POLITICA
Spagnuolo siente que lo dejaron “solo”: la trama oculta del quiebre con sus abogados
“Siente que lo dejaron solo y está quebrado desde el punto de vista emocional”, asegura uno de los pocos interlocutores que tuvo Diego Spagnuolo en los últimos días. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vive en un estado de paranoia permanente. Desconfía de todos y casi no usa el teléfono. Prefiere los contactos cara a cara. Su situación se complicó el viernes, con la última tanda de allanamientos. Casi a la misma hora se quedaba sin abogados. Spagnuolo tuvo que salir a hacer un “casting” a la distancia: habló con al menos dos penalistas de peso en Comodoro Py. Hasta ahora no llegaron a un arreglo. Las próximas horas serán decisivas.
La causa se activó el viernes con una nueva tanda de allanamientos. El fiscal Franco Picardi mandó a buscar el listado de visitas de la casa de Spagnuolo en el barrio Altos de Campo Grande, en la zona de Pilar. También pidió los movimientos de la vivienda de Daniel Garbellini, otro exfuncionario de la Andis desplazado de su cargo tras el inicio del escándalo.
El procedimiento que tuvo más impacto ocurrió en el Banco Francés, donde Spagnuolo tenía una caja de seguridad a su nombre. La Policía de la Ciudad encontró 80 mil dólares y 2 mil euros. El dinero no estaba declarado. En su última declaración jurada, el ex funcionario dijo tener apenas 25 mil dólares y un patrimonio total de $80.975.637.
El hallazgo del dinero, a casi un mes de la filtración de los audios, despertó todo tipo de especulaciones. “Era una caja de seguridad que tenía desde antes de entrar a la Andis. Dijo que no tenía acceso por alguna medida que había tomado la Justicia en los últimos días”, contó a una de las pocas personas que habló con Spagnuolo en las últimas semanas. La versión no tendría asidero. En Tribunales aseguran que se había tomado ninguna medida que le impidiera retirar el dinero.
La última tanda de allanamientos coincidió con la renuncia de sus abogados, Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid. El escrito ingresó al juzgado de Sebastián Casanello el viernes a las 17:35. “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, dice el documento. Era solo una formalidad.
Según pudo saber , la ruptura con los abogados se venía gestando hace tiempo y se concretó el jueves a la tarde, antes que comenzara la declaración del consultor Fernando Cerimedo. Ese testimonio fue clave para la causa porque ratifica el contenido de los audios.
Hubo varios motivos para llegar a la ruptura. Spagnuolo comenzó a desconfiar de sus defensores y puso a otros dos abogados que oficiaban de intermediarios. El diálogo se interrumpió el martes. “Diego sentía que había filtraciones de cosas que venían hablando y les contó algo a propósito para ver si trascendía”, explicó una fuente que conoce los detalles de la trama.
El jueves a la tarde, uno de esos intermediarios se comunicó con los abogados designados en la causa y les pidió que den un paso al costado: “Diego está muy agradecido con ustedes pero prefiere llegar hasta acá”. Ante tanta desconfianza, los abogados se comunicaron con Spagnuolo para ratificar su decisión. “Lo que dijo Eduardo está bien”, le respondió por teléfono.
La desconfianza no fue el único motivo. También hubo un factor económico. El rumor circuló rápidamente entre abogados penalistas. En ese contexto desfavorable, Spagnuolo salió a hacer un “casting”. Al menos dos penalistas muy reconocidos en Comodoro Py fueron sondeados por el entorno del ex funcionario. Uno de ellos hasta hizo una propuesta económica millonaria. La primera condición era que se pagara por adelantado. Spagnuolo la rechazó automáticamente. Con el otro abogado, la negociación no pasó de la primera charla.
El secuestro de los 80 mil dólares en la caja de seguridad complicó el escenario. Ahora un allegado de Spagnuolo sería el encargado de conseguir el dinero para poder solventar su nueva defensa.
Spagnuolo evalúa por estas horas otros nombres. En su teléfono comenzó a recibir propuestas de abogados penalistas pero su estado de “paranoia permanente” lo condiciona para hablar con gente desconocida. No es una decisión fácil y encima lo apremia el tiempo. Los allanamientos no habrían terminado.
En los audios, Spagnuolo hablaba de un sistema de coimas que supuestamente no integraba. Para los investigadores, su rol todavía es incierto. “Puede ser participe de una maniobra que no integraba o hasta cómplice”, explicó una fuente de Comodoro Py.
