POLITICA
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuestas maniobras de lavado con clientes falsos
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) prepara nuevas acciones judiciales contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, conocido como el “Señor del Tabaco”.
La denuncia volverá a apuntar a presuntas maniobras con clientes falsos y operaciones sin respaldo económico que la tabacalera habría hecho durante el 2024, que replicarían un esquema observado dos años antes.
Según el fisco, Tabacalera Sarandí había recibido más de 33.600 millones de pesos entre 2021 y 2023 de parte de 23 distribuidoras mayoristas que, para el organismo, no tenían solvencia ni registraban actividad real.
El Gobierno prepara una nueva denuncia contra el Señor del Tabaco por supuesto lavado con clientes falsos
Son distribuidoras que decían comprarle cigarrillos a Tabacalera Sarandí pero que para ARCA son empresas que en rigor pertenecen a Otero y todo sería una maniobra de lavado. Esa denuncia fue desestimada por la Justicia, en primer lugar por el fiscal Eduardo Taiano y luego por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Pero según fuentes consultadas por TN, el organismo oficial prepara una nueva presentación judicial con nuevas pruebas que involucran a otras distribuidoras, pero en este caso en el año 2024. Se trata de ventas a empresas que, desde la perspectiva del fisco, no tienen capacidad económica, financiera ni operativa.
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El organismo recaudador detectó que esta misma operatoria habría continuado en 2024. Estas nuevas distribuidoras también presentan un perfil fiscal irregular: no cuentan con acreditaciones bancarias relevantes, no registran pagos tributarios, operan mayormente en efectivo y emiten facturas con márgenes de ganancia mínimos. Además, muchas de estas ventas se hicieron a consumidores finales no identificados, utilizando facturación tipo B.
Para el fisco, todo sugiere un circuito montado para simular operaciones comerciales, encubrir el origen de los fondos y canalizarlos a través de empresas que podrían estar vinculadas al propio Otero. En el período 2021-2023, esa red representó cerca del 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí, según cifras oficiales.
Tabacalera Sarandí niega irregularidades y asegura que Otero ya fue sobreseido
Desde la empresa niegan las acusaciones. En un escrito judicial, argumentaron que el uso de efectivo es habitual en la industria del tabaco y no constituye una irregularidad. Además, remarcaron que la denuncia presentada no cuestiona la existencia material de las ventas ni contiene hechos debidamente determinados. Aseguraron también que las pruebas son “insuficientes”.
El fiscal del caso Taiano desestimó la denuncia en función de lo establecido en el artículo 180 al entender que la denucia no aportaba pruebas concretas sobre la maniobra y entendió que mencionar el ingreso de dinero en efectivo y facturación dudosa no era suficiente.
La jueza del caso, María Servini, declaró la nulidad del dictamen presentado por la fiscalía. El fiscal recurrió ese fallo y pidió que se lo revoque.
Su postura fue mantenida por el fiscal de segunda instancia. Finalmente el 18 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el fallo de primera instancia que había declarado la nulidad del dictamen de fiscalía del 25/06/2025 y recobró así virtualidad este último. Otero fue sobreseido.
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El caso se enmarca en una disputa mayor entre Otero y el Estado. El pasado 14 de agosto, la Corte Suprema rechazó un planteo de Tabacalera Sarandí que intentaba frenar el cobro de impuestos internos al cigarrillo. El fallo dejó firme la constitucionalidad del tributo y descartó una presentación de último momento en la que la empresa había intentado desistir del juicio para forzar una nulidad.
El proceso prevé que el Tribunal Fiscal de la Nación determine el monto a reclamar. Una vez resuelto ese paso, se emitirá una intimación de pago, una boleta de deuda y, si no hay cumplimiento, se avanzará hacia el juicio de ejecución fiscal.
Con ese fallo, Otero quedó obligado a afrontar una deuda millonaria. Según los registros de ARCA, Tabacalera Sarandí debe $419.398 millones al fisco, incluyendo $305.239 millones de capital adeudado entre agosto de 2018 y junio de 2024, y otros $114.159 millones en intereses resarcitorios calculados hasta diciembre de 2023.
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En simultáneo, sigue abierta una causa penal en Mar del Plata por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación apócrifa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la exAFIP.
Las marcas que comercializa la empresa —entre ellas Red Point, West, Kiel y Master— ganaron cuota de mercado en los últimos años gracias a estrategias judiciales que le permitieron esquivar por un tiempo el impuesto mínimo al tabaco. Ese esquema, sin embargo, empezó a desmoronarse.
Pablo Otero, tabaco, tabacaleras, ARCA
POLITICA
Milei sigue la sesión por la reforma laboral desde la Quinta de Olivos y envió a funcionarios clave al Senado para asegurar los votos
Javier Milei seguirá desde la quinta de Olivos la sesión del Senado en la que el oficialismo busca darle media sanción a la reforma laboral. El presidente no tiene agenda prevista afuera de la residencia presidencial y mantendrá contacto con los integrantes de la mesa política que se trasladarán al Senado.
