POLITICA
Fentanilo Mortal: quiénes son los otros imputados en la causa que serán indagados
La semana pasada, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a pedido de la fiscal María Laura Roteta, detuvo e indagó a nueve imputados. Se trataba de los máximos responsables de las firmas HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL, sociedades vinculadas a la elaboración, distribución y venta del fentanilo contaminado vinculado por la justicia a 96 pacientes fallecidos en clínicas y hospitales.
A la cabeza de la lista está el dueño de esas tres sociedades, Ariel Fernando García. Lo sigue su familia: los hermanos Damián y Diego, su madre, Nilda Furfaro y su abuela Olga Arena. La mujer de 88 años fue la única en no pasar por el despacho judicial. Su estado de salud delicado, camina con andador, entre otras dolencias, sumado al hecho de que su nieto mayor la usaba como “pantalla” al hacerla figurar como presidenta de HLB Pharma, determinó que, al menos por ahora, la mujer permanezca en su casa.
También fueron detenidos por la PSA y Gendarmería Nacional integrantes de los directorios de las empresas y responsables técnicos en la elaboración de los medicamentos.
Ayer comenzó la segunda etapa de indagatorias de otras seis personas a las que se las citó por cédula judicial. La mayoría son empleados con responsabilidad en la cadena de elaboración del fentanilo y otros productos farmacéuticos.
El lunes, fue indagada María Victoria García quien en el organigrama figuraba como a cargo de la Gerencia de Gestión de Calidad. Hizo uso de su derecho constitucional de no declarar.
Las fechas del resto de las indagatorias, nombres y las responsabilidades es la siguiente.
-Mañana 27 de agosto lo hará Wilson Pons, Ingeniero químico. Jefe de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo S.A. Intervino en la verificación y documentación de la fabricación de los lotes contaminados.
-El 28 de agosto será el turno de Dayana Astudillo. Empleada del laboratorio, vinculada a tareas de producción y control.
-El 1 de septiembre será indagado Edgardo Sclafani, jefe de Producción y Mantenimiento en Laboratorios Ramallo SA.
-El 2 de septiembre es el turno de Rocío del Cielo Garay. Según la imputación fiscal es una de las “trabajadoras del laboratorio, involucrada en tareas de manufactura”.
-El 3 de septiembre declarará Adriana Iudica, “empleada con tareas vinculadas a los procesos de laboratorio”.
-La nueva lista de indagatorias se cerrará el 4 de septiembre, con Eduardo Darchuk, “Jefe de producción en Laboratorios Ramallo SA. Firmó registros de lotes y control de procesos”.
En los próximos días, el juzgado Federal N°3 en lo Criminal y Correccional de La Plata deberá resolver la situación procesal de cada uno de los imputados y si continuarán detenidos mientras dura el proceso, los beneficia con prisión domiciliaria o los excarcela. También los puede desvincular del proceso por falta de mérito. Según se detalla en la causa judicial y en las imputaciones que realizó la fiscal Laura Roteta los que ya fueron indagados son:
-Ariel Fernando García: “Dueño real y persona con mayor poder de decisión dentro del conglomerado de empresas (HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y Alfarma S.R.L.). Controlaba de hecho la producción y comercialización del fentanilo contaminado”.
-Nilda Furfaro: Accionista (10%) de HLB Pharma Group S.A., madre de Ariel García. Su rol era principalmente societario”, pero la fiscalía la ubica tomando parte de las decisiones junto a su hijo. Después de declarar quedó en libertad por problemas de salud y porque debe cuidar a su madre de 88 quien apenas se moviliza con andador.
Olga Arena: “Abuela de Ariel García, figuró como presidenta de HLB Pharma Group S.A. en registros societarios, utilizada como pantalla por la familia García”. Hasta ahora no fue llamada a declarar.
Damián García: Hermano de Ariel, “con participación formal y real en múltiples empresas del grupo. Tomaba parte en las decisiones empresariales”.
