POLITICA
Santa Fe recaudó más de $1200 millones en una subasta de bienes incautados en causas por narcotráfico y otros delitos
La provincia de Santa Fe recaudó más de $1200 millones en su cuarta subasta de bienes incautados en causas judiciales. El remate, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), se realizó ayer en la Estación Belgrano de la ciudad capital, con una convocatoria que incluyó participantes de las 24 jurisdicciones del país.
En total, se subastaron 157 lotes entre vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos. Según los datos oficiales, el monto exacto recaudado fue de $1.238.960.000, lo que convierte a esta subasta en la más importante desde que comenzó a operar la Aprad.
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Lo recaudado será destinado a tres fines específicos: reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento de la propia agencia.
“Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social”, señalaron desde la Aprad, entidad encargada de gestionar los efectos secuestrados por la Justicia en el marco de investigaciones penales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico.
Entre los destinos posibles de estos bienes, figuran el remate, la entrega a instituciones estatales como la Policía o los institutos educativos, o la compactación, en los casos en que no puedan reutilizarse.
El lote que mayor valor alcanzó fue el número 5, correspondiente a un inmueble ubicado en la localidad de Funes, que se vendió por $90 millones. También se destacó el lote 65, integrado por joyas, que fue adquirido por $19,5 millones. En el otro extremo, el bien más barato fue un celular que se vendió en $110.000.
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Entre los vehículos, el más caro fue un Toyota SW4 modelo 2023 con apenas 5072 kilómetros, por el que pagaron $60 millones.
La subasta atrajo a 3910 personas inscriptas, reflejando un interés creciente por este tipo de remates. La apertura a participantes de todo el país permite ampliar el universo de compradores, lo que también puede explicar la suba en los montos recaudados respecto de remates anteriores.
Desde el inicio de la actual gestión provincial, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, la Aprad ya realizó cuatro subastas públicas. Las tres primeras habían dejado una recaudación total de $2326 millones: $451 millones en la primera, $700 millones en la segunda y $1200 millones en la tercera. Con esta última, el total acumulado supera los $3500 millones.
La Aprad administra autos, insumos informáticos, celulares, joyas y todo tipo de bienes que hayan sido incautados como resultado de delitos o contravenciones. Según la legislación vigente, estos bienes no sólo pueden ser vendidos, sino también reasignados para funciones estatales o donados a organizaciones sociales.
Desde el organismo destacaron que el destino de los fondos busca cerrar un ciclo que comienza con el delito, pero que puede traducirse en beneficios concretos para la sociedad, especialmente para quienes fueron víctimas.
“No se trata sólo de quitarle recursos al delito, sino de transformarlos en herramientas para la comunidad”, señalaron.
Pullaro destacó: “Estamos ante un hecho único en la República Argentina, porque esta subasta se da únicamente en la provincia de Santa Fe. Les estamos mostrando al país y al mundo como estamos trabajando contra el narcotráfico, la violencia y el delito”.
En este sentido, detalló que “a través de las investigaciones se los detiene, a los violentos se los pone en lugares de alto perfil y prácticamente se los incomunica para que no puedan seguir cometiendo delitos, pero además vamos por sus bienes, para demostrar que la plata que hicieron de manera ilegal en la provincia de Santa Fe no les va a servir absolutamente para nada”.
Santa Fe, Narcotráfico, Subasta, remate
POLITICA
Tras el rechazo a los vetos de Milei, el Gobierno analiza distintas estrategias para evitar la aplicación de las leyes
El Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica tras el rechazo del Congreso a los vetos de Javier Milei. Se trata del mismo esquema que el Ejecutivo aplicó con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que promulgó mediante un decreto, pero puso en suspensión la ejecución de sus fondos.
La Casa Rosada está estudiando las implicancias de la erogación presupuestaria de las leyes y pone la mira sobre los fondos a las universidades. En la mesa técnica de Balcarce 50 reconocen que el incremento de asignaciones para el Garrahan tiene poco impacto en las cuentas. Contempla $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
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Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos universitarios tiene un impacto presupuestario para este año de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El documento prevé una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para los salarios junto con una actualización de becas.
