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La embestida judicial del Gobierno: la cumbre secreta en la que se pergeñaron las dos denuncias por la filtración de audios de Karina Milei

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El viernes a última hora de la tarde, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, el Gobierno habilitó una mesa de estrategia judicial para intentar reorientar la conversación pública en la semana previa a la elección bonaerense. La gestión libertaria quiso aprovechar los primeros audios atribuidos a la voz de Karina Milei divulgados ese mismo día por el canal de streaming Carnaval (y la promesa de difusión de más material inédito de la hermana del Presidente) para cambiar la narrativa.

Luego de casi dos semanas en las que, a partir de los audios de Diego Spagnuolo, el Poder Ejecutivo quedó sospechado por corrupción con fondos públicos del sector de Discapacidad, la cúpula libertaria quiso cambiar el encuadre y exhibirse como víctima de una supuesta operación de espionaje ilegal.

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Por esa mesa circularon, entre otros, Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio (cercano al asesor presidencial); el vocero Manuel Adorni y el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, los últimos dos del riñón de Karina Milei. Asomaron dos objetivos. Por un lado, el de visibilizar una presunta “operación de servicios ilegales” para ensuciar al Gobierno en el marco del proceso electoral.

Para eso se pergeñó una denuncia penal que pusiera a todos los audios (los de Spagnuolo y los de Karina) como parte de una misma trama, si bien el origen y el contenido de unos y otros son bien distintos: la grabación al extitular de la Andis -en una conversación que parece grabada en un ámbito público, como un restaurant- se refiere a supuestos pedidos de coimas en el Gobierno (un asunto de interés público), mientras que la voz atribuida a Karina, presuntamente grabada en su despacho de la sede de gobierno, hasta ahora, no alude a un posible ilícito.

Por otra vía -y a pedido de la secretaria general de la Presidencia- se puso en marcha un operativo para proteger personalmente a Karina y frenar la difusión de nuevo material con su voz. De esto se ocupó Viola, que además de abogado del partido ya había representado a la hermana de Milei en una vieja causa por presunta venta de candidaturas en la campaña de 2023.

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El mismo viernes, alrededor de las 22, ese abogado presentó un escrito en el fuero Civil y Comercial Federal y pidió una medida cautelar para prohibir a todos los medios que difundan “cualquier chat, audio, foto o video” anunciados por Carnaval así como también para impedir que hagan referencias a Karina Milei “en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa o indirecta” y “en relación con dichos audios”, que se aprestaban a salir a la luz.

El abogado Santiago Viola y detrás su representada Karina Mileihernan zenteno

El escrito de Karina Milei se apalancó en tres argumentos. Señaló que los audios entrañarían un riesgo para su “honor”; habló de un posible daño grave a su “familia” y se refirió a una afectación a la “seguridad nacional”, dado que las grabaciones se habrían hecho en un despacho de la Casa Rosada, en la que se tratan asuntos sensibles.

Tal como publicó , el escrito, firmado por la hermana del Presidente y por Viola, requierió que se ordene al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que comunique la prohibición de difusión “bajo pena pecuniaria”. El pedido se hizo bajo carácter reservado y se solicitó la habilitación de días inhábiles (el fin de semana) para hacer lugar a la medida de forma urgente.

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, no obstante, no tramitó el pedido a través de un juzgado de guardia, fuera del horario hábil de los tribunales. El pedido lo tramitó el lunes el juzgado N° 5 a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, que hizo lugar a la cautelar pasado el mediodía. El juez ordenó “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Maraniello hoy tiene ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual contra sus empleadas.

Según fuentes oficiales, en principio, no está previsto que Karina Milei apele la medida de Maraniello para solicitarle que la prohibición abarque un criterio más amplio. De hecho, esta mañana el canal de streaming uruguayo Dopamina difundió un nuevo audio en el que la voz atribuida a la hermana del Presidente menciona a “Martín” (se referiría a Martín Menem).

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El fragmento fue replicado y reproducido en redes sociales de medios y usuarios argentinos y tanto el titular de Diputados como Patricia Bullrich señalaron que se trataría de una conversación que se dio en la Cámara baja y que fue registrada de manera clandestina. Este fragmento no estaría alcanzado por el fallo de Maraniello, ya que no se circunscribe a audios “grabados en la Casa de Gobierno” y que fueron “anunciados el día 29/08/2025″.

Consultado por , un colaborador de la Casa Rosada cercano a Karina apuntó: “Es difícil determinar qué es lo prohibido y qué no justamente porque la cautelar hace referencia a cuestiones posibles y futuras. Pero el pedido de cautelar fue en base al anuncio puntual que hizo Carnaval el viernes y en alusión a ese contenido específico. Así se solicitó a la Justicia y así lo concedió el juez”.