–Diego García: Su otro hermano “también vinculado a distintas sociedades del conglomerado y a la toma de decisiones”.
–Horacio Antonio Tallarico. “Presidente y apoderado de Laboratorios Ramallo SA. Responsable legal y administrativo del laboratorio”.
–Rodolfo Antonio Labrusciano. “Accionista y director suplente de Laboratorios Ramallo SA desde su fundación integrante del directorio”.
Tallarico le aseguró al juez y a la fiscal: “Le hice un favor de darle la firma mía en 2016 a Ariel García. Solo hacia trámites para Ramallo, compraba algún repuesto para llevárselo. De elaboración nada. Siempre fue una ‘gauchada’ soy humilde vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella en todo este tiempo, llevando al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. La verdad no tengo un peso esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días”.
Quedó en libertad después de ser indagado para que cuide a su esposa enferma.
Labrusciano, por su parte, se defendió: “Soy mecánico. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo ‘necesito alguien de confianza, yo después te saco’. Le respondí ‘está bien te firmo’. Laburé tres años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace siete años que me fui de ahí del laboratorio y hace siete años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.
En su indagatoria, Ariel García desvinculó a las dos personas. Cuando la fiscalía le preguntó por qué ante la Inspección General de Justicia puso como responsables de Laboratorios Ramallo a Horacio Antonio Tallarico en calidad de “Presidente de Laboratorios Ramallo S.A. y principal accionista (titular del 90% de las acciones). Ejercía la representación legal de la empresa y tenía poderes de firma digital frente a la ANMAT”. Y a Rodolfo Antonio Labrusciano como “director suplente y vicepresidente de Laboratorios Ramallo S.A., con una participación del 10% del capital accionario”. La respuesta de García Furfaro fue: “Porque tenía un montón de empresas, estaba con mi mujer que me separaba. A Tallarico le estoy dando unos pesos (por su esposa enferma)”.
Además del empresario que viajó a Moscú con la delegación del Ministerio de Salud para distribuir en Argentina la vacuna Rusa contra el COVID-19, Sputnik V, ya declararon en calidad de sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la producción del fentanilo mortal.
–Carolina Ansaldi: “Farmacéutica, Directora Técnica (DT) de Laboratorios Ramallo S.A. Supervisaba y controlaba la producción del fentanilo”.
–Víctor Boccaccio: “Farmacéutico, ejerció como Director Técnico de Laboratorios Ramallo S.A. hasta julio de 2023. Avaló análisis de control microbiológico, limpieza y procesos en la elaboración del producto.
El lote 31202 del fentanilo contaminado vinculado a la mayoría de las muertes de pacientes se elaboró el 18 de diciembre de 2024.
-Javier Tchukran: “Ingeniero químico. Director de Manufactura de HLB y director general de Laboratorios Ramallo S.A. Persona de confianza de la familia García, con alta responsabilidad en la producción y control de calidad. Rubricó la producción del lote contaminado”.
En su declaración, y a diferencia del dictamen fiscal, el profesional es presentado como Técnico Químico recibidio en la ORT y no cómo ingeniero, como se afirma en la página 122 del dictamen fiscal. Tchukran se defendió así: “En primer lugar, yo ingrese en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión. Estaba trabajando sobre eso, cuáles eran las primeras maquinas que convenia trasladar, según tiempos y dificultades”.
Las próximas dos semanas serán decisivas en cuanto al imperio que tomará el juez sobre los 17 imputados en lo que ya es considerado como el “Cromañón de la salud”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.
En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.
Gustavo Barabino Winfo
“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.
Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.
La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.
Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.
gentileza
Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.
“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.
Mauro V. Rizzi
La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.
“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
El oficialismo abrió una mesa de negociación para discutir el Presupuesto 2026 y la oposición reclama la presencia de Luis Caputo
El presidente de Diputados, Martín Menem, convocó a su oficina en el Congreso a Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y a José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo y uno de los funcionarios de mayor contacto con los bloques parlamentarios. A ellos se sumó Bertie Benegas Lynch, presidente de Presupuesto y Hacienda. E invitó a los representantes de casi todos los bloques políticos. ¿El objetivo? Discutir la presentación del Presupuesto 2026.
En La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni aseguró que los funcionarios son quienes llevarán adelante la discusión presupuestaria con los diputados de la oposición. En la reunión en el despacho de Menem participaron Silvana Giudici y Daiana Fernández Molero del Pro; Pamela Verasay, Karina Banfi, Lisandro Nieri y Martín Tetaz de la UCR; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Pablo Juliano y Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; Eduardo Falcone del MID, Pablo Cervi y Martín Arjol de Liga del Interior y José Luis Garrido de Por Santa Cruz.
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En Unión por la Patria rechazaron cualquier tipo de invitación por fuera de la Comisión de Presupuesto y negociaciones paralelas. Germán Martínez, jefe de la bancada, señaló: “Nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El Presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto”.
El diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda manifestó: “No recibimos invitación alguna al respecto. Saben que desde el Frente de Izquierda no seremos parte de la coalición que están impulsando Trump y sus enviados para sostener este plan de entrega nacional. No somos gatitos mimosos de la embajada ni del poder económico”, posteó en las redes.
Las posturas en la reunión
Los funcionarios escucharon varios planteos de los diputados. La postura de la oposición y de los gobernadores es que haya Ley de Presupuesto. También, que desde el Poder Ejecutivo se avale pedidos de los mandatarios provinciales para que las provincias puedan endeudarse por medio de créditos externos. Además exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Parlamento. En este último punto, Martín Menem se comprometió a hacer las gestiones ante el Palacio de hacienda.
También pidieron asegurar las partidas presupuestarias destinadas a las tres leyes que sancionó el Congreso: Emergencia en Discapacidad; Financiamiento para el Hospital Garrahan y para las Universidades Nacionales. Pero no encontraron respuestas positivas: “Eso lo decide el Poder Ejecutivo”, plantearon en el oficialismo.
El oficialismo se llevó las intenciones de diferentes sectores de debatir el proyecto de Presupuesto, más allá del 4 de noviembre, la fecha que estableció el recinto para firmar los dictámenes correspondientes. Eso dependerá del avance de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez dijo: “Desde Provincias Unidas fuimos al diálogo convocado por el Gobierno Nacional para tratar el Presupuesto, con la mejor predisposición. Pero dialogar no es aceptar imposiciones: pedimos que se respeten las leyes aprobadas, que se incluyan los temas que afectan a las provincias —como las cajas de jubilaciones y los sectores productivos— y que se construya un presupuesto federal y realista. Si el Gobierno insiste en desconocer esos reclamos, lo único que demuestra es su desconexión con la realidad».
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Pablo Juliano de Democracia para Siempre, aseguró: “Me gustaría ver que la semana que viene haya la misma predisposición al diálogo, que no se vea interrumpido. Es obligación nuestra como legisladores conseguir una ley de Presupuesto para el año que viene y vamos a agotar todas las instancias”.
El debate del Presupuesto
Este martes a las 13 el Presupuesto nacional será defendido por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y por el de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, ambos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, postergando, para dentro de una semana, al secretario Educación, Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
El Presupuesto 2026 fija 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.
Mientras que, para este miércoles a la misma hora, el presidente de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocó al secretario de Trabajo, Julio Cordero y a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real.
Presupuesto 2026, Martín Menem, Oposición
Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.
La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta.
El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L., para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L. por un monto de $1.080.000 del año 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.
El principal acusado en este juicio fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre de pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.
La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Group S.R.L. Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control Group S.R.L., una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.
El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años. Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular.
Dadas las características del hecho, la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados se consideraron agravantes, pero se aplicó la ejecución condicional de la pena debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso, por el término de la condena, la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Pese a haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios posteriormente desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación. Pero el recurso finalmente le fue negado por el juez Costabel.
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