ECONOMIA
Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES

El futuro de las jubilaciones en el contexto del Presupuesto 2026 se instaló como tema de análisis tras la difusión de los lineamientos estatales para el año próximo y las apreciaciones del ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano. La discusión se centra en las partidas para el sistema previsional, en un escenario que combina la intención oficial de reforzar áreas sensibles y la dinámica del proceso inflacionario.
En recientes declaraciones, Osvaldo Giordano aclaró que el aumento de 5% en las partidas para jubilaciones contemplado en el nuevo presupuesto nacional no se va a trasladar directamente a los haberes de cada beneficiario desde el inicio del año. El economista explicó que este incremento «es un aumento en la masa de jubilaciones», por lo que «no quiere decir que cada jubilado tenga ese aumento el 1º de enero, sino que es un monto global para todo el año que está asociado a la baja de la inflación». Este señalamiento cobra relevancia en el contexto de ajustes previsionales y genera expectativas entre los sectores afectados.
Giordano profundizó sobre la forma en que se actualizan los haberes y señaló que «la jubilación se ajusta por la inflación de dos meses para atrás». De este modo, en la medida en que la inflación baje, «el ajuste tiende a ser mayor a la inflación de cada mes». Según su análisis, el aumento previsto responde a una proyección que contempla una reducción en la inflación desde el 20% y pico actual al orden del 10%.
En este marco, el ex funcionario sostuvo que «ese 5% no es más que aplicar la movilidad actual en un escenario proyectado de inflación descendente». Es decir, la mejora prevista surge como consecuencia del sistema vigente de movilidad y no a través de un incremento discrecional o extraordinario en los haberes. Para Giordano, «en la medida que baja la inflación y crece la economía, se genera ese pequeño espacio, que es positivo porque responde a necesidades que se han planteado visiblemente, pero que sigue siendo modesto en relación a las expectativas».
El análisis de Giordano también alcanza a las pensiones y otros gastos sociales. Expresó que la lógica se replica en esos sectores: la baja de la inflación y una economía en crecimiento abren un margen acotado para ampliar recursos, aunque sin contemplar cambios drásticos en el corto plazo para los montos que reciben los beneficiarios.

Este posicionamiento expone las tensiones y expectativas en torno al Presupuesto 2026. Las partidas destinadas a la seguridad social y las jubilaciones aparecen entre las prioridades dentro de la estructura general, que según la presentación oficial del Gobierno, busca atender necesidades básicas, financiar políticas de ayuda y sostener el poder adquisitivo en sectores vulnerables.
De acuerdo a la información oficial suministrada en el documento de presentación, el Gobierno prevé un marco de acción en el que el gasto en jubilaciones y pensiones mantiene un peso destacado respecto del total del presupuesto consolidado nacional. A su vez, el Estado se compromete a acompañar el proceso de desinflación proyectado para el próximo ciclo, lo que juega un papel esencial en el mecanismo de ajuste de haberes por movilidad.
Dentro del proyecto presupuestario para 2026, el Gobierno nacional incluye una actualización de partidas para el sistema previsional, explicitando que se contempla un incremento global orientado a sostener a los jubilados frente a un escenario de menor inflación. Se señaló que estas medidas buscan respaldar a sectores que dependen de ingresos fijos, en línea con la evolución de la macroeconomía y las necesidades de cobertura social.
El documento oficial puntualizó que otras prestaciones sociales y subsidios mantienen su significación en la nueva estructura, aunque las perspectivas de incremento se vinculan estrechamente con variables como la recaudación tributaria, el crecimiento económico y la reducción de la inflación, proceso considerado fundamental por las autoridades para liberar recursos hacia la protección social.
En ese contexto, la estrategia del Gobierno apunta a optimizar el uso de fondos públicos, reasignar prioridades y asegurar el destino de los recursos en áreas consideradas críticas. En el caso de las jubilaciones, el diseño prevé que la actualización continúe articulada según la movilidad vigente, ampliando los ingresos a medida que los datos de precios reflejen la desaceleración proyectada.