Y agregó: “Consideramos que la prensa no deberían publicar audios que no tienen interés público o periodístico y que se obtuvieron de manera ilegal. Pero no es lo que dice la resolución de Maraniello ni lo que decía el pedido de la cautelar que presentó Karina”.

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La otra denuncia

La denuncia penal que el Gobierno promovió en Comodoro Py, en cambio, fue más allá porque reclamó que la Justicia solicite una batería de medidas de prueba. Entre otras, allanamientos en las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”. La presentación corrió por cuenta de un abogado con funciones en el Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, que sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Este expediente recayó en el juez Julián Ercolini y en el fiscal federal Carlos Stornelli.

En el escrito, Soto pidió que se investigue una línea específica, que partiría de presuntos sectores de la “oposición kirchnerista” y llegaría hasta el canal de streaming Carnaval, donde trabajan los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Involucró, a su vez, a otros actores, como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi. “La trama revela una red viscosa y pestilente, que comprendería a operadores políticos y a esferas de inteligencia no institucionales”, denunció el Poder Ejecutivo a través del escrito de Soto, que es director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del ministerio que conduce Patricia Bullrich.

El escrito corrió por cuenta del Ministerio de Seguridad porque, según fuentes oficiales, estaba “comprometida la seguridad nacional” y “para que tuviera más fuerza”. Si bien la presentación oficial fue firmada por Soto, en su elaboración participaron otros equipos técnicos de abogados y hubo opiniones divergentes de las espadas judiciales del Gobierno.

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En el seno del Gobierno se debatió si la denuncia debía ser más acotada, de pedido de averiguación de delito a partir de la simple descripción de los hechos (la difusión de los audios). O si se debía requerir a la Justicia que investigue un delito puntual, siguiendo una pista específica y con medidas de prueba de alto impacto (como los allanamientos a periodistas). Finalmente, primó la mirada más dura.

En el escrito de Soto, el Gobierno omitió aludir al contenido de los audios de Spagnuolo y a la causa por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad. Apuntó directamente al “mensajero” y señaló que el streaming Carnaval “se creó con el único objeto de molestar y chantajear a los integrantes de la actual gestión de gobierno”. Afirmó, sin pruebas documentales, que “su dueño es Toviggino, mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno”. La presentación del Ministerio de Seguridad, también apuntó que Bindi sería un “abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” además de la pareja de la diputada Marcela Pagano, que acaba de escindirse de LLA.

El escrito dice que los hechos denunciados “forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno nacional”, en referencia a Karina Milei, y que fueron “mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520″. Lo consideraron “parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno”.

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Parte de la oposición y un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que las denuncias del Gobierno buscan un “acto de censura” y violan “la libertad de expresión”. El diputado Maximiliano Ferraro (CC), por caso, apuntó: “Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?”.

Stornelli ya impulsó la denuncia del Gobierno pero aclaró que en su investigación no violará el secreto de las fuentes de los periodistas ni sus domicilios con allanamientos.

Pese a que el debate público puso sobre relieve el ataque a la libertad de expresión, el Gobierno no retrocederá. Luego de que un medio uruguayo difundiera un nuevo audio de Karina Milei, Bullrich advirtió que irá por más. “El audio que publicaron hoy fue grabado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, otro poder del Estado democrático violado”, dijo la ministra. Y advirtió: “Ampliaremos la denuncia: porque si las hacés, las pagás”.

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Tal como publicó LA NACION,,ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura,,September 2, 2025,Maia Jastreblansky,Conforme a

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La Coalición Cívica cuestionó el tratamiento exprés de la reforma laboral y advirtió sobre la falta de debate

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Continúa el debate por la reforma laboral. En este contexto, Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica, criticó enérgicamente el tratamiento exprés de la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Cámara de Diputados. “Nos están llevando a las patadas y así perdemos la oportunidad de discutir seriamente una modernización del sistema laboral”, afirmó Ferraro durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo Al Amanecer

El legislador advirtió que, aunque la sesión para el jueves 19 no está convocada, se realizará el día de hoy, a las 14:00, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presidido por el diputado libertario Almirón. “Recordemos aquel diputado que en la sesión de presupuesto se confundió el listado de obras de un dictamen que pertenecía al kirchnerismo”, recordó Ferraro, en referencia a situaciones anteriores en el ámbito parlamentario.

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Al mismo tiempo manifestó: “Rechazamos que una reforma de esta magnitud sea tratada de manera exprés en menos de veinticuatro horas en la Cámara de Diputados, con doscientos artículos para analizar”. Añadió que los cambios no solo se presentaron en una conferencia de Patricia Bullrich, sino que también se introdujeron el mismo día de la sesión, alrededor de las dos de la mañana, antes de la votación y tras el anuncio del secretario parlamentario.

