POLITICA
Otra semana a todo o nada

Será otra semana crucial, de nuevo, a todo o nada, para que el gobierno de Javier Milei pueda detener la sangría política y financiera que padece desde hace tres semanas y llegar menos frágil a las elecciones legislativas que se harán dentro de 34 días.
Ahora sí, la Argentina recurrirá al prestamista de última-última instancia para que ayude a la administración mileísta a salir de la espiral descendente en la que se metió, después de que otra asistencia extraordinaria del Fondo Monetario Internacional hubiera resultado insuficiente. La pérdida de más de 1100 millones de dólares de las muy escasas reservas en solo tres días activó todos los airbags y paracaídas del artefacto mileísta.
Toda la expectativa está puesta en que de la primera reunión bilateral entre el presidente Milei y su admirado par estadounidense Donald Trump, por celebrarse el martes en Nueva York, surjan señales si no un anuncio formal, de que los Estados Unidos ayudarán financieramente a la Argentina de manera excepcional, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund, EFS).
Eso es en lo que confía y con lo que se contentaría el Gobierno sabedor de que un desembolso efectivo se demoraría bastante más. El auxilio del amigo americano es el ansiolítico que el Gobierno proveyó antes de la apertura de la actividad bursátil, después del ruinoso cierre del viernes, y que necesita confirmar en forma urgente para mantener su efecto tranquilizador. Sobre los mercados y sobre la ciudadanía, que transitan la recta final del calendario electoral.
Milei y el equipo económico se ilusionan con que la demanda de dólares se reduzca ante la expectativa de que las reservas serían blindadas por la promesa de garantía del aliado más poderoso. Un valor simbólico antes que efectivo. Aunque se admite que el “hasta el último dólar” que Luis Caputo dijo estar decidido a usar para frenar la vertiginosa corrida solo podrá salir, por ahora, de los escasos billetes verdes disponibles del Banco Central.
El Gobierno apuesta al gesto de Trump, mientras la Casa Blanca se ha mantenido hermética al respecto, para ponerle coto a la hemorragia y que desde hoy haya un impasse más o menos durable, dado que la mayoría de los expertos considera que la asistencia norteamericana de ninguna manera tendría por fin sostener el actual esquema cambiario, sino algo más de fondo. Y la quema de billetes verdes no es un espectáculo que guste en Washington y menos en Wall Street.
El principal objetivo de la ayuda excepcional, dicen fuentes con llegada a la administración norteamericana, sería garantizar el pago de las multimillonarias deudas que vencen a partir de enero próximo y para las cuales hay serias dudas sobre si el país contará con los recursos para afrontarlas. Sin desmerecer tranquilizadores efectos cambiarios en lo inmediato.
Lo extraordinario de esta petición agónica al presidente de los Estados Unidos para que habilite un préstamo excepcional del Tesoro a la Argentina no son solo todas estas circunstancias de por sí inusuales.
Lo más peculiar es que en estas horas solo es considerado viable el salvataje porque en medio están dos presidentes excéntricos, que suelen saltarse reglas, usos y costumbres, en un contexto mundial extraordinario. Eso lleva a numerosos expertos a concluir que están en juego situaciones estratégicas y de geopolítica tanto o más que las cuestiones meramente de índole económico-financiero que hoy sacuden a la Argentina, pero que carecen de impacto global.
En tano, no faltan voces escépticas, aún luego de confirmado el encuentro de Milei con Trump y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las dudas se basan tanto en los muy escasos antecedentes de asistencias de este tipo como en una condición incluida en los mismos dichos atribuidos al propio Bessent que, paradójicamente, alimentan las esperanzas de los optimistas.
En primer lugar se señala que durante su rauda visita a Buenos Aires, en abril pasado, el funcionario no expresó públicamente la garantía de una asistencia, sino que fue una frase que se dejó trascender.
Sin embargo, lo más relevante de esos supuestos dichos es que Bessent habría condicionado la ayuda a “un shock externo”. Y “no es eso lo que está ocurriendo. Por el contrario, la situación hoy es más favorable a los países emergentes, tras la baja de tasa en EE.UU.”, señaló un economista y exfuncionario con sólidos vínculos en Washington.
