POLITICA
La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella
Según una encuesta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el índice de confianza en la gestión del Presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en el nivel más bajo desde su asunción.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en septiembre de 2025 un valor de 1,94 puntos, lo que representa una caída del 8,2% respecto al mes anterior y una disminución interanual del 10,0%. Este resultado, obtenido a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de septiembre, marca el punto más bajo de la administración nacional. Y, por primera vez, sitúa el índice por debajo de los 2 puntos en la escala de 0 a 5.
Causas y motivos
El descenso de la confianza se produjo en un contexto marcado por dos hechos recientes: la difusión de un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. La encuesta de septiembre es la primera que recoge el impacto de ambos acontecimientos en la percepción pública.
La comparación histórica sitúa el ICG actual en una posición intermedia respecto a las gestiones previas. El valor de septiembre de 2025 es 31,9% menor que el registrado en septiembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri (2,86 puntos), pero 23,1% mayor que el de septiembre de 2021 bajo el gobierno de Alberto Fernández (1,58 puntos). El promedio del ICG durante los 21 meses de la administración Milei se ubica en 2,46 puntos, levemente por debajo del promedio para el mismo período de Macri (2,60) y por encima del de Fernández (2,14).
El informe destacó: “Se trata del segundo descenso consecutivo importante del ICG y, aunque algo menor que el del mes de agosto (-13,6%), implica una caída bimestral de gran magnitud”. Entre julio y septiembre, el índice pasó de 2,45 a 1,94 puntos, consolidando una tendencia descendente en la confianza hacia el gobierno nacional.
El deterioro de la confianza se refleja en los cinco subíndices que componen el ICG. La Honestidad de los funcionarios alcanzó 2,44 puntos (una baja del 3,7%), la Capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,38 puntos (-3,1%), la Eficiencia en la administración del gasto público descendió a 1,87 puntos (-11,2%), la Evaluación general del gobierno cayó a 1,57 puntos (-11,5%) y la Preocupación por el interés general se redujo a 1,47 puntos (-15,1%). El informe subraya que “la caída del ICG general se replica en cada uno de sus cinco subíndices”.
La percepción de la sociedad
El análisis por género muestra que la confianza fue mayor entre los hombres (2,12 puntos, con una disminución del 12,4%) que entre las mujeres (1,76 puntos, con una caída del 2,2%). En cuanto a la edad, el segmento de jóvenes de 18 a 29 años registró el valor más alto (2,47 puntos, con un aumento del 17,1%), mientras que los grupos de 30 a 49 años y mayores de 50 años presentaron valores similares (1,87 y 1,89 puntos, respectivamente), ambos con descensos superiores al 10%.
La distribución geográfica reveló que el ICG fue más elevado entre quienes residen en el interior del país (2,13 puntos, con una disminución del 10,9%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se observó un leve aumento (1,78 puntos, +1,1%) y en el Gran Buenos Aires (GBA) una baja moderada (1,62 puntos, -3,6%).
El nivel de instrucción también influyó en los resultados. Quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria obtuvieron un ICG de 1,99 puntos (una caída del 13,9%), cifra muy similar a la de quienes completaron hasta la educación secundaria (1,93 puntos, con una leve disminución del 1,5%). El grupo con educación primaria registró el valor más bajo (1,54 puntos), aunque con un aumento del 2,7%.
La experiencia con la inseguridad mostró diferencias menores que en meses anteriores. El ICG fue algo mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (1,98 puntos, con un descenso del 12,0%) que entre quienes sí lo fueron (1,82 puntos, con un crecimiento del 5,2%).
Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante en la confianza. El índice fue notablemente más alto entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año (3,83 puntos, con un decrecimiento del 7,7%) que entre quienes piensan que se mantendrá igual (2,20 puntos, con una caída del 10,6%) o que empeorará (0,51 puntos, con una variación negativa del 8,9%).
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1.000 casos en 41 localidades de todo el país, tiene un error estándar de ±0,06 y un intervalo de confianza del 95% entre 1,82 y 2,06 puntos. El universo abarcó a la población general mayor de 18 años residente en ciudades de más de 10.000 habitantes, con selección aleatoria y cuotas de sexo y edad.