Aunque su situación judicial es delicada, la posibilidad que Spagnuolo se arrepienta y aporte nuevos datos ante la Justicia parece lejana. “El estado de la causa no amerita que piense en eso en este momento”, dijo una fuente de su entorno que lo aconseja. Sin embargo, el rumor circuló con insistencia. “El mismo hizo correr esa versión para subirse el precio pero rebotó en varios lugares”, dijo un abogado que conoce el trasfondo de la negociación. Dicho en otros términos, el Gobierno se negó a entablar una negociación pese al riesgo que eso implica.
En el expediente, que sigue bajo secreto de sumario, Spagnuolo hasta ahora solo pidió una prórroga para opinar sobre los pedidos de nulidad que presentó el abogado de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. Esa presentación tuvo diferentes interpretaciones, pero en los hechos era solo para ganar tiempo.
En el medio se conoció un video de Spagnuolo con la vicepresidenta Victoria Villarruel mientras cenaban en un restorán de Pilar. El ex funcionario no le dio importancia a esa filtración. “Me junté mil veces con Victoria, tengo una relación hace mucho tiempo”, le dijo ese día a un interlocutor.
Spagnuolo vive horas de extrema tensión. En la intimidad se queja del tratamiento mediático del escándalo y se lamenta que no podrá volver a trabajar de abogado por un largo tiempo. Los puentes con el gobierno de Javier Milei están rotos. “Me dejaron solo, me quieren tirar a la parrilla”, se lamentó en las últimas horas.
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Casi a la misma hora se quedaba sin abogados.,antes que comenzara la declaración del consultor Fernando Cerimedo,Nicolás Pizzi,Diego Spagnuolo,Discapacidad,Conforme a,Diego Spagnuolo,,»Motivos personales”. Qué pasó con los abogados de Spagnuolo,,El caso de los audios. Cerimedo ratificó en la Justicia los dichos de Spagnuolo sobre las presuntas coimas en Discapacidad,,Audios y fentanilo. Los próximos pasos de las causas que sacudieron al Gobierno en el tramo final de la campaña
POLITICA
Avanza el traspaso de la Justicia Laboral a CABA: la Nación y el gobierno porteño firmaron un acuerdo y falta el aval del Congreso
El gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron este martes un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia. El convenio —que deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña— establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.
Según el funcionario porteño, este paso permitirá implementar “un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto del acuerdo ya ingresó al Senado, en medio de una semana clave para la discusión del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei de reforma laboral.
En las últimas horas, el gobierno nacional ya había dado señales para avanzar en un entendimiento con la Ciudad de Buenos Aires y, a través del Decreto 95/2026, dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo. Desde el gobierno porteño, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el convenio es parte de una “mesa de trabajo conjunta” y son optimistas en que el traspaso se pueda dar en el corto plazo.
El decreto publicado en el boletín oficial, además, establece la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.
De manera puntual, lo que está en juego es quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en CABA. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.
Al respecto, la Corte alegó en su momento que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.
En paralelo, la Legislatura porteña sancionó la Ley 6.789 en diciembre de 2024, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, y los correspondientes concursos.
En respuesta a estos proyectos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.
La sentencia de la Cámara sostuvo que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.
Para poder rubricar el mencionado convenio, el gobierno nacional debía habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. El convenio no implica un traspaso en forma automática, sino que fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.
El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital Federal. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.
Según el acuerdo, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral (creado por las leyes 6.789 y 6.790) y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.
Qué competencias se transfieren y cuáles no
Según el texto, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabaj, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:
- Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
- Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
- Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
- Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
- Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.
De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.
Régimen de transición y cierre de juzgados
El acuerdo prevé una transición ordenada:
- Las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo.
- La ejecución de las sentencias, sin embargo, se trasladará al nuevo fuero porteño.
- Las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.
Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.
El rol del Tribunal Superior de Justicia porteño
Uno de los puntos más relevantes es la Cláusula Complementaria, que aclara el alcance del fallo “Levinas”: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el órgano revisor máximo de las decisiones de los tribunales nacionales cuando se trate de cuestiones de derecho local o común, y también cuando exista cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la Ley 48. Solo quedarán fuera de ese esquema las causas propiamente federales por materia o persona.
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La CGT convocó una movilización frente al Congreso este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral. En ese sentido, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su adhesión e indicó que, en el marco de la jornada de protesta, habrá un cese de actividades desde las 13. Es por eso que muchas personas se preguntan si habrá colectivos mañana, más que nada para buscar alternativas de viaje de ser necesario.
Según confirmó con fuentes de la Unión de Transporte Argentina (UTA) ―el gremio que nuclea los choferes de colectivos―, esta se adhiere a la marcha de la CGT y se movilizará este miércoles hacia la Plaza de los Dos Congresos. De todos modos, a diferencia de otros sindicatos de transporte, no llevará adelante un paro durante la jornada. Esto quiere decir que este miércoles se podrá viajar en colectivo en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
En paralelo, y ante la amenaza de un paro llevado adelante por la UTA en el interior del país, el Ministerio de Capital Humano informó que se dictó la conciliación obligatoria. De esta forma, la posible medida de fuerza para los colectivos, impulsada por el gremio, no se llevará adelante.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país”, apuntaron desde el ministerio.