Esa es la gran diferencia de lo que ocurre acá y ahora con lo que sucedía a mediados de los 90, cuando el Tesoro asistió por última vez de manera significativa a un país. Fue al México del efecto Tequila, que había puesto en crisis a ese país, pero también afectado a toda la región.
Al mismo tiempo, se destaca que esta sería la cuarta ayuda de Trump a la Argentina, dado que fue el artífice de dos préstamos del FMI, por montos sin precedentes al gobierno de Mauricio Macri y uno a Milei este año, al impulsar una asistencia superior a la que sugería el staff del Fondo. En todos los casos, los incumplimientos fueron tolerados por la presión de Washington.
Así, ante las singularidades de la Argentina actual y su nuevo pedido de salvataje surge la semi-certeza en ámbitos económicos y de las relaciones internacionales de que es necesario moderar expectativas sobre el monto que podría otorgarse. Y, quizá más importante, que la asistencia seguramente estará sujeta a condiciones muy relevantes a las que el país debería someterse, entre las que estarán en juego recursos y posicionamientos estratégicos.
Sobre la cuantía del eventual desembolso, el exsubcretario adjunto del Tesoro Brad Setser advirtió ayer en su cuenta X que “En este momento circulan cifras descabelladas. Principalmente en la Argentina. El ESF solo cuenta con unos 22.000 millones de dólares en valores líquidos”, ante versiones de que el aporte podría ascender a los 30.000 millones de dólares.
En cuanto a las condiciones que figurarían en la letra chica aparece, en primer lugar, la relación con China por asuntos bastante más relevantes que su comercio bilateral con la Argentina y la región.
“Argentina es el único país de América latina y del G-20 que ha adoptado formalmente una política de reversión de la influencia de China. Hay una cercanía, que ya es una subordinación a lo que Washington solicita de sus ‘amigos’. Estados Unidos no quiere que se termine el comercio entre Argentina y China. Lo que quiere es más relevante estratégicamente”, señala el experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian.
“Estados Unidos y más aún Trump no quieren una relación estrecha militar y que esta sea una relación que involucre tecnología sensible. Y no quieren que China tenga acceso de manera significativa a recursos minerales, metales, tierras raras, gas y petróleo. Tampoco , que la expansión marítima china en el Atlántico Sur sea por vía de la Argentina. Lo mismo que el control del espacio exterior desde la base de Neuquén”, explica Tokatlian.
A eso el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella agrega a que “Estados Unidos está buscando afanosamente en el mundo tierras raras y en este continente el que más tiene es Brasil, pero como con Brasil mantiene una relación hostil, Argentina es el mejor candidato. Por lo que no sería sorprendente una facilitación de acceso privilegiado a inversionistas estadounidenses en ese terreno. Lo mismo sucedería con el propósito de convertir a la Argentina en un epicentro del uso de energía nuclear para los centros de datos que demandan extraordinarios niveles de energía”.
En el plano económico-financiero, varios economistas coinciden en que el salvataje también tendría un propósito que excede las urgencias locales, los vínculos entre los presidentes y su afinidad ideológica.
En ese punto aparecería la intención de despejar muchas dudas que sobre la capacidad de pago de la Argentina de los aproximadamente 18 mil millones de dólares que vencen en 2026. Lo que sí tendría impacto fuera de las fronteras argentinas. Un posible default asusta a todos.
Ante esa referencia cobra relevancia el antecedente del aporte del Tesoro a México en 1995, ya que sucedió a la crisis que se desató en ese país tras la devaluación del peso mexicano y provocó lo que se conoció como el Efecto Tequila, que afectó a varios países de la región, incluida la Argentina. Algo similar no se avizora en el horizonte cercano, pero mejor prevenir.
El antecedente tiene otras aristas que adquieren significación ahora y se vincularían con las variables extrafinancieras antes mencionadas y las condicionalidades que podrían emanar del aporte.
“En otras circunstancias EE.UU. no otorgaría una ayuda así, pero con Milei y Trump es posible. De todas maneras, es difícil imaginar que van a aportar dólares para sostener el actual sistema cambiario de bandas. Lo más probable, es que sea para dejar flotar el dólar”, advierte el economista Martín Rapetti.
Como se sabe, eso han tratado de evitar Milei y el equipo de Luis Caputo, ya que, al menos de arranque, empujaría más hacía arriba la cotización del dólar. Por eso tampoco habría efectividades conducentes antes del 26-O. Sólo anuncios.