Consultado por Nacho Girón, periodista de Infobae en Vivo, sobre la introducción de artículos controvertidos sin debate transparente, Ferraro fue categórico: “Muchos están fingiendo demencia. Otros habrán establecido el ‘si pasa, pasa’. Basta ver la sesión o leer la versión taquigráfica: esto se leyó en el recinto”. Añadió que no se trata solo del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contratos de Trabajo acerca de licencias. “Hay colosales trastadas y desaciertos”, subrayó.

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En cuanto al proyecto del oficialismo, Ferraro opinó: “La reforma laboral propuesta por el oficialismo está anclada hace veintiséis años. Es muy similar en muchos aspectos a las que proponía el gobierno de la Alianza y lo llevó al fracaso que lo llevó en aquel entonces. Siento que es una ley sin rostro, principalmente porque no tiene en cuenta a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas”.

“Vamos a ver cómo transcurre el día de hoy, en que el jueves, o sea, mañana, pasemos a sesionar y a discutir estos doscientos artículos”, agregó el diputado, según indicó Infobae.

Respecto a los argumentos del Gobierno nacional sobre el impacto en el empleo, Ferraro expresó: “Me agarro de lo que han dicho muchos economistas del circuito libertario y otros. Esta ley no es que va a generar empleo de un día para el otro”. Subrayó que existe un “contexto de 40% de empleo no registrado, que es un mal estructural en la Argentina. Se cerraron 22.000 empresas en el último tiempo. Más de 120.000 personas perdieron el empleo”.

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El diputado subrayó que la propuesta oficialista omite el interés de trabajadores y pymes, repitiendo errores de reformas pasadas (Prensa Senado)

Ferraro sostuvo que se pierde la oportunidad de discutir en profundidad la modernización y de combinar productividad con derechos. “Perdemos la oportunidad de discutir seriamente la modernización, de combinar productividad con derechos y de bajar impuestos como debemos bajar, para potenciar principalmente a quienes generan y sostienen empleo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

En el análisis de las modificaciones, el diputado planteó dudas sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral. “¿Por qué un Fondo de Asistencia Laboral obligatorio que desfinancia los fondos del sistema previsional, que está quebrado y también merece una discusión seria?”, cuestionó.

Ferraro también se refirió al comportamiento de legisladores frente al Ejecutivo nacional. “Hemos visto la poca actitud de muchísimos senadores y diputados que no se le animan al Gobierno. En muchos aspectos, debo decir que a vos te llevan a las patadas, pero eso no implica estar en contra de discutir una ley que modernice el sistema laboral. No podemos naturalizar que este debate sea llevado en menos de 24 horas solo para cumplirle al presidente Milei”, remarcó en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer.

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También denunció lo que llamó “doble vara” en la política argentina. “Ponían el grito en el cielo cuando el kirchnerismo hacía del Congreso una escribanía. Ahora miro para otro lado. Así se hace normal gobernar por decretos de necesidad y urgencia, cuando están prohibidos por la Constitución y solo son una excepción cuando el Congreso no puede sesionar”, señaló.

Por último, Ferraro reiteró la base histórica de su bloque. “La Coalición Cívica siempre ha tenido posiciones firmes y propuestas concretas en áreas sensibles del Estado”, concluyó.

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Cómo es el trámite legislativo para la aprobación de la reforma laboral a partir de la eliminación del artículo 44

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El presidente del bloque PRO de Diputados, Cristian Ritondo, destacó hoy “la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno” para eliminar el polémico artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencia laboral, y aseguró que esta decisión destrabó la discusión para que la cámara baja pueda aprobar la ley y girarla nuevamente al Senado para su aprobación definitiva.

“Hablamos con distintas autoridades de la Cámara y, tras exponer los problemas que traía el artículo agregado, coincidimos en que era necesario eliminarlo”, explicó el legislador en diálogo con Radio Mitre, y agregó: “Me parece que complicaba mucho. Lo peor es que el texto era absolutamente inhumano”.

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El legislador insistió en los problemas de fondo que representaba mantener los cambios introducidos en las licencias médicas: “Estaba mal redactado y no se entendía. En otros países, cuando hay mecanismos como este, el Estado aporta el dinero adicional, o existe una red más amplia. Aquí, no solo se reducían los sueldos, sino que en casos de enfermedad grave, los aportes se recortaban a la mitad”, indicó. “Ese artículo trababa una ley fundamental para Argentina, que por fin se animó a discutir el Gobierno. Es vital para la modernización y el ingreso de argentinos al trabajo formal», subrayó.

