SEÚL, Corea del Sur — Creían que eran el tipo de ingenieros altamente capacitados que podrían ayudar a cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de revivir la manufactura estadounidense.

Park Sun-kyu afirmó haber construido fábricas de baterías para coches eléctricos en Indonesia, Michigan y Ohio.

Kim Min-su afirmó haber construido o trabajado en instalaciones similares en Polonia, Ohio y Tennessee.

Nate Cho, experto en climatización, afirmó haber ayudado a construir una central nuclear en los Emiratos Árabes Unidos y una fábrica de semiconductores de Samsung en Texas.

Los tres son ciudadanos surcoreanos y regresaron a Estados Unidos este año.

Junto con cientos de sus compatriotas, trabajaban en un complejo de 1170 hectáreas construido por la empresa surcoreana Hyundai en el sureste de Georgia para fabricar coches eléctricos.

Estaban terminando la construcción de una fábrica de baterías en el lugar, que el gobernador del estado ha elogiado por generar miles de nuevos empleos para los georgianos.

En la mañana del 4 de septiembre, Park dijo que estaba en una oficina enseñando a un colega cómo solucionar problemas en un sistema de fabricación computarizado cuando un agente estadounidense que portaba una pistola irrumpió y gritó:

Kim dijo que estaba supervisando en una «sala seca», donde la temperatura y la humedad se mantenían a niveles precisos para que las máquinas produjeran baterías de muestra.

Se desató un alboroto en la sala cuando un gerente de seguridad llamó para informar sobre una redada de agentes armados.

Afuera, los agentes se movieron con rapidez, dispersándose por las instalaciones.

Cho dijo que estaba revisando los balances de su equipo en su oficina cuando vio helicópteros y vehículos blindados afuera.

Pronto fueron atrapados en lo que las autoridades estadounidenses calificaron como el mayor operativo de seguridad nacional jamás realizado en un solo lugar.

Los trabajadores fueron encadenados.

Permanecieron detenidos durante una semana en lo que describieron como malas condiciones, y acusaron a las autoridades estadounidenses de abusos de derechos humanos.

La redada fue un choque frontal con las políticas migratorias y comerciales de Trump.

Y ha inquietado profundamente a Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos.

Sus diplomáticos negociaron con Washington durante una semana hasta que el país logró repatriar a los trabajadores.

Días después de su repatriación, seis repatriados entrevistados por The New York Times dijeron que aún les costaba asimilar lo sucedido.

Park comentó que está consultando a un médico porque tiene problemas para dormir.

“Mi principal conclusión es que Estados Unidos no es un lugar seguro para trabajar”, ​​dijo Park.

“No creo que vuelva a trabajar allí”.

Estados Unidos y Corea del Sur mantienen vínculos profundos, arraigados en una alianza militar de décadas.

Esto hizo que la incursión resultara aún más impactante para muchos coreanos.

Los retornados dijeron que su situación era resultado de un desajuste entre los deseos y las acciones estadounidenses.

Durante décadas, empresas surcoreanas como Hyundai han construido y operado fábricas en Estados Unidos.

Recientemente, Washington ha persuadido a Corea del Sur para que destine cientos de miles de millones de dólares a la construcción de nuevas fábricas, utilizando como palanca la amenaza de aumentar los aranceles a las exportaciones surcoreanas.

Pero, según expertos del sector, no hay suficientes trabajadores calificados en Estados Unidos para construir las fábricas con salarios económicamente viables para las empresas.

Washington tampoco ha emitido suficientes visas de trabajo para extranjeros.

La semana pasada, Trump añadió otro obstáculo al imponer elevadas tasas a los nuevos solicitantes de visas H-1B.

Para abordar este desajuste, muchas empresas surcoreanas, como las contratadas por Hyundai y LG para construir la fábrica de baterías, rotan a los trabajadores dentro y fuera de las obras.

Entran a Estados Unidos con visas de negocios o de turismo de corta duración, a veces eludiendo la ley.

Las autoridades estadounidenses y surcoreanas no han revelado los detalles de las visas de los 317 coreanos arrestados el 4 de septiembre.

Sin embargo, cinco de los seis ingenieros entrevistados por el Times contaban con visas B-1 de seis meses, que permiten realizar consultas con socios comerciales.

Uno viajó con el programa de exención de visa de 90 días llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), que permite viajes de negocios o placer.

Todos afirmaron que estaban en viajes de negocios, ya que sus empleadores en Corea del Sur les pagaban.

“Sabíamos que estábamos en una zona gris entre lo legal y lo ilegal”, dijo Park, quien evitó el trabajo físico con herramientas para cumplir con los términos de su visa B-1.

“Nuestro plan era terminar nuestro viaje en dos o tres meses y regresar a casa para hacer otro viaje a Estados Unidos después de un intervalo de dos o tres meses”.

