Durante el primer mes de 2026, el intercambio comercial argentino alcanzó un superávit de USD 1.987 millones, cifra que representa una mejora sustancial en comparación con el saldo positivo de USD 162 millones registrado en enero del año anterior. De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este resultado consolida una tendencia favorable al marcar el vigésimo sexto mes consecutivo con saldo positivo para la balanza comercial del país. El valor total del intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a USD 12.128 millones, lo que implicó un incremento interanual del 3,9%.

La depredación que sufren las aguas del Atlántico Sur y su riqueza en términos de especies marinas llegó a su punto más alto en lo que va de 2026. Reportes oficiales y mediciones del sector pesquero dan cuenta de al menos 500 embarcaciones extranjeras apostadas sobre la milla 201, esto es, al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina. De ese total, se estima que el 80% corresponde a buques de la flota de pesca en aguas distantes de China, mientras que el resto comprende unidades que depredan para España, Corea, Taiwán, Rusia y Portugal. Recientemente, Prefectura dio con un buque español, el BP Playa Da Cativa, haciendo pesca de arrastre ya en aguas jurisdiccionales argentinas. Asimismo, organizaciones expusieron que embarcaciones chinas vienen realizando mapeos y estudios de prospección sin ningún tipo de aval oficial en la plataforma continental de nuestro país.

La presencia de semejante volumen de embarcaciones pesqueras extranjeras fue constatada por la Armada, que viene de llevar a cabo el operativo de vigilancia Mare Nostrum VIII frente a las costas de la Patagonia.

Dicha operación tuvo como objetivo principal vigilar, controlar y proteger los espacios marítimos argentinos y la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Implicó el despliegue del patrullero oceánico ARA Storni y una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, con asiento en la base Almirante Zar de Trelew.

La flota que depreda el Atlántico Sur está conformada por «poteros» —barcos diseñados para extraer mayormente el calamar—, arrastreros y unidades que dan apoyo logísticos a esas embarcaciones foráneas.

Desde el ámbito naval se señaló que este año es por demás elevada «la cantidad de arrastreros de diferentes nacionalidades que operan cables afuera de la ZEE, muchos de ellos, de reciente construcción y con esloras mayores a 40 metros».

Los arrastreros utilizan una red gigantesca que, en forma de bolsa, arrasa con todas las especies que encuentra a su paso mientras el buque ejecuta sus movimientos. Se trata de uno de los métodos de pesca industrial que más aniquila al ecosistema marino.

«La diferencia entre los cerca de 500 buques extranjeros apostados en el límite de la ZEE y más de un centenar de buques argentinos que operan sobre el recurso, explica la necesidad de reforzar el control y la inteligencia marítima, en una año donde la abundancia de calamar, y la demanda internacional sumado a precios sostenidos alientan cualquier transgresión a los límites argentinos en el mar», señalan al respecto publicaciones especializadas como Pescare.

Pesca: dos intrusiones ilegales constatadas este año

Con relación a las intrusiones en aguas nacionales constatadas en este inicio de 2026, a inicios de este mes la Prefectura ubicó al pesquero español Playa Da Cativa realizando actividades ilegales en la ZEE.

«La embarcación permaneció en el área por aproximadamente 45 minutos, durante los cuales navegó a una velocidad inferior a cuatro nudos, comportamiento que, conforme a la normativa pesquera vigente, constituye una presunción de actividad de pesca por arrastre», informó la dependencia oficial.

De acuerdo a Prefectura, la incursión detectada representó una presunta infracción a la Ley N.º 24.922–Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación y conservación de los recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales argentinas.

«Cabe señalar que, previamente, el jueves 29 de enero, la Autoridad Marítima nacional había notificado al capitán del buque que se encontraba realizando tareas de pesca muy próximos al límite de la ZEEA, indicándole la necesidad de mantener un margen de seguridad a fin de evitar incursiones ante eventuales imprevisto. Dicha notificación fue debidamente recepcionada por el responsable de la embarcación», se añadió.

