POLITICA
Habló de chats comprometedores: la jueza Makintach dijo que tenía permiso para grabar el documental de Maradona
Julieta Makintach, la jueza del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó esta tarde su defensa por el escándalo del documental en la comisión de juicio político, aseguró que sus superiores sabían de las grabaciones y dijo que tiene chats para aportar.
Su abogado, Darío Saldaño, presentó ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el descargo de la jueza suspendida ante las acusaciones.
Son momentos decisivos para Makintach, que ya presentó la renuncia, pero Axel Kicillof aún no se la aceptó. En unas dos semanas, si el Gobernador no da curso a la dimisión, el jury avanzará y el desenlace sería la destitución.
Ahora la presidenta de la Corte Hilga Kogan debe convocar a una reunión para la admisibilidad de la prueba. Una vez que eso ocurra, la jueza ya no podrá renunciar y deberá someterse al jury.
En el escrito, al que tuvo acceso TN, Makintach sostiene que los tres jueces del tribunal y los presentes conocían de la existencia de la cámara, que ella había comunicado por las vías informales a sus superiores, que no se ventiló ninguna cuestión propia del debate en esas tomas y que la difusión de actos públicos corresponde al sistema republicano de gobierno.
Las denuncias contra Makintach fueron presentadas por Julio César Coria, Fernando Míguez, Florencia Retamoso, Agustín Romo, María Florencia Arietto y Fernando Burlando, además de la Procuración.
Los denunciantes alegan “mal desempeño de sus funciones”, “incumplimiento de sus deberes” y “posibles comisiones de delitos” por parte de la jueza.
Apuntan a que Makintach habría participado activamente en grabaciones no autorizadas, utilizado recursos públicos para un proyecto con fines comerciales y faltado a la imparcialidad que requiere su cargo. La defensa presentará en el plazo de dos semanas un descargo buscando atacar cada uno de esos puntos.
Según pudo saber TN, hubo cierto alivio en el entorno de la jueza suspendida porque finalmente las acusaciones no tuvieron la gravedad que trascendieron cuando estalló el escándalo por el documental que era grabado con Makintach como protagonista sobre el juicio del caso Maradona.
La Comisión elevó el 14 de julio, antes del inicio de la feria judicial, a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Hilda Kogan, un informe sobre la última sesión del 11 de julio. Allí la Comisión Bicameral resolvió asumir el rol de acusadora por las denuncias contra Makintach, jueza del Tribunal Criminal N° 2 de San Isidro.
Además de Makintach, hay denuncias que involucran a los jueces que la acompañaban en el juicio por el caso Maradona, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. La Comisión resolvió no expedirse sobre ellos hasta que avancen las investigaciones penales, según el documento de 31 carillas. En paralelo, Makitanch enfrenta un juicio penal por el documental del caso Maradona.
El objetivo final de la Comisión es remitir los dictámenes para su incorporación en cada una de las causas.
Makintach había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y se le aplicará un descuento del 40% de su salario.
En ese entonces, su abogado Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace dos meses.
“La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito.
Lee también: Cómo se gestó el documental del escándalo y cuándo podría definirse el futuro de Makintach
Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”.
Saldaño presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro.
La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.
“Justicia Divina”, el documental del escándalo
Según un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”.
D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”.
La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal.
Veronica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, el tribunal que iba a resolver el juicio por la muerte de Diego Maradona. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El 21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”.
En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”.
Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada.
Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia.
El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán.
D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que “siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”.
Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz y el desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona.
Julieta Makintach, Diego Maradona
Una polémica estalló en el Congreso tras las declaraciones de la senadora Carmen Álvarez Rivero. La legisladora del Pro por Córdoba cuestionó el sistema de atención del Hospital Garrahan durante una reunión de comisiones que debatía la emergencia sanitaria pediátrica.
Durante su intervención en el Salón Illia del Senado, la legisladora cordobesa expuso su postura sobre la atención sanitaria en el país. En ese marco, realizó la afirmación que provocó el rechazo generalizado. Álvarez Rivero dijo textualmente: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.
La senadora fundamentó su posición en la idea de que la salud es una competencia provincial. Cuestionó la centralidad del Garrahan y la financiación federal. “La frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”, expresó.
Advirtió también sobre el impacto económico que la atención de pacientes de otras jurisdicciones genera en su provincia. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, detalló.
Luego solicitó una compensación financiera. “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”, manifestó.
Las afirmaciones de Álvarez Rivero recibieron una respuesta inmediata de legisladores de diferentes bloques políticos. La primera en contestar fue la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, del Frente Nacional y Popular. “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”, replicó.