Consultado sobre otras posibles modificaciones, Ritondo fue enfático y señaló que no se prevén más cambios, con excepción de un reclamo conjunto del PRO para que las billeteras digitales sean incluidas como opción para cobrar sueldos: “En las billeteras virtuales, mantenemos la libertad del trabajador. Cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales. El dinero es del trabajador, no de las empresas ni del Estado”, sostuvo.

En esta línea, puntualizó: “No creo que haya ningún otro retoque. El resto está bien. El sistema de vacaciones, las indemnizaciones, todo queda como llegó del Senado”. Y reafirmó que se busca combatir “el negocio de los juicios laborales” para aliviar la carga sobre las empresas y facilitar nuevas incorporaciones formales.

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Al referirse al proceso parlamentario que ahora deberá recorrer la ley, destacó que estarán los 129 votos para iniciar el debate. “Nos haremos responsables de dar este debate pendiente desde hace años en Argentina”, afirmó. Sobre la posible cantidad de votos, proyectó: “Espero un número similar al de la ley de baja imputabilidad, alrededor de 140 votos”.

El legislador también detalló los plazos: “La esperanza es que hoy modifiquemos el texto, terminemos y mañana vayamos al recinto. Así podremos sacar la ley desde Diputados y que la semana que viene el Senado termine el tratamiento”. El plazo máximo para que la cámara alta se expida sería hasta el sábado 28.

En cuanto al mecanismo parlamentario, Ritondo explicó: “En el Senado se aceptan o rechazan las modificaciones. Si las rechazan, la ley sale como está“. Así, la resolución definitiva quedará en manos de la cámara de origen, que decidirá si insiste en su versión y otorga la sanción final.

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Frente del edificio del Congreso de la Nación (EFE)

Qué cambia tras la decisión del Gobierno

Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.

En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.

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El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a una cuenta de Instagram por instigar a cometer delitos

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El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción” por difundir un video extranjero que instruía “de manera concreta” sobre la fabricación de artefactos punzantes, como Miguelitos, con el objetivo de dañar neumáticos y generar violencia en protestas.

Se trata de un historia del perfil que en su bio aclara que es un “espacio de formación antifacista de la clase obrera” y que subió una publicación de un video de una cuenta en inglés que enseña a hacer herramientas de defensa del hogar caseras: en ese caso, con una maguera y clavos.

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La denuncia sostiene que este contenido no es educativo, sino un llamado directo al sabotaje y al delito, especialmente en el marco de los recientes disturbios en el Congreso de la Nación.

Firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, la denuncia detalla que la publicación se dio este martes, es decir, en el mismo contexto en el que el Gobierno ya había iniciado causas por hechos delictivos ocurridos durante las sesiones extraordinarias en el Congreso y zonas aledañas.

Uno de los posteos publicado por “Pedagogía para la acción”

La preocupación oficial es que la difusión de este material, junto con otras publicaciones del perfil que postulan “el boxeo popular como resistencia para el asedio” y promueven la “lucha activa”, sean en realidad instrucciones tácticas para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

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La presentación afirma que el video, utilizado como prueba principal, va acompañado de imágenes que muestran figuras de individuos con el rostro cubierto, alzando los brazos en medio de incendios, y que el perfil que difunde el material plantea abiertamente la “formación doctrinaria e ideológica” con métodos violentos.

Según el Ministerio, este accionar podría encuadrarse dentro del delito de instigación pública para cometer daño agravado y resistencia a la autoridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal de la Nación Argentina, considerando los artículos 184 y 237 del mismo código.

En el escrito se advierte: “La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”. Se resalta además que esta situación reviste una gravedad particular por ocurrir en medio de tensiones políticas y hechos violentos ya judicializados por el Ministerio.

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La denuncia elevada ante la Justicia federal exige la apertura inmediata de una investigación, el seguimiento digital del perfil y la identificación de las personas responsables, con la posibilidad de que se los vincule a otras figuras penales vinculadas con la organización ilícita.

El detalle más relevante radica en que la denuncia no sólo pide sanciones para los administradores del perfil, sino que solicita explícitamente que la Justicia determine si el canal pudo haber servido también para la comisión de otros delitos y la formación de organizaciones ilegales.

Como prueba se acompañó el archivo con el video publicado por “Pedagogía para la acción”. El Ministerio fundamenta la presentación en la urgencia de frenar la escalada de contenidos digitales empleados para planificar sabotajes y ataques durante episodios de protesta.

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La denuncia fue remitida al juzgado federal que resulte de turno, con una solicitud explícita: “Se individualicen a los responsables y, en su caso, se aplique la pena correspondiente”.

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