseguró.

En un video de su declaración al que accedió este medio, Severiche cuenta que Carpintero “gritaba, se le ponía la cara roja y el ojo colorado. Decía que lo quería hacer mierda (sic) al gobernador”, Ignacio “Nacho” Torres.

“Si alguien no denuncia a esta gente, que es pesada, iban a llamar a otro. Quieren hacer daño, tomar de rehenes a los pibes y no es así”, justificó el gremialista su accionar legal a . “Yo no vine a hacerle daño al gobernador, yo vine a dialogar. Si hay problemas o se cae el diálogo, es porque no hay acuerdo por las paritarias, no por una coima”.

La UFE-DAP de Chubut inició una investigación, encabezada por la fiscal Julieta Gamarra, quien dispuso como primera medida la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.

Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión entre Severiche, Carpintero y Traversini. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse a medida que avance la investigación.

Fuentes del Gobierno provincial indicaron que el interés de los empresarios y del exfuncionario estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el envío de un proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar.