El presidente Javier Milei cerró anoche el 12º Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad, con un discurso contundente en el que anunció el acuerdo bilateral con Estados Unidos, ratificó su posición fuertemente reformista y dejó, ante un recinto repleto de personas, la síntesis de su proyecto económico: desburocratizar, atraer inversiones, bajar impuestos y transferir mayor autonomía a las provincias.

Argentina se compromete al fortalecimiento de protección de propiedad intelectual reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, armonizándola su régimen en esta materia con las normas internacionales.

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados para productos clave. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para exportaciones de bienes que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una variada gama de productos agrícolas.

A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Ambos países también se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna.

El pacto, que ocurre luego de la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, fue gestado entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, y abarca diversos puntos cruciales que aspiran a reconfigurar el panorama económico entre ambas naciones.

Argentina y Estados Unidos formalizaron este jueves un acuerdo comercial que busca profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión. El anuncio realizado por la Casa Blanca se trata de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

La nueva mesa chica de la CGT tendrá el lunes su primera reunión con un solo punto en la agenda: la reforma laboral. En realidad, se discutirá qué postura adoptarán si el Gobierno los convoca para discutir ese tema antes de que el proyecto de ley se presente en el Congreso para ser debatido en el período de sesiones extraordinarias.

De todas formas, este jueves se produjo un contacto informal entre el nuevo triunvirato de la CGT y el ministro del Interior, Diego Santilli, cuando se cruzaron en la Conferencia Industrial de la UIA y allí hablaron sobre un encuentro para analizar la reforma laboral. El flamante funcionario incluso les aseguró que el proyecto no contendrá lo que afirman algunas versiones que causan mucha preocupación en el sindicalismo.

La posibilidad de una convocatoria oficial a la CGT, anticipada por Infobae, multiplicó los llamados entre los sindicalistas para intercambiar opiniones y allí se acordó la realización del encuentro de la mesa chica cegetista, donde se producirá el debut del flamante triunvirato, que integran Jorge Sola (Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Al ser consultado sobre la decisión que tomarán si son invitados a la Casa Rosada, un importante jefe cegetista dijo a Infobae: “Veremos qué sucede. El cómo también es importante. Y el para qué es imprescindible”.

Una de las ideas que discutirá la CGT, además, es el comienzo de contactos oficiales con los gobernadores para convencerlos de no dar su apoyo en el Congreso a una reforma laboral “antisindical”.

El dilema para la CGT es que uno de sus máximos dirigentes, Gerardo Martínez (UOCRA), integra el Consejo de Mayo, donde se elabora el proyecto de reforma laboral, aunque hasta ahora, según fuentes oficiales, rechazó la mayoría de las propuestas impulsadas por el Gobierno.

Sin embargo, el propio Martínez dijo: “La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazada por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”.

En una entrevista con Infobae, Jerónimo, uno de los nuevos cotitulares de la CGT, respondió de la siguiente manera si la CGT está dispuesta a negociar la reforma laboral: “Estamos dispuestos no a negociar sino a sentarnos en una mesa-afirmó-. Negociar sería hoy ir ciegamente a discutir algo que están proponiendo ellos. Nosotros también tenemos propuestas».

Si el Gobierno no flexibiliza su postura y no acepta cambiar artículos de la reforma laboral que irritan a la CGT, la relación entre ambos sectores se encamina a un duro conflicto que incluirá medidas de fuerza sindicales.

Por eso será clave la estrategia que defina la nueva conducción de la CGT, que estrenará un triunvirato y deberá coordinar su funcionamiento con una mesa chica integrada por la vieja guardia sindical: allí estaban hasta ahora Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Sergio Romero (UDA).

Sin embargo, algunos de esos dirigentes no fueron invitados al encuentro del lunes próximo y por eso se dieron las primeras señales de tensiones internas ante el malestar de los sindicalistas excluidos.

Más allá de estos incipientes cortocircuitos, la CGT ya sabe que hay artículos de la reforma laboral que no aceptará, como la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos de trabajo, que es el principio por el cual esos acuerdos firmados entre empresarios y sindicalistas mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro.

El proyecto oficial mantiene la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos, por ejemplo) se caen al vencimiento del convenio colectivo de trabajo.

Otro de los puntos confirmados de la iniciativa, que es considerado un aspecto central de la reforma, es que se priorizarán los acuerdos por empresa, de manera que los convenios de ámbito menor (empresa u regionales) se impondrán sobre los convenios de un ámbito mayor (los de actividad), al revés de lo que estipula hoy la ley.

Esa propuesta implica la pérdida del poder centralizado de los sindicatos y empodera a las comisiones internas en las empresas al delegarles el poder de negociar y firmar los convenios.

También se incluirá la limitación de las cuotas solidarias, que son el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo.

Para el Gobierno, no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Es la misma idea que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia tras una acción de amparo de la CGT.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno, además, volverá a contemplar la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades, tal como figuraba en el DNU 70 y luego en el decreto 340 (ambos suspendidos por la Justicia), al redefinir el listado de servicios esenciales y fijar mínimos de cobertura: 75% en servicios críticos y 50% en servicios trascendentales.

Otra de las innovaciones del proyecto oficial es la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.

Estas son algunas de las propuestas incluidas hasta ahora en la reforma laboral y en todos los casos seguirán siendo rechazadas de manera tajante por el sindicalismo. A menos que el Gobierno se reúna con la CGT y logre el milagro de que apoye o al menos no frene los cambios.

