POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso
La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
POLITICA
Anabel Fernández Sagasti aseguró que la reforma laboral “solo perjudica a laburantes y jubilados”
En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti calificó como “muy desprolijo” el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. “Nos acaban de decir que hay nuevas modificaciones sobre las modificaciones. Loquísimo”, expresó al describir el clima de incertidumbre que prevalece en el recinto. Fernández Sagasti subrayó que el proyecto de ley, de 213 artículos, sigue cambiando incluso durante el debate: “No sabemos, hasta ahora, en qué consisten”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, la legisladora mendocina puso el foco en la falta de transparencia sobre los textos que se someterán a votación. “Estamos tratando un proyecto que no conocemos en su versión final”, remarcó. Al referirse a la posible inclusión del traspaso de la Justicia Nacional Laboral dentro de la reforma, aseguró: “Va a entrar, totalmente inconstitucional”.
El impacto de la reforma laboral según Fernández Sagasti
Fernández Sagasti compartió su mirada crítica sobre el contenido y el proceso de la reforma: “A la hora de discutir el texto, artículo por artículo, nosotros podamos defender algunos derechos, como por ejemplo el estatuto del periodista, que creo que estamos muy cerca de poder salvarlo”. En ese sentido, denunció que “lo único que han empeorado en las modificaciones es lo que decíamos, los laburantes y los jubilados”. Argumentó que los gobernadores “salvaron su caja”, la CGT “prácticamente ha podido sostener casi todo lo que pedía” y los bancos “pudieron sostener todo lo que pedían”.
Consultada sobre artículos específicos, la senadora repasó avances en la negociación: “Introdujeron un artículo muy dañino que decía que si te enfermabas ibas a cobrar el 50% del básico. Eso parece que ya no está más, que logramos que lo sacaran, pero todavía no tenemos el texto”. Frente a la consulta de Aziz sobre si podía confirmarlo, precisó: “No lo puedo confirmar porque no tenemos lo último, pero mientras yo estaba argumentando en el recinto, el senador Richi me dijo que lo habían sacado”.
Al sintetizar el efecto de las últimas versiones del proyecto, Fernández Sagasti fue contundente: “Los únicos que pierden son los laburantes y los jubilados, porque el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se constituye con los aportes que los patrones deberían hacer al fondo de la ANSES y ahora lo hacen para pagar indemnización”.
Debate sobre la formalidad y los trabajadores de plataformas
Malena de los Ríos le preguntó sobre el control estatal ante la alta informalidad laboral. La senadora hizo foco en el personal doméstico: “Con respecto a las trabajadoras de casa particular, que es una ley de nuestro Gobierno, ¿sabés lo que hacen? Le extienden el periodo de prueba. En vez de tres meses, seis meses. Eso es lo que hacen con el último eslabón de los trabajadores”.
Sobre los trabajadores de plataformas, Fernández Sagasti planteó: “Estoy totalmente convencida que los trabajadores de plataforma tienen que tener derechos y tienen que estar formalizados. Tienen que tener derecho a protegerlos de la desconexión que el algoritmo hace”. Sostuvo que la nueva legislación “reduce los derechos de todos los que tienen oportunidad de estar registrados, los trata de igualar con esos trabajadores que las plataformas dicen que no son empleadores”.
La senadora también advirtió sobre el modelo de disponibilidad permanente que, según ella, promueve la reforma: “Una de las principales características es la bolsa de trabajo, es que vos siempre estés a disposición de tu trabajo y no puedas ordenar tu vida”.
Litigiosidad, estatuto del viajante y el rol de las pymes
El debate se intensificó cuando Gustavo Lazzari, integrante del staff, planteó el problema de la litigiosidad y la situación de las pequeñas y medianas empresas. Fernández Sagasti replicó: “No tiene nada que ver con la litigiosidad esta ley. ¿Qué tiene que ver con la litigiosidad el curro del FAL? ¿Qué tiene que ver que el FAL sea administrado por empresas privadas?”.
Al discutir la definición de relación de dependencia y la supuesta aclaración de zonas grises, Fernández Sagasti insistió: “La relación de dependencia está totalmente definida en la ley laboral”. Lazzari retrucó con casos de juicios laborales a pymes y la abolición del estatuto del viajante, a lo que la senadora respondió: “Mi hermano es viajante y jamás hizo juicio absolutamente a nadie y trabaja muy bien. Lo que yo te quiero decir es que esta ley echa más sombra de lo que dice hacer, que utilizan la palabra modernización, la lucha contra la litigiosidad, pero esta ley no lo resuelve”.
La senadora enfatizó en el origen de la conflictividad laboral: “La mayor parte de la litigiosidad es con las ART, casi un 70%. ¿Esta ley lo trata? No, no lo trata”.