Ya en el inicio de enero, Prefectura detectó al pesquero Bao Feng, con bandera de Vanuatu pero que se presume opera para capitales chinos, realizando una actividad similar. El buque en cuestión «fue detectado ingresando a la Zona Económica Exclusiva Argentina el 10 de enero en horas de la tarde y se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos», lo cual coincide con maniobras de pesca por arrastre.

Según informó la Armada de manera oficial, en este período del año se registra un incremento significativo del arribo de buques pesqueros extranjeros, «provenientes principalmente del Indo-Pacífico y de las Islas Galápagos, atraídos por la zafra del calamar».

Mapeo ilegal por parte de buques chinos

A la par de esta situación, y similar a lo ya observado en 2022, organizaciones expusieron que embarcaciones de la potencia asiática vienen realizando mapeos y estudios de prospección sin ningún tipo de aval oficial en la plataforma continental argentina.

En este caso, se señaló que el pesquero chino Lu Qing Yuan Yu 205 realizó movimientos con esas características incluso en aguas frente a la provincia de Buenos Aires. Se indicó que el navío efectuó recientemente maniobras lentas, rectilíneas y sistemáticas, compatibles con las aplicadas para estudios biológicos y geológicos en alta mar.

La acción fue señalada por el Círculo de Políticas Ambientales y vía uno de sus referentes, Milko Schvartzman, quien en redes sociales compartió detalles de la trayectoria del Lu Qing Yuan Yu 205.

El mismo barco fue denunciado por efectuar tareas similares en enero de 2023. En esa ocasión, el Círculo de Políticas Ambientales emitió un informe señalando que el buque siguió «patrones que concuerdan con la realización de estudios biológicos y geológicos marinos en el Atlántico Sudoccidental, sobre la Plataforma Continental Argentina, al Este de la Zona Económica Exclusiva».

«Estos movimientos de mapeo pueden tener diferentes intenciones, entre ellas, el estudio de las características químicas del mar, las especies blanco de la pesca, nuevas especies para capturar, el aprovechamiento de los recursos genéticos marinos, y la composición y especies del fondo marino de la Plataforma Continental Argentina (PCA)», afirmó.

Una pérdida económica estimada de USD 575 millones, millones de personas afectadas por la interrupción de la producción y el transporte, y miles de turnos médicos suspendidos figuran entre los principales efectos del paro general del 19 de febrero, según cálculos y estimaciones del Gobierno nacional. La Oficina de Respuesta Oficial, a través de su cuenta institucional, difundió un informe con cifras sobre las consecuencias de la medida de fuerza, que paralizó durante 24 horas sectores clave en todo el país.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo, la pérdida económica total alcanzó los USD 575 millones. Este monto surge de “una pérdida económica estimada” y contempla un “nivel de acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, según la actividad y la región”, de acuerdo con las cifras oficiales. La interrupción de actividades productivas, comerciales, logísticas y de servicios por el paro tuvo un impacto directo y cuantificable en la economía.

En el informe divulgado por la Oficina de Respuesta Oficial, se señala: “El paro general del 19 de febrero generó una pérdida económica estimada en USD 575 millones, considerando un nivel de acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, según la actividad y la región”.

El sector del transporte resultó especialmente afectado, con más de 5 millones de personas imposibilitadas de movilizarse. El reporte oficial detalla: “Más de 5 millones de personas se vieron afectadas por la paralización del transporte público: más de 1 millón de pasajeros en trenes, 4 millones en colectivos del AMBA y cerca de 100.000 pasajeros aéreos”. Esta interrupción perjudicó la movilidad diaria y tuvo efectos en cadena en otras ramas de la actividad.

El Gobierno estimó que “solo en el sistema de transporte, las pérdidas directas alcanzaron los USD 5 millones”, cifra que se suma a la caída de productividad generada por millones de trabajadores que no lograron llegar a sus puestos o vieron disminuida su jornada laboral. La Oficina de Respuesta Oficial precisó: “Solo en el sistema de transporte, las pérdidas directas alcanzaron los USD 5 millones, a lo que se suma la caída de productividad generada por millones de trabajadores que no pudieron llegar a sus puestos de trabajo o vieron reducida su jornada laboral”.

