La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realizó este martes un paro nacional con movilización a Tribunales, sede de la Corte Suprema, para rechazar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y pedir la estabilidad laboral de unas 1600 personas. La protesta de los judiciales contó con el respaldo de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y legisladores de partidos opositores a La Libertad Avanza.

Se levantó un escenario sobre la vereda de Plaza Lavalle frente al palacio. Entre el palco y los manifestantes con sus pies sumergidos en el pasto embarrado de la plaza, se clavaron decenas de estacas con pancartas. En ellas, estaban impresas las caras de cada uno de los senadores y diputados que votaron por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

“Ahí está la foto de cada diputado y senador que traicionó a los trabajadores, que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la ley”, pregonó un locutor arriba del escenario bajo una intermitente lluvia de pequeños panfletos de UEJN con la consigna del paro de hoy: “En defensa del fuero del trabajo, contra el traspaso de la Justicia Nacional y por la garantía de estabilidad laboral de todos los trabajadores”.

Debajo de la tarima y sobre la vereda se pasearon diversos referentes sindicales y opositores, todos ellos “en solidaridad” con el líder de los empleados judiciales, Julio Piumato. “Nuestro gremio está en lucha ante la virtual desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo, primera vez que en la historia argentina borran un fuero”, dijo a previo a su discurso.

“Se han sumado muchos gremios de la CGT, organizaciones y legisladores, porque esta lucha es por la Justicia social. Este proyecto de ley, que seguramente se va a sancionar el viernes, va a arrasar con los derechos reflejados en el artículo 14 bis y el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, consideró el sindicalista. “Ahora, va a llegar el turno de la Justicia de cumplir su rol de control de constitucionalidad”, opinó Piumato.

Ante la consulta sobre el traspaso del fuero laboral nacional, Piumato dijo: “Toda la comunidad jurídica está en contra de manera unánime. Están armando un pseudo fuero meramente patronal, es la muerte del derecho laboral. En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia hace lo que el Gobierno de la Ciudad quiere. Quien gobierna la Ciudad, maneja la Justicia”.

Entre las personalidades políticas presentes estuvieron Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, diputados nacionales por el Frente de Izquierda. “Estoy acompañando, con esta reforma quieren destruir la posibilidad del reclamo de los trabajadores. Es algo que Mauricio Macri pretende hacer hace años, quedarse con la Justicia laboral para favorecer a sus empresarios amigos”, dijo Bregman a . “Del Senado no puedo esperar nada, espero construir una fuerza social necesaria para derrotar esta reforma”, cerró.

“El convenio por el cual se transfiere la Justicia laboral a la Ciudad no solo viola la Ley Cafiero, sino que se introdujo a último momento por el debate y ni siquiera pasó por comisión. No hubo tiempo para entender las implicancias ni se pudo prever qué va a pasar con las causas residuales y los trabajadores del fuero. El Senado va a aprobar la reforma y seguramente se va a judicializar”, señaló el diputado nacional Esteban Paulón de Provincias Unidas, quien se sumó bajo el fuerte rayo del sol del mediodía.

Otras legisladoras que asistieron al evento fueron las porteñas Vanina Biasi y Celeste Fierro, quien renunció a su banca por el típico recambio de la izquierda, y espera asumir su turno en Diputados en el lugar de Bregman.

La llegada al acto de Jorge Sola, secretario general de la CGT, provocó los aplausos de las diversas organizaciones sindicales que se manifestaron, al canto de “el fuero se defiende”. En su discurso expresó la solidaridad de la central obrera y, entre gritos que le pedían un paro de cara a la sanción de la reforma, dijo: “Necesitamos de cada uno de nosotros para construir la coincidencia de ideas y para volver a emocionarnos. No solamente en el compadecimiento con los que la estamos pasando mal, sino en la construcción de un espacio que nos represente”.

“Mañana [por el miércoles] estaremos llevando adelante una reunión con la mesa chica para ver los próximos pasos a seguir. Nos hemos comprometido a judicializar la ley”, agregó Sola a . Ante la consulta por el reclamo del Frente de Sindicatos Unidos por un paro general de 36 horas para la sesión en el Senado, contestó: “No hemos recibido ningún pedido, más allá de las cuestiones mediáticas. La mayoría de los compañeros de ese frente tiene una representación en el consejo directivo, ahí podrán expresar su necesidad”.

El segundo orador del acto fue Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria. “Ni siquiera hay que esperar que cambien los vientos políticos en el 2027, nos tenemos que poner a trabajar ahora”, planteó. En una conversación posterior con , afirmó: “La definición ya está, espero que intensifiquemos la acción en la calle y conseguir las mayorías para derogar esta reforma que es una aberración jurídica”.

Por último, Piumato tomó el micrófono y declaró: “Se olvidan de las leyes, de la Constitución porque vienen por todo”. A pesar de los reiterados pedidos de paro, el líder de los judiciales continuó: “Este tiene que ser un momento de pelea unitaria, hay discursos disociadores que piensan que nos van a hacer discutir entre nosotros”.

“Ya no solo son unos therian laburando de renacuajos, son unos hijos de puta (sic) porque votaron a conciencia”, lanzó Piumato contra los legisladores oficialistas, lo que generó los silbidos abucheos de la audiencia. “Lo importante es no olvidar, por eso están todas las pancartas con los nombres de los senadores”, cerró Piumato con un pedido que los manifestantes presentes levantaran los carteles.

El acto de los judiciales terminó entre aplausos callados por estruendos de pirotecnia. En la esquina de Lavalle y Talcahuano se escucharon quejas y reclamos por un llamado a un paro que no fue oído. Mientras tanto, el Palacio de Tribunales, con su frente cerrado y sus andamios decorados por banderas sindicales, permanecía abierto con cierta actividad. Es que en su valla de la entrada principal, se pegó un papel con el texto “Ingreso por Tucumán”.