Más de 400 agentes estadounidenses llegaron al complejo Ellabell ese jueves.

Primero, filtraron a los ciudadanos estadounidenses.

De los no ciudadanos, descartaron a quienes tenían visas ESTA, B-1 y B-2 para turistas, y les ordenaron que llenaran formularios con información personal y preguntas como si habían entrado legalmente a Estados Unidos.

El formulario solo estaba en inglés y español, y los trabajadores dijeron que los oficiales no trajeron traductores de coreano, por lo que trabajadores angloparlantes se ofrecieron como voluntarios.

Al menos una persona se vio obligada a abandonar el país a pesar de estar allí legalmente, informó el Times este mes.

Kim, de 34 años, dijo que al principio no se preocupó, ni siquiera cuando a él y a sus compañeros les ordenaron guardar sus pertenencias en bolsas de malla.

Un agente incluso le dijo:

«Te dejaré ir a casa», contó Kim.

El estado de ánimo cambió cuando a personas con visas ESTA y B-1 y B-2 se les entregaron órdenes de arresto, fueron subidos a micros esposados ​​y encadenados y llevados a un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia.

Los trabajadores coreanos dijeron que todavía se preguntan por qué fueron arrestados basándose en sus visas y no les dijeron qué leyes estaban violando.

Se preguntaban por qué ellos, que estaban creando puestos de trabajo para la comunidad local, estaban detenidos.

“No estábamos allí para establecernos como trabajadores permanentes”, dijo Cho, de 55 años.

Kim dijo que el objetivo de los subcontratistas como él era completar su tarea e irse lo antes posible.

«Si no cumples con la fecha límite, te cuesta más porque no te pagan los meses extra que trabajas», explicó.

En el centro de detención, los trabajadores dijeron que estaban divididos en cinco «grupos», cada uno con capacidad para 80 personas.

Para comer, les daban sándwiches de manzana y jamón y queso, o gachas de carne con arroz o porotos.

Bebían de fuentes o recipientes de agua.

A lo largo de una pared, había duchas, urinarios y sanitarios.

Solo un muro bajo y una cortina baja separaban a quienes usaban los sanitarios del área común.

Desde su repatriación, varias docenas de trabajadores han creado un grupo de chat donde discuten sus denuncias de abusos contra los derechos humanos.

Dijeron que las autoridades nunca les leyeron sus derechos ni les explicaron el motivo de su arresto.

Con sus celulares confiscados, no pudieron llamar a sus familias, empleadores ni abogados.

Cuando se les permitió usar teléfonos en el centro de detención, no pudieron hacer llamadas internacionales.

Han reportado agua potable con mal olor, colchones mohosos, mantas polvorientas, aire acondicionado helado y respuestas tardías de los funcionarios a las solicitudes de ayuda médica.

Un trabajador en el chat acusó a los guardias de hacerles una mueca racista contra los asiáticos.

«La discriminación racial y las burlas, y cómo nos veía Estados Unidos, permanecerán en mi corazón por mucho tiempo», escribió el trabajador.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha declarado que investigará las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

La Embajada de Estados Unidos en Seúl no respondió a una solicitud de comentarios.

Los trabajadores dijeron que los funcionarios estadounidenses que los entrevistaron individualmente en el centro de detención les dieron una opción:

aceptar salir voluntariamente de Estados Unidos porque violaron sus términos de admisión o quedarse y luchar por sus casos en los tribunales.

Kim dijo que un oficial estadounidense le advirtió que los procedimientos legales podrían tardar meses.

El gobierno surcoreano le aconsejó lo mismo.

Finalmente, todos los coreanos, menos uno, aceptaron la salida voluntaria.

Hasta el último minuto, un detalle quedó sin resolver.

Las autoridades estadounidenses querían que los trabajadores fueran esposados ​​durante su viaje en autobús de cuatro horas al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta para su regreso a casa.

Las autoridades surcoreanas se opusieron.

Pero los trabajadores estaban tan hartos del centro de detención que algunos protestaron ante los diplomáticos surcoreanos de visita, afirmando que querían regresar a casa lo antes posible, esposados ​​o no.

El gobierno surcoreano finalmente prevaleció, y los trabajadores no fueron apresados.

También afirmó que Washington prometió no perjudicar a los trabajadores si intentaban reingresar a Estados Unidos una vez resuelta la disputa sobre las visas.

Pero Cho dijo que habría regresado a la fábrica directamente desde el centro de detención si se lo hubieran permitido.

“Mi orgullo no es tan importante como terminar el trabajo que he comenzado”, dijo.

Se esperaba que la fábrica de baterías estuviera lista a finales de año y creara 400 nuevos puestos de trabajo.

Ahora lleva un retraso de al menos unos meses.

c.2025 The New York Times Company