En línea con las probables exigencias mencionadas por Tokatlian, Rapetti recuerda que la ayuda a México se otorgó contra exportaciones de la empresa petrolera estatal Pemex. Para tener en cuenta. Difícil, que algo similar no sea parte de lo que se exija, pero más difícil será que si se acuerda que eso se conozca antes de las elecciones. Ahora solo es tiempo de dar buenas noticias.
En este punto, otro agudo observador se pregunta “si influirá hoy que no hay certezas que pueda dar Milei a los Estados Unidos de que podrán cumplirse las condiciones que le imponga a la Argentina. Tanto por la minoría agravada que tiene ahora en el Congreso como por la incertidumbre electoral tras la derrota en las elecciones bonaerenses y la corrida cambiaria”.
Los optimistas señalan que la relación entre Milei y Trump salvará esas prevenciones y mencionan un detalle clave “un préstamo del ESF no necesita de aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos”.
Así, la expectativa creada por lo que suceda en Nueva York en las próximas 72 horas obliga al Gobierno a poder hacer anuncios más que contundentes. Si los concreta, luego se planteara la disputa electoral entre dos narrativas.
La campaña del Gobierno se basará en que logró salir de otra encerrona para recrear la expectativa y darle sustento al nuevo lema proselitistas: “El esfuerzo valió la pena”, capaz de disimular un nuevo endeudamiento, que sería bastante más que financiero.
En este contexto frágil y volátil, la oposición (envalentonada, en general, y peligrosamente sobregirada, en el caso del kirchnerismo) buscará poner el foco en los efectos negativos del programa económico, y, también, en los nuevos compromisos asumidos que afectarían recursos nacionales y, según los más susceptibles hasta aspectos soberanos.
Pero eso llegará después. A Milei le urge que hoy mismo empiecen a calmarse todas las plazas. Será otra semana a todo o nada, esta vez, entregados al amigo americano.
Claudio Jacquelin,Javier Milei,Luis Caputo,Donald Trump,Conforme a,Javier Milei,,Milei posterga su vuelo a Nueva York. El Gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro de EE.UU.,,»Dólares para todos». El plan de emergencia para aguantar hasta octubre,,Con banda presidencial y motosierra. Javier Milei publica un nuevo libro en el mes de las elecciones
POLITICA
Apartan a la UIF como acusadora en medio del juicio contra Odebrecht por el pago de coimas

En una decisión que debilita la acusación contra Julio de Vido y otros funcionarios del kirchnerismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado del Estado, fue apartada como querellante en pleno juicio oral por el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de dos plantas potabilizadoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).
La decisión fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, a quien el Gobierno quiere mantener en el cargo por cinco años, a pesar de que ya cumplió la edad de jubilación de 75 años, y su colega Mariano Borinsky. El juez Diego Barroetaveña votó en disidencia.
El efecto concreto es que la UIF debería dejar de intervenir en el juicio y dejar la acusación en manos de la fiscal Fabiana León, con el mismo tribunal que juzga a Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de las coimas. Claro que la UIF puede recurrir a la Corte e intentar revocar esta decisión.
El planteo para apartar a la UIF como acusadora en este juicio lo realizó uno de los acusados, Carlos Ben, extitular de AYSA, y se basa en el decreto del presidente Javier Milei que le quitó esa facultad al organismo que se encarga de perseguir el lavado de dinero.
El argumento es que la tarea de acusar en el juicio les corresponde a los fiscales y no a la UIF.
Esto ya provocó que el organismo antilavado sea apartado de otras causas como aquella en la que se investiga la fortuna del fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz, que la justicia interpreta que es el botín recaudado en la causa de los cuadernos de las coimas. Dijo la Justicia que Muñoz era el intermediario entre los Kirchner y los cobradores de las coimas para mantener los contratos de obra pública.
No es unánime esta postura en la Casación, ya que en otros fallos se mantuvo a la UIF en el rol de querellante en la causa, por ejemplo, de la Ruta del Dinero K y en el caso contra Martín Insaurralde por el Yategate.