Según detalló Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CATT, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo Directivo de este lunes, los sectores que harán el cese de actividades este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 son el portuario, el marítimo, el aéreo y el subte.
El dirigente consideró que la reforma laboral “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”.
En cuanto al paro de transporte, detalló que las actividades que nuclea la Confederación “se van a organizar de manera conveniente”. Según un comunicado de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), “se llevará a cabo este miércoles la medida de cese de actividades de 15 a 18 horas en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.
Por su parte, los Metrodelegados publicaron un comunicado en el que detalla el cese de actividades del subte este miércoles: inicia a las 21 y se extiende hasta el cierre de la jornada, que suele ser hasta las 23.30, según cada línea.
En el caso puntual de los trenes, no estarían afectados por el paro de transporte. Desde La Fraternidad aún no se pronuncian al respecto ni confirmaron su adhesión a la movilización de la CGT.
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POLITICA
El oficialismo incluyó el acuerdo entre el Mercosur y la UE en la sesión del jueves en Diputados
La Cámara de Diputados de la Nación convocó para el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 horas una sesión especial destinada a debatir una serie de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil. El pedido fue realizado por el diputado Gabriel Bornoroni junto a otros legisladores, quienes impulsan la discusión de una agenda centrada en la responsabilidad penal de adolescentes y menores de edad en Argentina.
Esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo la semana pasada en la reunión que realizó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los titulares de cada uno de los bloques. Sin embargo, la novedad fue que en el pedido de sesión que hizo el presidente del bloque de LLA, en el temario apareció el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.
El acuerdo comercial con los países que conforman la Comunidad Económica Europea ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada pero hasta ahora no hubo una sola reunión de comisión para debatirlo. Recién se espera que mañana -hoy a la tarde se va a conformar la comisión del Mercosur– los diputados tengan un primer debate al respecto, por eso es que llamó la atención el apuro del oficialismo en los legisladores de la oposición.
Este “apuro” se podría justificar en la intención del Gobierno de ser el primer país de la región en ratificarlo. Y, aunque parezca un detalle menor, el oficialismo aceleró una vez que se enteró que el Congreso de Brasil ya tiene dictamen y planea tratarlo post carnaval.
Sin embargo, choca de frente con la realidad de la Unión Europea donde están a la espera de lo que resuelva mediante un dictamen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación. Esta decisión que pidió el Parlamento Europeo no cuestiona el acuerdo económico pero sí su validez jurídica.
Sin embargo, y aunque hay una buena recepción de parte de la oposición respecto del entendimiento con la UE, muchos legisladores señalaron que es apresurado. “Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo”.
Régimen Penal Juvenil
El otro punto en el temario es la modificación del régimen Penal Juvenil. El gobierno había mandado ayer un proyecto de ley para que sea el que se busque dictamen. En el mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y una pena máxima de 20 años. A diferencia de lo que había enviado en 2024, en este caso tenía fondos asignados. Sin embargo, anoche y sin mediar muchas explicaciones, decidió retirarlo.
Es por eso que en el temario del llamado a una sesión para el jueves figuran al menos trece expedientes que abordan distintas propuestas para modificar, derogar o crear un nuevo marco legal para el tratamiento penal de personas menores bajando la edad de imputabilidad de 16 años a 13 y 14 años. Entre los documentos destacados se encuentra el Mensaje Nro. 46 enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 2024, que propone un proyecto de ley específico para el Régimen Penal Juvenil.
Sin embargo, como es el mismo proyecto de hace dos años, cuando la Argentina no contaba con un Presupuesto, el documento que se establece en el temario no cuenta con fondos asignados.
Varias de las iniciativas presentadas contemplan la derogación de la actual Ley 22.278, vigente desde 1980, y su reemplazo por un sistema que regule la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 14 años. También se analizarán modificaciones al Código Penal Argentino y la introducción de nuevos criterios para la imputabilidad de menores.
La convocatoria incorpora expedientes impulsados por diferentes bloques parlamentarios, entre ellos los proyectos 0244-D-2024, 1099-D-2024, 1218-D-2024 y 2467-D-2024, que proponen cambios profundos en materia de justicia juvenil. De acuerdo con el temario oficial, las iniciativas buscan establecer un marco normativo actualizado para los delitos cometidos por adolescentes, así como regular las condiciones de detención y resocialización.
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¿Hay colectivos este miércoles 11 de febrero?
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