Son tiempos agitados para el PRO. Tras las elecciones legislativas se activó un proceso de sangría de dirigentes en los bloques del Congreso nacional. Fue uno de los temas que se discutió en la reunión del Consejo Nacional que encabezó Mauricio Macri el pasado miércoles. También son días agitados para el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, que aún no definió el staff de funcionarios que lo acompañarán en la Casa Rosada y que, en su primera semana en funciones, ya se juntó con 10 de los 20 gobernadores que estuvieron con Javier Milei. La semana que viene prevé terminar la peregrinación para ver a la totalidad de los mandatarios para buscar apoyos al Presupuesto 2026.

En medio de todo este frenesí, hay otro proceso que miran con atención tanto las autoridades del PRO como el funcionario nacional: quién tendrá el control político y presupuestario de la Legislatura porteña tras la renovación del próximo 10 de diciembre, que hoy equivale a 159.694.456.793 de pesos. Es una discusión que tendrá lugar en el recinto de sesiones en menos de 20 días, inmediatamente después del tratamiento del Presupuesto 2026 que envió el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, previsto para el 27 de noviembre.

Así, el próximo 1 de diciembre los legisladores elegirán a las nuevas autoridades. Hasta hoy, la vicepresidencia primera está en manos del macrista Matías López (Vamos Juntos), un dirigente muy cercano a Santilli, que el miércoles participó de la reunión convocada por Macri. El ahora ministro del Interior -que ya anticipó que quiere ser gobernador bonaerense en 2027– convocó a López, que se desempeñaba en la actividad privada, cuando era titular de Espacio Público porteño.

“Estaría todo dado para que Matías continúe, pero la política puede meter la cola hasta la noche anterior y cambiar todo. Es un lugar que todos lo quieren y todos se autoperciben importantes, desde el peronismo por la cantidad de diputados, los libertarios por Milei y el PRO por ser oficial”, graficó a Infobae un dirigente del macrismo porteño.

En los principales despachos de Perú 160 arrecian las versiones y escenarios muy disímiles entre sí. Uno plantea que el PRO (Vamos Juntos), que redujo su bloque de manera considerable, negociaría entregar la vicepresidencia por gobernabilidad al peronismo, que tendrá la primera fuerza tras el recambio, o a La Libertad Avanza.

Otro escenario es que el macrismo retenga el control, pero sin la Secretaría Administrativa, es decir, sin el manejo del dinero y los tiempos políticos. “Un delirio, quién va a aceptar eso”, se preguntó un veterano dirigente con experiencia parlamentaria. Un último escenario es más audaz: una negociación de cúpulas entre Jorge Macri y Santilli para destrabar el reclamo de CABA por la deuda del gobierno nacional por la Coparticipación. Esta última versión fue descartada desde ambos sectores, ante la consulta de Infobae.

Hasta ahora se tratan de versiones. “Es una discusión que aún no empezó”, señaló a este un importante dirigente libertario de CABA. “Todavía no hemos analizado las opciones, calculo que se hará en los próximos días. Nosotros como fuerza doblemente ganadora vamos a pensar qué hacemos. Sí creemos que como se respeta a nivel nacional, quién gobierna debe poner el vicepresidente, pero con un acuerdo, que incluiría el reparto de las comisiones y definir el resto de las vicepresidencias”, agregó. Además de López, hasta hoy son autoridades también Matías Lammens como vicepresidente segundo, y Graciela Ocaña como vicepresidente tercera.

Presupuesto 2026

Antes de la discusión sobre las autoridades está el tratamiento de la ley de Presupuesto 2026 que envió Jorge Macri al Parlamento. En las oficinas de la sede gubernamental de la calle Uspallata son optimistas, sobre todo por el acuerdo de no agresión que existe entre el PRO y LLA. “Viene bien, discutiéndose, recolectando proposiciones, propuestas de los distintos espacios políticos, viendo cuáles son viables, cuáles no. Por ahora viene todo bien, encaminado, con la expectativa de que el 27 se trate en recinto y se apruebe”, señaló a Infobae un importante funcionario porteño, al tanto de las reuniones de comisión.

El presupuesto para el año que viene se presentó en septiembre, con foco en la inversión pública y la reducción de la carga tributaria para prestadores de servicios no profesionales. Para el próximo año también se prevén cambios en el ABL. Como referencia para la planificación, se tomaron las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. En ese sentido, se calcula un crecimiento del 5%, un nivel de precios del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para fines del próximo año.

Con respecto a las proyecciones presupuestarias de CABA, los gastos totales se estiman en $17 billones 341 mil millones, en tanto que los recursos se prevén en $17 billones 347 mil millones. Por lo tanto, se espera un resultado financiero superavitario de $6.000 millones.

Otra discusión que le interesa a Jorge Macri es la deuda que la Nación tiene con CABA por la coparticipación. Esta semana, el Jefe de Gobierno se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para abordar esta cuestión. Se trata de una deuda millonaria. “Desde agosto de 2025, los pagos semanales por el 1,55% comenzaron a ralentizarse, acumulando a hoy una deuda de $274.000 millones. Además, el Presupuesto Nacional 2026 no incluye la partida correspondiente para estas transferencias por el adicional establecido en el fallo de la Corte Suprema”, destacaron.