Los equipos técnicos de Nación aseguran que aplicarán o suspenderán ambas leyes y descartan realizar interpretaciones separadas para evitar un contrafrente legal. El oficialismo tiene previsto dilatar la decisión hasta el límite jurídico de diez días hábiles luego de que el Congreso le notifique la sanción. “La decisión la tomará el Presidente”, agregan.
Hay diferencias internas en el Gobierno sobre el plan de acción respecto a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Mientras que en un sector de Nación buscan bajar las tensiones con el Congreso, en otro sector del oficialismo hay preocupación por posibles cambios en la posición oficial que se aplicó sobre Discapacidad.
“No podemos retroceder porque sería pronunciarnos en contra de lo que ya hicimos”, expresan. En la Casa Rosada apelan al “impacto fiscal” de la medida y recurren al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
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La encargada de delinear la estrategia del Gobierno es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, que trabaja en varios asuntos junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos. La Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla, también mantiene contactos con la mesa judicial.
El Ejecutivo apunta a ganar tiempo para postergar la erogación presupuestaria de las leyes hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que debe ser aprobado por el Congreso. En el sector menos dialoguista de Nación se inclinan por un plan de acción que promueva que las demandas por sus medidas las inicien particulares, de forma que se atomicen los procesos. “Lo que nos interesa es ganar tiempo y mantener el equilibrio en las cuentas”, agregan.
Gobierno, universidades, garrahan
POLITICA
Máxima tensión: Espert sale a defenderse, pero en el Gobierno se reabre el debate sobre su candidatura
La decisión de Javier Milei de respaldar a José Luis Espert y sostenerlo como primer candidato a diputado nacional en Buenos Aires frente a la denuncia por su vínculo con Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, provoca una gran preocupación en la Casa Rosada, cuando faltan casi tres semanas para las legislativas nacionales.
Luego de que confirmara este jueves, en base a datos oficiales de Estados Unidos, que la transferencia que le hizo Machado a Espert, en enero de 2020, por 200.000 dólares figura en una contabilidad oficial elaborada por el Bank of America, se abrió una discusión interna en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) sobre la continuidad de la postulación del economista.
El sector ligado a Santiago Caputo, principal asesor de Milei, apuesta a preservar a Espert en la cancha. Y aguardan que el diputado presente documentación para certificar que esa transferencia fue declarada y brinde una “explicación razonable” de que cuando recibió los fondos no tenía conocimiento de que Machado era investigado por narcotráfico.
“Si están declarados esos ingresos y el origen de los mismos, cabe una explicación razonable”, deslizan fuentes oficiales. En la Casa Rosada aguardan por estas horas que Espert difunda un video.
En cambio, otro grupo, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, considera que no hay más margen para salir a justificar la maniobra. “Ya es tarde para una explicación”, planteó un alto funcionario del Gobierno ante la consulta de .
Hasta ayer, en privado, la mayoría de los altos mandos del Gobierno coincidía en que el economista debía salir a defenderse. Sin embargo, Bullrich fue la primera funcionaria de peso que salió a pedirle a Espert que diera explicaciones sobre su relación con Machado y si había recibido un giro de US$200.000 dólares después de la campaña presidencial de 2019. “Son chimentos de peluquería, otra opereta más”, había planteado Milei.
En momentos en que el escándalo de Espert pone en apuros a la Casa Rosada, Bullrich no dudó en desmarcarse. Puertas adentro, incluso frente al Presidente, la ministra de Seguridad había advertido que el oficialismo podía pagar un costo político excesivo si no se despejaban las dudas en torno a la vinculación de Espert, quien encabeza la boleta de LLA en Buenos Aires, con Machado, quien se encuentra preso en la Argentina y con pedido de extradición de los Estados Unidos, donde es investigado por fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.
El miércoles a la noche, después de que Espert trastabillara durante una entrevista con el canal A24 y se negara a contestar sobre la transferencia de Machado por 200.000 dólares, Bullrich volvió a la carga. Se contactó con Milei y el resto de los integrantes de la “mesa política”, que conformó el Presidente después de la traumática derrota del 7 de septiembre en la elección bonaerense, e insistió en que la explicación de Espert no era convincente y que debía volver a poner la cara para dar respuestas. Hubo coincidencias en torno a que el economista, a quien Milei puso al frente de la lista de diputados nacionales en la provincia y promovió como titular de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda, había sido difuso en su planteo.