Se trata del ministro del Interior, Diego Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que trabajan en conjunto con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. En Nación mantienen la postura de que cuentan con el respaldo de 44 senadores para la sesión de hoy.
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Son los funcionarios que encabezaron las negociaciones con los senadores aliados, opositores, gobernadores y sindicatos, que terminaron con más de 28 modificaciones dentro del proyecto final. Se confirmaron también las presencias del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Congreso.
En la Casa Rosada evitan anticipar movimientos y sostienen que cualquier decisión dependerá del clima en el recinto y de cómo evolucione la votación en particular. En distintos sectores de Balcarce 50 sostienen además que no está previsto que el asesor Santiago Caputo se involucre en las negociaciones.
El Gobierno monitorea también los avances de la movilización que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) y advierte que no espera tensiones con el operativo antipiquete del Ministerio de Seguridad. “No tenemos indicios de que vaya a haber caos”, agregan.
El Ejecutivo eliminó ayer del proyecto el artículo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias para sociedades -el principal reclamo de los gobernadores por su impacto en la coparticipación- y aceptó una serie de modificaciones en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en los aportes sindicales y en el esquema de financiamiento de las obras sociales.
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Bullrich fue la encargada de anunciar los cambios y de coordinar el poroteo con la UCR, el PRO y otros bloques provinciales. La Casa Rosada definió además extender un día las sesiones extraordinarias para llegar con los tiempos del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
En Balcarce 50 buscan que el texto que se apruebe en el Senado sea convalidado luego por Diputados sin modificaciones, para evitar que el proyecto deba volver a la cámara de origen y se dilaten los tiempos. Ponen la mira también sobre la votación de la Ley Penal Juvenil y del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur de este jueves.
Javier Milei, reforma laboral
El gobierno de Javier Milei consiguió hoy firmar un dictamen mayoritario para debatir en el recinto de la Cámara de Diputados el acuerdo que firmó el Mercosur con la Unión Europea (UE), que permitirá la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.
Dado que Milei se propuso lograr un rápido aval del Congreso al trato comercial, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) intentará llevar mañana al recinto el proyecto que valida el entendimiento histórico entre los dos bloques regionales. En el oficialismo descuentan que obtendrá la media sanción. Hoy, por lo pronto, recolectó 46 firmas. En la sesión especial convocada para mañana, LLA también procura lograr la aprobación del nuevo «Régimen Penal Juvenil”, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y del Mercosur, las espadas legislativas de la Casa Rosada defendieron el acuerdo sellado el 17 de enero pasado, en Asunción, Paraguay.
Desde el Gobierno sostiene que se trata de “un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso” que creará “un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales”. A su vez, la administración de Milei argumenta que permitirá “desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.
En cambio, Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, criticó el tratamiento exprés que le dio LLA a la iniciativa. “No es algo de dilación, pero necesitamos una mirada precisa sobre los alcances de este acuerdo. Una mirada respecto a nuestros intereses argentinos. No podemos privarnos recibir información fundamental sobre este acuerdo”, dijo Martínez.
Es más: reclamó que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso para explicar los detalles del trato.
“Es un momento histórico después de prácticamente tres décadas pudiendo tratar finalmente este acuerdo que supone la zona de libre comercio más importante del mundo”, remarcó Damián Arabia, titular de la comisión del Mercosur. La diputada Juliana Santillán, quien fue elegida como presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, después de su controvertida visita a China, adonde viajó junto a un grupo de legisladores de LLA y Pro, invitada por el Partido Comunista de ese país, también destacó los beneficios del acuerdo Mercosur-UE.
Los dos bloques juntos representan más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global. El acuerdo crearía un mercado integrado de más de 700 millones de personas.
En concreto, le permite a la Unión Europea obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado. Además, contribuye a los objetivos de la UE de diversificar sus socios comerciales.
Además, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17%. La UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En agricultura, liberalizaría el 99% del comercio, eliminando barreras que afectan a productos claves como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.
En el caso de la Argentina, le permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca. Le daría ventajas inmediatas para productos donde Argentina es particularmente competitiva. La eliminación o reducción rápida de aranceles beneficiaría directamente a productos claves del país, como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, ampliando acceso en sectores donde Argentina es especialmente competitiva. También daría impulso a la agroindustria y a la cadena cárnica. Además, como Argentina importa mucha maquinaria, insumos y bienes de capital desde Europa, la baja arancelaria reduciría costos de producción.
El acuerdo firmado el 17 de enero pasado debe pasar al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del Mercosur deben ratificarlo en sus parlamentos. Una vez concluidos los procedimientos internos de la Unión Europea, el acuerdo entrará en aplicación con los países de Mercosur que lo hayan ratificado.