Guadalupe Tagliaferri, senadora del Pro por la Capital, también intervino. Recordó el marco legal vigente que protege el derecho a la salud. “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado”, sostuvo. Tagliaferri también citó la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que posee rango constitucional en la Argentina. Explicó que uno de sus principios es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud.
El senador Martín Lousteau, de la UCR, fue el más duro en su crítica. Calificó los dichos de su par como una expresión de una mentalidad injusta. “Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona. Me parece de un nivel de violencia inusitado”, opinó Lousteau.
Frente al repudio que generaron sus palabras, la senadora cordobesa intentó aclarar su postura. Afirmó que sus dichos fueron malinterpretados. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró.
Luego, reiteró su argumento principal sobre la distribución de recursos y la competencia provincial. “No podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”, completó.
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POLITICA
Cumbre secreta en Casa Rosada: el “Triángulo Político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave
Ayer por la noche, en un lapso no mayor a una hora, terminaron por desembocarse tres sucesos centrales para la agenda política del Gobierno. Trascendió el desplazamiento de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la detención de Ariel García Furfaro y directivos del laboratorio HLB Pharma; y el bloqueo a la iniciativa opositora para voltear el veto de Javier Milei a los aumentos jubilatorios. Los audios de las presuntas coimas, el fentanilo contaminado y la ardua sesión de Diputados; configuraron una jornada frenética para la plana mayor de la Casa Rosada.
En ese mismo edificio se daría, minutos después de esa votación legislativa, una reunión reservada y sin previo aviso entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres configuran el triángulo de funcionarios políticos de mayor confianza del Presidente, que en ese momento ya estaba en la Quinta de Olivos. Tampoco era necesaria su presencia, ya que suele delegarles la coordinación de los asuntos más relevantes de la gestión.
La reunión se dio en las oficinas de la planta baja de la Jefatura de Gabinete, inició pasadas las 20 y duró cerca de una hora. Los referentes libertarios comieron chipa (un acompañamiento que suele ser habitué en estos convites) y hablaron de los temas más sensibles de la agenda que ocupaban la plana mayor de los medios nacionales.
El secretismo suele ser una marca registrada de este tipo de encuentros, pero no tardó mucho en revelarse cuál había sido uno de los objetivos de la conversación: minutos después de la medianoche, la cuenta institucional de la Vocería Presidencial hizo la primera comunicación oficial de una entidad del Estado sobre los audios que esgrimen presuntas coimas de parte de funcionarios nacionales. En la publicación se aludió a que este episodio fue utilizado políticamente por la oposición para ganar rédito electoral, pero indicó que se había decidido la remoción de Spagnuolo.
“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, agregó la cuenta institucional. Ambas decisiones ya estaban redactadas y listas para ser publicadas en el Boletín Oficial de este jueves.
La intervención de la ANDIS es una nueva atribución que tomará el máximo responsable sanitario, que no se irá de la gestión. Milei tampoco prevé pedirle su renuncia: se trata de una persona de extrema cercanía del asesor presidencial, además del mayor técnico en cuestiones sanitarias de la administración libertaria. Ante todo, el Presidente espera de Lugones los lineamientos para una amplia reforma del sistema de salud, la cual no está prevista para el próximo período legislativo, pero sí para más adelante.
Lugones ya había estado reunido con Santiago Caputo horas antes. Es probable que en ese encuentro se hayan terminado de materializar algunos aspectos clave de las medidas anunciadas esta madrugada. El ministro había visitado a Francos el lunes; pero hasta entonces no había estallado la revelación de los audios de Spagnuolo. Desde el momento que se hicieron públicos, la decisión política de qué hacer en el Ministerio de Salud dejó de estar en manos de Lugones, sino al arbitrio del “Triángulo Político” de Milei, que cortó las comunicaciones informales con la prensa y se limitó a diseñar la gestión de crisis del caso.
Tanto la renuncia de Lugones como la de la intervención de la ANDIS ya estaban prácticamente determinadas al momento de la reunión de Karina, Francos y Caputo. Hacia el comienzo de la jornada, en la cúpula del Gabinete estaba la opinión mayoritaria que Spagnuolo no podía seguir un solo día más en la gestión nacional. No hay novedades de qué reestructuraciones puede suponer la intervención en la Agencia, tampoco quién puede ser el nuevo Director Ejecutivo.
El primero en irse del encuentro fue Francos, que se lo divisó caminando por el Salón de los Bustos alrededor de las 21:30. Otros altos funcionarios -como Eduardo “Lule” Menem- emprendieron retirada cerca de las 23. Los equipos de Francos y el de Caputo siguieron trabajando juntos pese a haber terminado la cumbre del Triángulo. Durante ese plazo habían ajustado la comunicación de la Vocería y continuaban monitoreando la maratónica sesión de Diputados, aunque los dos vetos que le importaban al Gobierno ya habían sido votados.