Si el Congreso sanciona la llamada ley de modernización laboral, la primera pregunta que surge es sencilla pero decisiva: ¿Desde cuándo se aplica? ¿Rige solo para los contratos de trabajo que se celebren a partir de su entrada en vigencia o también puede impactar sobre relaciones laborales que ya están en curso? La respuesta no es un detalle técnico menor debido a que tiene consecuencias directas para los trabajadores.

El punto de partida intentando obtener una respuesta razonable consiste en recordar que el sistema constitucional argentino establece como pauta de interpretación y aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), entre los que se encuentra el derecho al trabajo, el principio de progresividad y no regresividad.

El principio es claro y concreto: normativamente hablando, los Desca deben avanzar, no retroceder. Esto significa que el Estado puede reformar leyes laborales, pero no puede reducir el nivel de protección sin una justificación fuerte, razonable y proporcionada recayendo siempre la prueba en cabeza del Estado. Los derechos fundamentales y los derechos humanos crecen o se amplían por adición pero nunca disminuyen o se retraen por sustracción. La progresividad se basa en la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria.

La ley de contrato de trabajo (ley 20.744 y sus modificatorias) desarrolló como garantía primaria y general los contenidos constitucionales y convencionales del derecho a trabajar, fijando de esta manera en el campo de la progresividad un parámetro normativo concreto en la tutela de los trabajadores.

La denominada ley de modernización laboral consta de 26 títulos que abarcan diversas temáticas. El título I tiene por objeto modificar numerosos artículos de la LCT a través de 58 artículos que, en su gran mayoría, concretan una objetiva regresión normativa de la protección legal deparada por la LCT al derecho a trabajar.

La LCT no establece en ninguno de sus artículos una regulación específica atinente a su eficacia temporal, o bien a que sucede respecto de su aplicación en el tiempo si la misma es modificada. Por dicho motivo, se aplica en dichos casos, lo estipulado por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que sostiene que las leyes no tienen efecto retroactivo excepto disposición en contrario, pero aunque así se establezca, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales y que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. La confusión surge debido a que en el primer párrafo del artículo 7 expresa que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

La ley de modernización laboral dispone la modificación regresiva de varios artículos de la LCT. Aun dentro de la lógica expuesta, casi la totalidad de las mismas quedan subsumidas en la categoría de las facultades previstas en el contrato celebrado que generaron y mantienen la relación laboral (por ejemplo: el concepto de trabajo del artículo 4, la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo del artículo 66, la jornada laboral del artículo 198, etc.) y, por lo tanto, no pueden quedar sometidas a una aplicación retroactiva de la una ley regresiva.

Ahora bien, la duda surge respecto de la extinción de la relación laboral mediante el despido sin justa causa: ¿Es una de las “consecuencias de las relaciones” a las cuales se le aplicaría retroactivamente la ley de modernización laboral porque implicaría una ruptura del contrato de trabajo oportunamente celebrado? Tomemos un ejemplo concreto: una persona fue contratada en 2022 bajo el actual régimen que establece un determinado cálculo indemnizatorio ante un despido sin causa. Si es despedida en 2026, ¿corresponde aplicarle el nuevo sistema -más restrictivo- o el que estaba vigente cuando inició la relación laboral?

La aplicación inmediata de una ley regresiva a contratos laborales en curso no constituye una simple regulación de efectos futuros, sino una alteración sustancial del marco normativo que estructuró la relación jurídica desde su inicio. El trabajador celebró el contrato bajo una determinada normativa protectora que integró su esfera de previsibilidad jurídica. Esa regulación generó la debida confianza legítima basada en la buena fe y fundada en la vigencia de un orden constitucional y convencional que garantiza la progresividad en materia de Desca. La reducción posterior del estándar protector frustra esa confianza legítima y vulnera la seguridad jurídica material que el Estado debe garantizar. En consecuencia, la regla del artículo 7 del Código Civil y Comercial no puede operar como cláusula habilitante de regresiones de derechos fundamentales y derechos humanos. Debe mantenerse respecto de los contratos en curso el régimen más favorable vigente al momento de su celebración.

El Código Civil y Comercial en el artículo 7 establece una protección especial para el consumidor frente a cambios normativos en contratos en curso cuando la ley nueva no es más favorable. Si el ordenamiento reconoce esa tutela reforzada frente a asimetrías contractuales, con mayor razón debería evitar que una reforma regresiva impacte automáticamente sobre el derecho de los trabajadores que se encuentran en una posición estructuralmente más vulnerable.

Alguien podría argumentar que el artículo 7 se refiere a las “leyes supletorias”, que son aquellas normas complementarias que no abarcan a las “leyes de orden público” (como podría ser considerada la ley de modernización laboral), pero ahí retorna el paradigma constitucional argentino donde el único orden público existente se encuentra en la fuerza normativa que surge de la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.

Si el principio de no regresividad tiene algún sentido práctico, es impedir que la temporalidad de las leyes se convierta en una herramienta de erosión de derechos. La tutela de los trabajadores no puede quedar librada a una lectura formal del artículo 7 del Código Civil y Comercial que, bajo la apariencia de neutralidad técnica, habilite una disminución sustancial del estándar protector que integró el contrato laboral desde su origen.

La progresividad no es una consigna declamativa, sino por el contrario, una cláusula operativa que impide que el Estado, por vía legislativa, reescriba en perjuicio del trabajador las reglas bajo las cuales este organizó su proyecto de vida y su expectativa indemnizatoria. Defender la no regresividad en materia laboral no es una postura ideológica: es cumplir, con rigor constitucional y compromiso democrático, que el trabajo siga siendo un derecho y no se convierta en una mera variable de ajuste.