En cuanto a los criterios adoptados para calcular los aumentos, la administración pública nacional sostuvo que el esquema elegido garantiza «previsibilidad para los beneficiarios» y confiere al Estado la posibilidad de administrar ajustes en función de la evolución real de la inflación. Esa previsión resulta fundamental en un esquema fiscal acotado, donde los recursos asignados deben responder a las demandas inmediatas y a los compromisos asumidos ante el conjunto de la sociedad.

Se remarcó además que la atención a los jubilados y pensionados forma parte de un conjunto de objetivos estratégicos para 2026, en los que se integran otros ejes como la inversión en infraestructuras, transferencias a las provincias y municipios, refuerzo a la educación pública y mantenimiento de subsidios alimentarios. La estructura del gasto público diseñada para el próximo año busca dar respuesta efectiva a los sectores más expuestos a la variabilidad económica, ratificando la centralidad del presupuesto en la cobertura previsional y social.
Respecto al proceso de ajuste previsional, se indicó que la fórmula actual seguirá aplicándose sin modificaciones sustanciales, con base en el comportamiento de los precios y la recaudación. El Estado subrayó que la disciplina fiscal y la proyección de tarifas y subsidios influyen de manera directa sobre los fondos disponibles para la actualización de haberes y otras transferencias sociales.
La presentación gubernamental puso blanco sobre negro la importancia de un contexto de inflación descendente para mejorar la capacidad real del sistema de jubilación para responder a las demandas de los beneficiarios. Con ese objetivo, el Gobierno definió como prioritario el sostenimiento de partidas destinadas a la seguridad social, las cuales condicionan el margen de actuación en el resto de las políticas públicas.
El apartado relacionado con pensiones y asistencia a adultos mayores señala que la cobertura universal seguirá vigente bajo parámetros de asignación establecidos, sin modificaciones drásticas en las fórmulas de cálculo. El incremento acumulado en las partidas busca aportar estabilidad y previsibilidad a los ingresos del sector pasivo, aunque se mantiene dentro de los límites de la proyección fiscal y la dinámica real de los recursos disponibles.
Las autoridades expresaron que la evolución de los haberes jubilatorios al compás de la inflación representa la vía adecuada para conservar el poder adquisitivo y garantizar que los ingresos de los beneficiarios no queden rezagados frente a los precios. Al mismo tiempo, remarcaron las restricciones existentes para adoptar medidas de mayor alcance en el marco de los compromisos de equilibrio presupuestario asumidos para el ciclo próximo.
Desde la perspectiva estatal, el compromiso de asegurar la cobertura a los jubilados se basa en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en el acompañamiento gradual de los ingresos según la trayectoria inflacionaria. Además, el Gobierno reiteró que cualquier margen adicional disponible se orientará a reforzar las partidas en caso de variaciones imprevistas en el contexto económico, sin que esto implique aumentos generalizados automáticos.

La política previsional para el ciclo próximo se apoya en la reducción de la inflación como motor para mejorar el ingreso real de los beneficiarios, de acuerdo a lo estipulado en el plan oficial. En el plano operativo, la asignación de recursos para el sistema sigue dependiendo de la capacidad del Estado para sostener los compromisos asumidos y responder al objetivo de proteger a los sectores considerados prioritarios.
El enfoque explicitado por el ex titular de ANSES coincide con la visión proyectada por el Gobierno, en tanto ambos atribuyen la mejora esperada de los haberes jubilatorios al efecto de la desaceleración inflacionaria y a la interacción con el sistema vigente de movilidad. Ni desde la administración pública ni desde la mirada técnica se anticipan aumentos extraordinarios o adicionales que alteren la lógica estructural del presupuesto para 2026.
El Presupuesto 2026 asigna $212.288 millones para saldar deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente por ANSES, una cifra que representa un recorte nominal del 45% respecto a la prevista para 2025 y supone una reducción de casi el 60% descontando la inflación. En la práctica, esta partida alcanza para cubrir entre 35.000 y 40.000 sentencias al año, sobre un universo de 90.000 fallos firmes pendientes y un stock total estimado de 270.000 juicios en trámite.
Tras la decisión tomada en julio, la administración separó el pago del ajuste mensual de haberes del pago de retroactivos, priorizando los casos más antiguos, aunque la fecha para cancelar retroactividades sigue sin definición concreta. Esta dinámica prolonga los plazos y mantiene la acumulación de causas, agravada por diferencias judiciales, cambios de criterios y la falta de compensaciones para quienes sufrieron pérdida del poder adquisitivo.