Por eso, Quirno celebró hoy el avance del proyecto en Diputados. “Firmamos el acuerdo Mercosur-UE el 17 de Enero. La Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, dijo el canciller en su cuenta de la red social “X”.
En esa misma línea, Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, manifestó que “el acuerdo permitirá la eliminación gradual de impuestos y aranceles para el 90% del comercio bilateral, garantizando mejores condiciones para exportaciones de carne, azúcar, arroz, miel, soja, productos manufacturados y economías regionales”.
“El desafío ahora es ser el primer país en aprobarlo, lo que posicionará a la Argentina en una situación ventajosa dentro de la mesa de negociación comercial y en la rápida implementación de sus beneficios”, remarcó.
Enseguida, añadió: “Un paso estratégico para consolidar la apertura, la competitividad y el crecimiento de la Argentina en el mundo”.
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Pese a la demora en el lanzamiento de la Agencia de Migraciones, Monteoliva refuerza los controles fronterizos
A poco más de dos meses del anuncio, el Gobierno Nacional demora el decreto que conforma formalmente la Agencia de Seguridad Migratoria que encabezará el intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia, Diego Valenzuela. A pesar de esto, el Ministerio de Seguridad que lidera la politóloga Alejandra Monteoliva mantiene una postura activa en la materia y profundizó los controles migratorios en los puntos de acceso al país.
Al menos dos fuentes de la administración libertaria aseguraron que la publicación del decreto que dará origen a la nueva estructura desconcentrada, aún pendiente de la firma del presidente Javier Milei, no está prevista para las próximas semanas. “Hasta después de febrero, con todo el tema de la agenda legislativa, no creo que tengamos novedades”, comentó un integrante de la mesa política a este medio.
Aunque la agencia aún no fue oficializada, la cartera refuerza el monitoreo en las fronteras y fortalece el control territorial replicando una lógica similar a la implementada en Estados Unidos. Esta mañana, la ministra de Seguridad anunció el endurecimiento de las normas migratorias en una puesta en escena y una estética comunicacional que remiten al estilo de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, una de las figuras centrales de la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump.
“Quien intente ingresar de manera ilegal o posea antecedentes penales no podrá hacerlo. El extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar”, aseveró la funcionaria en un video publicado en su cuenta de X.
Con una escenografía oscura y la bandera argentina de fondo, Monteoliva pidió que los extranjeros que residan “de manera ilegal” regularicen su situación o abandonen el país y reveló que las fuerzas federales coordinan con la actual Dirección Nacional de Migraciones para ampliar los controles en los pasos fronterizos, rutas, terminales y zonas estratégicas para la identificación y verificación de antecedentes. “Ingresar o permanecer ilegalmente no será tolerado”, prometió, en línea con lo que la cartera denominó como “Doctrina Bullrich”, iniciada por la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien convocó a Diego Valenzuela para liderar la postergada agencia.
“No se sabe cuándo estará el decreto, lo importante es que la política migratoria está en marcha. Se dijo que estaba en stand by y no es así. Para nada. Con o sin agencia, Monteoliva avanza”, sostuvo un funcionario del Gabinete consultado sobre el rol de la titular de Seguridad.
En su concepción original, la Agencia de Seguridad Migratoria fue pensada como organismo descentralizado que tendría a su cargo un cuerpo policial propio. Con el paso de las semanas, los planes cambiaron por decisión de la ministra y la estructura que dependerá de la cartera será “descentrada”. “La idea es tener equipos idóneos y que las cosas funcionen bajo el mandato de achicamiento que pregona el Presidente”, explicó una fuente al respecto.
En caso de oficializarse la creación, y tras el traspaso de Migraciones del Ministerio del Interior al de Seguridad, la Agencia de Seguridad Migratoria se sumaría a la órbita de la cartera junto con la Agencia Federal de Emergencia y el RENAR (Registro Nacional de Armas), ex ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Las demoras no alteran los planes de Valenzuela, quien sigue trabajando en el organismo que espera liderar, inspirado en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Hasta entonces, el objetivo de crear una Policía Migratoria deberá esperar debido a las tensiones planteadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, ante la posible pérdida de autonomía operativa en el traspaso, demoró los planes. Sin embargo, algunos niegan el conflicto y aseguran que su conformación se concretará en el futuro. “Trabajamos excelente con (Carlos) Tonelli y la PSA, vamos a interactuar mucho, y armar proyecto de Policía Migratoria”, comentaron.
En carpeta, la estructura tendría dos subsecretarías: la de Control Migratorio y la de Política Migratoria, además de otras áreas clave, y contará con rango de secretaría. En Balcarce 50 aseguran no tener novedades sobre el decreto, que permanece en la Secretaría de Legal y Técnica donde ultiman detalles, a la espera de la orden para su publicación. “Que no se descuiden, que si demoran mucho, Valenzuela podría tomarse licencia de ese cargo también”, ironizó un funcionario consultado.
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