Ambos equipos ya habían aunado esfuerzos horas antes para trabajar en la ratificación del veto a los incrementos jubilatorios. Estas gestiones -que constaron en contactos con ciertos diputados y gobernadores que ofician de aliados ocasionales- se activaron al ver que el veto de la Emergencia de Discapacidad había sido volteado por la oposición.
“Si lo de jubilados no se frenaba, la masacre pintaba para seguir; por eso trabajamos juntos”, contaron desde un sector de la Casa Rosada. La cuestión era política, pero también económica. Según datos de la consultora Empiria, el costo fiscal de discapacidad para 2026 es de 0,1% del PIB, mientras que para la ley jubilatoria era de 1,2%.
En el Ejecutivo hay preocupación por la avanzada de la oposición en el Congreso. “Estamos como un boxeador que sube la guardia esperando a que lo muelan a piñas”, graficó un funcionario. Y es que mañana el Senado prevé sesionar para tratar los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y el volteo de los decretos desreguladores de Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el INTA y el INTI, entre otros más.
Aquello resulta anecdótico en relación al panorama mediático que se espera para las próximas jornadas. Mientras tanto, se supone que ya debería estar planificándose el inicio de la campaña electoral nacional. Pareciera que ese asunto fue dejado de lado solo por este miércoles.
Dos legisladores del bloque La Libertad Avanza facilitaron este miércoles el quorum para una sesión clave en la Cámara de Diputados. La maniobra expone las tensiones internas en el oficialismo y habilita el tratamiento de los rechazos a vetos del presidente Javier Milei. La oposición busca anular las decisiones del Poder Ejecutivo sobre los aumentos en las jubilaciones, las pensiones por discapacidad y la ayuda económica para Bahía Blanca por las inundaciones de marzo.
Los diputados libertarios que dieron quorum son Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro. Ambos integran el bloque oficialista, pero mantienen serias diferencias y enfrentamientos con la conducción de La Libertad Avanza. Sus presencias en el recinto fueron determinantes para que la oposición alcanzara el número necesario de legisladores e iniciara el debate. Los dos diputados arrastran conflictos personales y políticos que los posicionan en un lugar de disidencia dentro de su propio espacio.
Marcela Pagano, experiodista, protagoniza una fuerte interna desde abril. Su conflicto se originó por la presidencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Pagano intentó asumir ese cargo, pero el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió su designación. Menem utilizó su atribución como presidente de la Cámara para frenar el nombramiento.
La comisión puede definir las derivaciones de la investigación legislativa sobre el escándalo que involucró al presidente Milei con la criptomoneda $LIBRA. El enfrentamiento por el control de este cuerpo legislativo sigue sin resolución. Las reuniones para su constitución se suspendieron en reiteradas ocasiones.
En medio de la disputa, Pagano acusó a Martín Menem de ‘fascista’ y denunció presiones para que bajara su candidatura. La tensión escaló dentro del recinto, donde también protagonizó fuertes cruces con otras legisladoras libertarias, como Lilia Lemoine.
Durante una de las sesiones para definir la conformación de la comisión, Lilia Lemoine le tomó una foto a Pagano para acusarla de haber dado ‘quórum al kirchnerismo’. La situación derivó en un cruce de insultos. Rocío Bonacci, diputada que acompañaba a Pagano, reaccionó arrojando agua a Lemoine y a Celeste Ponce, quien también se había sumado al reproche
El caso de Carlos D’Alessandro es más reciente y se vincula con la situación del partido en su provincia. El legislador representa a San Luis en el Congreso. Allí, La Libertad Avanza sufrió una intervención del partido en San Luis por orden de aliados de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.
D’Alessandro intentó unificar al espacio libertario de cara a las elecciones nacionales de octubre, pero no lo logró. Ante la falta de acuerdos, el apoderado nacional del partido, Santiago Viola, solicitó la intervención judicial. La jueza María Servini hizo lugar al pedido y desplazó a D’Alessandro de la conducción partidaria local.
“Rechazamos la intervención de ‘Lule’ Menem. Nos quieren callar porque no nos pueden comprar”, declaró D’Alessandro tras la medida. El diputado había ganado una banca provincial en San Luis con un sello propio llamado Tercera Posición, dentro de un mileísmo fracturado. Su figura se hizo conocida a nivel nacional cuando realizó un sorteo de 50 botellas de vino marca Llanto de mandriles en su cuenta de Instagram.
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