El recorte afecta tanto a beneficiarios de haberes mínimos, que vieron congelado el bono extraordinario desde marzo de 2024, como a quienes cobran jubilaciones medias y altas, que acumulan un rezago respecto de los salarios activos y reclaman el pago adecuado de retroactivos, ajustes y sentencias favorables.
ECONOMIA
Se apaga un gigante lácteo: no procesa leche, le cortaron el agua y dejó tendal de sueldos sin pagar

La situación crítica que atraviesa Lácteos Verónica se intensifica con el correr de las semanas y, ante la falta de respuestas por parte de los dueños de la compañía, sus empleados iniciaron concentraciones frente a las plantas inactivas de la lechera. En concreto, durante el viernes pasado los familiares de los trabajadores de las instalaciones en Lehmann, en la provincia de Santa Fe, se concentraron a las puertas de la firma para exigir el pago de los salarios adeudados y el retorno a la actividad. Dicha planta estuvo en funcionamiento hasta enero último, mientras que las instalaciones Clason y Suardi comenzaron a detenerse mucho antes. En concreto, Lácteos Verónica acumula semanas sin cubrir los haberes de sus 700 trabajadores, que poco a poco asumen que la compañía se encamina hacia la quiebra. Además del parate operativo, la lechera también atraviesa una instancia de corte de servicios esenciales como el agua por, también, la falta de pago.
Durante la concentración ocurrida en Lehmann, «nos dejaron solos» fue la expresión que más se repitió entre los empleados y sus familiares. Los trabajadores comentaron que Lácteos Verónica dejó de pagar los haberes por completo en enero.
Parálisis productiva
Al mismo tiempo, señalaron que la lechera incluso viene incumpliendo con los pagos acordados con quienes aceptaron la propuesta de retiro voluntario sostenida por Lácteos Verónica, que incluso representa el 50% de las indemnizaciones que la firma debería cubrir.
En ese sentido, representantes de los empleados aseguraron que Lácteos Verónica abonó de dos a tres cuotas de las establecidas y luego interrumpió por completo la transferencia de fondos.
«Dejó de llegar leche, fue de golpe, abrupto. Empezó a bajar una semana antes, como ya anunciando lo que se venía, y los sueldos se fueron achicando en enero. Tuvimos tres pagos que habrán sumado 170 mil pesos, más o menos, y ayer nos depositaron 20 mil», afirmó otro trabajador, en dichos divulgados por el portal especializado Bichos de Campo.
«Si no hay decisiones, esto va a una quiebra. Es un proceso largo donde la gente común no va a sobrevivir. Nos obligan a irnos, a romper el contrato que tenemos y a perder la antigüedad y todo lo que podemos reclamar», añadió la fuente.
En paralelo a esta situación, se expuso que las instalaciones en Lehmann ya no cuentan con servicio de agua potable a partir de la falta de pago, y que incluso en los últimos tiempos operativos la planta carecía de insumos mínimos para sus empleados como, por ejemplo, papel higiénico en los baños.
Entre los empleados que se concentraron en la localidad santafesina y sus familiares también circuló la versión de que la familia Espiñeira, actuales dueños de Lácteos Verónica, habría rechazado los intentos de compra de las instalaciones de la lechera promovidas por la canadiense Saputo, la francesa Savencia y un grupo de pymes cordobesas.
Lácteos Verónica y un presente dramático
La compañía en cuestión ya no elabora lácteos tras verse interrumpido el flujo de materia prima por los continuos incumplimientos con su cadena de proveedores. Desde hace algo más de una semana, Lácteos Verónica paró por completo la producción «a fasón», es decir, para terceras marcas.
En cuanto a la situación de la deuda bancaria de la compañía, iProfesional constató en el registro del Banco Central (BCRA) que la empresa acumula 3.877 cheques emitidos sin fondos y una deuda en ese ítem de casi 13.600 millones de pesos.
Además, Lácteos Verónica debe miles y miles de pesos a entidades de crédito como Catalinas, Credibel y Trend Capital. También posee deudas con los bancos Nación, BBVA, Santander, Galicia y Macro, entre otros.