En los casos donde la UIF fue apartada votaron Mahiques, Borinsky y Guillermo Yacobucci; en los que fue confirmada votaron los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Cuando el asunto llegó a la Corte dijo que era inoficioso pronunciarse en un recurso presentado por la UIF, mientras que sí aceptó tratar el del fiscal, en lo que fue intrerpretado como que la UIF ya carece de legitimación para litigar, pero nada está dicho explícitamente.
La decisión en este caso revoca una resolución del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Los jueces de la mayoría establecieron que, tras la entrada en vigencia del Decreto 274/2025, el organismo de inteligencia financiera ya no tiene facultades para acusar penalmente, incluso en expedientes iniciados con anterioridad.
El conflicto se originó cuando la defensa de Carlos Humberto Ben solicitó que la UIF fuera apartada del proceso.
El argumento fue que el decreto 274/2025 —dictado por el Poder Ejecutivo el 16 de abril de 2025— derogó el decreto anterior (2226/2008) que permitía a la UIF actuar como querellante.
El Tribunal Oral había rechazado inicialmente este pedido, argumentando que el decreto no especificaba qué sucedía con las causas en trámite y que, por “seguridad jurídica”, la UIF debía continuar.
Sin embargo, la Casación revirtió esta postura. Mahiques destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a la Argentina reconsiderar este rol de la UIF para no afectar su autonomía e independencia operativa”.
Audiencia en la Cámara de Casación Penal ante el juez Mariano BorinskyNicolás Suárez
Mahiques argumentó que el rol de acusar corresponde constitucionalmente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Mantener a la UIF como querellante implica un “gasto de recursos humanos y económicos” innecesario y riesgo de contradicciones. Dijo que la aplicación debe ser inmediata.
El juez Mariano Borinsky adhirió a esta postura y dijo que se trata de una cuestión de “puro derecho”. Borinsky reforzó la idea de que la derogación busca “dotar al funcionamiento de la UIF de una mayor autonomía” y evitar la “influencia indebida”, cumpliendo con el artículo 120 de la Constitución Nacional que otorga la titularidad de la acción penal a los fiscales.
Ambos jueces aclararon que si bien se aparta a la UIF hacia el futuro los actos procesales que el organismo ya cumplió en el expediente mantienen su validez.
En minoría, el juez Diego Barroetaveña votó por declarar inadmisible el recurso de la defensa, sin entrar a debatir el fondo de la cuestión sobre el decreto.
Este es un caso contra la empresa brasileña Odebrecht, que pagó sobornos a funcionarios en toda la región para obtener contratos de, que obra pública, y que en Argentina.
Tiene en el banquillo de los acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el exsecretario en Obras Públicas; el exsecretario en la Obras Públicas, José López, y una veintena de empresarios, por las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AySA.
Se trata de la versión local del Lava Jato, la megatrama de corrupción que comenzó a salir a la luz con una investigación de la Policía Federal de Brasil hace más de una década y que fue ampliándose con las declaraciones de funcionarios y empresarios arrepentidos.
Además de los funcionarios procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, están en juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.
José López,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo solicitó la devolución de USD 80.000 que le secuestraron

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó a la Justicia la devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros secuestrados de su caja de seguridad en el marco de una causa por presunta corrupción.
Su abogado, Mauricio D’Alessandro, argumentó que el dinero pertenecía al exfuncionario desde antes de ingresar a la gestión pública y que no accedía a dicha caja desde abril de 2023. Sin embargo, la fiscalía considera el hallazgo como un elemento de cargo, señalando que los bienes de Spagnuolo se incrementaron tras su designación por el presidente Javier Milei.
Spagnuolo fue indagado junto a otros 15 sospechosos bajo la acusación de liderar una organización que direccionaba la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y sectores vulnerables.
Según la investigación del fiscal Franco Picardi, el organismo aplicaba sobreprecios sistemáticos y cartelizaba las adquisiciones entre un grupo específico de droguerías mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS. La maniobra afectó al Programa Incluir Salud, destinado a pensionados, madres de siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.
La causa se originó a partir de la filtración de audios donde Spagnuolo presuntamente admitía el pago de sobreprecios y coimas que, según sus dichos, se destinaban a la Secretaría General de la Presidencia.
La defensa del exfuncionario impugnó estas grabaciones sosteniendo que son falsas y que fueron “elaboradas con inteligencia artificial”, logrando que la Cámara Federal ordene un peritaje. No obstante, el juez Sebastián Casanello avanzó con la recolección de evidencia basada en el contenido de los teléfonos celulares de los sospechosos involucrados en el entramado.