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anabel fernández sagasti
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó sobreseer a Claudio “Chiqui” Tapia, a Pablo Toviggino y a otras autoridades de la AFA por no pagar impuestos a las ganancias, al valor agregado, retener aportes de jugadores y empleados y el presunto uso de facturas apócrifas, según la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El magistrado compartió el criterio del fiscal Claudio Navas Rial y de la ARCA, que entendieron que debía seguir adelante la investigación.
Tapia había pedido cerrar la causa en su contra al plantear una excepción por falta de acción, que es un recurso destinado a ser sobreseído por inexistencia de delito. Argumentó que normas del Ministerio de Economía eximían a las asociaciones sin fines de lucro de pagar y de ser ejecutadas, además del dictado de medidas cautelares, por lo que se encontraban eximidos de pagar esos tributos.
El organismo impositivo reclama a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de $19.300 millones. ARCA sumó luego una denuncia por facturas falsas y proveedores inexistentes y elevó el monto a más de $375.000.000.
Pero ahora el juez entendió que hay una “insalvable contradicción” en el argumento de la defensa. “Resulta innegable que el único supuesto que autorizaría al fisco a iniciar un proceso de ejecución fiscal es, precisamente, la previa existencia de una deuda exigible y vencida”, dijo.
Y remarcó que si las deudas no habían vencido y no debían ser pagadas, “entonces deberíamos concluir que el presupuesto que autoriza al fisco a iniciar la ejecución fiscal tampoco estaría presente, de lo que se sigue inexorablemente que nada habría que suspender. Así, las resoluciones que disponían la suspensión de las ejecuciones fiscales carecerían de todo sentido”.
“Que el organismo recaudador haya recibido instrucciones para suspender transitoriamente el inicio de ejecuciones fiscales o la traba de medidas cautelares no implica, en modo alguno, que la obligación tributaria no se encontrara vencida, ni que el contribuyente se encontrara jurídicamente habilitado a omitir su ingreso”, escribió el juez.
Señaló que “no sólo los plazos para el depósito de los importes retenidos por la contribuyente efectivamente habían vencido, sino que los mismos eran exigibles”.
Además, el magistrado entendió que no puede avanzar una resolución administrativa del Ministerio de Economía sobre una ley que obliga al pago de tributos. “Cualquier interpretación que atribuya a resoluciones administrativas efectos desincriminantes o impeditivos de la acción penal deba ser descartada por incompatible con el orden constitucional de jerarquía normativa y con el principio de división de poderes”, mencionó el juez.
Con estos argumentos resolvió Amarante rechazar la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Claudio Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino.
Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,El torneo comienza el viernes. La AFA definió cómo se televisarán los partidos de la Primera Nacional y cuánto habrá que pagar para verlos,,Un silencio que aturde,,Contra un dirigente de la CC. Un juez aceptó a “Chiqui” Tapia como querellante en una causa por extorsión
POLITICA
Tras la protesta en Santa Fe, Milei evalúa una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad
El Gobierno esperará algunas horas y luego retirará los refuerzos que había enviado a Santa Fe por el conflicto policial. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un aumento salarial y eso permitió destrabar la protesta.
De todas formas, el Ejecutivo quedó en alerta por la situación de las fuerzas federales.
El operativo incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Los efectivos pasaron a cubrir 16 zonas en Rosario y el Gran Rosario, cuando su presencia habitual en el marco del Plan Bandera se concentra en ocho sectores considerados “calientes” por los índices delictivos.
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Los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya estaban apostadas en Rosario. En Balcarce 50 reconocen que esos efectivos trabajaron con sobrecarga operativa y que recibirán dos días de descanso y el pago de horas extra una vez normalizada la situación. “Todas las unidades estuvieron en la calle”, expresan.
El conflicto encendió además alertas internas dentro del oficialismo. En la mesa chica del Presidente reconocen que la relación con las fuerzas de seguridad no atraviesa su mejor momento y que la situación salarial es “delicada”. En varios despachos oficiales ya hablan de un aumento en el mediano plazo, en línea con el esquema que se evalúa para las Fuerzas Armadas.
En distintos sectores del Gobierno aseguran que hay una recomposición salarial para las fuerzas en los planes, pero remarcan que depende del visto bueno de los equipos del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo. “Lo tenemos que hacer, pero necesitamos que nos aprueben los fondos”, agregan. Un suboficial de la PFA se encadenó la semana pasada a las rejas de la Casa Rosada y expuso sus quejas salariales.
La intención del Ejecutivo de comenzar a retirar el refuerzo en Santa Fe de forma progresiva se apoya sobre el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios junto con el retroceso de las sanciones administrativas y la mejora en los niveles de operatividad.
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En Balcarce 50 advierten que varios mandatarios provinciales se comunicaron con interlocutores nacionales ante el temor de un “efecto contagio” en otras jurisdicciones. El recuerdo de levantamientos policiales en distintas provincias sigue presente en el análisis del entorno del presidente. “No puede escalar”, remarcan.
Gobierno, Santa Fe, fuerzas federales
Anabel Fernández Sagasti aseguró que la reforma laboral “solo perjudica a laburantes y jubilados”
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