El contexto actual, señalan voceros de los empleados de la lechera, es de total incertidumbre y en el horizonte no se descarta una quiebra inminente. Dicha acción implicaría la pérdida de 700 puestos de trabajo.
Por el lado de los proveedores, la situación también es dramática: cerca de 150 productores de leche de la provincia de Santa Fe se unieron recientemente para reclamar el pago de mercadería entregada y nunca abonada.
Se estima que sólo con ese grupo de tamberos la deuda que mantiene Lácteos Verónica se ubica en torno a los 60 millones de dólares.
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ECONOMIA
Patentes en CABA: tras la polémica por subas de hasta 100%, la AGIP ya emitió las nuevas boletas

Luego de la polémica generada por aumentos superiores al 100% en el impuesto de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya corrigió el error y están disponibles las boletas recalculadas.
El nuevo esquema establece que ningún modelo incrementó su valor por encima del índice de inflación porteño de 2025, que fue de 31,8%, tras una revisión integral del sistema de cálculo y de las valuaciones fiscales que habían quedado bajo cuestionamiento.
Semanas atrás, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había reconocido errores en la liquidación original y recomendó a los contribuyentes no abonar las primeras boletas emitidas hasta que se realizara una corrección. La decisión llegó luego de que numerosos propietarios denunciaran subas abruptas en vehículos que no habían tenido variaciones equivalentes en el mercado.
Ahora, la AGIP confirmó que ya se encuentran disponibles las nuevas liquidaciones del impuesto automotor. Tanto la cuota 1 como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento: el 27 de febrero, sin importar la terminación del dominio ni la modalidad de pago elegida. De esta manera, el Gobierno porteño buscó ordenar el calendario y evitar mayores confusiones tras la postergación inicial.
En un plazo de dos semanas, el organismo recalculó todas las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y pago anual) e incorporó un tope a las variaciones derivadas de la nueva valuación fiscal de algunos modelos.
Según oficializó AGIP, el límite busca garantizar que la actualización del tributo quede alineada con la evolución general de precios en la Ciudad y evitar saltos desproporcionados entre un año y otro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La emisión es exclusivamente digital. Para acceder, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de AGIP y, en la sección “Pagos – Consulta de boletas”, seleccionar el impuesto Patentes y luego la opción “Pagar – Boletas”. Con el número de dominio es posible visualizar y abonar la liquidación sin necesidad de clave. Además, las boletas estarán disponibles en los sistemas de homebanking desde el 20 de febrero, lo que amplía las alternativas para efectuar el pago.
Otra alternativa es solicitarla por correo electrónico a través del sistema InfoAGIP. El usuario debe completar un formulario online, elegir el impuesto Patentes y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail” para recibirla en su casilla.
El pago puede realizarse a través de los medios habituales informados en el portal oficial, como débito automático, tarjeta o redes habilitadas. Además, continúan vigentes los beneficios para contribuyentes cumplidores, que incluyen descuentos para quienes no registren deuda y opten por el pago anticipado.
En el caso de quienes ya hayan abonado la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior y, tras la aplicación del tope, registren un excedente, ese saldo será imputado automáticamente a futuras cuotas. Para quienes optaron por el pago anual y deseen la devolución del importe abonado de más, podrán gestionarla desde el 1° de marzo mediante un aplicativo específico en la web de AGIP, donde se detallarán los pasos del trámite.
A fines de 2024, la Ciudad de Buenos Aires modificó el esquema tributario del impuesto automotor con el objetivo de reducir disparidades en los montos a pagar. El sistema anterior podía aplicar alícuotas más altas a vehículos recientes frente a modelos apenas más antiguos, generando distorsiones entre contribuyentes con rodados de características similares.
El rediseño estableció una nueva escala con una alícuota promedio del 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 se cambió la referencia utilizada para calcular el valor fiscal de los automóviles: se dejó de tomar la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), considerada desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), que refleja valores de mercado más actuales.
Ese cambio impactó de manera directa en la base imponible de muchos vehículos. El recálculo provocó diferencias significativas en el valor fiscal y, en algunos casos, derivó en subas superiores al 100%, lo que generó numerosos reclamos y cuestionamientos al nuevo esquema.