El fiscal define el caso como un “entramado delictivo” montado para manipular procesos de compra de insumos críticos. La hipótesis judicial sostiene que la organización no solo direccionaba contratos, sino que incluía el pago de sobornos a funcionarios con poder de decisión dentro de la ANDIS.
De confirmarse los procesamientos por parte de la Cámara Federal, Spagnuolo y el resto de los implicados quedarían a las puertas de un juicio oral por malversación de fondos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.
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POLITICA
La Procuración del Tesoro dejará de ser querellante en la causa por la deuda solicitada al FMI en 2018

A casi cinco años de que la Procuración del Tesoro de la Nación fuera aceptada como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la deuda que fue solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno nacional anunció que el organismo estatal cesará su intervención en la instancia penal.
Se trata de la causa N° 3.561/2019, en la cual se acusó al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al por entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y otros funcionarios de su gestión por presuntamente haber incurrido en los delitos de defraudación por administración y defraudación contra la administración pública.
La decisión fue anunciada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras haber firmado el Decreto N° 87/2026. “Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019″, establecieron.
De esta manera, quedó derogado el Decreto N° 239/2021, que había habilitado al organismo estatal a representar al Estado Nacional en calidad de querellante durante el proceso judicial, que era investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

Según se había asentado en ese documento, la misión del organismo estatal consistía en promover “la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
Desde el Gobierno explicaron que la renuncia por parte del Estado a continuar con el rol fue consecuencia de la desición de la magistrada que lleva el caso. “La jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados”, indicaron.
En este sentido, la magistrada argumentó que la acusación respecto a la “carta de intención” enviada por el ex ministro de Hacienda y el titular del Banco Central al FMI para solicitar nuevos fondos en el marco de un acuerdo stand-by, que se había estipulado que duraría 36 meses, carecía de fundamentos.
A partir de esta petición, la entidad financiera internacional había otorgado a la administración liderada por Macri un monto valuado en 50 mil millones de dólares. No obstante, habían establecido el desembolso de 15 mil millones, mientras que el resto iba a ser considerado como “apoyo presupuestario precautorio”.
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“Se trataba de decisiones sujetas a control jurisdiccional en tanto constituían el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”, sostuvo la jueza federal, tras señalar que los efectos macroeconómicos que hubieran producido no permitían reconducir el caso hacia el ámbito del derecho penal.
Respecto a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Justicia consideró que había cumplido con los parámetros del debido proceso, pese a que hicieron hincapié en que su participación suele darse en “los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal, siendo excepcional su participación en litigios penales”.
Por este motivo, apuntaron que el organismo no contaba con una dirección nacional que estuviera especializada en litigios penales y, sobre todo, en casos que involucraran delitos económicos complejos. Asimismo, subrayaron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encontraba “en la mejor posición técnica para impulsar la investigación en la referida Causa N° 3561/2019″.
Así, el Gobierno accedió a retirarse del litigio, tras sostener que “corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos”. En ese sentido, consideraron que esta decisión evitaría las “superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro Poder del Estado con una finalidad de persecución política”.
Previo a esto, la Justicia Federal también había resuelto archivar una investigación penal impulsada para saber quiénes habían realizado las mayores compras de dólares y quiénes transfirieron mayores montos de la divisa norteamericana al exterior durante la gestión de Macri.
Así, la investigación, que analizaba una posible “fuga de capitales” entre 2016 y 2019 por un total de 86 mil millones de dólares, quedó sin efecto en marzo de 2019. Se trataba de una de las causas que había sido anexada a la causa por el préstamo solicitado al FMI.
Según la información a la que accedió Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti había considerado innecesario continuar, ya que no se había detectado ninguna operación sospechosa que motivara la apertura del caso, sino que el análisis respondía a una búsqueda “especulativa” de eventuales delitos como evasión tributaria o lavado de activos, al no haber indicios concretos que justificaran el escrutinio sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas.
Finalmente, la decisión fue confirmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal, quienes avalaron la postura de la magistrada ante los recursos presentados por el fiscal Franco Picardi y la AFIP (actual ARCA), que advertían que el cierre era prematuro y restaba analizar documentación.
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