La paralización del transporte público provocó además un efecto dominó en otros sectores: comercios abiertos con baja clientela, interrupción de la logística, bancos cerrados en gran parte del país, suspensión de trámites administrativos y afectación directa al sistema de salud.

El informe del Gobierno detalla: “El freno del transporte tuvo efectos en cadena: comercios abiertos con una fuerte caída de clientela, logística interrumpida, bancos cerrados en gran parte del país, suspensión de trámites administrativos y afectación directa al sistema de salud”.

El sistema sanitario nacional también sintió el impacto de la huelga. Según la Oficina de Respuesta Oficial, “casi 8.000 turnos médicos en hospitales nacionales” se cancelaron durante la jornada. El comunicado oficial especificó que “se cancelaron casi 8.000 turnos médicos en hospitales nacionales, correspondientes a 5.500 turnos diarios en hospitales SAMIC y 2.370 en hospitales nacionales, lo que representa una pérdida estimada de $100 millones de pesos en un solo día para el sistema de salud nacional”.

La suspensión de estos turnos implicó que “miles de personas con problemas de salud no pudieron atenderse ni acceder a prestaciones médicas programadas, tanto en hospitales nacionales como provinciales”, según la información difundida por la Oficina de Respuesta Oficial.

El análisis difundido por el Gobierno hizo hincapié en que el perjuicio económico y social “no recayó sobre dirigentes ni sobre la casta sindical, sino sobre los argentinos de bien —trabajadores, estudiantes, pacientes, comerciantes y pymes—, que vieron afectada su rutina diaria y su capacidad de producir, trabajar y atender necesidades básicas”.

El comunicado oficial atribuye a la medida de fuerza un carácter infructuoso, con las siguientes palabras: “La medida de fuerza fue en vano: el Congreso de la Nación no se dejó amedrentar y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras. De este modo, la República Argentina finalmente ha saldado una deuda histórica al modernizar su sistema de relaciones laborales”.

Las estimaciones oficiales subrayan la magnitud del impacto en la vida cotidiana de un amplio sector de la población. “Más de 5 millones de personas se vieron afectadas por la paralización del transporte público”, reiteró la Oficina de Respuesta Oficial, con una afectación directa sobre quienes dependen de estos servicios para desplazarse a sus trabajos, centros de estudio o instituciones sanitarias.

El reporte gubernamental también cuantificó la afectación a pasajeros aéreos, con “cerca de 100.000 pasajeros aéreos” que no pudieron volar, y a usuarios de trenes y colectivos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde “4 millones” de personas resultaron perjudicadas.

En el sector productivo, el informe oficial remarcó la caída de la productividad como resultado de la imposibilidad de que “millones de trabajadores” lleguen a sus puestos o cumplan sus tareas de forma habitual.

Por su parte, la interrupción de la logística complicó el abastecimiento de productos y la operatoria comercial en diversos puntos del país. La Oficina de Respuesta Oficial incluyó la afectación a bancos y la suspensión de trámites administrativos como parte del efecto dominó generado por la paralización del transporte.

El sector salud experimentó una de las consecuencias más graves, con “casi 8.000 turnos médicos cancelados en hospitales nacionales”, lo que generó una pérdida estimada de “$100 millones de pesos en un solo día para el sistema de salud nacional”. Miles de personas quedaron sin acceso a prestaciones médicas programadas, tanto en la red hospitalaria nacional como en los hospitales provinciales.

El análisis oficial concluyó su repaso de los datos con una referencia a la sanción de la Ley de Modernización Laboral. Según la Oficina de Respuesta Oficial, “el Congreso de la Nación no se dejó amedrentar y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras”, lo que permitió a la República Argentina “saldar una deuda histórica al modernizar su sistema de relaciones laborales”.

A lo largo del informe, el Gobierno enfatizó que el costo económico y social del paro recayó sobre “trabajadores, estudiantes, pacientes, comerciantes y pymes”, quienes vieron interrumpida su rutina diaria y su capacidad para producir, desplazarse y satisfacer necesidades básicas.

Las cifras y frases citadas en este artículo corresponden exclusivamente a los cálculos, estimaciones y declaraciones oficiales difundidas por la Oficina de Respuesta Oficial, canal institucional del Gobierno nacional.