ECONOMIA
Ayuda Escolar Anual: a cuánto asciende, donde se tramita y quien puede cobrarla

Para cobrar este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos ante la ANSES. ¿Cuáles son, quien los puede solicitar y a cuánto alcanzan?
18/02/2026 – 11:20hs
La vuelta a clases activa uno de los beneficios más esperados por las familias: la Ayuda Escolar Anual. Se trata de un refuerzo económico que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes tienen hijos en edad escolar y cumplen determinados requisitos de ingresos y escolaridad. En un contexto de bolsillos ajustados, el trámite cobra relevancia. A continuación, quiénes pueden cobrarla, cuáles son los topes de ingresos y cómo se gestiona paso a paso.
¿Qué es la Ayuda Escolar Anual?
Es una asignación que se paga una vez al año por cada hijo en edad escolar que asista a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Aplica tanto para nivel inicial, primario y secundario, como para educación especial (sin límite de edad en este último caso).
El objetivo es compensar parte de los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo: útiles, guardapolvos, uniformes y transporte.
Quiénes pueden solicitarla
Pueden acceder:
- Trabajadores en relación de dependencia que cobren Asignación Familiar por Hijo.
- Monotributistas encuadrados en el sistema de asignaciones familiares.
- Jubilados y pensionados que perciban asignaciones por hijo.
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Titulares de la Asignación por Hijo con Discapacidad.
En todos los casos, el menor debe tener entre 45 días y 17 años inclusive (sin tope de edad para hijos con discapacidad) y acreditar escolaridad en establecimiento incorporado a la enseñanza oficial, ya sea nivel inicial, primario o secundario/polimodal.
«Tener en cuenta que es sin límite de edad en caso de tener hijas/os con discapacidad que reciban una educación especial, concurran a talleres protegidos, centros de rehabilitación o que reciban el apoyo de maestras/os particulares matriculadas/os para ese fin o asisten a establecimientos públicos o privados de educación especial», precisa ANSES.
Topes de ingresos: cuánto se puede ganar
Uno de los puntos clave es el límite de ingresos del grupo familiar
La cobra uno solo de los padres una vez por año y tiene un tope $4.023.266 de Ingreso Grupo Familiar. Para hijo con discapacidad no hay restricción. Si alguno de los integrantes supera el límite individual fijado por el organismo, se pierde el derecho al cobro. En el caso de la AUH, no rige el mismo esquema de topes salariales, pero sí se exige que el adulto responsable se encuentre desocupado, sea trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.
Paso a paso: cómo se tramita
El trámite puede realizarse de manera digital a través de la web oficial de ANSES o desde la app Mi ANSES. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar datos personales y del grupo familiar en la sección «Información Personal». Si hay inconsistencias, deben corregirse antes de avanzar.
- Generar el Certificado Escolar desde la plataforma.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por la autoridad educativa.
- Subir el certificado firmado nuevamente a la web o presentarlo en una oficina con turno previo.
En muchos casos, cuando la escolaridad ya fue acreditada el año anterior y no hubo cambios, el pago se realiza de manera automática. Sin embargo, si ANSES detecta falta de documentación, puede suspender el beneficio hasta que se regularice.
Fechas de pago y montos
El importe es fijo por hijo y no varía según la zona del país. Para hijos con discapacidad, el valor es superior y no tiene límite de edad, siempre que se mantenga la condición y la escolaridad.
En lo que hace a las fechas de pago, estas se fijan según la terminación del DNI y comenzaron a abonarse a principios de febrero, pero en el caso de aquellos niños, niñas y adolescentes que no estuvieron incluidos en la liquidación de este mes, se abonarán con la presentación del certificado correspondiente.
Qué tener en cuenta
- Es obligatorio presentar el Certificado Escolar todos los años.
- Si no se acredita la escolaridad antes de la fecha límite, se puede perder el derecho al cobro.
- El pago se deposita en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones mensuales.
En un escenario de suba constante de precios en útiles y uniformes, la Ayuda Escolar se convierte en un alivio concreto para millones de hogares. La clave es anticiparse, verificar los datos en Mi ANSES y completar el trámite sin demoras para no quedar afuera de un beneficio que puede marcar la diferencia en el arranque del ciclo lectivo.
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