El informe concluyó que en septiembre la confianza en el gobierno fue mayor entre los hombres, los jóvenes de 18 a 29 años, los habitantes del interior, quienes alcanzaron educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas positivas sobre la economía. La variación negativa del ICG se replicó en todos sus componentes, con la Preocupación por el interés general mostrando la mayor caída (-15,1%).
El mes pasado, el índice había caído un total de 15 puntos en un mes, es decir, un 14,8% menos respecto de agosto. El número coincidió con la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Y surgió previo al último acuerdo que realizó el país con Estados Unidos.
POLITICA
El Gobierno quiere que la reforma laboral se apruebe sin cambios, pero la oposición prepara modificaciones
El oficialismo define por estas horas la hoja de ruta para ver cómo avanzar con la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La intención es firmar dictamen el miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, y llevar el texto al recinto el jueves 19 de febrero o, en su defecto, la semana siguiente.
En esas negociaciones están involucrados el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la Casa Rosada. El objetivo es sostener el proyecto tal como fue aprobado en el Senado, aunque ya aparecen señales de que la discusión en Diputados no será lineal.
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En la previa al debate, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que su bancada intentará revertir uno de los cambios incorporados en la Cámara alta.
“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.
El planteo implica reabrir un punto que el Senado dejó fuera del texto final. La postura del PRO contrasta con la de la senadora Patricia Bullrich, quien dejó en claro que el oficialismo no está dispuesto a aceptar modificaciones en la revisión de Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba volver a la Cámara alta.
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El PRO no será el único espacio que buscará cambios en el plenario del miércoles 18. Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
El esquema establece un piso de inversión de:
- US$150.000 para microempresas
- US$600.000 para pequeñas empresas
- US$3,5 millones para medianas
La discusión sobre estos puntos será clave para consolidar apoyos de bloques provinciales, que ya tuvieron un rol determinante en el Senado.
Rechazo de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria (UxP), el rechazo es total. El diputado Sebastián Galmarini cuestionó el contenido del proyecto y su impacto en el empleo.
“Es una muy mala ley. No tiene ningún artículo que ayude a mejorar la situación del empleo ni a recuperar el nivel de actividad que perdió la Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Es una gran bolsa donde se meten artículos a favor de uno y de otro”, señaló.
También criticó el FAL, al que definió como un “financiamiento de despidos y timba financiera”, y sostuvo que dentro de las reformas laborales “no hay ninguna que ayude al trabajador ni a la Argentina”. Desde ese espacio anticipan que buscarán frenar la iniciativa o, al menos, impedir que avance sin cambios.
El respaldo radical y el poroteo oficialista
En contraste, la Unión Cívica Radical adelantó que acompañará el texto aprobado por el Senado. Los seis senadores que responden a Eduardo Vischi votaron junto al oficialismo, pese a algunas diferencias.
El diputado correntino Diógenes González sostuvo que valoran “el trabajo de los senadores que lograron concertar con el Gobierno una serie de reformas que protegieron a las pymes y atendieron la situación fiscal de las provincias”. En ese sentido, destacó la eliminación del capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias, al considerar que “comprometía la fiscalidad provincial”.
“Sabemos que hay temas por conversar, pero estamos en condiciones de acompañar el proyecto tal como se aprobó en el Senado”, afirmó.
Con ese respaldo, el oficialismo hace cuentas y confía en reunir una mayoría con el apoyo de bloques provinciales. En esa tarea influyeron las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, y el antecedente de la votación en la Cámara alta.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz sostiene que el dictamen se firmará el 18 de febrero y que se cumplirán los diez días reglamentarios previos al cierre del período parlamentario. Para garantizar el tratamiento, el Poder Ejecutivo extenderá por un día más las sesiones extraordinarias, que concluirán el 28 de febrero.
Con ese margen, el Gobierno apuesta a cerrar uno de los debates centrales del verano político y avanzar en una de las reformas estructurales que forman parte de su programa económico.
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POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno busca que esté aprobada antes del discurso de Milei del 1° de marzo y le mete presión a Villarruel
Después del triunfo que se anotó en el Senado de la Nación con la media sanción al proyecto de reforma laboral, el Gobierno apunta a tenerla aprobada la ley antes del fin de período de sesiones extraordinarias, previsto para el 28 del mes en curso.