Bullrich esperaba hasta la tarde del jueves a que el economista saliera a explicar nuevamente cuál era su relación con Machado, acusado de narco. Ella está incómoda e inquieta por la proximidad de la competencia electoral. Está a cargo de la cartera de Seguridad y una de sus principales caballitos de batalla en la gestión es la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. “Es nuestra bandera en la gestión. Y estamos poniendo más sal en la herida. Así nos van a entrar todas las balas”, repiten en el sector de LLA que respalda a la ministra.
Además, como postulante a senadora nacional de LLA en la Capital, Bullrich se juega mucho. Está claro que aspira a ganar en la ciudad, emblemático bastión de los Macri, con holgura. Para eso requiere de evitar una fuga de votantes “republicanos”. Son los sectores que acompañaron la boleta del macrismo, que lideró Silvia Lospennato en la compulsa porteña del 18 de mayo.
Bullrich ya había transmitido internamente frente a Caputo, principal consejero de Milei, que debían ser flexibles para ir a seducir a los votantes de Pro o que supieron respaldar a JxC y que ahora se muestran desencantados con Milei. Es el sector de la sociedad que le reclama a Milei mayor institucionalidad, transparencia en la gestión o critica sus diatribas contra el Congreso o la prensa. El Presidente los denomina como “ñoños republicanos”.
Pese a que Caputo llamó a defender la identidad del proyecto de LLA y a mantener el estilo que llevó a Milei a la Casa Rosada, la ministra de Seguridad apuesta a conjugar el voto del núcleo duro de LLA en la Capital que acompañó a Manuel Adorni en elección local de mayo y al 15% que optó por la boleta de Pro, encabezada por Lospennato.
Bullrich necesita pescar en esas dos peceras. Por eso, empujó públicamente la idea de que Milei debía retomar el diálogo con Macri. ¿Se entusiasma ahora con una foto durante la campaña? Ella transmite que ya está satisfecha con el acercamiento entre el Presidente y el titular de Pro.
confirmara,Matías Moreno,Conforme a
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Difundieron el documento del Bank of America que comprueba que Espert recibió USD 200 mil de “Fred” Machado
Una planilla del Bank of America, incorporada como prueba en un juicio en Texas, documenta una transferencia de US$ 200.000 realizada el 22 de enero de 2020 desde una empresa ligada a Fred Machado hacia una cuenta que presuntamente beneficiaba a José Luis Espert. El documento, que antes se desconocía oficialmente en Argentina, contradice las versiones anteriores del candidato, quien había eludido dar detalles sobre la existencia de dicho giro.
La transferencia figura bajo la evidencia denominada “Evidencia 45a”, aceptada en el tribunal estadounidense, y fue analizada por un experto del propio Bank of America. El registro identifica que el giro partió a través de compañías como Wright Brothers Aircraft Title Inc., pasando por plataformas como OKX, Cash Pro y bancos como Citibank y Morgan Stanley. Además, junto al nombre de Espert aparece el código N28FM, que coincide con la matrícula del avión que Machado le habría prestado durante la campaña de 2019.
La Justicia confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones vinculados al narco “Fred” Machado
El contexto judicial estadounidense ya había determinado condenas para Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, por cargos que incluyen lavado de activos y conspiración en narcotráfico, en el marco del caso USA v. Mercer-Erwin et al. La incorporación de este documento fortalece la acusación de que el giro formaba parte de una estructura financiera más amplia que, según la acusación, buscaba blanquear fondos para fines políticos.
En Argentina, el caso toma nueva fuerza en plena campaña electoral. La existencia de esta transferencia, sumada a la confirmación judicial de que Espert viajó 35 veces en aviones vinculados a Machado, genera presión política y reclamos por explicaciones públicas. La justicia local deberá ahora valorar si estos datos justifican avanzar hacia imputaciones u otras medidas procesales que puedan incidir en el desarrollo político del candidato.
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