Esa es la motivación extendida en las filas oficiales, que esperan concretar el objetivo antes del inicio de año legislativo, cuando el presidente Javier Milei de su discurso de apertura en el Congreso de la Nación.
Así lo busca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que intenta que la aprobación se concrete antes de esa fecha, según pudo saber de fuentes oficiales. “Manuel pidió que esté para el 1° por el tema del discurso. Es la idea, pero dependemos de la burocracia”, dijo una importante fuente de Casa Rosada.
Este jueves, tras la media sanción en la madrugada, en el Gobierno todas las miradas apuntaban a cuándo girará la vicepresidenta Victoria Villarruel el proyecto a la Cámara de Diputados. se comunicó con fuentes cercanas a ella, que estimaron que el envío podría concretarse “seguramente mañana, cuando terminen de ver todo”, y argumentaron de que la votación terminó a las 4 de la madrugada.
En base a esos tiempos, se definirá la estrategia y el procedimiento. “Esperamos que lo mande (a Diputados) entre hoy y mañana”, dijo otra de las fuentes consultadas. Pese aque las relaciones entre la vicepresidenta y el mandatario, así como con la plana mayor del Gobierno, están completamente rotas, en las filas oficiales esperaban que “esta vez juegue bien”, en referencia a que no demorara el envío del proyecto a la Cámara Baja.
Llegar al 1° de marzo con la ley sancionada es el objetivo que se propuso Balcarce 50. En la mesa política hay confianza para que eso suceda y creen que los tiempos cierran para aprobarla entre el 26 y el 28 de febrero, en la víspera a la sesión inaugural del año parlamentario.
Una vez que llegue a la Cámara Baja, la idea es “llamar a comisión el miércoles que viene, dictaminar ese mismo día y poner cuanto antes la sesión”, enumeraron fuentes libertarias. “La oposición va a patalear diciendo que se los lleva a los tumbos, pero es lo que ellos hacían antes”, ironizó en reserva la misma fuente.
De ese modo, el debate pasaría en Diputados a la semana siguiente, en la que, de no cumplirse con los pasos iniciales propuestos, se contemplaría el sábado 28 para una sesión especial.
“La idea es que esté el 1° de marzo aprobada. Si es necesario, se agrega el 28, pero si se llega a bien con los tiempos, ni siquiera eso. La carta está y se puede jugar”, completó un vocero del oficialismo.
Triunfo en el Senado
El oficialismo logró esta madrugada, sin contratiempos, como se esperaba después de que se destrabó la pelea por los fondos con las provincias, la aprobación en el Senado del proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.
El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.
La votación en general se produjo cerca de la 1.30, después de más de 13 horas de debate y se logró bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ubicada en uno de los palcos del recinto de la Cámara alta. La funcionaria estuvo acompañada por Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Los tres funcionarios permanecieron en sus asientos durante todo el debate en particular, que se extendió hasta poco más de las 3.30 de la mañana.
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Tras la victoria en el Senado, con la aprobación del proyecto de ley de Reforma Laboral propuesta por Javier Milei, el oficialismo logró otro triunfo en la Cámara de Diputados con la baja de la edad de imputabilidad.
Con el apoyo del radicalismo, el PRO y los bloques provinciales, La Libertad Avanza (LLA), logró el quórum necesario para iniciar el debate del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
El oficialismo obtuvo la aprobación en general de la iniciativa con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención.
La presencia de 129 legisladores habilitó el inicio del debate en la Cámara baja, en una sesión que pretende ser extensa y llena de tensión.
El discurso de apertura de la sesión estuvo a cargo de la diputada libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien cuestionó al Reforma Penal Juvenil vigente calificándolo de “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”.
“No previene, no resocializa y no repara, ni brinda respuestas a las víctimas”, indicó la legisladora que además, afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
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La representante de Unión por la Patria (UxP), María Elena Velázquez, reveló que votará en contra de la baja de edad de imputabilidad e insistió: “Un niño no tiene la capacidad de analizar la criminalidad de sus actos”.
“Les mienten a las familias cuando les dicen que al bajar la edad de la imputabilidad van a solucionar el problema. Hay que invertir en educación y salud mental”, destacó la legisladora.
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